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San Juan, 27 jun (INS).- La Contraloría emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del municipio de Corozal, tras descubrir gastos inútiles y varias deficiencias en las operaciones financieras y administrativas del ayuntamiento.
Por ejemplo, el informe revela que el municipio pagó 140,547 dólares por un generador de electricidad, un camión, losetas y materiales que no han tenido utilidad. El generador para uso del cine teatro San Rafael nunca se instaló y el camión ganchero comprado en una subasta en Orlando, Florida, nunca se utilizó, pues se adquirió con desperfectos mecánicos y se encuentra en estado de abandono.
Además, unas viguetas de acero y placas adquiridas para reconstruir el techo del área de Transporte en Obras Públicas municipal están a la intemperie y sin usar, mientras 14 planchas de acrílico que sirven de escudo protector de escritorio contra Covid-19 están almacenados en un pasillo, y las losetas de mármol para la oficina del alcalde no se instalaron y algunas estaban rotas.
La situación de invertir en recursos que no han tenido utilidad se atribuye a que los alcaldes, y directores de Obras Públicas en funciones no protegieron los intereses del municipio.
La auditoría de ocho hallazgos señala además que el municipio especificó marcas y modelos en la requisición de cuatro vehículos por 90,851 dólares en septiembre de 2020 con fondos del Cares Act. Esta situación es contraria al Código de Regulaciones Federales que establece que las transacciones deben realizarse de manera que proporcione una competencia plena y abierta.
Los auditores hallaron múltiples deficiencias administrativas como un pago por 3,600 dólares para instalar aires acondicionados, antes de recibir el servicio, pago de 42,163 sin las facturas de los proveedores, o el pago de 1,261 por cargos de financiamiento a la tarjeta de crédito asignada al alcalde. Situaciones similares se habían señalado en el informe M-20-31, del 27 de mayo de 2020.
Al 29 de junio de 2021, el municipio no había cobrado cheques por 20,523 dólares que llevaban hasta más de nueve años vencidos por concepto de los servicios de ambulancia prestados por la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Ommead).
Además, se identificaron cheques sin cobrar o facturas sin explicación de los trabajos realizados. Esta falta de control propicia que se cometan irregularidades y la pérdida de recursos.
Irregularidades y falta de control
El informe devela también que el municipio mantenía 11 cuentas bancarias de fondos especiales por 325,795 dólares inactivos hasta por más de tres años. Además, las conciliaciones de las 28 cuentas bancarias activas se realizaron con atrasos de hasta tres años.
Estas situaciones privan al municipio de recursos económicos que pueden reprogramarse e impiden mantener información financiera confiable.
La Oficina de Auditoría Interna (OAI) no había trabajado auditorías en las áreas de materialidad y riesgo para el período del 2017 al 2020. Una situación similar se había comentado en el informe M-20-31. La falta de monitoreos y fiscalización por parte de la OAI impide la fiscalización continua, y priva de información para las operaciones municipales.
Contrario a la ley y reglamentación vigente, el municipio no cumplió con el envío de la certificación anual sobre la Ley 273-2003 (Ley de Normas Contractuales sobre Independencia en la Auditorías de Entidades Gubernamentales a la Oficina del Contralor). Además, envió el informe de puestos hasta 43 días tarde y las certificaciones anuales de la Ley 136-2003 sobre el estado de toda privatización hasta 734 días tarde.
Corozal carecía de reglamentación para el procesamiento de pagos mediante transferencias electrónicas, y de normas con relación al uso, control y custodia de los sellos de peaje electrónico para el servicio de AutoExpreso. Además, para el período auditado, no había actualizado los reglamentos de compras ni para el establecimiento y operación de los servicios de ambulancias.
La auditoría comenta que cuatro ciudadanos ganaron en el año 2015 una demanda en el Tribunal federal por violaciones a los derechos civiles. Al 31 de diciembre de 2020, el municipio no había realizado el pago de 25 mil dólares ordenado por el Tribunal.
A raíz de un monitoreo por parte de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (Oppea) al Centro Petra Marrero, se ordenó congelar los fondos por deficiencias en los registros contables, los desembolsos y falta de controles.
Entre 2012 y 2017, el Centro había recibido 767,171 en fondos federales. Además, la Oppea recomendó al municipio recobrar de 5,587 por deficiencias en el pago de licencias y la falta de reprogramación de fondos. Esta situación ocasionó que el municipio pagara con fondos ordinarios por 326,583 dólares a empleados asignados al centro geriátrico.
Al 31 de diciembre de 2020, un total de 11 demandas contra el municipio estaban pendientes de resolución en los Tribunales, por 953 mil dólares.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
Este primer informe de Corozal cubre el período entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2020, y está disponible en www.ocpr.gov.pr . INS
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