P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el jueves 3 de febrero de 2022

P. Rico-De 1,300 bomberos en el país, casi 300 están ausentes de sus labores y hay 30 estaciones cerradas debido a malestar por los bajos salarios y para reclamar mayores beneficios para el retiro

San Juan, 3 feb (INS).- El presidente del Sindicato de Bomberos, José Tirado, informó que de los 1,300 bomberos que labora en el país, casi 300 estuvieron ausentes el miércoles de sus responsabilidades y hay 30 estaciones cerradas debido al malestar por los bajos salarios y el retiro.

Tirado ofreció la información al llegar a La Fortaleza para dialogar con la secretaria de la Gobernación, Noelia García, la situación que aqueja a estos funcionarios.

De acuerdo con el sindicalista, hay 1,300 bomberos que trabajan en cuatro turnos en 96 estaciones.

“Los bomberos, servidores de primera línea de defensa, han sido consistentemente discriminados. Se les falta el respeto una y otra vez por parte del gobernador, legisladores que han impulsado en su momento proyectos de ley que benefician solo a un grupo y por parte de la Junta”, señaló Tirado.

Para el portavoz, “es indigno que se trabaje un retiro digno y se legisle para solo un componente del Departamento de Seguridad Pública y a nosotros, que también estamos en la primera línea, se nos excluya”.

El presidente de la unión se quejó de que desde la gobernación de Sila Calderón no se revisa la escala salarial de los bomberos puertorriqueños.

Estos servidores públicos inician con un salario base de 1,500 dólares.INS

 

EEUU-Gobierno puertorriqueño y agencias federales firman acuerdo para garantizar desarrollo de red energética resiliente

Washington, 3 feb (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó un acuerdo de entendimiento (MOU, siglas en inglés) entre el gobierno de Puerto Rico y agencias del gobierno federal para el desarrollo de una red de energía resiliente, sostenible y equitativa, que garantice que Puerto Rico cuente con las herramientas y los recursos necesarios para capitalizar la oportunidad de una mejor reconstrucción.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en el Departamento de Energía federal (DOE, siglas en inglés) en Washington. con la presencia de la secretaria del DOE, Jennifer Granholm; la secretaria del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, siglas en inglés), Marcia Fudge, y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés), Alejandro Mayorkas.

“Nuestro compromiso es y continuará siendo lograr una infraestructura de energía eléctrica que brinde un servicio confiable a toda nuestra gente. Mi administración va a concentrarse en que la transformación energética de Puerto Rico avance a un ritmo ágil, como nuestra gente espera. Me aseguraré de que todos los fondos federales asignados a Puerto Rico para la reconstrucción de la red eléctrica se utilicen de manera eficiente y efectiva”, dijo el mandatario.

Tras el paso de los huracanes Irma y María en el 2017, el gobierno federal asignó más de 12 mil millones en fondos de FEMA y el Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, siglas en inglés), destinados específicamente para el sector de energía.

Como parte del MOU, el gobierno de Puerto Rico, el DOE, el DHS y FEMA se comprometen, entre otras cosas, a aprovechar la experiencia y las capacidades de todas las agencias para identificar oportunidades a corto y mediano plazo que garanticen que los esfuerzos de recuperación estén alineados —o puedan apoyar— los objetivos de energía limpia a largo plazo.

Por otra parte, el DHS y FEMA continuarán trabajando con el gobierno de Puerto Rico para maximizar la flexibilidad de los fondos, lo que puede incluir la capacidad de buscar recursos de energía renovable, el desarrollo de planes que aborden riesgos a largo plazo y la promoción de la resiliencia.

Ambas agencias deberán garantizar que todos los proyectos de recuperación de FEMA sean técnicamente viables, a un costo razonable y que estén alineados con las leyes y regulaciones locales.

Además, el DOE utilizará los recursos de los laboratorios nacionales -mediante su acuerdo interagencial con FEMA- para apoyar y aumentar las actividades operacionales y de planificación. Por medio de este acuerdo interagencial, el DOE también llevará a cabo y presentará estudios para evaluar escenarios y vías para cumplir con las metas de energía renovable de Puerto Rico.

El MOU entra en vigor a partir de la fecha de su firma y permanecerá vigente hasta que se termine por mutuo acuerdo de las partes, o por cualquier parte, con 60 días de notificación por escrito a las otras parte.INS

 

P. Rico-Propone Natal Albelo propone curso inmediato de acción para atender necesidades en el sistema público de educación

San Juan, 3 feb (INS).- Ante la crisis en el sistema de educación pública del país, el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo, propuso un curso de acción inmediata en carta al gobernador Pedro R. Pierluisi y a los presidentes de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, y el Senado, José Luis Dalmau Santiago, para atender las necesidades de esa comunidad.

“La educación de nuestra niñez y juventud es prioridad”, sostuvo Natal Albelo, quien fuera candidato a la alcaldía de San Juan al subrayar que “más allá de partidos o movimientos políticos, se requiere de acción inmediata para atender las necesidades de la comunidad escolar”.

Para el coordinador general de Victoria Ciudadana, “continuar ignorando la situación que atraviesan nuestro personal docente y no docente, estudiantado, padres y madres, tendrá efectos devastadores para nuestra sociedad a corto, mediano y largo plazo”.

Ante esa realidad, el exlegislador propone un curso de acción inmediata para las necesidades de la comunidad escolar en el sistema de educación pública del país.

La comunicación de Natal Albelo al mandatario puertorriqueño y a los presidentes de Cámara y Senado expone la necesidad urgente de atender los reclamos de la clase magisterial, completar los trabajos de reparación de los planteles escolares para recibir al estudiantado de manera segura e implementar el currículo de educación con perspectiva de género.

La propuesta del Movimiento Victoria Ciudadana establece que se atienda de forma inmediata la justicia salarial de la clase magisterial, incluyendo honrar su retiro, y la reparación y apertura de los planteles escolares.

El dirigente de Victoria Ciudadana propone en particular aumentar el salario base de las maestras y los maestros a $4,000 al mes en un periodo de dos años, comenzando con un aumento a $2,700 a partir de julio de 2022, además de honrar el pago de aumentos y conceder incrementos anuales que se ajusten al alza en el costos de vida.

Esta propuesta del MVC incluye al personal no docente, cuyos artículos económicos de los convenios colectivos han sido congelados, y garantizar una pensión mínima del 75 por ciento del salario promedio de las maestras y los maestros.

Natal Albelo reconoció las limitaciones presupuestarias que enfrenta Puerto Rico y exhortó a restablecer las prioridades de la administración de turno, anteponiendo la educación pública por encima de cualquier cosa.

“Sabemos que para lograr estos objetivos necesitamos restablecer las prioridades dentro de las limitaciones presupuestarias, con o a pesar de la posición de la Junta (de Supervisión Fiscal)”, expuso.

Manifestó que “desde la Delegación Legislativa de Victoria Ciudadana en El Capitolio, al igual que nuestra Conferencia Legislativa Municipal en 24 asambleas municipales, estamos listas y listos para trabajar mano a mano para lograr este cometido”.

“El futuro que queremos para nuestro país así lo exige; no hay tiempo que perder”, destacó Natal Albelo.INS

 

P. Rico-Investigan incumplimiento de aseguradoras con la Ley para Combatir el Covid-19

San Juan, 3 feb (INS).- La Comisión de Salud de la Cámara, presidida por la representante Sol Y. Higgins Cuadrado, atendió este miércoles la Resolución de la Cámara 374, que ordena investigar el incumplimiento de las aseguradoras médicas con las disposiciones de la Ley 43-2020, conocida como “Ley para combatir el Covid-19”.

En vista pública, los representantes recibieron el insumo de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico (ALCPR), el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR).

La presidenta de la ALCPR, Laura Trujillo, aseguró a través de un memorial explicativo, que los laboratorios “se han visto adversamente afectados por el incumplimiento de las aseguradoras a la hora de pagar pruebas de diagnóstico del virus que causa el Covid-19”.

“A modo de ejemplo, una prueba PCR que al laboratorio le cuesta $60.00, el plan médico paga $51.33. Esto representa una pérdida de $8.67 por prueba. Un laboratorio pequeño o mediano lleva a cabo un promedio de diez pruebas PCR al día. Esto, nos lleva a un total de 200 pruebas mensuales, lo que incrementa la pérdida de un laboratorio a $1,734”, mencionó.

Según Trujillo, los principales retos y problemas que enfrentan los laboratorios en la isla son un resultado de la poca fiscalización sobre las aseguradoras.

“Existe una carencia de normativas aplicables a la facturación y pagos relacionados con la toma de muestra y realización de las pruebas”, mencionó la presidenta de la ALCPR.

Actualmente, la Ley 43-2020 establece la política pública vigente en Puerto Rico en cuanto a la atención y tratamiento del coronavirus.

El estatuto legal menciona que ninguna organización de servicio de salud, PBM o tercer administrador podrá requerir algún copago, deducible, referido o preautorización por el diagnóstico y tratamiento del Covid-19, incluyendo el permitir el pago o reembolso a los proveedores.

La Ley 43-2020, otorga facultad al secretario del Departamento de Salud para fiscalizar y promulgar reglamentación pertinente en la consecución de la misma.

“Al presente, Salud no ha promulgado reglamento o expedido normativa que ofrezca directrices en cuanto a los pagos asociados a las pruebas de diagnóstico y toma de muestra, así como el tarifario base aplicable”, resaltó Trujillo.

Al mismo tiempo, la presidenta de la ALCPR denunció que “la ausencia de una expresión clara por parte de las agencias reguladoras (Departamento de Salud, ASES y OCS) ha propiciado parámetros de facturación y pago arbitrarios, sin negociación legítima ni de buena fe con los laboratorios”.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos Otero, explicó que “el problema con las aseguradoras estriba en que la mayoría han optado por ignorar las legislaciones estatales que son más estrictas en la exigencia de cubierta para pacientes del Covid-19 y han preferido guiarse, evidentemente a su conveniencia, por disposiciones federales más ambiguas”.

Ramos Otero explicó en vista pública, que la ley federal requiere que todos los planes de seguros privados cubran el costo total asociado con las pruebas de Covid-19 aprobadas, “siempre y cuando la prueba se considere médicamente adecuada. La legislación federal también requiere el pago de servicios o tratamientos relacionados al Covid-19, aunque la definición de servicios relacionados queda al arbitrio de la interpretación de las aseguradoras”.

Sin embargo, el galeno apuntó que la legislación de Puerto Rico, a diferencia de la federal, “reconoce una protección más amplia para los pacientes de Covid-19, y las aseguradoras autorizadas a realizar negocio en Puerto Rico, están obligadas a cumplir con las disposiciones de la Ley 43 de 2020”.

En su turno de preguntas, el representante Juan Oscar Morales Rodríguez, autor de la Resolución de la Cámara 374, mencionó que el problema de fiscalizar a las aseguradoras viene ocurriendo desde hace tiempo y no tan solo es un fenómeno relacionado con la pandemia.

“Mientras las aseguradoras no tengan consecuencias ante sus penalidades, seguiremos cuatrienios tras cuatrienios con estos problemas sin resultado alguno”, resaltó el legislador.

Por otro lado, el Comisionado de Seguros de Puerto Rico, Alexander S. Adams Vega, señaló que su oficina mantiene una querella abierta presentada por la Asociación de Laboratorios Clínicos.

“Para atender de manera puntual los reclamos de los laboratorios, le hemos solicitado a la Asociación el detalle de los pagos denegados a laboratorios miembros de la organización e igual exhortación hacemos a todos los demás proveedores que están confrontando similar situación de pago de servicios o tratamientos disponibles para el Covid-19”, mencionó Adams Vega.

A su vez, el director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Jorge E. Galva, afirmó que continúan “en constante monitoreo de que las aseguradoras contratadas para dar servicios al Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico estén en cumplimiento con las normas establecidas”.

En la vista pública también participó la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese).

Higgins Cuadrado mencionó que “es momento de abrir una discusión seria sobre el impacto de las aseguradoras en la salud de nuestro pueblo”.

“La salud es un servicio esencial que nos corresponde a todos. Tenemos como legisladores, que ponernos en la misma sintonía, y no permitir que sean los puertorriqueños quienes paguen el precio más caro por servicios básicos y esenciales”, recalcó.INS

 

P. Rico-Presenta Ferrer Santiago medida para crear marco regulatorio del cannabis

San Juan, 3 feb (INS).- El representante por acumulación Héctor Ferrer Santiago presentó una medida dirigida a crear el marco regulatorio para el uso adulto controlado del cannabis en Puerto Rico.

El proyecto que regula el uso adulto, también robustece los mecanismos para disminuir su alcance de los menores de edad, prohibe el acto de fumar cannabis y su uso en lugares públicos, además de que el producto será regulado bajo los mismos estándares de producción, calidad y venta que la del cannabis medicinal, como una forma de insertar a Puerto Rico en el Siglo 21.

“No hay duda de que este proyecto permitirá a Puerto Rico crear un nicho económico que actualmente no existe en el Caribe. Por otro lado, creará una nueva industria produciendo empleos bien pagos, promoverá ahorros gubernamentales y le proveerá nuevos ingresos para el Gobierno a través de la creación del Fondo de Impacto Social e Investigación del Cannabis (FISIC), que serían destinados a las pensiones, a la Universidad de Puerto Rico, a los municipios, entre otros usos”, expreso Ferrer Santiago.

El representante del Partido Popular Democrático (PPD) expuso que “en la actualidad existe un estudio sobre el impacto comercial del cannabis en Puerto Rico que estima que la venta del uso adulto del cannabis en su primer año sería de $522 millones”.

“Esta legislación fue redactada mirando los aciertos y desaciertos de otras jurisdicciones en los Estados Unidos y en el mundo para que Puerto Rico pueda tener un marco regulatorio de avanzada. La guerra contra las drogas fracasó. Los momentos difíciles merecen ideas y soluciones distintas a las del pasado y es momento de que en la Asamblea Legislativa demos pasos afirmativos”, sentenció.

El proyecto prohíbe el consumo de cannabis en lugares públicos por lo que solo se permitirá en hogares y otros lugares privados.

Otra de las regulaciones es que se permitirá la venta únicamente en dispensarios autorizados y se limitará la dispensación para uso adulto controlado a 28g de cannabis; o 8g de THC en los productos concentrados; o 800mg de THC en productos comestibles.

Por otra parte, se establecen infracciones y penalidades para los dispensarios que no cumplan con la ley. Toda persona que posea la cantidad denominada como consumo personal de cannabis y este no sea de dispensario incurrirá en una multa administrativa de $500 y el o la agente de la policía que realice la intervención se verá en la obligación de citar al intervenido a los fines de referirlo a Assmca para que se ausculte la necesidad de tratamiento por adicción por el uso de sustancias controladas.

Se reconoce la retroactividad de la despenalización del cannabis cuando la convicción sea por una cantidad igual o menor de una cantidad para consumo personal.

“Esto es un tema que no podemos seguir evadiendo. Llegó el momento de atemperar la legislación a la realidad social actual. Es por esto que hoy invito a mis compañeros a asumir con valentía los retos que se nos presenta y atender este proyecto con la madurez y responsabilidad que amerita”, expresó el representante Ferrer Santiago. INS

 

P. Rico-Senado/Comisión de Iniciativas Comunitarias busca soluciones para atender la salud mental de los niños que crecen en entornos de violencia doméstica

San Juan, 3 feb (INS).- La Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, que preside el senador José Vargas Vidot, retomó los trabajos de audiencias públicas para continuar con la evaluación del proyecto del Senado 514, medida que busca enmendar la Ley 54 de 2989 a los fines de establecer como requisito, el referido a servicios de salud mental a niños que han presenciado incidentes de violencia doméstica.

En esta ocasión la Comisión citó a la organización Proyecto Matria a deponer; mientras la Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico envió un memorial explicativo sobre la medida.

Ambas organizaciones no endosan el proyecto y coinciden en que la enmienda propuesta en la medida añade un elemento revictimizante “al tener dos agencias trabajando simultáneamente y sin reconocer si ya la sobreviviente en su proceso de autonomía ha identificado recursos a través de otras agencias o organizaciones especializadas en el tema”.

Aunque Vargas Vidot no está de acuerdo con el aspecto punitivo que propone el proyecto, aún así entiende meritorio conseguir soluciones ejecutables para atender el tema donde los niños y niñas han estado en entornos de violencia doméstica.

“Lo que yo quisiera siempre proponerme como meta es que busquemos que la vista pública sea genuinamente una herramienta que ayude a reestablecer la prudencia en lo que se escribe. La vista debe de convertirse en una forma de incluir lo que genuinamente es pertinente para atender un problema y no complicarlo más”, enfatizó el senador independiente.

Por su parte, la Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico en su ponencia enumeró las razones para rechazar la medida en la que destacaron la revictimización, la falta de información clara en cuanto a los servicios provistos por ASSMCA, posible adjudicación de negligencia y duplicidad de servicios, menores fuera del círculo familiar entre otros aspectos.

“Hacemos un llamado para que adjudiquen también recibir ayuda mental a la parte agresora que no es mencionada en este proyecto”, resaltó la ponencia.

También hicieron énfasis en que “el sistema tiene que cambiar la mirada y enfocarse también en la parte agresora. Un claro ejemplo de la ineficacia por parte del sistema y de estos programas de ‘reeducación’ es el caso de Andrea Ruiz en donde su agresor completó un programa, salió con su récord totalmente limpio y finalmente la mató”.INS

ndc