Resumen de noticias para el martes 10 de mayo de 2022
P. Rico-Rechaza Nogales Molinelli intención de Pierluisi de privatizar autopistas del país para pagar deuda ACT
San Juan, 10 may (INS).- La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, reiteró las intenciones del gobierno de Pedro R. Pierluisi de privatizar las distintas autopistas del país con el presunto objetivo de repagar la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) bajo términos perjudiciales para la ciudadanía.
Además, Nogales Molinelli reclamó a la Legislatura que atienda cuanto antes las medidas que se han presentado para reducir los costos de transportación y mitigar los daños provocados por el ataque al sistema de AutoExpreso.
Explicó que la iniciativa anunciada por la Autoridad de Alianzas Público Privadas (P3) es la próxima etapa de lo que llamó la “lumatización” de los servicios públicos, la cual degrada su calidad y resulta más cara que la alternativa.
“Hace meses que he estado señalando que la P3 no representa los mejores intereses del país. Ha sido la proponente de los contratos de privatización más absurdos y legalmente insostenibles que hemos visto recientemente, orquestados por Omar Marrero y otros, incluyendo los del transporte marítimo a las islas municipio y el de LUMA”, expuso la representante.
Nogales Molinelli precisó que se trata de “acuerdos que se leen más como esquemas de fraude y extorsión, que como alianzas supuestamente beneficiosas para el público”.
“Aseguran que son necesarios para poder repagar la deuda pero no explican en qué se gastó tanto dinero cuando las carreteras siguen destruidas. Esa misma agencia, que le paga millones a asesores que tienen intereses al otro lado de la ecuación, es la que ahora pretende vender nuestras carreteras, diciendo de entrada que esas transacciones van a tener como condición aumentos periódicos en los peajes”, reclamó.
La portavoz del MVC en la Cámara resaltó que los conductores y las conductoras ya están enfrentando un aumento vertiginoso e insostenible en los costos asociados a la transportación debido a las alzas en el precio del combustible, los peajes, las multas de tránsito, el marbete y las reparaciones de vehículos.
“Estamos pagando demasiado sin ver mejora alguna. Hay que investigar en qué se está gastando el dinero y hay que aliviar el bolsillo de la gente, que ya vivía una situación económica precaria”, expuso.
Nogales Molinelli solicitó a la Legislatura, ante esta realidad, que atienda con urgencia las medidas que ha presentado, como el PC1042 para reducir las multas de tránsito que el pasado cuatrienio se aumentaron para pagar la deuda pública injustificadamente y sin discusión, y la RCC328 para promover el uso de la transportación pública eliminando temporalmente las tarifas de la AMA (Autoridad Metropolitana de Autobuses) y el Tren Urbano”.
“También tenemos que aprobar la RCC318 del representante Fourquet Cordero para eliminar cualquier deuda por peaje o por multas incurridas mientras el sistema de AutoExpreso ha estado averiado, así como ordenar que se cancele el contrato de esa compañía que tantos problemas le ha dado a los usuarios y usuarias, aún antes del ataque cibernético”, señaló.INS
P. Rico-Administración UPR solicita eliminar obligación de adquirir bienes a través de ASG
San Juan, 10 may (INS).- La presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayra Olavarría Cruz, abogó por la aprobación del Proyecto de la Cámara 1281, dirigido a excluir a esa institución de la aplicabilidad total de la Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno (Ley 73-2019).
La medida, sometida por petición de la administración de la UPR, propone separar a la institución de la obligación de realizar sus compras a través de la Administración de Servicios Generales (ASG), pues la implementación de la Ley 73 ha traído “nefastas consecuencias para la operación de la Universidad”.
Las expresiones de la presidenta interina surgieron en la primera audiencia pública sobre la pieza legislativa que celebró este lunes la Comisión de Gobierno, presidida por Jesús Manuel Ortiz.
Aunque bajo la Ley 73 la UPR es una entidad exenta y no está obligada a realizar sus compras a través de la ASG, la funcionaria indicó que mientras se encuentre en vigencia el Plan Fiscal, la UPR tiene el deber de seguir los métodos y procedimientos establecidos en el estatuto.
“Para la Universidad, es imperativo aprobar el Proyecto de la Cámara 1281 en aras de evitar la pérdida de fondos de investigación, de recuperación y el encarecimiento de las compras de la institución en el momento que la Universidad está en su peor crisis fiscal”, expresó Olavarría Cruz en un memorial explicativo.
Agregó que la aprobación de esta ley tiene el propósito de reorganizar la UPR; reafirmar y robustecer su autonomía, y facilitar su continuo crecimiento.
Según la administración de la UPR, que opera como una corporación pública, la implementación de la Ley 73 ha aumentado de modo exponencial los gastos de compra en la institución y la ha expuesto a la pérdida de $161 millones anuales en fondos externos de investigación, así como $621 millones en fondos de recuperación.
En cuanto a los fondos externos, la presidenta interina señaló que el estatuto representa para la institución una violación de varias reglamentaciones federales que prohíben cualquier situación que restrinja las transacciones de compra con competencia abierta y total, como exigir requerimientos irrazonables a una entidad con la que se pretende hacer negocio y establecer preferencia geográfica sobre los suplidores.
Olavarría Cruz enfatizó que la Ley 73 viola esa disposición federal porque limita la competencia a solo aquellos licitadores del Registro Único del Gobierno de Puerto Rico, lo que restringe la libre competencia y establece preferencia geográfica a licitadores o contratistas locales.
De igual forma, los métodos de licitación contemplados en el estatuto establecen requisitos adicionales y mucho más restrictivos a otras categorías, como las micro-compras, según la presidenta interina.
De un análisis interno de las micro-compras de los últimos cinco años en todas las unidades del sistema, surge que, de aplicarse el reglamento de la ASG, se aumentaría en un 777% el tipo de compra que requiere obtener al menos tres cotizaciones, al no contemplarse en la Ley 73 este concepto reconocido tanto en la reglamentación federal como en la universitaria, el cual requiere una sola cotización.
“Para poder acceder a los millones de dólares en fondos federales que por años ha recibido la UPR se requiere de un meticuloso proceso donde la institución garantice que en la adquisición de todos los bienes o servicios exista transparencia, eficiencia y competencia. No es necesario otra agencia de gobierno que redunde en los procedimientos ya implantados por la institución y ponga en peligro sus operaciones”, manifestó Olavarría Cruz.
Al reclamo de la presidenta interina de la UPR se unió la rectora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), Ilka Ríos Reyes, quien desglosó una serie de implicaciones que tiene la aplicación de la Ley 73, entre las que destacó que “afecta adversamente” la realidad, rigurosidad, reproducibilidad y responsabilidad científica; dificulta las compras de urgencias para las cuales se requiere adquirir el bien o material científico; afecta el proceso de publicación de proyectos y dificulta la colaboración científica.
“(La Ley 73) crea dificultad en los procesos de obtención y manejo de propuestas, lo que ocasiona la pérdida de facultativos e investigadores prestigiosos que optan por irse del sistema universitario con sus proyectos, porque indican que en la UPR se les dificulta enormemente hacer investigación. Estamos perdiendo oportunidades, y hasta podemos correr el riesgo de desplazamiento por parte de universidades privadas para llevar a cabo los trabajos que en la UPR hacemos o podemos hacer”, resaltó Ríos Reyes.
A preguntas del representante Ortiz, la administradora de la ASG, Karla Mercado, acusó a la UPR de incumplir con sus obligaciones en la Ley 73 y fallas en la rendición de cuentas a la agencia.
A pesar de ser una entidad exenta bajo la Ley 73, la licenciada afirmó que la UPR debió haber adoptado los cinco métodos de licitación que se recogen en el estatuto para cumplir con sus requisitos y para propósitos de transparencia.
Mercado aseguró que la ASG le ha brindado las herramientas necesarias para aclarar las dudas que presentan sobre procesos competitivos y los adiestramientos para que alcancen su objetivo de reconstruir la institución.
“La Universidad de Puerto Rico no está cumpliendo, y se desprende de las mismas comunicaciones que le podemos proveer a esta honorable comisión. Por lo menos, en su personal, hay un desconocimiento craso en el manejo de fondos federales; no hay visibilidad en cuanto a las compras que realizan; están haciendo adquisiciones cuantiosas de manera directa, y todo esto que estoy diciendo aquí está respaldado por las monitorías que se han documentado”, impugnó.
“La autonomía no es un cheque en blanco para justificar cualquier falta de rendición de cuentas”, añadió.
La directora interina de la Oficina de Compras de la UPR, María Cortés, afirmó que todos los señalamientos recibidos por parte de la ASG sobre violaciones al proceso de compras han sido respondidos, pues reconoció que han utilizado suplidores que no están registrados en el Registro Único de Licitadores y tampoco han solicitado dispensas para esos efectos.
Cortés atribuyó este incumplimiento al proceso de transición que aún lleva a cabo la institución para trasladar la información a las 11 unidades del sistema.
“A mí me queda claro que hay instancias de incumplimiento, la Universidad lo reconoce y ASG lo plantea aquí. Aunque entendamos que no es razonable, fue una medida de política pública que una Asamblea Legislativa aprobó y que se tiene que cumplir. Esto no es opcional”, puntualizó el representante Ortiz.
Abundó que quiere “circunscribir la discusión en si es razonable o no que la Universidad tenga que cumplir con esta reglamentación; si es una entidad que, por sus características particulares, puede o no cumplir sin afectar el propósito principal de la Universidad y su meta final”.
El Proyecto de la Cámara 1281 fue presentado el pasado marzo por el presidente del cuerpo legislativo Rafael “Tatito” Hernández Montañez junto con los representantes José “Conny” Varela y Carlos Johnny Méndez.INS
P. Rico-Cámara/Abordan el manejo de los estorbos públicos
San Juan, 10 may (INS).- El representante Juan José Santiago Nieves, presidente de la Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización de la Cámara, anunció una audiencia pública para discutir el proyecto 1053, que busca realizar enmiendas y fortalecer el Código Municipal de Puerto Rico.
Sobre la medida, Santiago Nieves comentó que “este proyecto busca optimizar y hacer más eficiente los procesos de adquisiciones de estorbos públicos en los ayuntamientos, para lograr su desarrollo para servicios y accesibilidad de vivienda a la ciudadanía”.
La audiencia pública está fijada para este miércoles, a las 11:00 de la mañana, en el salón de audiencias 3.
“Ya hemos solicitado mmoriales explicativos tanto a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, como a la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y entidades no gubernamentales como el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), para poder escuchar sus propuestas y enmiendas a este proyecto que es de suma importancia para el desarrollo de oportunidades de vivienda y gestión municipal”, señaló el representante,
El 1053 busca enmendar los artículos 4.008, 4.009, 4.010 y 4.012, de la Ley 107 de 2020 (Código Municipal), con el propósito de facilitar el que los municipios puedan atender eficiente y proactivamente el problema de propiedades abandonadas dentro de sus límites geográficos.
También establece la obligación de un aviso preliminar de estorbo público en el inmueble y crear un procedimiento de expropiación sumario en el caso de las propiedades incluidas en el inventario de propiedades declaradas como estorbo público.
“Esta medida es muy positiva en dejar al cuidado de los municipios el adoptar mediante el mecanismo de Ordenanza Municipal, las normas y criterios para disponer de esas propiedades una vez advenga en la titularidad de las mismas. Se busca establecer que los Municipios solo vendrán obligados a consignar en el tribunal las cuantías sobre la expropiación una vez acuda al tribunal una parte con derecho y establecer un periodo de prescripción de tres (3) años para reclamar el pago una vez se dicte sentencia”, manifestó el político.
Por su parte, el autor de la medida, Roberto Rivera Ruiz de Porras, expuso que “el propósito de dicho proyecto es continuar garantizándole a los titulares de estas propiedades el debido proceso de ley, pero que a su vez sea cónsono con las realidades y necesidades de los municipios. Esto es debido a que el proceso actual para declarar una propiedad abandonada como estorbo público es muy oneroso”.
Para Santiago Nieves, “todos debemos estar de acuerdo en lo urgente de trabajar soluciones a este problema de estorbos públicos que tenemos en los municipios. Rescatar estos espacios abandonados y convertirlos en vivienda accesible y proyectos de desarrollo socioeconómicos, es necesario y urgente. Desde mi punto de vista, este proyecto del compañero Roberto Rivera Ruiz de Porras va en la dirección correcta de buscar alternativas a un problema que por años vienen enfrentando y presentando los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico”.INS
P. Rico-Patrulla Fronteriza detiene a 60 haitianos después de que desembarcaran en turística playa Combate de Cabo Rojo
Aguadilla, 10 may (INS).- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Puerto Rico detuvieron a 60 migrantes haitianos después de que desembarcaran en la costa de Rincón.
El agente jefe interino de la Patrulla Fronteriza del sector Ramey, Scott Garrett, indicó que el pasado sábado se detectó una embarcación tipo “yola” ingresando a la playa el Combate.
Al llegar al área, los agentes de la Patrulla Fronteriza se encontraron con 60 haitianos y una mujer que dijo ser de la República Dominicana.
Los agentes transportaron al grupo a la estación Ramey para el procesamiento y remoción.
El pasado 4 de mayo, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 59 haitianos que también desembarcaron en Rincón.
El sector Ramey es uno de los 21 repartidos por todo Estados Unidos. Abarca Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y es el único sector de la Patrulla Fronteriza ubicado fuera del territorio continental de los Estados Unidos.INS
P. Rico-Aerostar ha invertido desde 2013 cerca de 254 millones de dólares en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín
San Juan, 10 may (INS).- La empresa Aerostar informó hoy que ha invertido 254 millones de dólares en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín.
Al respecto, el presidente de Aerostar, Jorge Hernández, indicó que la cifra sube a 296 millones si se suman los fondos federales que recibe la principal terminal aérea del país.
Los antecedentes fueron entregados a la Comisión de Gobierno del Senado, que preside Ramón Ruíz Nieves, que continuó hoy con las audiencias públicas sobre la resolución del Senado 63, mediante la cual se investigan los señalamientos sobre las condiciones en que se encuentra el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (LMM), bajo el operador Aerostar Airport Holdings.
Hernández manifestó que “es indiscutible que, a pesar de que nos vimos obligados a desviarnos de la ruta original trazada para atender situaciones de emergencia como el huracán María y la pandemia, el Aeropuerto se encuentra en mejores condiciones que hace nueve años”.
Asimismo, el deponente aseguró que, debido a que son un operador privado, las operaciones de Aerostar son auditadas por el Departamento de Justicia federal.
Además, hay inspecciones y auditorías a las que se someten por parte del Transportation Security Administration (TSA), la Administración Federal de Aviación (FAA, siglas en inglés) y la Autoridad de los Puertos, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.
“Un proyecto de construcción en un aeropuerto regulado por las autoridades federales no es un proyecto usual de construcción y por lo tanto, se requiere cumplir con altos estándares de seguridad y calidad que son mandatorios bajo dichas regulaciones federales. Por tales motivos, los trabajos que se están llevando a cabo en el Terminal D y otras áreas han sido realizados tomando todas las medidas de seguridad requeridas, consistentes con las normas y prácticas de la industria. Además, el área donde se realizan los trabajos ha estado rotulado durante todo el proceso de construcción”, sostuvo Hernández.
El deponente declaró que hay vigentes tres compañías con contratos para el mantenimiento del Aeropuerto.
“Con estos tres contratos el costo de limpieza sobrepasa los cinco millones de dólares, aproximadamente dos millones más de lo que se pagaba antes”, añadió el presidente de Aerostar. INS
P. Rico-Patrulla Fronteriza detiene a 60 haitianos después de que desembarcaran en turística playa Combate de Cabo Rojo
Aguadilla, 10 may (INS).- Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en Puerto Rico detuvieron a 60 migrantes haitianos después de que desembarcaran en la costa de Rincón.
El agente jefe interino de la Patrulla Fronteriza del sector Ramey, Scott Garrett, indicó que el pasado sábado se detectó una embarcación tipo “yola” ingresando a la playa el Combate.
Al llegar al área, los agentes de la Patrulla Fronteriza se encontraron con 60 haitianos y una mujer que dijo ser de la República Dominicana.
Los agentes transportaron al grupo a la dstación Ramey para el procesamiento y remoción.
El pasado 4 de mayo, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 59 haitianos que también desembarcaron en Rincón.
El sector Ramey es uno de los 21 repartidos por todo Estados Unidos. Abarca Puerto Rico y las Islas Vírgenes, y es el único sector de la Patrulla Fronteriza ubicado fuera del territorio continental de los Estados Unidos.INS
ndc
Inter News Service Agencia de Noticias