P. Rico-Proponen medidas para mitigar emergencia de alquileres en Puerto Rico

San Juan, 9 jun (INS).- La Comisión de Vivienda de la Cámara atiende la “profunda crisis” de asequibilidad de vivienda y una emergencia de alquileres ante el elevado índice de precios en el mercado registrado en los últimos años.

Así lo manifestaron hoy organizaciones sin fines de lucro que atienden la situación y el profesor Raúl Santiago Bartolomei, catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

La comisión cameral, presidida por el representante Ángel Fourquet Cordero, atendió hoy un paquete de medidas que persiguen aplicar mecanismos para mitigar el problema que afecta, principalmente, a la clase trabajadora puertorriqueña.

Se trata del Proyecto de la Cámara 1242, que propone establecer la Ley para la Estabilización de Rentas en Puerto Rico; el Proyecto de la Cámara 1331, para implementar un registro digital de arrendamiento privado; y la Resolución de la Cámara 643, que realiza una investigación sobre la gentrificación en la isla.

“Tanto el P.C. 1242 como el P.C. 1331 son proyectos necesarios, pero es un esfuerzo mínimo para atender la crisis de asequibilidad actual. Sin cambios significativos tendremos un Puerto Rico cada vez más segregado y desigual, donde unos vecindarios serán geografías de oportunidad y otros serán geografías del destierro”, expresó Santiago Bartolomei.

El investigador esbozó una serie de recomendaciones, como evitar el desplazamiento de residentes mediante la regulación de alquileres a corto plazo para desincentivar que se conviertan en unidades de vivienda para este uso comercial en las áreas de alta oportunidad.

También aseguró que se debe reformar el sistema contributivo sobre la propiedad para procurar que los valores a ser gravados reflejen los precios de mercado y estén atados a usos asequibles. Por último, resaltó la necesidad de aumentar el acervo de vivienda social y asequible, con prioridad en las áreas de alta oportunidad.

A corto plazo, Santiago Bartolomei recomendó procurar que el Departamento de la Vivienda (DV) priorice en áreas de alta oportunidad los más de 900 millones en financiamiento de brecha para el desarrollo de vivienda subsidiada a través del programa federal de créditos para residencias de bajos ingresos (Lihtc, en inglés).

“Implementar cualquiera de estas medidas requiere nuevas formas de gestionar el territorio y mantener constancia del uso de las propiedades en los municipios. Específicamente, los gobiernos municipales necesitan los recursos para mantener inventarios actualizados de las propiedades en sus territorios”, dijo Santiago Bartolomei.

El profesor agregó que se debe mantener un registro de arrendadores y arrendamientos, un mecanismo con el que coincidió la organización Ayuda Legal Puerto Rico. Ariadna Godreau Aubert, directora y fundadora de la entidad, compareció a la audiencia pública a favor de las tres medidas bajo evaluación.

Según la abogada, el registro de precios de alquiler es una herramienta que permitirá el establecimiento de política pública efectiva y la fiscalización de actores en el mercado de alquiler, así como el cumplimiento de sus responsabilidades contributivas.

La prohibición de incrementar los precios de alquiler durante la extensión del contrato en vigor fue otra medida primordial para Ayuda Legal, ya que la organización destacó que la falta de acceso a la información legal adecuada y de fiscalización del mercado permite que los caseros aumenten rentas cobijados en los costos de luz, agua, materiales u otros gastos generados.

De igual forma, la entidad consideró positivo que se establezca un tope al aumento posible luego del término del contrato, en consideración a la inflación.

“No es la solución, pero es un paso hacia esa solución. El tope del aumento de renta en ese primer año también nos parece importante controlarlo y hacerlo en consideración a la inflación. Entendemos que esto es una medida de justicia también para aquellos caseros que estén preocupados por sus ingresos”, explicó Godreau Aubert.

En cuanto a los desahucios, indicó que establecer garantías adicionales a este proceso es urgente para atender la crisis de vivienda, por lo que solicitó que el Proyecto 1242 adopte algunas enmiendas en las propuestas relacionadas con este tema.

Informó que durante el 2021 se completaron 756 procesos de desahucio. Mientras, de enero a marzo de 2022 se habían registrado 260 casos, por lo que señaló importante armonizar la pieza legislativa con las disposiciones del Código Civil con relación a la resolución del contrato de arrendamiento. INS

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