Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 1 de septiembre de 2022
P. Rico-Arrestan a grupo que protestaba contra LUMA y la Junta de Control Fiscal en Hato Rey
San Juan, 1 sep (INS).- Doce manifestantes fueron arrestados luego de que la Policía decidiese intervenir contra la protesta que llevaba a cabo el miércoles el colectivo Se Acabaron las Promesas en la avenida Luis Muñoz Rivera, frente al edificio Seaborne, que alberga a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en Hato Rey.
Según la información policial, mientras la uniformada impartía advertencias, los manifestantes, ataviados con máscaras y capuchas y haciendo caso omiso a las instrucciones, comenzaron a bloquear con gomas un tramo adicional al que previamente obstruyeron desde temprano con un cruza calles.
Los manifestantes fueron arrestados por resistencia u obstrucción a la autoridad pública y/o por impedir a cualquier funcionario o empleado público en el cumplimiento o al tratar de cumplir alguna de las obligaciones de su cargo.
Los detenidos son: Gladys Santiago Feliciano, de 66 años, Alberto de Jesús Mercado (alias “Tito Kayak”), de 64, Joselin Velázquez Rodríguez, de 41; Félix Colón Bernard, de 40; Orlando Flores Alicea, de 60; Víctor M. Santos Martínez, de 58; Casimar Cruz Crespo, de 42; Imac Morales Carrasquillo, de 57; Juan Arvelo Rivera, de 63; Eva L. Ayala Reyes, de 61; María del Carmen Berrios Huerta, de 70; y Carlos R. Alicea Negrón, de 55 años.
Todos quedaron citados para diferentes fechas: 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 y 16 de septiembre.
“Responsabilizamos tanto al gobernador de Puerto Rico como a la junta dictatorial de control fiscal, al Negociado de Energía y al gobierno de Estados Unidos por la crisis energética que atraviesa la isla. Hace más de un año se advirtió que el contrato de LUMA desataría una terrible crisis social, humana y económica. Actualmente, los apagones y la incapacidad de esta empresa son el pan nuestro de cada día”, manifestó en declaraciones escritas Jocelyn Velázquez, portavoz del colectivo y una de las arrestadas. INS
P. Rico-Más de 30 mil familias solicitan asistencia para el pago de energía eléctrica
San Juan, 1 sep )INS).- A un mes del cierre de la plataforma para solicitar la ayuda económica por crisis de energía que ofrece el programa federal LIHEAP, la Administración del Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) registra más de 32,074 solicitudes desde que inició el proceso en julio pasado, informó este miércoles la secretaria de la Familia, Carmen Ana González-Magaz.
LIHEAP (Low Income Home Energy Assistance Program) es un programa federal que ayuda a familias que viven bajo el 160% nivel de pobreza federal, tienen atrasos en el pago de la energía eléctrica y recibieron un aviso de suspensión o desconexión en la última factura.
“Contar con una ayuda para el pago de la luz es un gran alivio para muchas familias o individuos en Puerto Rico; más en momentos en que el costo del combustible aumenta y se refleja en el servicio eléctrico. Mi invitación a los ciudadanos es a solicitar en o antes del 30 de septiembre”, expresó González-Magaz.
La funcionaria observó que “es importante destacar que atenderemos todas las solicitudes que lleguen hasta ese día. Recibimos diariamente entre 500 y 700 solicitudes nuevas y nuestro personal las está trabajando según el orden de recibo. Las personas que resulten elegibles pueden recibir hasta $1,200, que es el máximo en ayuda”.
Hasta el momento, se han desembolsado más de $3.4 millones en ayudas que los clientes del consorcio ven reflejada directamente en sus facturas de la luz.
Por su parte, el administrador de ADSEF, Alberto Fradera Vázquez, indicó que, hasta hoy, el 64% de las solicitudes atendidas han sido aprobadas porque las personas cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos por el programa federal.
“El personal técnico recibe un alto volumen de peticiones y las citas se están atendiendo. La recomendación es que hagan todo el trámite en ADSEF Digital y completen el proceso hasta el último paso, cuando se les otorga un turno para una cita telefónica en la que un oficial de elegibilidad completa el proceso”, explicó el administrador.
Las personas interesadas deben acceder a la plataforma ADSEF Digital desde pr.gov, completar la solicitud y someter una serie de documentos. Luego, serán redirigidos a Turnos PR donde recibirán un turno para una cita telefónica con un oficial de elegibilidad en la que se les informará si son elegibles para recibir la asistencia económica por crisis de energía. Aquellos que no cuenten con acceso a Internet pueden comenzar el proceso llamando al 3-1-1 o visitando cualquier oficina local del Departamento de la Familia.
Los documentos requeridos, los requisitos específicos y las guías de pobreza establecidas para LIHEAP están disponibles para consulta en ADSEF Digital.INS
P. Rico-Cámara evaluará información entregada por reguladores de LUMA para la posible cancelación del contrato
San Juan, 1 sep (INS).- Luego de que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), el Negociado de Energía (NEPR) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entregaran la información solicitada por la Cámara en torno a las métricas de cumplimiento en el contrato de LUMA Energy, los representantes Rafael Hernández Montañez y Luis Raúl Torres Cruz informaron que evaluarán exhaustivamente los datos recopilados para continuar el análisis que sentará las bases de la cancelación del contrato.
Torres Cruz, quien preside la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía, indicó que el próximo lunes 5 de septiembre celebrará una vista pública en la que comparecerán los directivos de las tres agencias: Fermín Fontanés (AAPP), Edison Avilés (NE), Josué Colón y Fernando Gil Enseñat (AEE).
“Las agencias cumplieron con entregar los documentos en el término estipulado, según el mandato unánime de la Cámara, a través de las resoluciones 797, 798 y 799, por lo que evaluaremos diligentemente la información suministrada y la compararemos con los datos recopilados por la comisión para determinar si existe justa causa para cancelar el contrato”, dijo Hernández Montañez.
Mientras, Torres Cruz señaló que “la falta de fiscalización fue lo que provocó la crisis energética insostenible que vivimos hoy; sin embargo, vemos cómo las agencias reguladoras se hacen de la vista larga y se pasan la papa caliente para evitar fiscalizar a LUMA”. INS
P. Rico-Favorecen partidos de minorías proyecto cameral sustitutivo para enmiendas al Código Electoral
San Juan, 1 sep (INS).- La Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional y Asuntos Electorales comenzó este miércoles un proceso de vistas públicas para atender múltiples medidas que proponen enmiendas a la Ley 58-2020 del Código Electoral de Puerto Rico.
La discusión sobre el estatuto aprobado durante el pasado cuatrienio, considerados en la medida sustitutiva a los Proyectos de la Cámara 4 y 114, y en el Proyecto del Senado 909, inició con la participación de los comisionados electorales del Proyecto Dignidad, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
“Desde enero de 2021, esta Comisión comenzó el estudio sobre el impacto de la Ley 58-2020. De hecho, tuvimos varias vistas públicas en torno a lo que sucedió tanto en las primarias como en las elecciones del 2020. El pueblo sabe, que durante esos eventos, ocurrieron anomalías e irregularidades. Lo que queremos hacer con estas enmiendas al Código es evitar que ocurran nuevamente, y que el pueblo vuelva a tener confianza en el organismo electoral”, expresó en su turno inicial el presidente de la Comisión, José “Conny” Varela.
El comisionado electoral del Proyecto Dignidad, Nelson Rosario Rodríguez, realizó posteriormente una alocución denunciando los alegados daños que ha generado la Ley 58 en el balance institucional de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
Rosario Rodríguez, quien es abogado de profesión, destacó que el Proyecto Dignidad necesita estar representado en las juntas de las divisiones de la CEE, “así como lo están el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD)”.
Anotó que el Código Electoral vigente beneficia a los dos partidos mayoritarios.
“La formalidad jurídica que permite este trato discriminatorio e injusto son los conceptos cobijados en ley: ´partido principal´ y ´comisionado electoral propietario´. En el actual Código Electoral, se hacen esas dos distinciones que tiene el efecto de privilegiar y beneficiar al PNP y el PPD sin ninguna razón válida”, sentenció.
A su vez, Rosario Rodríguez expresó que para “superar el desbalance electoral”, se tiene que reconocer el derecho de Proyecto Dignidad a nombrar sus representantes en las Juntas de Balance Institucional con plenos derechos y prerrogativas como lo gozan el PNP y el PPD. Es necesario que se eliminen de jure y de facto las clasificaciones de “partido estatal principal” y de “comisionados propietarios”.
En un segundo turno, la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, comenzó su ponencia destacando que “el Código Electoral actual es malo para el país”.
Aponte Dones señaló que el Código Electoral del 2020 “otorga el poder decisional exclusivamente a un solo partido, el que esté en el poder ejecutivo, trastocando así el balance de poderes que antiguamente prevalecía en la CEE. Además, se alteran negativamente todas las prácticas de consenso a la hora de aprobar medidas que impactan el funcionamiento de esta vital instancia gubernamental”.
“En el código actual se establece un precedente muy peligroso que se aparta del modelo vigente en la mayoría de los sistemas electorales del mundo: la existencia de partidos políticos de primera clase (los dos con más votos íntegros) y de segunda clase (el resto)”, expresó.
El MVC trajo a la mesa diez asuntos “que darían paso a una genuina reforma electoral verdaderamente democrática”.
Aponte Dones expresó que MVC rechaza el Proyecto del Senado 909 aprobado en el Senado. Al mismo tiempo, expresó apoyo al Proyecto Sustitutivo considerado por la Cámara.
Por otra parte, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, destacó la necesidad de “establecer los requisitos de inscripción y retención de una franquicia electoral y su participación en igualdad de condiciones en la CEE sin distinción ni clasificación alguna”.
En sintonía, los tres partidos de minorías expresaron la necesidad de aclarar en la medida sustitutiva la participación de todos los partidos en las siguientes divisiones de la CEE: Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE), Centro de Operaciones Electorales, Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVAA), Planificación Geoelectoral, Centro Estatal de Servicios Integrado al Elector (CESI), Juntas de Inscripción Permanente (JIP), y las Juntas de Inscripción Temporera (JIT).Igualmente, coincidieron en que la CEE tiene que retomar la inscripción en las escuelas y centros universitarios del país, acciones que la Comisión ha abandonado.
Luego, en un turno de preguntas, el representante del MVC, José B. Márquez Reyes puntualizó la necesidad de atender el balance electoral en el estatuto actual. También destacó como necesario “lograr recobrar la confianza de la Comisión Estatal de Elecciones”.
Al mismo tiempo, el representante Jesús Santa Rodríguez mencionó estar a favor con la propuesta de los partidos minoritarios de abrir a elecciones abiertas ante vacantes en alcaldías y distritos legislativos. Por su parte, la representante del Proyecto Dignidad realizó cuestionamientos a los deponentes sobre la función actual de las divisiones de la CEE.
Posteriormente, el representante popular, Jesús Manuel Ortiz González consumió su turno y expresó que “el Código Electoral vigente dista mucho de lo que ha sido nuestro sistema democrático”.
“Ese Código, le hizo un gran daño a nuestra única institución que gozaba de una credibilidad absoluta. No eran muchos los contratiempos y señalamientos que se producían sobre el proceso eleccionario… El proyecto que aprobemos debe ser de consenso entre todas las partes…Nuestro norte tiene que ser mejor lo que hay, lo que no funcionado”, dijo Ortiz González.INS
P. Rico-El PIP apoya lucha de comunidad de Aguas Buenas en contra de antena de telecomunicaciones
Aguas Buenas, 1 sep (INS).- El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) sometió resoluciones a nivel municipal y estatal para recabar el apoyo de otros partidos a las acciones que buscan detener el proyecto de construcción de una torre de telecomunicaciones en la la comunidad Juan Asencio, en Aguas Buenas.
La compañía J I Site Developers, LLC pretende construir una torre de 180 pies de alto, losas de hormigón para la instalación de equipos electrónicos y una verja de ocho pies en un perímetro cerca de hogares y propiedades en la comunidad.
La senadora María de Lourdes Santiago Negrón sometió la Resolución del Senado 643 para expresar el apoyo del Senado a la comunidad en su lucha contra la pretensión de construir la torre.
“En el caso de la Ley 89-2000, conocida como Ley sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico, el objetivo legislativo era que pudieran ‘armonizarse los intereses comerciales con el de los ciudadanos, de modo que se logre una convivencia sana y una mejor calidad de vida’. Para la asamblea legislativa, la estética, seguridad y salud de nuestras comunidades son elementos de gran envergadura y de absoluta necesidad de protección…”, señaló la legisladora.
Agregó que “el proyecto en cuestión no logra armonizar sus intereses con los de la comunidad ni sostener una convivencia sana o mejor calidad de vida. Más aún, la estética, seguridad y salud de los residentes del área estarían en peligro”.
En tanto, el legislador municipal del PIP en Aguas Buenas, Roberto Velázquez Nieves, radicó el pasado 22 de agosto una resolución que está pendiente de evaluación y aprobación por parte de la legislatura municipal.
“Los vecinos de Juan Asencio han expresado su oposición a la construcción de la torre, pues consideran que es nociva para la salud de las familias cercanas, incluyendo un centro de ancianos con 17 residentes. Además, la instalación de esta torre crea desasosiego y temor por el potencial peligro y riesgo a la seguridad de los residentes y titulares cercanos, así como el impacto a suelos agrícolas, que están clasificados como Agrícola Productivo (AP)”, resalta Velázquez Nieves.
Además de abogar por la salud, seguridad y propiedad de los vecinos, ambas resoluciones del PIP solicitan al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, que “proteja los suelos agrícolas que serían impactados por la construcción de la torre, y que no permita variaciones en el uso de los suelos”. INS
ndc