
La violencia, inseguridad y el caos aumentan cada día en Haití. Inter News Service
Santo Domingo, 17 jul (INS).- La propuesta planteada por China ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el envío de tropas policiales hacia Haití ha encontrado el respaldo de grupos nacionalistas y defensores de los derechos humanos en República Dominicana, quienes expresan preocupación por la inestabilidad en el vecino país.
El coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y los Refugiados, William Charpentier, señaló que la sugerencia del gigante asiático dirigida a la desarticulación de las bandas delictivas en la vecina nación es más que oportuna frente al escenario de inestabilidad que allí prevalece.
Con Charpentier también coincide el nacionalista dominicano Pelegrín Castillo, dirigente de la organización Frente Nacional Progresista (FNP), quien plantea medidas para controlar la entrada al terreno local de haitianos indocumentados.
Castillo, advierte sin embargo, que el país debe estar atento para no caer en el juego de estrategias políticas desplegadas por grandes potencias como China, Estados Unidos, México y otros estados.
La violencia de las pandillas está en auge en ese destino isleño, que además sufre escasez de gasolina y un aumento progresivo de los precios de los alimentos.
En reiteradas ocasiones, el Estado dominicano ha pedido a la comunidad internacional acudir en ayuda para el pueblo haitiano.
Hace poco, demandó de la Asamblea General de la OEA apoyo inmediato a Haití al considerar que ha llegado a un punto dramático debido a las operaciones de pandillas y el nivel de violencia e inseguridad.
Se recuerda que durante su intervención en la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el canciller criollo Roberto Álvarez advirtió que la situación en Pití «ha llegado a un punto dramático».
Álvarez puntualizó además que «no habrá solución dominicana a la crisis haitiana» y lamentó que la vida cotidiana de los ciudadanos en ese país se ha convertido «en una pesadilla».
Ese llamado fue reiterado por el presidente quisqueyano Luis Abinader en la IX Cumbre de las Américas celebrada en junio del 2022 en Los Angeles, California, que estuvo encabezada por el presidente estadounidense, Joe Biden, y contó con la asistencia de los jefes de Estado y de gobiernos de Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
En ese escenario, se firmó la llamada “Declaración de Los Ángeles sobre migración y protección” en la que, para aliviar la presión que generan esos flujos, los países suscribientes se comprometieron, entre otras cosas, a expandir las oportunidades de migrar legalmente para contener la llegada de indocumentados a la frontera sur de Estados Unidos, que sigue en aumento.
Estados Unidos prometió ampliar hasta 20.000 su cuota de refugiados de las Américas para 2023 y 2024, con especial prioridad a los procedentes de Haití, así como a seguir aceptando trabajadores temporales no agrícolas procedentes de Centroamérica y a prevenir “abusos” en su contratación.
La declaración, en la que no figuró la República Dominicana, la rubricaron Estados Unidos, Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Haití, la nación más pobre de Latinoamérica, desde hace varios meses sufre una inestabilidad sin precedentes caracterizada por el caos y la anarquía que se extienden a las calles a gran velocidad, además de un desabastecimiento de gasolina que ha provocado largas filas, aglomeraciones y la suspensión de algunas actividades.
Las manifestaciones planificadas y espontáneas, en su mayoría violentas o pacíficas de todos los sectores y fuerzas vivas de la sociedad haitiana, ocupan las calles de las grandes ciudades del país que comparte la isla Hispaniola con República Dominicana.
Aparte de las escenas de saqueo, destrucción, robo e incendio, la proliferación de varios grupos pandilleros mantiene la zozobra en el vecino pueblo donde los secuestros de ciudadanos extranjeros están a la orden del día.
Los delincuentes, protegiendo sus barricadas, exigen sumas a los transeúntes para cederles el paso o los asaltan directamente para despojarlos de las pertenencias.
La ciudad de Les Cayes es el bastión de estas prácticas delictivas. Incluso la Cáritas de Les Cayes pagó el precio, ya que fue saqueada y saqueada el viernes 27 de septiembre de 2019.
La crisis se ha agravado tras el asesinato el 7 de julio del 2021 del presidente Jovenel Moïse, de 53 años, de parte de un grupo de sicarios suramericanos mientras dormía en su residencia de Puerto Príncipe cuando a penas llevaba en el poder unos 33 meses.
Antes de perpetrarse el crimen, algunos sectores haitianos argumentaron que el mandatario no había cumplido sus promesas y mantenía una escala de corrupción. Para otros, no tenía competencia ni capacidad para satisfacer las necesidades de la población. INS
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