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Resumen de noticias para el viernes 24 de junio de 2022
P. Rico-Avalan PNP y PPD sancionar con hasta seis meses de cárcel a personas que realicen actividades peligrosas durante estados de emergencia
San Juan, 24 jun (INS).- La Cámara de Representantes aprobó a viva voz este jueves una medida que impone penalidad de hasta seis meses de cárcel a toda persona que se exponga a actividades peligrosas, y que como consecuencia requiera la atención por parte de las autoridades durante una emergencia o desastre decretado por el gobierno.
El Proyecto de la Cámara 334 fue presentado en enero de 2021 por la representante Yashira Lebrón Rodríguez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), en atención a diversos incidentes de esta índole reportados en los pasados años.
La pieza legislativa hace referencia en su exposición de motivos al caso de dos jóvenes que fueron rescatados después de que quedaron atrapados por la crecida del río Toro Negro, en Ciales, en medio del paso de la tormenta tropical Laura por Puerto Rico.
Según el proyecto, los rescatistas tuvieron que dedicar largas horas a atender la situación provocada por la temeridad de estas personas al desafiar a la naturaleza y decidir ir a pescar en un río, a pesar de que existía una emergencia decretada mediante orden ejecutiva.
“No es una legislación vaga. Es una legislación y una preocupación no solo del director, sino del personal de la agencia de manejo de emergencias (Negociado de Emergencias y Administración de Desastres)”, afirmó Lebrón Rodríguez.
La legisladora precisó que “si hay decretada una orden ejecutiva por una emergencia o un desastre establecido por el gobernador de Puerto Rico y las personas, lamentablemente, no siguen las instrucciones, y exponen al personal (de rescate), por eso estamos radicando la medida”.
La medida recibió el voto en contra de las delegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad (PD) al señalar que la propuesta legislativa representa sanciones muy severas, por lo que recomendaron campañas de educación y orientación para atender esta problemática.
Además del tiempo de cárcel de un máximo de seis meses, cualquier ciudadano que viole las disposiciones de la medida también se expone a una multa no menor de $5,000 y no mayor de $10,000, o ambas penas a discreción del tribunal.
Será sancionada toda persona que dé un aviso o una falsa alarma, a sabiendas de que la información es falsa, en relación a la inminente ocurrencia de una catástrofe en Puerto Rico; no acate las órdenes de desalojo de la población civil emitidas por el Departamento de Seguridad Pública (DSP) o sus negociados.
Además, que obstruya medidas preventivas ordenadas por el gobernador o gobernadora; y persista en realizar cualquier actividad que ponga en peligro su vida o la de otras personas después de haber sido alertada o prevenida por las autoridades.
También, será penalizada toda persona que incumpla, desacate o desobedezca un toque de queda mientras esté vigente un estado de emergencia o desastre en la isla.
Durante la evaluación de la medida, el DSP indicó en sus comentarios escritos que no avalan la medida según está redactada.
De igual forma, señaló que la Asamblea Legislativa “no tiene claridad” de la conducta que desea y decreta prohibir. Sin embargo, la Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo, emitió un informe positivo del proyecto al reconocer la intención de la propuesta legislativa.
Las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) avalaron la medida. INS
P. Rico-Reclaman al gobierno cumplir con el reglamento de la industria lechera
San Juan, 24 jun (INS).- Conflictos con las entidades gubernamentales salieron a relucir este jueves en una audiencia pública de la Comisión de Agricultura, presidida por el representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, para atender uno de los sectores más importante dentro de la agricultura puertorriqueña, la industria lechera.
En la audiencia, que evaluó la Resolución de la Cámara 181 dirigida a realizar un estudio abarcador en torno al estado de situación de la agricultura en el país y del Departamento de Agricultura en sus diversas áreas, tanto administrativas, operacionales, de infraestructura, maquinaria agrícola y legales.
Al inicio de la vista, el presidente de la Comisión expresó su indignación ante la ausencia del Departamento de Agricultura, ya que “es la segunda vez que no llega para atender el tema de la industria de la leche”.
“A estas alturas no puedo entender cómo es la política pública en dicha agencia, y que no den frente a las situaciones que surgen. Me he encargado de que la entidad se trate y se vea como lo que es, un departamento constitucional. Me asombra y frustra que los que tienen la responsabilidad de responder, no lo hagan”, sostuvo el legislador por el Distrito 22 (Adjuntas, Jayuya, Lares y Utuado).
En este contexto, el vicepresidente de la Comisión, Eladio Cardona, expresó la preocupación de los agricultores y ganaderos, al considerar que “preocupante ver por años las preocupaciones de los agricultores y ganaderos del país”.
“Es prioridad para esta Comisión conocer las situaciones de la industria de la leche y solucionar sus inquietudes, y si queremos echar al pueblo de Puerto Rico hacia adelante, tenemos que hacer las cosas bien”, dijo Cardona.
Por otro lado, el ganadero Carlos Benítez, del pueblo de Isabela, dijo en la audiencia pública que la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), adscrita al Departamento de Agricultura no cumple con la Ley para Reglamentar la Industria Lechera (Ley 34-1957).
“La rueda ya se inventó y en un país donde muchas áreas ya están sobre legisladas, lo ordinario es seguir la Ley 34. Los Reglamentos de ORIL, Ley 34 y sus enmiendas requieren que se haga un estudio económico exhaustivo que recoja la información financiera de la industria y de ahí se decide si algún precio y/o pago sube o baja y la razón”, afirmó Benítez.
Agregó que “la excusa que utilizó la ORIL para modificar el sistema de pagos fue una Orden Administrativa de Emergencia por los Huracanes Irma y María, ya vamos para cinco años de dichos eventos atmosféricos y todavía continuamos con lo mismo”.
El isabelino destacó que el administrador de ORIL es quien le responde al secretario de Agricultura y “no está siguiendo el reglamento ni las leyes, y está siendo influenciado por las personas que lo asesoran”.
“Nadie vela que la leche de las vaquerías, de las cuales se importa leche a Puerto Rico, cumplan con los mismos parámetros de calidad que se nos exige a los ganaderos”, subrayó.
La elaboradora Suiza Dairy, por su parte, reclamó a la ORIL una acción inmediata para evitar el colapso de la industria lechera, ya que desde marzo de 2013, la Sentencia del Tribunal Federal estableció un pago por concepto de devengado regulatorio por un monto de $170,639,638.00, y de esa cantidad el Gobierno de Puerto Rico adeuda $45,325,151.22, la cual bajo el Plan de Ajuste Fiscal propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se obligó al Estado Libre Asociado de Puerto Rico a pagar el 50%, a saber, $22.6 millones.
“El Departamento de Agricultura y la ORIL deben ejercer sus deberes ministeriales, cumplir con la ley y atender la peligrosa situación que estamos atravesando todos los componentes del sector lechero. En las manos de estos está el futuro y la permanencia de la industria lechera de Puerto Rico”, expresó la asesora legal de Suiza Dairy, Janice Ramírez.
Advirtió que “cada día que pasa sin acciones concretas se nos imposibilita aún más seguir financiando las pérdidas de este negocio”.
De la misma manera, el presidente del sector de leche de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Manuel E. Martínez Arbona, expuso que en los momentos volátiles que se están viviendo, se debe terminar pronto el estudio económico exhaustivo, correspondiente al 2020 que exige la Ley 34 y reglamentos, como base para establecer las compensaciones y precios de la leche fluida destinada al mercado local.
A su vez, dijo que la ORIL debe de atemperar el Modelo de Liquidación, con el fin de traer la equidad de pago entre todos los productos participantes del mercado regulado.
“Para que haya una industria firme que pueda planificar el futuro, tiene que haber una producción, elaboración y distribución estable. El futuro está en incentivar el desarrollo de nuevos productos de acuerdo con las nuevas preferencias del consumidor, es decir tenemos que atemperar la industria a la realidad de hoy”, indicó Martínez Arbona, quien resaltó que la situación económica de los ganaderos es difícil.
PLANES FUTUROS PARA LA INDUSTRIA LECHERA
El director ejecutivo de la Cooperativa de Productores de Leche en Puerto Rico (Coopple), Julio C. Meléndez Morales, anticipó que se desarrolló y se está trabajando en la ejecución de un plan de diferenciación de la leche cruda producida en las vaquerías para reducir el excedente y aumentar las ventas de productos fluidos. El proyecto es conocido como Ruta 2024.
“A la fecha subsidiaria, la manufacturera Indulac ha invertido sobre $13 millones en inversiones capitales para reducir los decomisos incidentales y mejorar la situación económica de todos los ganaderos participantes de la industria lechera puertorriqueña regulada por la ORIL”, precisó.
A su vez, Meléndez Morales anunció que el plan cuenta con el apoyo del gobierno estatal y federal y el Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico.
“Esta Comisión tiene la responsabilidad de atender e investigar situaciones como estas. Es preocupante todo lo que está sucediendo en esta industria. La leche es fundamental para el pueblo de Puerto Rico”, puntualizó el legislador, Rivera Segarra. INS
P. Rico-Declaración de emergencia por violencia de género se extiende hasta junio de 2023
San Juan, 24 jun (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi extendió hasta el 30 de junio de 2023 la declaración de Estado de Emergencia por los casos de violencia de género e informó las directrices que deberán continuar implementando las agencias y a las cuales la oficial de cumplimiento dará seguimiento.
“La obra que comenzamos el 25 de enero de 2021 con la declaración de Emergencia y nuestro compromiso inquebrantable con erradicar la violencia, no ha concluido. Por ello, reiteramos la política pública articulada en el boletín administrativo OE-2021-013 y nos comprometemos a dar continuidad a las iniciativas y proyectos comenzados e implementados por el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate, Educación (PARE)”, estableció Pierluisi en la orden ejecutiva 2022-035.
Agregó que “desafortunadamente, aún es palpable el hecho de que la violencia de género sigue causando demasiado daño y no puede encontrar espacio ni tolerancia en un Puerto Rico moderno. Por ello es necesario continuar trabajando para lograr una sociedad libre de conductas que causan daño físico, sexual o psicológico motivado por los estereotipos de género”.
En la orden ejecutiva, Pierluisi instruyó a que las agencias consideren como del más alto interés público la prevención, apoyo, rescate y educación para combatir la violencia de género. Por lo tanto, deberán dar continuidad y seguimiento a las iniciativas y proyectos implementados sobre la base de la Declaración de Estado de Emergencia presentada el año pasado y en lo establecido en la orden ejecutiva recién firmada, incluyendo la identificación de recursos presupuestarios.
Del mismo modo, el gobernador aclaró que la oficial de cumplimiento, Ileana Espada, continuará ejerciendo como enlace del Ejecutivo con las agencias y las organizaciones sin fines de lucro y de bases de fe que formaron parte de los 12 subcomités multisectoriales de PARE.
Esto, con la intención de dar celeridad a los trabajos iniciados, así como establecer y dirigir iniciativas enfocadas en atender el problema de la violencia de género.
La orden ejecutiva establece que, a partir de su creación, el comité PARE logró identificar y recomendar varias iniciativas y proyectos para lograr la erradicación de la violencia de género, así como elaborar un plan de acción para la ejecución e implantación del Estado de Emergencia.
PARE cumplió con los propósitos de su creación establecidos en el boletín administrativo 2021-013, por lo que procede la continuación de la ejecución e implementación de las iniciativas y proyectos identificados que se establecieron como la política pública del gobierno.
En ese sentido, el comité concluirá sus labores tan pronto presente un informe final sobre sus gestiones. Dicho informe será presentado en el término de 60 días contados a partir de este jueves y contendrá el estatus de las iniciativas, proyectos y planes trabajados por PARE.
“Agradezco la labor encomiable y el gran esfuerzo del comité PARE, especialmente a las organizaciones Fundación Alas a la Mujer, Coordinadora Paz para la Mujer, Proyecto Matria, Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico y el Centro de la Mujer Dominicana por todos los logros que son resultado del trabajo arduo y en equipo”, añadió el gobernador.
Desde que se constituyó, en enero de 2021, PARE ha logrado, entre otras, las siguientes iniciativas que han sido ejecutadas con éxito o se encuentran en etapa avanzada de implementación:
-La revisión exhaustiva del protocolo de acción para combatir la violencia hacia las mujeres. Se presentaron recomendaciones puntuales en un plan de acción para la ejecución e implantación del Estado de Emergencia.
-La implementación y ejecución del Plan Alerta Rosa, dando cumplimiento a la legislación habilitadora y su reglamentación.
-El análisis de los presupuestos vigentes de distintas agencias, para identificar fondos para implementar iniciativas dirigidas a combatir la violencia de género y mejorar los servicios.
-Asimismo, se revisó la legislación y los procedimientos vigentes sobre violencia de género, con un énfasis en aquella que es de aplicación al Departamento de Justicia, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Instituto de Estadísticas, el Negociado de la Policía, el Departamento de Salud y el Instituto de Ciencias Forenses.
-Como resultado, se logró la asignación de 2.6 millones a las agencias gubernamentales para iniciativas y proyectos relacionados al cumplimiento del boletín administrativo OE-2021-013.
-La asignación de 3,967,000 millones a organizaciones no gubernamentales para fortalecer y ampliar servicios directos a víctimas sobrevivientes, a través de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y del Departamento de Justicia.
-La implementación del Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (Copop), adscrito al Negociado de la Policía, que ejecutó el proyecto de contar con el primer depositario electrónico de órdenes de protección con el fin de ejecutar las acciones concertadas para el procesamiento y diligenciamiento de tales órdenes.
Este a su vez, tiene el propósito de desarrollar planes de seguimiento y patrullaje preventivo en conjunto e integrando a los municipios, conforme a lo dispuesto en la Ley 3-2022 (Ley del Programa de Prevención y Seguridad para las Víctimas de Violencia de Género).
-La celebración de siete vistas públicas en regiones que agruparon a los 78 municipios. Esto tuvo un alcance e impacto en sobre 70 mil personas y se recibieron 95 ponencias.
-El diseño y la ejecución de la primera fase de un plan de capacitación dirigido al personal de los Departamentos de Seguridad Pública, Justicia, Salud, Corrección y Rehabilitación y Familia.
-El establecimiento de mecanismos para el desarrollo de los sistemas de recopilación de datos y estadísticas sobre violencia de género.
-El inventario de kits de agresión sexual que estaba en retraso. También se desarrollaron en el Instituto de Ciencias Forenses los mecanismos para el manejo rápido y efectivo de los kits de agresión sexual, implementando un sistema denominado Rapid DNA testing.
-El diseño y la firma de las guías para el desarrollo e implementación del proyecto de notificación a sobrevivientes de violencia sexual, sobre el resultado del análisis del kit de recolección de evidencia forense en casos de violencia sexual.
-El diseño y lanzamiento de una campaña mediática de prevención y educación en el sector público y privado (#ElMomentoDelPARE), que incluye una página web con motor de búsqueda de registros de convictos por violencia doméstica y ofensores sexuales, un directorio sobre servicios, podcasts, entre otras herramientas de difusión y educación.
Como parte de esa iniciativa, se coordinó y lanzó una campaña de concienciación en agencias y expresiones públicas semanales.
-La firma del protocolo de investigación de feminicidios, por medio de la cual se creó un comité intergubernamental que integra a organizaciones no gubernamentales para aportar a la ejecución de políticas de investigación y procesamiento de los delitos de feminicidios y transfeminicidios.
-El trabajo de someter para revisión, desarrollo e implementación recomendaciones concretas sobre educación en temas de equidad y respeto.
-El requisito de que la presencia de los fiscales fuese obligatoria en todos los procedimientos de determinación de causa para arresto o citación por la Regla 6 de Procedimiento Criminal relacionados con violencia de género.
-Asimismo, se logró que se provea el acompañamiento de un intercesor legal. Por otra parte, se establecieron unidades especializadas en violencia de género en las 13 fiscalías de distrito.
-El logro de alianzas estratégicas y de colaboración multisectorial con la Asociación de Psicología de Puerto Rico, el Colegio de Administradores de Servicios de Salud, la Alianza de los Centros 330, Liberty Puerto Rico y L’Oreal Caribe.
-La asignación de 200 mil dólares para el desarrollo inicial y cumplimiento de la Ley 81-2018, sobre desarrollo económico dirigidos a las mujeres (“Maletín Empresarial”).
-La presentación del Plan de Colaboración Municipal, que incluye modelos de políticas públicas y herramientas de acuerdos colaborativos, y la recomendación de desarrollar e implementar un protocolo o guías uniformes en los municipios.
-El diseño de un flujograma descriptivo de las puertas de entrada y servicios para las personas sobrevivientes, en atención a las áreas principales de orientación, apoyo, servicios en función de los ejes de detección y acogida, protección, apoyo psicosocial y el acceso a la justicia, en el Negociado de la Policía, los departamentos de la Familia, Salud, Justicia, Corrección y Rehabilitación, y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
-La coordinación de la revisión y actualización del protocolo intergubernamental de 2013 a fin de ser suscrito, siendo un esfuerzo colaborativo entre el poder Judicial y el poder Ejecutivo. INS
P. Rico-“¿Qué sucede en el Departamento de Corrección que nadie levanta alarmas sobre las muertes en las cárceles?”, se pregunta el senador Vargas Vidot
San Juan, 24 jun (INS).- El senador independiente José Antonio Vargas Vidot cuestionó, en torno a la muerte de otra mujer en la cárcel de Bayamón, “¿qué es lo que sucede en el Departamento de Corrección, que nadie levanta una voz de alarma sobre las muertes en las cárceles?”.
Añadió: “¿Qué van a esperar? ¿Que se radique otro pleito como Morales Feliciano? ¿Que mueran mil personas más? ¿Que lo pongan en sindicatura federal como se encuentra Instituciones Juveniles?”.
“Desde el año 2000 hasta el 2022, más de 1,200 personas han muerto en las cárceles. Cerca de 650 de ellas fallecieron por causas naturales y casi 370 murieron de forma no natural (a saber, qué eso significa). Mientras, 230 casos de personas que murieron en las cárceles durante esos 22 años están en espera de investigación. Estos datos surgieron durante la vista pública que tuvimos sobre la muerte de Shannel Colón Ponce en la cárcel”, apuntó.
Y agregó que “a esta vista no acudió ni un solo senador o senadora del Partido Popular Democrático (PPD) ni del Partido Nuevo Progresista (PNP) ni de Proyecto Dignidad. Ni uno solo. Al parecer, el interés de algunos sobre la vida se limita a cuando aún no se ha nacido…”.
“Hoy, otra mujer se reporta muerta en la institución de mujeres. Tantas muertes naturales o no naturales que no son otra cosa que asesinatos, suicidios, sobredosis, que deben llevar al gobernador a poner especial atención a esa agencia y a los servicios que esa agencia contrata, como los de salud física y mental de Physician Correctional”, argumentó. INS
P. Rico-Figueroa Jaramillo pide al Senado aprobar ley que recorta en 75% la deuda de la AEE y garantiza las pensiones
San Juan, 24 jun (INS).- La Alianza de Empleados Activos, Jubilados y desplazados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pidió a los senadores de todas las delegaciones votar a favor del Proyecto de la Cámara 1383 que, además de recortar en un 75% la deuda con los acreedores, evitaría aumentos en la factura y protegería el Sistema de Retiro y el convenio colectivo de los empleados.
“Los senadores tienen en sus manos la oportunidad de que de una vez y por todas se despolitice la AEE. Tienen en sus manos aprobar que ningún aumento en la factura eleve el costo de la luz a más de 20 centavos el kilovatio hora. Tienen en sus manos recortar la deuda de la AEE en un 75 por ciento”, dijo Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Utier y portavoz de la Alianza.
El sindicalista agregó que “ellos tienen en sus manos proveer el financiamiento adecuado al Sistema de Retiro de Empleados de la AEE, sin alterar el modelo de beneficio definido que existe actualmente y así garantizar las pensiones presentes y futuras. Los senadores tienen que aprobar este proyecto de beneficio para el país”.
Detalló que el Proyecto 1383, que ya fue aprobado en la Cámara, evitaría aumentos en la factura y recortes a las pensiones presentes y futuras.
“Este proyecto evitaría lo que hemos estado viendo en los pasados meses: aumentos de factura al tutiplén. Esto es un alivio para el bolsillo de todos los puertorriqueños que mensualmente pagamos la factura de la luz. También establece que no se pueden modificar los criterios de elegibilidad al Sistema de Retiro ni congelar o modificar los beneficios a los pensionados y miembros activos, protegiendo así también el convenio colectivo de los empleados”, añadió.
A su juicio, “este es el momento para que los senadores y senadoras de todos los partidos se crezcan y pongan por delante el beneficio del pueblo. Es momento de hacer historia y dar paso a este proyecto que salva el bolsillo del país y protege a nuestros pensionados”, puntualizó. INS
P. Rico-La AAA impone racionamiento de agua de 24 horas para planta de filtros que atiende a clientes de Río Grande y Canóvanas
San Juan, 24 jun (INS).- La presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, informó que debido a la merma en las aguas crudas de la planta de filtros Guzmán Arriba, en Río Grande, se iniciará mañana un plan de interrupciones por períodos de 24 horas.
El racionamiento comenzará a las 9:00 de la mañana con los sectores Peniel y Palma Sola, en Canóvanas; seguido por los abonados del sector Guzmán Arriba, en Río Grande.
“El informe emitido por el Monitor de Sequía reporta que el 91.96 por ciento de la isla continúa afectada por condiciones de sequía atípica y otro 68.03 por ciento de sequía moderada para la zona norte y sur. Se incluyó, además, un 8.33 por ciento de sequía severa para pueblos en la zona Este”, dijo la funcionaria.
La ingeniera destacó que “los planes de interrupciones programadas para las plantas de filtros Canóvanas, El Yunque, en Río Grande, y Juncos urbano, se mantienen. Para clientes en Loíza y Canóvanas continúa el mismo plan de lunes a viernes de 5:00 de la mañana a 2:00 de la tarde con servicio y de 2:00 de la tarde a 5:00 de la mañana sin servicio”.
Mientras que sábados y domingos tendrán servicio de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Para los clientes de Río Grande, Juncos y parte de Las Piedras se mantiene en su horario establecido de interrupción de ocho horas de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana.
Las instalaciones que se mantienen bajo observación en la región Este son las plantas de filtros de Humacao (sirve a Las Piedras y Humacao), Aibonito urbano, Juncos urbano, Jagual, Gurabo y Espino, en San Lorenzo, Minillas, en Aguas Buenas, Caguas Sur, El Duque, en Naguabo, y Barranquitas urbano.
En la Región Norte, las plantas que se encuentran bajo observación son Cedro Arriba (sirve a Corozal, Naranjito y Barranquitas), Sabana Grande, en Utuado, y Morovis urbana. De igual forma, en la región Metro, Cubuy, en Canóvanas. En la región Oeste se añade Guamá, en San Germán, y Montaña, en Aguadilla. Y en la región Sur, Ruccio, en Peñuelas.
Pagán Crespo reiteró el llamado a la conservación del agua y, a su vez, destacó los esfuerzos que realiza la AAA para mitigar la situación como, por ejemplo, la reparación de salideros y fugas a través de todo Puerto Rico. INS
P. Rico-Albors propone nuevo modelo de estatus: un “ELA Incorporado” a Estados Unidos
San Juan, 24 jun (INS).- Juan Carlos Albors, excandidato a comisionado residente de Puerto Rico en Washington, presentó una propuesta de “ELA Incorporado” como desarrollo ideal del estatus de Puerto Rico.
“Luego de años de estudiar este tema y de publicar varios libros al respecto, mi propuesta, para abrir la discusión amplia, es el ‘ELA Incorporado’ a Estados Unidos, que generaría una segunda oportunidad de lograr la paridad en transferencias federales por la vía judicial”, señaló el político del Partido Popular Democrático.
Explicó que para que “se apliquen automáticamente los tratados de reciprocidad contributiva que Estados Unidos suscribió con países exportadores de capital para obtener anualmente 350 billones en inversión extranjera”.
“Sobre ese particular, Puerto Rico está excluido por ser territorio no-incorporado y por lo cual no recibimos inversión extranjera. Se estima que nos llegarían cuatro billones anualmente en este tipo de inversión cuando entremos como parte de dichos acuerdos”, afirmó.
De igual manera, en el ‘ELA Incorporado’ sería el IRS (Rentas Internas Federal) el que recaude las contribuciones en Puerto Rico, y no el Departamento de Hacienda local, “que ha demostrado ser inefectivo en evitar la evasión contributiva”, aseguró Albors.
Con relación a los recaudos en Puerto Rico, “el IRS devolvería los que reciba de fuentes de Puerto Rico, como lo hace actualmente en las Islas Vírgenes, porque no tendríamos representación con voto ni en el Colegio Electoral ni en el Congreso Federal”.
A su entender, si Puerto Rico se incorpora desde la base jurídica del ELA, dicha incorporación no sería un paso anterior a la estadidad, porque el ELA tiene su propia Constitución.
“Ningún territorio incorporado que se hizo Estado a partir de los Casos Insulares tenía su propia constitución cuando era territorio incorporado. Ni Alaska ni Hawaii. Esa es la diferencia medular entre uno y otro caso. El ELA es, y seguirá siendo, un caso único en el derecho constitucional federal”, añadió Albors.
Para el abogado, “con el ‘ELA Incorporado’, los puertorriqueños le pondríamos un formidable obstáculo a las intenciones ya anunciadas del expresidente Donald Trump, y de otros republicanos en el Congreso Federal, de otorgarnos la independencia unilateralmente. De igual manera, le pondríamos fin al concepto libre-asociacionista de una vez y por todas”. INS
ndc