
Wilson Camacho. / Inter News Service
Santo Domingo, 31 ago (INS).- El procurador adjunto Wilson Camacho lamentó la decisión tomada por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de variar la medida de coerción de prisión preventiva por domiciliaria que pesaba sobre varios acusados del entramado de corrupción administrativa conocido como Operación Antipulpo, que tiene como acusado principal a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez.
El juez Deiby Timoteo Peguero modificó la medida cautelar a Juan Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa y José Dolores Santana de prisión preventiva a cautiverio domiciliario, luego de que acogiera el pedimento de los abogados de la defensa, debido a que se había cumplido el plazo de 18 meses de cárcel.
El magistrado dispuso que Alexis Medina Sánchez pague una garantía económica de 60 millones de pesos (unos seis millones de dólares) mediante contrato de fianza a través de una aseguradora. Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), 30 millones; y José Dolores Santana Carmona, así como Wacal Bernabé Méndez Pineda, 20 millones.
Cada uno pagará el 10% del monto asignado, según lo establecen los códigos procesales del país. Los implicados deberán usar un grillete electrónico, impedimento de salida y presentación periódica ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Una vez pagadas las fianzas, esas personas abandonarán los recintos carcelarios y permanecerán en sus hogares bajo vigilancia de la Policía Judicial. El juicio preliminar está fijado para el 10 de octubre.
Con relación a la ordenanza emitida por la corte, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, considera que la misma “contiene un mensaje lamentable de que no se entiende el nivel de complejidad de estos procesos, porque pareciera que se está asumiendo la lógica de que cualquier proceso que haya sido declarado complejo, es igual, y eso no es así”.
El procurador adjunto manifestó que “estos procesos que estamos presentando ante los tribunales, simple y llanamente, no tienen precedentes en la República Dominicana y las muestras son abundantes; por ejemplo, ustedes mismos se pueden dar cuenta cómo los espacios que existen en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva no resultan suficientes para estos procesos, los que logramos caber en estas salas de audiencias es a duras penas, sin que en audiencias públicas pueda participar el público que tenga interés en participar en estos procesos”.
Explicó “que en este caso hay elementos que permiten medir el alto nivel de complejidad de estos procesos y que no pueden ser comparados con otros procesos declarados complejos; es el hecho de que en este caso hay ocho instituciones que han sido involucradas”.
“En el proceso hay 48 personas que han sido procesadas y tiene más de 400 testigos y eso no cabría en ninguna sala de audiencias con la que cuenta el país y esto es evidencia de que estos procesos superan el nivel de complejidad que hemos visto anteriormente y esta es una cuestión que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos manda a tomar en cuenta para que los jueces lo asuman al momento de tomar decisión”, añadió.
El titular de la Pepca recordó que en las últimas revisiones que conoció el tribunal, procedió a mantener las medidas de coerción, tal y como habían sido impuestas en este caso, acogiendo la solicitud planteada por el Ministerio Público.
A Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper y hermana de Alexis Medina Sánchez, el juez Deiby Peguero le ratificó la prisión domiciliaria, el uso de grilletes electrónicos e impedimento de salida del país.
Mientras que a Aquiles Alejandro Christopher, exfiscalizador de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), igualmente le fue ratificado el arresto hogareño y el impedimento de salida.
El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de dirigir un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces gobernante Danilo Medina Sánchez.
Medina Sánchez y otras 27 personas físicas y 21 compañías enfrentan cargos en un extenso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas. También el caso se sigue contra Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oisoe.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública, al excontralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz. INS
mv/aa
Inter News Service Agencia de Noticias