P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el miércoles 13 de julio de 2022

P. Rico-Gobierno anuncia ayuda económica de hasta 1,200 dólares para el pago de la luz

San Juan, 13 jul (INS).- El gobierno informó hoy que las familias que cumplan con los requisitos establecidos en un nuevo programa federal recibirán hasta 1,200 dólares en asistencia, pagados directamente en sus facturas de energía eléctrica.

Así lo anunciaron hoy el gobernador Pedro R. Pierluisi, la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, y el administrador de la Administración de Desarrollo Socio Económico de la Familia (Adsef), Alberto Fradera. La ayuda está destinada a familias que tengan atrasos en el pago de sus facturas de la luz con aviso de suspensión o desconexión.

El administrador de Adsef explicó que el beneficio se otorga una sola vez por año fiscal y el pago se hace directamente a la cuenta de LUMA Energy. Es decir, las personas no reciben el dinero de la ayuda.

El Low Income Home Energy Assistance Program (Liheap) duplicó los fondos asignados a Puerto Rico y este año asignó 36 millones de dólares. El programa está dirigido a familias que viven bajo el nivel de pobreza establecido por el gobierno federal, que recibieron avisos de suspensión o desconexión en la última factura.

“Este año las familias que cualifiquen pueden recibir una ayuda de hasta 1,200 dólares para el pago del servicio de energía eléctrica. Hemos visto un alto costo en los precios del combustible a nivel mundial que afecta directamente los precios de la gasolina y la energía eléctrica, y es por esto que como gobierno estamos constantemente buscando alternativas que puedan representar un alivio en el bolsillo del pueblo”, dijo Pierluisi.

Añadió que “esta ayuda se une al Programa de Asistencia para el Pago de Renta del Departamento de la Vivienda, que además de ayuda para el pago de la renta, provee también ayuda económica para el pago de los servicios de agua y luz”.

Mientras, la secretaria de la Familia indicó que “nuestras familias podrán recibir un alivio al bolsillo y evitar que les suspendan o corten el servicio de energía eléctrica, que es vital en nuestra sociedad”.

Fradera exhortó “a quienes cumplan con los requisitos de elegibilidad a solicitar esta ayuda, que está sujeta a la disponibilidad de fondos y la validación de los datos provistos por el solicitante. El proceso es sencillo y rápido, y pueden hacerlo a través de la plataforma Adsef Digital en pr.gov y en https://serviciosenlinea.adsef.pr.gov/adsefdigital/Security/Login.aspx. De no tener acceso a Internet, pueden solicitar llamando al 3-1-1 o visitando cualquier oficina del Departamento de la Familia”.

Los documentos requeridos, los requisitos específicos y las guías de pobreza están disponibles para consulta en Adsef digital.

Finalmente, el gobernador pidió una vez más a los miembros de la asamblea legislativa a que aprueben el Proyecto del Senado 931, para evitar el aumento en la factura de la luz aprobado por el Negociado de Energía como consecuencia del costo del combustible. INS

 

P. Rico-Senador Bernabe solicita al gobernador que se utilicen los fondos de la reserva del contrato de LUMA en vez de “desfalcar al Fondo de Seguro del Estado”

San Juan, 13 jul (INS).- El senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana, urgió al gobernador Pedro Pierluisi a firmar el Proyecto de la Cámara 1383, e indicó que el PS 931 priva de más de 200 millones a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) con el supuesto fin de mitigar temporalmente el efecto de los recientes aumentos al costo de la electricidad.

Además, resaltó que el “alivio” que supondría esta transferencia de fondos solo duraría tres meses, mientras que el efecto de la reducción en el presupuesto de la CFSE sería nefasto para su operación, y observó que esta medida ignora y contraviene la política pública establecida en la Ley 17-2019, ya que no adelanta la transformación del sistema para que opere sobre la base de fuentes de energía renovable.

Aparte, Bernabe expuso su preocupación en cuanto al posible aumento adicional al costo de la electricidad una vez culmine el proceso de mediación del plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE): ante el reclamo de distintos sectores, el gobernador descartó la propuesta de ajuste de la deuda de la AEE que, entre otras disposiciones, incluía un aumento que ascendería hasta más de 4 centavos kW/h, para pagar a los bonistas.

Cualquier acuerdo en el proceso de mediación, ordenado por la jueza Laura Taylor Swain, debe incluir una reducción sustancial de la deuda y cero aumentos de la tarifa para pagar a los bonistas. Hay que recordar que la deuda de la AEE se emitió según un acuerdo (conocido como Trust Agreement) en el que se establecía el pago de los bonistas luego de que la AEE cubriera sus gastos operacionales, incluyendo los pagos a los sistemas de pensiones.

“En fin, se trata de lo que se conoce como una deuda no asegurada, que la AEE podría reducir a cero. Cualquier ajuste de la deuda, además de reducirla sustancialmente y de no incluir un aumento en la tarifa, debe mantener el orden de prioridades fijado en el Trust Agreement, poniendo en primer lugar los gastos operacionales y los pagos a los sistemas de pensiones. Estas disposiciones están incluidas en el Proyecto de la Cámara 1383, que ya fue aprobado por ambas cámaras legislativas”, afirmó.

El PC 1383 adopta los puntos señalados como política pública (incluyendo la reducción de la deuda de la AEE en al menos 75%) y mandata que sean adoptados por la AEE y el Negociado de Energía y cualquier agencia del gobierno al evaluar cualquier propuesta de ajuste de la deuda.

“Si al gobernador realmente le interesa la salud financiera de la AEE y evitar futuros aumentos, debe firmar el PC 1383 inmediatamente. Además, si busca fondos para un alivio inmediato, debe empezar por renegociar aspectos del contrato de LUMA. Ese contrato establece un fondo de reserva de más de 750 millones, de los cuales se pueden sacar fondos para el alivio temporero que pretende realizar con fondos de la CFSE. En todo caso, lo que hace tiempo de debió hacer es cancelar el contrato de LUMA”, concluyó Bernabe. INS

 

P. Rico-Aponte Hernández denuncia aumentos desmedidos en los precios de almacenamiento de contenedores en Puerto Nuevo

San Juan, 13 jul (INS).- El representante José Aponte Hernández denunció hoy que la empresa Luis Ayala Colón-Tote Maritime, bajo el consorcio Puerto Nuevo Terminals (PNT) incrementó, sin necesidad alguna, las tarifas que cobra por almacenar contenedores en sus predios, en algunos casos en hasta un 186 por ciento.

El político reveló la nueva tabla de tarifas creada por el consorcio PNT que entra en efecto hoy, donde se detalla un aumento en múltiples áreas de almacenamiento de contenedores.

Por ejemplo, aumentos en los primeros cinco días de 40 por ciento (de 25 a 35 dólares), de 6 a 10 días de un 43 por ciento (35 a 50 dólares), de 11 a 15 días, 114 por ciento (35 a 75 dólares) y de 16 días en delante, de un 186 por ciento (35 a 100 dólares).

“He sido consistente en mis planteamientos de que el acuerdo entre estas empresas es malo para Puerto Rico, pues creó un monopolio total en el puerto de San Juan que, entre otras cosas, permite aumentar las tarifas de almacenamiento, sin razón alguna porque, inclusive, creó un cargo nuevo de Fuel Recovery Surcharge de 10.50 dólares por unidad almacenada para supuestamente mitigar el alza en el costo del combustible”, dijo Aponte Hernández.

Añadió que “estos excesivos y abusivos aumentos de este consorcio son un ataque directo al pueblo, con incrementos que no se ameritan únicamente porque son un monopolio. Estos aumentos están diseñados para que el pueblo los pague y eso vamos a tratar de evitarlo. En esencia, esto es un golpe mortal a la exportación de nuestros productos”.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) adelantó que referirá esta alza a la Comisión Federal Marítima, a la Oficina del Procurador General del Departamento de Justicia federal, a la Autoridad de Puertos, y a los departamentos de Justicia, Asuntos al Consumidor y Desarrollo Económico y Comercio, para su investigación.

En abril de 2020, la división antimonopolios del Departamento de Justicia federal levantó serias reservas sobre el acuerdo de fusión entre las empresas para proveer servicios en el puerto de San Juan. Según Justicia federal, el acuerdo está “hecho para brindar una ventaja competitiva” a la nueva entidad.

Aponte Hernández pidió al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda, que se exprese contra el nuevo aumento que tiene como resultado cortar la exportación de los productos puertorriqueños.

“Hace unos días, el secretario del DDEC dijo que ‘tarifas suben y así mismo bajan’. Esto no es lo que pasa aquí. El combustible no tiene nada que ver con este aumento, pues ya impusieron una tarifa nueva para eso. De lo que esto se trata es de aumentar el margen de ganancia en detrimento de todos”, apuntó el representante.

A su juicio, “el secretario tiene que defender la exportación de nuestros productos ante este nuevo tarifario. Nuestros comercios, particularmente las pequeñas y medianas empresas, no podrán aguantar este innecesario aumento”.

En el pasado cuatrienio, Aponte Hernández lideró la investigación sobre la fusión, bajo el amparo de la Resolución de la Cámara 1523, que ordenó a las comisiones de Relaciones Federales, Internacionales y Estatus; y de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía realizar una investigación exhaustiva.

Esto, en torno a los procesos llevados a cabo para aprobar la propuesta fusión de las empresas de carga marítima Luis Ayala Colón y Tote Maritime, en donde se determinó que, en efecto, esa fusión no era para los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. INS

 

P. Rico-Opuesta la UIA a proyecto del Senado retiraría $225 millones de la Corporación del Fondo del Seguro de Estado

San Juan, 13 jul (INS).- El presidente ejecutivo de la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (UIA-AAA), Luis De Jesús Rivera, se expresó en contra del Proyecto del Senado 931, el cual propone destinar $225.5 millones de las finanzas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) para evitar el “alza” en la factura de la luz y el agua.

Las aportaciones de $20 millones a la AAA representando alegadamente un beneficio para los abonados de un año completo y en la factura de luz una de $205 millones, lo cual representaría cero aumentos en la factura por los próximos tres meses.

El gobernador Pedro R. Pierluisi convocó a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria el pasado 6 de julio, en vías que atienda el proyecto de ley el cual otorgaría a los ciudadanos un alivio parcial en el alza en los servicios de luz y agua.

“Nuevamente como se hizo en el paso, la extracción del dinero sobrante de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, haciendo uso de la corporación pública como si fuera una financiera, para resolver la ineptitud de nuestros gobernantes ante los graves problemas financieros del estado”, expresó De Jesús Rivera.

De acuerdo con el líder de la UIA, “si la intención es mitigar los aumentos de luz y agua, los cuales están abalado por la Junta de Supervisión Fiscal y el Negociado de Energía, comiencen a eliminar contratos buitres que hay en ambas corporaciones públicas de miles y millones de dólares”.

“Lo que se debe hacer con el sobrante de dinero Corporación del Fondo del Seguro del Estado utilizarlo para mejorar y ampliar los servicios de los trabajadores lesionados, que son más de 800,000 del sector público y privado”, señaló el líder sindical.

De Jesús Rivera que, “al igual, se debe mejorar los beneficios marginales y salariales de los compañeros trabajadores del Fondo del Seguro del Estado, representado por la compañera Lisbeth Mercado presidenta UECFSE. A la Asamblea Legislativa le hago un llamado a que no le de paso al Proyecto del Senado 931”.INS

 

P. Rico-El PNP solicita que la Oficina de la Procuradora de la Mujer investigue casos de hostigamiento en el PIP

San Juan, 12 jul (INS).- La presidenta de la Organización de las Mujeres Progresistas, Jacqueline “Jackie” Rodríguez, solicitó la intervención de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para que investigue el proceso seguido por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y su secretario general, Juan Dalmau, en la tramitación de al menos tres querellas de hostigamiento laboral y sexual contra mujeres de ese partido.

La exrepresentante también pidió la intervención del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en el asunto.

“En sus comparecencias públicas, Dalmau ha aceptado que el PIP, y él como líder máximo de la colectividad, no han adoptado reglamentos para la tramitación de querellas de acoso laboral y sexual. Con independencia de los tecnicismos de si entre los querellantes y los querellados había relación de patrono, es un hecho admitido que el PIP no cuenta con los protocolos requeridos por las leyes 17 y 90”, dijo Rodríguez.

Agregó que “aunque se haya realizado un proceso investigativo amañado para encubrir las acciones de los querellados, la razón principal para estas acciones desacertadas es la falta de los protocolos que establece la ley”.

En la mañana de hoy, Valerie Román Echevarría, exmilitante del PIP, aseguró que procederá legalmente sobre la situación que enfrentó con Eliezer Ríos Santiago, militante del PIP en Aguadilla, a quien acusa de hostigamiento laboral y fomentar ataques misóginos en su contra.

La Ley 17 de 22 de abril de 1988, según enmendada, establece la política pública de prohibir el hostigamiento sexual en el empleo. Esta ley establece la obligación del PIP de “establecer un procedimiento interno adecuado y efectivo para atender querellas de hostigamiento sexual” (artículo 10 d). La ley, por su aplicación expresa, aplica a toda entidad que contrate empleados, con o sin fines de lucro (artículo 2).

Mientras, la Ley 90 de 7 de agosto de 2020, establece la política pública de prohibir y prevenir el acoso laboral en Puerto Rico. La ley es producto de un proyecto de la Cámara de Representantes y recibió el voto a favor del entonces senador Juan Dalmau, el 24 de julio de 2020.

Esa ley, apoyada por el hoy secretario general del PIP, establece la obligación del PIP de adoptar un protocolo para el procedimiento para quejas de acoso laboral conforme a las guías del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Esta Ley le aplica a cualquier entidad, con o sin fines de lucro, que contraten empleados, tal como lo hace el PIP.

Además de las facultades otorgadas al Departamento del Trabajo, la Ley 20 de 11 de abril de 2001, según enmendada, le otorga a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres la autoridad para fiscalizar el cumplimiento por entidades privadas y públicas con las leyes en beneficio de las mujeres, con poder para imponer multas administrativas de hasta 10 mil dólares.

“Ante esto, referimos este asunto a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y al Departamento del Trabajo, para que se atienda como una querella y/o solicitud de investigación sobre el proceso seguido por el PIP y Juan Dalmau en el manejo y adjudicación de estas tres querellas internas absolviendo a los querellados, y sobre la ausencia de los reglamentos que exigen las leyes”, concluyó la dirigente de las mujeres del Partido Nuevo Progresista. INS

ndc