Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 21 abr (INS).- El beneficio suplementario que se agregó al Seguro Social no forma parte de las condiciones prístinas del contrato del Seguro Social por jubilación de un empleo. sino una asistencia social que se añadió para mitigar la pobreza.
El Gobierno de Estados Unidos no está obligado a extender un beneficio económico a una jurisdicción que no aporta con impuestos o tributaciones al Internal Revenew Services (IRS) como lo hace el resto de los ciudadanos de otras jurisdicciones estadounidenses.
Ese precisamente es el caso de Puerto Rico.
Los programas federales de prestaciones sociales asistenciales que hay actualmente en Puerto Rico se han extendido a esa jurisdicción ultramarina de posesión colonial en el Caribe porque el Gobierno de Estados así lo ha querido y decidido como concesiones, pero no es legalmente una obligación.
Si un ciudadano estadounidense que reside permanentemente en territorio isleño desea que esos beneficios se consideren una obligación inherente a su ciudadanía, con la cual las autoridades norteamericanas están permanentemente atadas, entonces tiene que mudarse a una jurisdicción donde están obligados a pagar impuestos federales al IRS, aunque por razones de sus bajos ingresos personales no tenga que hacerlo. Pero está en sus obligaciones, si las circunstancias personales fueran otras.
Eso es lo que parece no entenderse en Puerto Rico: la condición política y económica de ser una colonia.
Lo que resulta cuestionable es que se aduzca la necesidad de la estadidad para Puerto Rico y el concomitante pago de tributaciones federales como condición a poder ser beneficiario de la asistencia suplementaria del Seguro Social. Sumando y restando, sería más lo que Puerto Rico tendría que aportar al fisco de lo que recibiría de ese beneficio asistencial.
Otros derechos inherentes a la ciudadanía estadounidense, no de ayudas o de programas de asistencia social con fondos del erario, tienen por obligación que ser reconocidos a los puertorriqueños por las autoridades federales y los gobiernos de los estados y sus entidades, así como por la empresa privada de la nación norteña.
Eso es lo que debe quedar claro con este asunto del fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos acerca del Seguro Social Suplementario (SSI). INS
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