R. Dominicana-Tribunal Constitucional anula decreto de Danilo Medina que había suspendido la presunta venta fraudulenta de un barrio habitado por más de 14 mil familias

Un sector del barrio Los Tres Brazos. / Inter News Service

Santo Domingo, 5 feb (INS).- El Tribunal Constitucional anuló el artículo 2 del decreto 392-16 emitido por el Poder Ejecutivo que ordenó la suspensión inmediata de las operaciones de venta, a precios pírricos, de inmuebles de más de un millón de metros cuadrados del sector Los Tres Brazos, localizado en el municipio Santo Domingo Este.

La venta se realizó a un grupo de empresarios agrupados en una compañía que fueron llevados a juicio penal acusados de cometer fraude y desfalco contra el Estado dominicano.

En las motivaciones, el objetado decreto puso especial atención a las denuncias y los reclamos de diferentes segmentos de la sociedad sobre las pignoraciones de predios por parte de la entonces estatal Corporación de Empresas Estatales (Corde) a la empresa Inversiones Fernández Parache & Asociados S.A. (Infepa), entidad esta última que impugnó ante la alta corte el acto gubernamental.

El gobierno pasado justificó la medida en que la Consultoría Jurídica determinó que las ventas no cumplieron con las disposiciones legales y de la ley 141-97 general de reforma de la empresa pública, principalmente a la exigencia de procesos de licitación pública para la enajenación de bienes del Estado, y a la necesidad de someterlas a la aprobación del Congreso Nacional.

“En virtud de las razones expuestas en la parte considerativa de este decreto, se ordena la suspensión inmediata de toda operación de venta o reventa de los inmuebles ubicados en el sector de Los Tres Brazos, así como de todo proceso de desalojo contra los actuales ocupantes de dichos terrenos”, dispuso el artículo 2 de la observada ordenanza oficial.

El juzgado declaró en una sentencia “no conforme con la Constitución de la República” el texto del decreto emitido por entonces presidente Danilo Medina el 28 de diciembre de 2016, al considerar que viola los artículos 4, 6, 51.1, 73, y 149.1 de la Carta Magna, “que conciernen al principio de separación de los poderes, la supremacía de la Constitución, el derecho de propiedad, la nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional y las funciones del Poder Judicial”.

“Esto, sin desmedro de las decisiones a intervenir relativas al fondo de este conflicto, del que se encuentran apoderadas las jurisdicciones penal e inmobiliaria”, precisa el TC en la parte final del dispositivo segundo del fallo jurídico publicado en el comunicado 64/21, en el que consta que contiene votos particulares.

La acción de inconstitucionalidad fue conocida en audiencia pública el 27 de abril 2018, en la cual quedó en estado de fallo. El tribunal acogió una acción directa de inconstitucionalidad presentada por la sociedad comercial Inversiones Fernández Parache & Asociados SRL (Infepa), en contra del artículo 2 del decreto.

El 10 de septiembre de 2021, el fiscal José Miguel Marmolejos, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), informó la lectura de la acusación ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional por la transacción del inmueble habitado por unas 14 mil familias y cuenta con un total de 17,278 viviendas de las cuales 1,407 se encuentran en la orilla del río Ozama.

Respecto a los cargos, el representante del Ministerio Público incriminó en el caso al señor Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, y a los funcionarios Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.

De igual manera, son procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa) SRL., y los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.

También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.

Por igual, acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet SRL, Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana SRL. INS

mv/aa

Attachments

  • jpg 3.45
    Un sector del barrio Los Tres Brazos. / Inter News Service
    Tamaño de archivo: 52 KB Descargas: 125