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San Juan, 18 ene (INS).- Los integrantes de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, fundada por los representantes del interés público de la pasada Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público creada por la Ley 97 de 2015, que fue eliminada en 2017, expresaron su rechazo a la confirmación hoy del plan de ajuste de la deuda por la jueza Laura Taylor Swain.
“Lamentamos la aprobación de este plan de ajuste de la deuda por ser el comienzo de una larga condena para el pueblo de Puerto Rico y la impunidad para los responsables de este desastre fiscal”, sostuvieron los portavoces José González Taboada y Tato Rivera Santana.
El legado del octavo Plan de Ajuste de la Deuda propuesto por la Junta de Control Fiscal aprobado por la jueza Taylor Swain, advirtieron, es el aval de sobre veintiuna emisiones de bonos impugnadas por ser emitidas ilegalmente y en violación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que totalizan $13,500 millones o el 40% de la deuda a pagar.
“Además esta sentencia del tribunal federal deja sin dar respuesta a más de 120 reclamaciones para la devolución de comisiones ilegales contra 20 bancos por participar del esquema ilegal y la pérdida de más de $30,000 millones en ahorros, si se suma al principal el pago de intereses, por la no cancelación de deuda nula”, expresó González Taboada, presidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público.
En tanto, Rivera Santana indicó que ”ni la ley Promesa ni la Junta de Control Fiscal han representado una solución al problema del endeudamiento insostenible y a la crisis fiscal que enfrenta la isla, sino que lo está agravando”.
“La Junta miente cuando dice que este plan reduce el pago de la deuda. Este plan de ajuste de la deuda no es un nuevo comienzo para la isla, mucho menos una reestructuración justa, sigue imponiendo a la isla pagos insostenibles de la deuda, como han expresado estudios independientes de Espacios Abiertos y economistas internacionales como Joseph Stiglitz”, refirió.
Rivera Santana expresó que “esos expertos han advertido que este acuerdo con los bonistas sigue siendo un compromiso insostenible y que nos deja sin dinero para atender las necesidades básicas y servicios esenciales del pueblo y nos expone a otra quiebra en el futuro o aumentos insostenibles a la calidad de vida en la isla”.INS
ndc