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San Juan, 4 jun (INS).- La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Daisy Calcaño López, hizo un llamado urgente al Tribunal Supremo para que divulgue el informe del Comité para el Estudio y Análisis de la Reválida, presidido por el juez asociado Ángel Colón Pérez.
Este comité tenía la encomienda de estudiar la nota de pase de la reválida de abogados y las causas del alto porcentaje de desaprobación de ese examen.
El contenido del informe no ha sido divulgado y compartido con la comunidad jurídica ni el país, mientras la situación es cada vez más difícil para los egresados y egresadas de las tres escuelas de Derecho, pues la acreditación de estas por la American Bar Association (ABA) depende del promedio de aprobación de cada institución en un plazo de dos años.
El reclamo de la presidenta del CAAPR, que agrupa profesionalmente a gran parte de los togados y togadas del país, se dio tras conocerse que solo aprobó el 22% de los aspirantes que tomaron la pasada reválida, ofrecida en marzo de este año.
A su juicio, el alto porcentaje de fracasos demuestra que hay urgencia en conocer las causas de esta situación, de ahí su reclamo para que el Tribunal Supremo divulgue las conclusiones y recomendaciones del informe preparado por el comité que preside Colón Pérez.
Calcaño López destacó que el último estudio conocido y divulgado sobre la Educación Jurídica y la Reválida en Puerto Rico se presentó en diciembre de 1979 al entonces juez presidente, José Trías Monge, por la comisión especial designada con esa encomienda.
“No se ha vuelto a realizar un estudio de tal envergadura sobre un tema que afecta, no solo a la comunidad jurídica, sino al país, por la importancia de los servicios legales para la ciudadanía. Por eso la urgencia de retomar el estudio de este delicado asunto, para propiciar su discusión pública y aunar esfuerzos para su solución”, insistió la letrada.
El Colegio de Abogados y Abogadas solicitó a la ABA que conceda a las escuelas de Derecho del país una moratoria, antes de aplicar los nuevos criterios de acreditación.
La pérdida de la acreditación de la ABA compromete el prestigio y la calidad de la educación jurídica de las escuelas de Derecho de Puerto Rico, por esto es necesario atender el reclamo de los egresados y egresadas de los estudios jurídicos para que se analicen las causas del bajo porcentaje de aprobación del examen que los acredita para ejercer su carrera.
El CAAPR constituyó recientemente la Comisión Especial de la Presidencia para atender el pase de la reválida y todos los asuntos relacionados, de manera que pueda colaborar con las partes interesadas; la misma es presidida por el Lcdo. Leonardo Cabán.
La situación se ha tornado alarmante, expresó Calcaño López, y requiere el desarrollo de un plan de acción concertado entre las tres escuelas, los graduados en Derecho y el Tribunal Supremo, como autoridad reguladora de la profesión jurídica.
El CAAPR está disponible para colaborar ante un asunto que esta revestido del más alto interés público.
“Se impone la transparencia y el compromiso de todos para encontrar una solución razonable y justa para los aspirantes y para el país que espera por sus servicios”, expresó Calcaño López.INS
ndc