Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el viernes 2 de septiembre de 2022
P. Rico-Convocan a respaldar a integrantes de Brigada Juan Rius Rivera acosados por el FBI
San Juan, 2 sep (INS).- Sobre 35 organizaciones y personalidades puertorriqueñas acogieron ayer el reclamo del Comité Pro Derechos Humanos(CPDH) de Puerto Rico de respaldar a los integrantes de la Brigada Juan Rius Rivera hostigados por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) por su solidaridad con Cuba.
“La solidaridad entre los pueblos constituye un ejercicio legítimo y necesario para propiciar la paz, las buenas relaciones internacionales, el desarrollo de la cultura y la protección de los derechos humanos”, advirtió Edgardo Román Espada, presidente del CPDH.
Resaltó que la Brigada Juan Rius Rivera, organizada desde hace décadas por el Comité de Solidaridad con Cuba (CSC), que preside Milagros Rivera, es una expresión de esa voluntad solidaria que debe prevalecer entre los pueblos del Mundo.
El dirigente social, expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), repudió las medidas de represión de la agencia federal contra integrantes de la brigada, la que se caracteriza por promover ayuda y trabajo humanitario, actividades culturales, y eventos políticos, que resaltan el vínculo centenario con el pueblo de Cuba.
Desde el pasado 23 de agosto, decenas de agentes del FBI han llegado a las residencias de medio centenar de brigadistas y efectuado llamadas en múltiples ocasiones, procurando información sobre las actividades y dirección de la Brigada Juan Rius Rivera.
Algunas de las llamadas recibidas fueron por personas que se identifican del FBI pero que no proveen su nombre, según denuncia del Comité de Solidaridad con Cuba.
“La visita a hogares, llamadas telefónicas e intentos de intimidación a integrantes de la brigada por parte del FBI, motivada por la política hostil de los Estados Unidos a Cuba constituye una violación de derechos humanos y civiles”, dijo Román Espada en rueda de prensa en el sector de Miramar, en San Juan.
Resaltó que con estas medidas de intimidación tratan de detener la solidaridad histórica del pueblo de Puerto Rico con el pueblo de Cuba en un momento difícil y doloroso, luego de que un gigantesco incendio en un depósito de combustible a principios de mes cobrara la vida de, al menos 16 personas, y con 146 heridos.
El operativo federal es contrario al derecho de las personas a asociarse, expresar sus ideas sobre la situación de Cuba y viajar a la isla hermana. Miles de personas visitan a diario a Cuba demostrando con ello que no se trata de una actividad ilegal.
“Denunciamos el acoso y la persecución del FBI a brigadistas y a miembros del Comité de Solidaridad como un intento más de criminalizar la solidaridad con Cuba desde Puerto Rico”, dijo Rivera a la agencia Inter News Service (INS).
Estableció la presidenta del CSC que “nada nos va a vencer, nada nos va a intimidar, porque la solidaridad con Cuba jamás será bloqueada”.
El también expresidente del CAAPR, Eduardo Villanueva, aclaró que, en ninguna instancia, ni en el viaje de julio pasado ni antes, la brigada ha hecho negocio con Cuba, la ayuda humanitaria llevada por los brigadistas no tuvo propósito de lucro.
Coincidió con Román Espada en el sentido de que el secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, no debía estar impávido ante las violaciones a los derechos civiles de puertorriqueños y puertorriqueñas.
Los dirigentes sociales destacaron el historial de persecución y hostigamiento del FBI en Puerto Rico demuestra un prejuicio motivado por una concepción política contraria a los valores democráticos.
“Más de un millón de páginas entregadas al Senado de Puerto Rico producto de las carpetas (expedientes) confeccionadas por el FBI acreditan ese historial repudiable. En la mayoría de los casos, los actos de hostigamiento responden a esa política institucional de persecución y no a investigaciones de delitos”, subrayaron.
Román Espada reveló que se ha iniciado el proceso de constitución del grupo de apoyo y del desarrollo de una amplia campaña de educación en derechos humanos como respuesta al operativo federal.
“Como ha sido una costumbre del activismo de los derechos fundamentales, la campaña será pública, amplia y unitaria”, ratificó el presidente del CPDH.INS
P. Rico-Secretario de Justicia afirma que “el derecho al aborto en Puerto Rico hay que respetarlo”
San Juan, 2 sep (INS).- El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, dijo ayer en una vista pública celebrada por la Comisión de lo Jurídico de la Cámara que “en Puerto Rico el derecho al aborto hay que respetarlo”
La vista consideró el Proyecto de la Cámara 1403, que considera establecer la Ley para la Protección de los Derechos Reproductivos de las Mujeres y de las Personas Gestantes; los Proyectos de la Cámara 715, 1410, 1084; y el Proyecto del Senado 693.
Emanuelli Hernández sentenció en su ponencia que el derecho al aborto en la isla está “arraigado a la libertad humana y está expresamente protegido por el derecho a la intimidad plasmado en el artículo II, secciones 1 y 8 de nuestra Constitución”.
Destacó además que “el derecho al aborto en Puerto Rico sigue intacto en nuestro acervo legal, imbricado al derecho a la intimidad, y solamente mediante la acción de la asamblea legislativa o la revocación expresa de los precedentes autóctono podría concretarse un cambio en el estado de derecho actual”.
Añadió que el alcance del derecho al aborto en Puerto Rico no depende del reconocimiento de un derecho a la intimidad a nivel federal, “si no que es parte de nuestro legado e historia constitucional”.
Aparte, aclaró que el Proyecto 1403 tiene como finalidad establecer claramente la política pública del gobierno de Puerto Rico sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, así como garantizar el acceso a los medios para ejercerlos.
El Departamento de Justicia no observó impedimento legal para que se apruebe el Proyecto 1403. Sin embargo, la dependencia presentó comentarios en contra de las otras cuatro medidas.
También señaló que la reciente decisión del Tribunal Supremo de los Estado Unidos en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization no revocó el derecho al aborto en Puerto Rico.
“En ese caso, el Tribunal Supremo concluyó que los estados deben tener el poder para legislar sobre asuntos que comprenden profundos cuestionamientos morales, por lo que pueden regular o hasta prohibir el aborto…”, apuntó Emanuelli.
“La asamblea legislativa debe actuar respetando y sopesando las consideraciones de salud física y mental de la mujer puertorriqueña, la seguridad pública, el derecho a la vida y a la felicidad del individuo, siempre que no interfiera desproporcionadamente con el ámbito de libertad que expresamente reserva la Constitución para sus ciudadanos”, argumentó.
A su juicio, “el derecho al aborto en Puerto Rico hay que respetarlo”, y sugirió que “la legislatura debe apostar a rescatar los conceptos de igualdad bajo el caso de Roe v. Wade y reconocer los derechos luchados por las mujeres”.
Mientras, la secretaria auxiliar del Departamento de Salud, Marilú Cintrón Casado, recomendó la aprobación del Proyecto de la Cámara 1403, pero rechazó las demás medidas en consideración.
“La propuesta presentada en el Proyecto 1403 cubre aspectos que ya son parte de la política pública de la isla para la validación del derecho al acceso a servicios de protección de la salud sexual y reproductiva de las mujeres en Puerto Rico”, aseveró Cintrón.
Al mismo tiempo, la galena sostuvo que muchas de las determinaciones ponderadas en la medida ya forman parte de la política pública del Departamento de Salud.
“El Departamento dirige esfuerzos y recursos fiscales destinados a la educación de todos los sectores concernidos de la sociedad sobre derechos reproductivos; que se cumpla con la responsabilidad del Estado de regulación y certificación de los proveedores de servicios de salud sexual y reproductiva, y la fiscalización de los servicios médicos que incluyen las terminaciones de embarazos”, argumentó.
Y agregó que “las iniciativas y política pública del Departamento de Salud salvaguardan el derecho a la privacidad, la dignidad y la autonomía de toda persona que requiere de servicios médicos para estos fines, según se persigue en este proyecto (1403)”.
Mientras, el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario, informó que las vistas públicas sobre las múltiples medidas atendidas continuarán todos los jueves de septiembre, y adelantó que “nuestro interés es atender el tema del aborto con el mayor respeto a la pluralidad que compone nuestra sociedad”, señaló.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Jocelyn Rodríguez Negrón, solicitó al Departamento de Salud información sobre la cantidad de abortos realizados en Puerto Rico pasadas las 22 semanas de embarazo. Salud tendrá cinco días calendario para entregar los datos requeridos. INS
P. Rico-Anuncian cambios en Plan Vital a partir del 1 de enero y que incluye un 5% de aumento para los hospitales
San Juan, 2 sep (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi anunció ayer que los 1.2 millones de beneficiarios y los miles de proveedores de servicios de salud del Plan Vital gozarán de más beneficios bajo los nuevos cambios en la contratación de las aseguradoras seleccionadas, que entrarán el vigor el 1 de enero de 2023.
Según indicó el gobernador, la cubierta tendrá nuevas pautas y medidas de cumplimiento, proveerá mejor compensación a los médicos y proveedores de la salud, “pero sobre todo ofrecerá más servicios a los pacientes, en especial a los más vulnerables”.
Las aseguradoras seleccionadas en la nueva contratación son MMM Multihealth, First Medical, Plan de Salud Menonita y Triple S.
En una conferencia de prensa efectuada en La Fortaleza junto al secretario de Salud, Carlos Mellado, y la directora ejecutiva de la Administración de Seguro de Salud de Puerto Rico (ASES), Edna Marín, Pierluisi dijo que se proveerá mejor compensación a los médicos y proveedores de salud, ante un aumento en tarifas, en especial para médicos especialistas. También habrá un aumento de 5% para los hospitales.
Para los más de 70 hospitales de Puerto Rico el aumento representa unos 102 millones aproximadamente entre el aumento del 5% retroactivo a octubre 2021 más 5% adicional a enero de 2023. También, se simplifican los métodos de facturación, reduciendo de 72 formas de pago a 11.
“Hemos redefinido este modelo enfocado en la retención de médicos en Puerto Rico y en aras de garantizar la salud del pueblo. Agradezco al equipo de trabajo por su desempeño y compromiso a mi llamado a completar el proceso de adjudicación de manera ágil y eficiente”, afirmó el mandatario.
Entre los cambios principales en el modelo se destaca un aumento en las tarifas a médicos especialistas y profesionales en la salud de un 70% a un 80% en el Medicare Fee Schedule. Mientras que se estará aumentando a un 100% la tarifa de Medicare en neonatólogos, neurólogos, psiquiatras, cirujanos ortopédicos, reumatólogos, otorrinolaringólogo y cirujanos cardiovasculares, entre otros.
“El aumento de prima total para el 2023 será de aproximadamente un 5% con el objetivo de atender estos aumentos. Este incremento en la compensación es parte del compromiso programático que venimos trabajando con la clase médica, proveedores y profesionales de la salud, desde el día uno de esta administración”, aseguró Mellado.
Otros cambios significativos en la cubierta incluyen el glucómetro pediátrico para edades entre 0 y 18 años, la vacunación mandataria para adultos mayores de 19 años y la eliminación de las redes cerradas de las aseguradoras.
El cambio también provee que aquellos médicos que están contratados por grupos médicos o IPAs como staff reciban el ajuste proporcional por la prestación de servicios a beneficiarios del Plan Vital. Ahora estas redes para los médicos serán abiertas bajo el concepto conocido como “any willing providers”. El nuevo modelo mantiene el aumento que se prorrogó a los médicos primarios.
Se mantiene asimismo el aumento que se prorrogó a los médicos primarios, es decir pediatras, generalistas, internistas y médicos de familia, el que proyecta un pago mínimo de $18 PMPM al médico primario. Esto es un aumento histórico en su tarifa.
“Este aumento en tarifa permite que a los médicos que también están contratados bajo un staff model se les ajuste su compensación por la prestación de servicios a los beneficiarios del plan vital. Reconocemos que Puerto Rico tiene un modelo de Cuidado Coordinado y que nuestros médicos primarios son el pilar de la prestación de servicios, pero ante el éxodo de profesionales de la salud confiamos en que las aseguradoras podrán manejar los servicios que nuestra población necesita con los recursos asignados”, dijo Marín.
A su vez, se informó que la población virtual compuesta por aproximadamente 2,800 niños y niñas bajo la custodia del Departamento de la Familia estará a cargo de la aseguradora MMM.
“La salud es un derecho humano y continuaremos trabajando en iniciativas que protejan la vida de todos los que vivimos en esta Isla. Por eso, para beneficio de los participantes hemos desarrollado una aplicación para su teléfono móvil que le permitirá tramitar su acceso al plan desde la palma de su mano y contar con una tarjeta virtual”, añadió la funcionaria.
El proceso para la selección de las nuevas aseguradoras comenzó el 20 de mayo, con la publicación de un aviso público en los periódicos de circulación general. Inicialmente, nueve entidades mostraron interés, pero solamente cinco formalizaron sus propuestas. El pasado viernes 26 de agosto de 2022 fue presentado el informe final para la consideración de la junta de directores de ASES.
Tres días más tarde se informó la adjudicación y se realizaron las debidas notificaciones a las aseguradoras participantes. INS
P. Rico-El PIP exige revisar procesos de subastas en el municipio Bayamón para evitar corrupción con el contratista José Bou Santiago
Bayamón, 2 sep (INS).- El presidente del Comité del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Bayamón, Noel Berríos Díaz, exigió ayer al gobierno municipal revisar los procesos internos de otorgación de subastas, con miras a evitar situaciones como la que involucra al contratista José Bou Santiago, señalado recientemente por corrupción.
“La flexibilidad del Código Municipal, aprobado el 13 de agosto de 2020, ha abierto la puerta para el otorgamiento de contratos con poca transparencia, beneficiando a grandes contratistas a través de procesos pocos democráticos”, opinó Berríos Díaz.
El excandidato a la poltrona municipal precisó que le “llama la atención las relaciones contractuales entre el contratista José Bou Santiago y el municipio de Bayamón en momentos en que ha trascendido públicamente aspectos sobre sobornos al exalcalde de Cataño, Félix Delgado, a cambio de contratos”.
“Que este mismo contratista tuviera nueve contratos con el municipio de Bayamón, ascendentes a 627,213 dólares y, adicionalmente desde el 2008 un total de 603 contratos totalizando 26 millones, tiene que ser motivo de alarma y preocupación para cualquiera, y por ello nuestro llamado y emplazamiento para revisar este asunto minuciosamente”, agregó Berríos Díaz. INS
P. Rico-Ombudsman advierte sobre dura realidad de planteles cerrados: solo el 39 por ciento ha sido adjudicado
San Juan, 2 sep (INS).- Una pesquisa de la Oficina del Procurador del Ciudadano, que servirá de instrumento de trabajo para que el Departamento de Educación afine un plan asertivo sobre el uso y mantenimiento de los planteles escolares cerrados, reveló que solo un 39% de las escuelas que fueron cerradas hace cinco años han sido adjudicadas o concedidas para otros usos, según solicitud de instituciones o algunos municipios.
El ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, informó que en coordinación con el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, su oficina realizó una investigación e inspección de las escuelas cerradas en los años 2017 y 2018. El informe detallado será entregado a Educación a fines de septiembre.
Los 18 investigadores de la Procuraduría visitaron e inspeccionaron unas 400 escuelas cerradas de todas las regiones de Puerto Rico, para un 94% de impacto en estas escuelas. El desglose revela que, de 181 escuelas cerradas en 2017, se visitaron 169 planteles o un 93%; y de 223 escuelas cerradas en el 2018, se visitaron 212, para un 95%.
“Mi experiencia como funcionario y como exalcalde me dice que lo importante es encontrar soluciones. Este trabajo coordinado con Educación provee de manera independiente una visualización de la realidad para que se allanen mecanismos de solución y resolver situaciones que atenten contra el interés público. Esa es nuestra meta”, apuntó García Feliciano.
El ombudsman informó que, de las escuelas cerradas en el 2017, solo un 37% fueron adjudicadas: 68 de 181. Y de las cerradas en 2018, un 41% fueron adjudicadas: 92 de 223.
Las estructuras y predios que albergan los planteles cerrados, aunque bajo dominio de Educación, pertenecen a diversas agencias, como el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP); la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Oficina de Mejoramiento de Edificios Públicos (OMEP), según los procedimientos establecidos en el proceso de cierre.
“Les estamos sometiendo requerimientos de información, así como informes de hallazgos, con el propósito de que las agencias pertinentes tomen las medidas correctivas necesarias. Se hace necesario atender los problemas que afectan las comunidades y ciudadanos que residen en las áreas donde ubicaban las escuelas, ahora cerradas”, expresó el procurador.
Entre los hallazgos encontrados y asuntos que requieren la atención de las agencias gubernamentales se encuentran:
Identificación de documentos con data sensitiva y data personal en 16 de las escuelas cerradas. Entre los documentos inspeccionados hay expedientes y tarjetas de estudiantes, así como tarjetas de ponches de empleados, con direcciones y números de identificación y hasta documentos con números de seguro social. Se encontraron estos documentos sin custodiar, almacenar o decomisar debidamente, según lo requiere la Ley de Documentos Públicos.
Identificación de propiedad pública aun sin remover en 22 de las escuelas. Se encontró mobiliario y propiedad tales como escritorios, archivos, fuentes de agua, timbres, equipo electrónico, computadoras, libros nuevos y materiales escolares servible e inservible.
Identificación de utilidades públicas, agua y electricidad sin desconexión. Servicio de agua conectada en 30 escuelas en desuso; y servicio de electricidad conectada en 32 escuelas en desuso. Se investiga si el Departamento de Educación realizó la solicitud de baja de estos servicios, como parte de los protocolos establecidos para los cierres de escuelas.
“También se ha identificado el uso indebido en algunas de estas escuelas, utilizando los servicios básicos para el lavado de autos, bañar caballos y conexiones ilegales desde las instalaciones. Estos servicios, que aún continúan conectados, representan un impacto de miles de dólares para Puerto Rico en servicios de agua y luz sin contabilizar”, comentó García Feliciano. INS
P. Rico-Federación de Alcaldes pide creación de un ente independiente que investigue deficiencias en el sistema eléctrico de la isla
San Juan, 2 sep (INS).- La Federación de Alcaldes de Puerto Rico solicitó ayer al Negociado de Energía la creación de un ente independiente que evalúe la operación y disposiciones del contrato de operación de LUMA Energy. La misiva responde a los apagones cada vez más frecuentes a través de la isla y supone un pedido urgente para hallar una solución contundente y eficaz.
“En las pasadas semanas los puertorriqueños hemos sufrido interrupciones de servicio prácticamente diarios, teniendo un efecto desfavorable en la operación diaria de nuestros ayuntamientos y en la calidad de vida de nuestros habitantes. Urge identificar el problema y buscar una solución. Recomendamos que se establezca una entidad que opere de manera independiente para llevar a cabo una investigación sobre el cumplimiento de LUMA Energy con las disposiciones del contrato que los rige”, dijo Gabriel Hernández Rodríguez, presidente de la Federación.
El funcionario hizo la petición al Negociado de Energía al entender que esta entidad es la responsable de fiscalizar y asegurar la cabal ejecución e implementación de la política pública sobre el servicio eléctrico en Puerto Rico, además de establecer las normas de política pública en relación con las compañías de servicio eléctrico, así como toda transacción, acción u omisión que incida sobre la red y la infraestructura eléctrica en la isla.
En la carta, la Federación reconoce que el Negociado está realizando las gestiones necesarias para asegurar un servicio eléctrico eficiente. No obstante, la creación de un ente investigador independiente ofrecería una perspectiva objetiva.
Por lo tanto, según la Federación, este cuerpo “debería estar compuesto por individuos del más alto conocimiento sobre la operación de sistemas eléctricos y no deben participar aquellos vinculados a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ni a LUMA”.
“Esperamos que el Negociado acoja nuestra recomendación. Como organización estamos a su entera disposición en lo que podamos aportar en este o cualquier otro asunto”, concluyó Hernández Rodríguez. INS
ndc