
El borrador de la consulta vinculante se presentó el pasado jueves en Washington. Inter News Service
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 21 may (INS).- El asunto del estatus político acerca de la relación colonial de Estados Unidos con Puerto Rico es sumamente complicado, por lo que algo digno de llamarse consenso para la celebración de un plebiscito de descolonización únicamente puede lograrse mediante una profunda discusión de amplios sectores del pueblo puertorriqueño.
De ningún modo puede ser un acuerdo entre dos congresistas y una delegada de Puerto Rico en Washington lo que propicie la radicación de un proyecto de ley en tal sentido en el Congreso de Estados Unidos.
El Puerto Rico Status Act, no puede catalogarse de consenso, pues es llanamente un acuerdo entre el portavoz de la mayoría demócrata en la Cámara, Steny Hoyer, la congresista de origen puertorriqueño Nydia Velázquez y la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González.
Un examen constitucionalista hecho por expertos en derecho internacional terminaría por concluir que el llamado Puerto Rico Status Act no es más que una chapuza legislativa dirigida a inducir un voto mayoritario por la estadidad, a consecuencia de su contenido. Por eso los anexionistas elogian y celebran tanto el proyecto legislativo.
Induce la pieza legislativa congresal a un voto proclive por la estadidad, debido al miedo a perder la ciudadanía americana (estadounidense, más bien dicho) que por la libre asociación a raíz de las posibilidades que se plantean como opción de estatus político definitoria entre Puerto Rico y Estados Unidos.
Un miedo disipado bajo la independencia, hay que aclarar, por razón de que la cuestión de la ciudadanía está básicamente implícita para los puertorriqueños con la soberanía absoluta.
Tanto bajo la independencia, como bajo la libre asociación, la pieza legislativa establece que los residentes que nazcan en Puerto Rico luego del triunfo en el plebiscito a celebrarse y la declaración por el Congreso y el gobierno de Estados Unidos de independencia o libre asociación pierden la ciudadanía estadounidense.
O sea, que con cualquiera de las dos opciones se perdería de modo prospectivo la ciudadanía de Estados Unidos, impuesta a los naturales de Puerto Rico en 1917 en el marco de la Primera Guerra Mundial.
Únicamente se mantendrían siendo ciudadanos estadounidenses aquellos que hayan nacido antes de que el Congreso de Estados Unidos y su gobierno en Washington certifiquen y declaren como solución política válida al colonialismo vigente desde hace casi 124 años cualquiera de las dos opciones de estatus escogidas por el pueblo puertorriqueño.
Claramente dicho, un individuo nacido en Puerto Rico después de la proclamación de independencia o de libre asociación no será ciudadano de la nación norteña, “independientemente de si alguno de los padres es un ciudadano de los Estados Unidos», establece el borrador del proyecto legislativo congresal presentado el pasado jueves 19 de mayo en Washington.
En el caso de la independencia, el acuerdo establece el libre tránsito entre Estados Unidos y Puerto Rico para los puertorriqueños nacidos en la isla durante 25 años.
Por otro lado, tras el triunfo de la libre asociación, lo establecido en la pieza legislativa es que se tendría que aprobar en Puerto Rico una nueva Constitución. Las leyes federales aplicarán en la isla, dependiendo de los acuerdos constitucionales que se logren, aunque esto estaría por verse dentro de los márgenes legales de una relación de libre mancomunidad con Estados Unidos.
Empero, hay un salto circense en la propuesta de plebiscito en lo concerniente a la ciudadanía estadounidense para los que nazcan tras declararse la libre asociación como nueva relación política de Puerto Rico con Estados Unidos.
Ese malabarismo consiste en establecer que los nacidos tras proclamarse efectiva en la interrelación política entre Puerto Rico y Estados Unidos mediante una libre asociación pudieran conservar la ciudadanía estadounidense si así se aprobara en la nueva Constitución isleña.
El problema consiste en la posibilidad de que se valide allá jurídicamente el reconocimiento legal de la ciudadanía estadounidense —convertida en un fetiche— bajo una nueva relación de libre asociación al amparo de la Constitución de Estados Unidos.
No obstante, queda inmarcesible la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños en la propuesta del acuerdo congresal de Hoyer, Velázquez y González bajo la opción de la estadidad, de salir favorecida en el plebiscito por una “amplia mayoría” que no se especifica. La ciudadanía permanecerá para todas las personas nacidas y por nacer en este archipiélago caribeño.
Sorprende que no se hable en la medida congresal sobre los mecanismos para establecer el pago de las contribuciones federales y desde cuándo, proclamada la estadidad oficialmente, empezarían a pagar los puertorriqueños tales impuestos.
Tampoco se menciona cuál de los dos idiomas —si el inglés o el vernáculo de los boricuas— será el oficial de Puerto Rico bajo la estadidad en las estructuras judiciales y de la administración gubernativa. O si se seguirá respetando la representación olímpica de Puerto Rico, a diferencia privilegiada de los demás 50 estados de la nación estadounidense. Ni tampoco, si la bandera nacional puertorriqueña podrá seguirse izando a la misma altura y con igual prominencia en las instalaciones gubernamentales o instituciones oficiales.
No se mencionan tampoco otros asuntos relacionados a la identidad nacional de los puertorriqueños.
Como puede verse, el simplismo acerca del contenido de las propuestas de estatus político que defina la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos es lo que convierte la pieza legislativa sobre el plebiscito en una chapuza con pocos visos de descolonización.
Después de todo, la descolonización no puede ser otra cosa que el resultado de romper con una mentalidad subordinada fomentada durante más de un siglo entre los puertorriqueños.
La imposición de la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños en 1917, rechazada en aquel entonces por la mayoría del pueblo y que ahora se “atesora” tanto, ha sido la peor atadura al coloniaje y a la dependencia económica y política para el pueblo de Puerto Rico. INS
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