San Juan, 11 jul (INS).- Notarios individuales, el Instituto del Notariado y la Asociación de Realtors de Puerto Rico se unieron a la demanda presentada por la Asociación de Abogados de Puerto Rico sobre la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley 52-2022 que paralizó la industria de bienes raíces al requerir tasaciones y otras gestiones para transacciones sobre inmuebles.
La Asociación de Abogados presentó un recurso en auxilio de jurisdicción para que el tribunal emita resolución dejando sin efecto el mandato del artículo 86 de la Ley 52-2022 de forma provisional mientras se ve el caso en sus méritos.
En tanto, el Departamento de Justicia compareció y apoyó la postura de la Asociación, al entender que la introducción del artículo 86 a la Ley 52-2022 se hizo por la asamblea legislativa de forma inconstitucional.
Los abogados de la Asociación de Abogados y de la Asociación de Realtors son los licenciados Ramón Rosario Cortés y Ferdinand Ocasio Vélez.
“Para la Asociación de Abogados y la Asociación de Realtors, la impugnación de este artículo es de vital importancia, pues ha tenido un efecto devastador en las transacciones individuales y comerciales de inmuebles en Puerto Rico”, expresó Rosario Cortés.
Mientras, el también presidente de la Asociación de Abogados, Ferdinand Ocasio, expresó que “esperamos que el tribunal acoja nuestro pedido de auxilio de jurisdicción, pues el efecto en la economía y en la práctica de nuestros asociados es irreparable y el gobierno no les compensará lo perdido”.
“Tras evaluar detenidamente los planteamientos de la Asociación, el Departamento de Justicia reconoce que el artículo 86 de la Ley 52-2022 adolece de los defectos constitucionales que se alegan en la demanda», lee la moción presentada por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández al Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
El Departamento de Justicia argumentó, además, que en vista de que la Ley 52-2022 contiene una cláusula de separabilidad, cualquier determinación del Tribunal declarando la inconstitucionalidad del artículo 86 de dicho estatuto no afectará el resto de la ley.
El pasado 4 de julio, la Asociación de Abogados de Puerto Rico presentó ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso de sentencia declaratoria impugnando la constitucionalidad del artículo 86 de la Ley 52-2022 firmada por el gobernador el pasado 30 de junio.
El artículo requiere a los notarios solicitar para otorgar una escritura de segregación, agrupación o traslación de dominio de un bien inmueble el precio de tasación con una tasación realizada por un evaluador profesional autorizado con licencia en Puerto Rico, un plano de mensura y un estudio de título de propiedad.
La Asociación sostiene que ese requisito fue incluido de forma inconstitucional el último día de la sesión ordinaria, a pesar de que no tiene relación alguna con la medida la sección 17 del artículo III de la Constitución de Puerto Rico, que requiere que las leyes tengan solo un asunto en general y disposiciones germanas. INS
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