Resumen de noticias para el jueves 11 de agosto de 2022
P. Rico-Cambio alerta que el plan fiscal de la AEE incurre en errores significativos en el presupuesto de combustible
San Juan, 11 ago (INS).- Cambio, organización no-gubernamental que promueve la acción sustentable y responsable en Puerto Rico y el Caribe, junto a otros peritos en el tema energético, enviaron una carta a la Junta de Control Fiscal en la que advierten que el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha subestimado el gasto de combustible en años futuros.
“El plan fiscal más reciente de la AEE crea una representación poco realista a los bonistas, a los mercados financieros y a los líderes políticos de la cantidad de dinero potencialmente disponible para pagar la deuda de la AEE, principalmente por subestimar el presupuesto de combustible de la AEE”, se plantea en la carta.
Los firmantes de la comunicación a la Junta enfatizan que el error en las proyecciones de gastos de combustible resulta de un cambio en suposiciones de modelaje que no tiene ninguna base en la realidad.
“La Junta tiene un historial de subestimar los gastos de combustible fósil en todos sus planes fiscales, lo cual crea la ilusión de que hay más dinero disponible que el que realmente hay”, sostiene Ingrid Vila Biaggi, presidenta de Cambio y una de las coautoras de la carta.
“En vez de impulsar agresivamente la transición hacia la energía renovable, que es necesario para reducir y estabilizar los costos del sistema, la Junta parece estar manipulando su modelaje para obtener los resultados que quiere”, agrega.
El plan fiscal estima los costos de combustibles en 2,900 millones en el año fiscal 2023, pero solamente asigna 1,400 millones en el año fiscal 2024, y dice que los factores más importantes en esa disminución son los precios de combustibles y un cambio en su modelaje.
El propio plan fiscal admite que el cambio de modelaje que hizo la Junta para el año fiscal 2024 resulta en “proyecciones de gastos (de combustible) que son significativamente más bajos”. Según la carta, “no hay otra manera de entender esto sino una admisión de que la Junta, artificialmente y de forma poco profesional, ha manipulado su modelaje de los costos de combustibles en una cantidad que ronda los cientos de millones de dólares”.
La carta enfatiza que los combustibles fósiles representan el gasto más significativo en el sistema eléctrico actual, alcanzando 63% del presupuesto de este año fiscal. Por eso, errores en las proyecciones de los gastos de combustibles “tienen implicaciones significativas para cualquier estimado de cuánto dinero podría estar disponible para otras necesidades del sistema”, exponen los peritos en el tema energético.
“Esto es particularmente preocupante dado que la Junta está actualmente negociando con los bonistas para reestructurar la deuda de la AEE”, dijo Cathy Kunkel, gerente del programa de Energía de Cambio y coautora de la carta, que también fue firmada por Anna Sommer, de Energy Futures Group, y Tom Sanzillo, director de análisis financiero del Instituto de Economía Energético y Análisis Financiero (Ieefa).
“A pesar de que la Junta sigue argumentando que los clientes de la AEE pueden costear más cargos en la tarifa para pagar la deuda, nuestro análisis del plan fiscal indica que esa no es la realidad”, añadió Kunkel. INS
P. Rico-Repudia dirigencia del PIP proceder de exprocuradora de las Mujeres
San Juan, 11 ago (INS).- La conducción del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), encabezada por su vicepresidenta María de Lourdes Santiago y el secretario general Juan Dalmau Ramírez, repudiaron el proceder de la exprocuradora de las Mujeres Lersy Boria Vizcarrondo, quien antes de dejar el cargo el martes anunció la imposición de una multa de $30 mil por no tener protocolos contra el acoso laboral o el hostigamiento sexual.
“Las faltas que imputa (Boria Vizcarrondo) es que el PIP como patrono no tenía protocolos para casos de acoso laboral o de hostigamiento sexual en el empleo y no tenía carteles puestos en este edificio para las personas que han sido empleadas aquí —ninguna de las cuales es o ha sido querellante”, dijeron los dirigentes independentistas, entre los que se encontraba Adrián González Costa, secretario de Organización, quien investigó las quejas de una militante.
Indicaron que, según el propio documento firmado por Boria Vizcarrondo, antes de saltar de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres a la subsecretaría de Estado de Puerto Rico, no se imputa al PIP haber incurrido “en acoso laboral ni de ningún tipo”.
Durante la rueda de prensa en su sede central, la dirección partidista aclaró que la exprocuradora “llama investigación, lo que no es otra cosa que la información y los documentos provistos por el PIP en respuesta a dos requerimientos de la Procuraduría de las Mujeres, el primero del 16 de junio del 2022, y el segundo del 18 de julio de 2022”.
“Por razones que no se explican en la querella, la Lcda. Boria sólo tiene tres fuentes: Twitter, Facebook y nuestras propias respuestas, que fueron absolutamente francas y transparentes. La Sra. Boria escogió, al menos según refleja el escrito, no hacer entrevistas, no obtener declaraciones juradas ni realizar ningún otro esfuerzo investigativo: sólo nuestras respuestas, que incluyen, según se nos ordenó proveer, toda la evidencia que tuvo ante su consideración la Comisión Especial sobre los casos en los que intervino”, expuso el PIP.
Aclaró que son tres casos: el de la militante de Aguada que en el año 2019 tenía a su cargo recopilar ciertos documentos necesarios para la radicación de candidaturas, y dos alegaciones —hechas a través de las redes— sobre acoso laboral.
Con respecto al chat que llevó por nombre “la unión falocrática”, se dejó sentado que se trata de una imprudencia mayor que tiene que ser repudiada el que se use un nombre como ese, mas “ese chat no era un instrumento de comunicación del PIP, ni de ningún comité, ni de ningún organismo político, sino un intercambio entre personas en su capacidad personal”.
“Nos enteramos de que existía cuando en abril, la querellante del primer caso, dijo que en ese chat se habían hecho expresiones misóginas sobre ella. Se entrevistó por separado, a tres participantes del chat, y ninguno recordó tales publicaciones sobre la querellante. Se les pidió que hicieran una búsqueda en el chat, y no aparecieron las expresiones. Así que, esa es la que hay con ese chat”, se argumentó.
La dirigencia del PIP observó que “con toda esa información en su poder, sobre los hechos, sobre las alegaciones de acoso y hostigamiento, y con todas las facultades en ley sobre investigación y citación de testigos, sobre eso, la Sra. Boria no hace ninguna declaración, ninguna alegación, ninguna determinación, ninguna imputación de violación de ley —nada más allá de transcribir algunas oraciones de lo que el Partido le proveyó”.
“Si hubiera existido evidencia de acoso, de hostigamiento, la Lcda. Boria tuvo oportunidad sobrada de hacer determinaciones sobre eso. Y como la evidencia demostraba claramente, tan claramente que ni podían tergiversarla, esas determinaciones no se hicieron. Lo que en efecto constituye el documento firmado en su último día en funciones en la Procuraduría por Lersy Boria, es una confirmación de las determinaciones de la Comisión Especial y de la corrección de los procesos”, resumió el PIP al reiterar que “con toda la evidencia en sus manos, la señora subsecretaria de Estado no pudo llegar a ninguna conclusión sobre la existencia de acoso u hostigamiento”.
A la organización le preocupa que se filtraran desde la Procuraduría de las Mujeres documentos que forman parte de la investigación realizada por el PIP.
Igualmente, observaron que “el castigo de $30,000 –que es mucho más que la suma de las cinco multas administrativas que impuso en el 2021— es que el PIP no tenía para sus empleadas y empleados, protocolos y reglamentos al amparo de la Ley 17, que es la ley de hostigamiento sexual en el empleo, y de la Ley 90-2020 que es la de acoso laboral, y que por cierto no estaba vigente para la fecha de las alegaciones que llaman de acoso laboral y además, es una obligación que entró en vigor hace menos de un año, y para la cual en todo caso, la ley no provee penalidad en caso de incumplimiento”.INS
P. Rico-Recurre el Fadep al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que se restablezcan las pensiones del magisterio
San Juan, 11 ago (INS).- El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep) presentó ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos una petición de certiorari, mediante la cual recurre de la decisión del Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston que confirmó el Plan de Ajuste de Deuda del Gobierno Central.
El Fadep reclama que se revierta la anulación de sus leyes de retiro mediante el Plan de Ajuste de Deudas que redujo dramáticamente sus derechos de pensión y cambió el sistema de retiro de beneficios definidos a uno de aportaciones definidas.
A su vez, en la medida de que el desplazamiento y anulación de las leyes sobre el retiro solo puede ocurrir en Puerto Rico bajo Promesa, el Fadep aboga por la revocación de los Casos Insulares.
La petición del Fadep, compuesto por la Federación de Maestros de Puerto Rico, Inc. (FMPR); Educadores(as) por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical (Educamos) y Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Únete), fue presentada el martes y suscrita por Jessica E. Méndez Colberg, Rolando Emmanuelli Jiménez y Zoé C. Negrón Comas, integrantes del Bufete Emmanuelli CSP.
El Fadep se opuso a la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda. “Esto lo hicimos basado en las representaciones de la Junta de Control Fiscal en cuanto a que el Plan no era viable sin los cambios al sistema de retiro”, declaró la profesora Mercedes Martínez Padilla, presidenta de FMPR.
No obstante, en la argumentación ante el Primer Circuito, la Junta declaró para el récord que el Plan seguiría siendo viable aun si se revirtieran los cambios al sistema de retiro del magisterio. “Con esto en mente, no estamos solicitando que se deshaga el Plan de Ajuste de Deuda. Solo estamos solicitando lo que nos corresponde como personas trabajadoras y que somos responsables por la educación de un país”, añadió Martínez Padilla.
Tras la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda, el Fadep participó de una mesa de diálogo para atender el asunto de las pensiones del magisterio, que se detuvieron una vez que el Primer Circuito denegó paralizar la ejecución del Plan, que entró en vigor el 15 de marzo de 2022.
“En esa mesa de diálogo presentamos alternativas para salvar nuestro retiro. Incluso, el Gobierno nos presentó una propuesta, que entendían contaría con el apoyo de la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, una vez el Plan entró en vigor, nos traicionaron y dejaron en el olvido”, aclaró Martínez Padilla.
El Primer Circuito finalmente desestimó los reclamos del Fadep el 13 de mayo de 2022.
“En síntesis, nuestra petición expone que la Junta de Control Fiscal se excedió en sus poderes al implementar los cambios al Sistema de Retiro del magisterio mediante el Plan de Ajuste de la Deuda”, expresó Liza M. Fournier Córdova, presidenta de Unete. “Sabemos que la Junta tiene unas posturas sobre lo que debe ser un sistema de retiro, pero en su empeño por menoscabar esos sistemas nos ha alargado el tiempo de servicio, con todo lo que eso implica para nuestra salud mental y física, y redujo nuestras pensiones a una miseria”.
“Nuestra petición al Tribunal Supremo busca defender las pensiones y el retiro digno del magisterio, pero somos conscientes de que los argumentos que levantamos trascienden esos intereses. Estamos hablando de un caso que busca también la defensa de nuestros derechos, la integridad de nuestras leyes y la dignidad de un pueblo que ha sido sometido al burdo coloniaje”, manifestó Migdalia Santiago Negrón, presidenta de Educamos.
Reconoció que “nuestro caso también tiene repercusiones para las pensiones de los compañeros de la Autoridad de Energía Eléctrica y los miembros de la judicatura. De igual forma, la petición de revocar los Casos Insulares es una que representa intereses del país completo”.
Mediante el Plan de Ajuste de la Deuda, la Junta de Control Fiscal desplazó las leyes del sistema de retiro del magisterio y las reemplazó con una tabla de modificaciones que anejó al Plan. “Desde el inicio, levantamos que la Junta no tiene la facultad para legislar, por lo que no podía utilizar el Plan para derogar, enmendar o sustituir una ley debidamente aprobada”, comentó el licenciado Emmanuelli Jiménez.
“Sin embargo, tanto la Corte de Título III y el Primer Circuito hicieron caso omiso y le entregaron a la Junta un poder que ni siquiera la ley Promesa les reconoce, a pesar de lo amplio y atropellante que ya eran sus poderes. Esta decisión permitió a la Junta legislar a través del Plan y privó al Gobierno de Puerto Rico de uno de sus pocos poderes remanentes”.
Para la licenciada Negrón Comas, “aquí hay un peligro de que la interpretación de las cortes federales sobre el alcance de los poderes de la Junta percole en otros casos. Específicamente, el poder que las cortes le concedieron a la Junta para desplazar legislación local mediante un Plan de Ajuste de Deuda, tiene el potencial de incidir en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica”.
Añadió que “entre las leyes que pudieran estar en peligro están, por ejemplo, la política pública de tarifas razonables, las leyes que promueven la transición a energía renovable, los subsidios, las protecciones ambientales, etc. Todo esto, sumado a los derechos laborales y las pensiones, está en riesgo de ser desplazado en el caso de la AEE si no se corrige la interpretación del Primer Circuito, porque son leyes que la Junta podría pensar que obstaculizan un Plan de Ajuste que priorice el pago a los bonistas”.
“Esta petición es la manera de tocar la puerta del Tribunal Supremo, queda de ellos acoger o no el caso cuando entren nuevamente en sesión en octubre”, explicó Emmanuelli Jiménez.
“Entendemos que estamos en una coyuntura muy importante para llevar los planteamientos del Fadep, y en particular para lograr que se atienda la revocación de los Casos Insulares”.
Los Casos Insulares son una serie de casos decididos a principios del siglo XX que establecen la distinción entre un territorio incorporado y un territorio no incorporado, por virtud de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. “Al amparo de estos casos, se ha justificado por más de 100 años el trato discriminatorio de los territorios en las cortes federales”, puntualizó Méndez Colberg. “La base de estos casos es una doctrina racista que se rehúsa extender la constitución de Estados Unidos bajo el fundamento de que los habitantes de estos territorios somos de razas distintas a las que llaman ‘salvajes’ y cuyas tradiciones y modos de vida, según el Tribunal, le impiden adoptar los principios de la sociedad anglosajona. Sin embargo, recientemente uno de los jueces del Tribunal Supremo federal emitió una opinión concurrente declarando que los Casos Insulares no tienen lugar en el derecho y deben ser revocados”.
“Nuestra posición es que, en ausencia de los Casos Insulares, los tribunales no hubiesen podido resolver como lo hicieron” manifestó Méndez Colberg. “Por un lado, los tribunales aplicaron el derecho de una manera incorrecta. Por otro lado, si se avala esa aplicación incorrecta, entonces estamos ante una aplicación discriminatoria, otra instancia del discrimen de los Casos Insulares” añadió Méndez Colberg.
En vista del costo significativo de estos esfuerzos el Fadep inició un proceso de recaudación de fondos para este litigio a través de un GoFundMe y pidió a todo el pueblo de Puerto Rico su apoyo para proteger estos derechos.
El GoFundMe está disponible en https://www.gofundme.com buscando la página: Aporta a la lucha del magisterio puertorriqueño.
Las líderes del Fadeo exhortan a todo el magisterio a estar alertas a otras estrategias de lucha que se estarán desarrollando porque “en este semestre la lucha por un retiro digno continúa,” concluyeron las líderes magisteriales.INS
P. Rico-Gobernador anuncia el comienzo del programa que otorga fondos para proyectos de mitigación; Departamento de la Vivienda logra desembolso de $1,000 millones en fondos de recuperación
San Juan, 11 ago (INS).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, anunció junto al secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, la firma de un Acuerdo interagencial entre Vivienda y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que da paso a la inversión de $35 millones en dos proyectos de la corporación pública y a su vez inaugura el Programa de Subvención para Mitigación de Riesgos, el primero de los nueve que lanzarán este año bajo la partida de fondos CDBG-MIT.
Mediante el programa, que parea fondos de mitigación con los de FEMA, la AAA se propone instalar cuatro generadores de energía para la represa del lago La Plata que reducirá la interrupción del servicio de agua potable a 369,000 personas, en caso de alguna falla en el sistema eléctrico.
Además, desarrollará una planta de tratamiento de agua para la población del municipio de Salinas, que actualmente es susceptible a eventos de sequía.
“Lo importante de este programa es que permite utilizar estos fondos para adelantar los proyectos y el total del costo se le aplica al pareo global de la aportación estatal que incluye todos los proyectos bajo el programa de subvención para Mitigación de Riesgos de FEMA. Es decir, en vez de tener que aportar a cada proyecto por separado, se acumula para el total. De esta forma este programa particular nos va a permitir desarrollar proyectos de infraestructura que no se habían podido hacer antes y que van a atender las vulnerabilidades que hemos sufrido y fortalecer nuestro entorno en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, comentó el gobernador sobre el acuerdo que fue firmado por el secretario de Vivienda y la presidenta de la AAA, Doriel Pagán Crespo.
El Departamento de la Vivienda, se precisó, estará administrando este programa en coordinación con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), para asegurar el cumplimiento con los requisitos de HUD y de FEMA
“Estos son los primeros de muchos otros proyectos que se están evaluando para realizarse a través de este programa, (que) incluye cientos de millones en proyectos de la Autoridad, tales como mejoras a represas, plantas de aguas usadas y optimización del sistema de manejo y distribución de agua potable, así como proyectos de control de inundaciones. Asimismo, se evaluarán proyectos de mejoras al sistema eléctrico, de infraestructura crítica y otros que nos ayuden a mitigar el impacto de desastres naturales en Puerto Rico”, añadió el mandatario.
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), asignó $8,285 millones para actividades de mitigación y asistencia al Gobierno de Puerto Rico bajo el Programa CDBG-MIT.
De acuerdo con el Plan de Acción que elaboró la agencia local, el enfoque de este nuevo programa también conocido por sus siglas en inglés como HMGP-MIT, es completar proyectos de mitigación actualmente administrados por FEMA.
El secretario de la Vivienda, explicó que “este programa es una gran oportunidad para desarrollar proyectos de infraestructura que, de otra manera, probablemente no serían posibles. Vivienda entiende que los desastres naturales de los pasados años han expuesto vulnerabilidades que ahora serán atendidas bajo este y el resto de los programas de mitigación que nos proponemos lanzar antes de culminar el año”.
En tanto, la presidenta de la AAA expresó que este Acuerdo “reafirma el compromiso del Gobierno de Puerto Rico para continuar de forma ininterrumpida los esfuerzos de reconstrucción de la Isla. La Autoridad tiene como meta el maximizar las oportunidades de financiamiento y así continuar mejorando nuestra infraestructura para beneficio de nuestros abonados”.
La aportación del gobierno federal, desembolsada mediante FEMA, típicamente consiste en un 75 por ciento y requiere que la entidad receptora, en este caso la AAA, aporte un 25 por ciento.
Este nuevo programa permite que Vivienda pueda utilizar fondos CDBG-MIT para cubrir el 100 por ciento de proyectos estratégicamente seleccionados entre COR3 y Vivienda, los cuales representan el 25 por ciento del pareo requerido globalmente para todos los proyectos del Programa de FEMA.
El Acuerdo firmado es la primera inversión de fondos de mitigación que realizará el Departamento de la Vivienda mediante el programa que cuenta con un presupuesto de $1,000 millones, y del que se podrán beneficiar también organizaciones, y agencias estatales.
Bajo este programa, Vivienda atenderá proyectos de infraestructura con una gran envergadura. Al momento, los proyectos preliminarmente contemplados bajo HMGP-MIT incluyen mejoras mayores a represas, plantas de tratamiento de aguas usadas, mejoras sustanciales a sistemas de manejo y distribución de agua potable y sistemas de control de inundaciones.INS
P. Rico-Secretario de Educación asegura que no se tolerará actuaciones fuera de la ley, tras el allanamiento de las autoridades federales a las oficinas centrales
San Juan, 11 ago (INS).- Con evidente contrariedad reflejada en su rostro, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, dijo que coopera con con las autoridades federales luego de que desde horas de la mañana del miércoles las autoridades federales allanaran las oficinas centrales del departamento.
“No voy a entrar en detalles de la investigación, (pero) les puedo decir que los procedimientos en el Departamento de Educación funcionan y que el personal está respondiendo”, expresó a los periodistas.
Ramos Parés apuntó que “no se va a tolerar ningún acto que esté fuera de las leyes, las normas y los reglamentos”.
La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Educación de Estados Unidos está a cargo de la pesquisa, que se extendió a un apartamento del condominio Parque de las Fuentes, en Hato Rey.
En ese condominio reside, se dijo, Kevin Pagán La Luz, gerente de área de Educación Técnica, donde lo nombró Julia Keleher, quien fuera convicta y cumplió cárcel por corrupción.
Pagán La Luz, cuya oficina fue allanada, quedó suspendido de funciones, confirmó el secretario Ramos Parés. INS
ndc
Inter News Service Agencia de Noticias