
Sede principal de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa. Inter News Service
Santo Domingo, 28 ago (INS).- La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) investiga un alegado fraude por desfalco contra el Estado dominicano valorado en 7,300,642,051 millones de pesos (equivalentes a 320,382,260 millones de dólares) durante la gestión del presidente Danilo Medina.
Los pormenores de la indagación fueron solicitados por la Pepca a la magistrada Kenya Romero Severino, coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, a los fines de tener acceso al acta de autorización de información financiera emitida por ésta para la investigación contra el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y demás vinculados en supuesto desfalco..
La jueza Romero Severino ordena a las superintendencias de Bancos y Valores, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), proveer una serie de datos requeridos por la Pepca para la interpelación de un total de 209 personas físicas y jurídicas (empresas).
Los detalles figuran en un documento obtenido por el periódico Diario Libre y otros medios en fuentes vinculadas a la indagación, en el que describe que “el modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario la cantidad de RD$19,653,871,513.80 (unos 363,960,583 dólares) por concepto de acuerdos transaccionales, de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas”.
Indica que otras acciones que se han identificado fueron “la simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de crédito por más de RD$10,500 millones (US$194,444,444) a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco”.
El principal imputado en el caso es el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, pero además están incluidos los ex servidores estatales Emilio César Rivas Rodríguez, ex director de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, ex director nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, ex administrador del Banco de Reservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, ex director de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, ex contralor general de la República; Princea Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros ex funcionarios y subordinados.
El citado medio de comunicación precisa que el órgano de persecución de delitos inició una investigación del caso a raíz de un informe especial presentado por la Contraloría General de la República, de fecha 23 de septiembre de 2021, sustentado en datos extraídos de los sistemas internos de esa institución e informaciones certificadas por el Ministerio de Hacienda, Tesorería Nacional y la Dirección General de Impuestos Internos, entre otras entidades.
“En el levantamiento realizado por la Contraloría General -indica- fueron identificados múltiples libramientos de pagos fraudulentos a terceros bajo la modalidad de supuesta deuda pública por concepto de expropiación de terrenos por la suma de 14,100,000,000 (US$261,111,111) por acuerdos transaccionales, de los cuales indica el informe que se pagaron la suma de 12,540,449,339.27 (un total de 232 millones de dólares) en un periodo de seis meses, comprendido entre enero a julio del año 2020”, apuntó.
Más aun, durante la pesquisa el Ministerio Público asegura que ha determinado que la afectación al patrimonio público es muy superior al indicado en el informe de investigación especial presentado por la Contraloría General de la República y que no solo han utilizado la modalidad de expropiación de terrenos parar lograr que el Estado erogue fondos a favor de la estructura de corrupción, sino que “es un entramado de corrupción que utiliza distintas modalidades para lograr burlar los controles normativos y obtener los recursos económicos deseados”.
Según el documento, los supuestos predios expropiados fueron identificados en distintos puntos de la geografía nacional, como Higüey, específicamente en el Parque Nacional del Este (Cotubanamá); Santo Domingo, una de las parcelas donde se encuentra ubicado el Aeropuerto Internacional de Las Américas; Distrito Nacional, en una parcela ubicada en la franja marítima del malecón; municipio Santo Domingo Oeste, dentro de los terrenos donde se construyó el Merca Santo Domingo; y Cotuí, en la provincia Sánchez Ramírez (región nordeste).
El informe levantado por la unidad anti fraude de la Contraloría General de la República señala que en la mayoría de los casos “se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como los titulares de los derechos afectados por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos, los cuales fueron asumidos como errores tipográficos por los técnicos evaluadores de los documentos, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a través de los procedimientos establecidos en las leyes por las autoridades competentes, situación que también fue observada en los nombres y apellidos de los servidores públicos actuantes en las diferentes etapas administrativas para el proceso de pago”.
El escrito también sostiene que “en la investigación se ha determinado que los señores Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma, están vinculados en el entramado de las concesiones de créditos donde se realizaban las mismas maniobras en diferentes instituciones de manera particular”.
Asimismo, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa detalla que “el investigado Donald Guerrero creó una estructura no gubernamental compuesta por los investigados Mimilo Jiménez, José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efrain Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras y Bernardo Rafael Ledesma, Ángel Lockward Mella, Ángel George Lockward Cruz, entre otros, para a través del Ministerio de Hacienda hacer procesos irregulares e ilegales de deuda pública y con ello desfalcar el patrimonio del Estado dominicano”.
Sobre ese proceso, el secretario de Asuntos Jurídicos del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés, señaló hoy que deben ser los tribunales de justicia, y no la corte de la opinión pública, la que determine la ocurrencia o no de los hechos y la responsabilidad de los ex funcionarios del gobierno pasado que están siendo investigado por el Ministerio Público.
“Lamento que el Ministerio Público, que dice ser independiente, continúe con la práctica de filtrar documentos que violan derechos y garantías fundamentales de las personas investigadas”, expresó. INS
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