Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el lunes 10 de enero de 2022
P. Rico-Coronavirus/Salud reporta 12 casos fatales de Covid-19, 732 hospitalizados y 6,643 contagiados
San Juan, 10 ene (INS).- El Departamento de Salud reportó ayer 12 muertes adicionales por Covid-19, un total de 6,643 personas contagiadas en la isla, y un aumento en la cifra de hospitalizados de 718 a 732.
Los decesos afectaron a cinco personas no vacunadas y a siete vacunadas. Los casos fatales corresponden a:
-Hombre de 94 años de la región Metro.
-Hombre de 92 años de la región de Arecibo.
-Hombre de 89 años de la región de Fajardo.
-Hombre de 84 años de la región de Bayamón.
-Hombre de 78 años de la región Metro.
-Hombre de 77 años de la región de Caguas.
-Hombre de 51 años de la región de Mayagüez.
-Mujer de 80 años de la región Metro.
-Mujer de 79 años de la región de Ponce.
-Mujer de 72 años de la región de Mayagüez.
-Mujer de 67 años de la región de Caguas.
-Mujer de 47 años de la región Metro.
Así, el total de fallecimientos acumulados llegó a 3,373, pero se recuerda que el reporte de muertes puede variar en la medida en que se dan los procesos de registro y codificación de las causas, lo que podría tardar varios días.
“Durante toda la pandemia, los adultos mayores han sido más propensos a sufrir complicaciones por Covid-19. Particularmente, aquellos inmunodeprimidos, con enfermedad cardíaca, pulmonar, diabetes u obesidad. Este grupo debe aumentar las medidas de protección. Detengamos el contagio”, tuiteó en la mañana del domingo el Departamento de Salud.
El total de hospitalizados es 732, que se dividen en 650 adultos y 82 pacientes pediátricos (ayer eran 76).
Mientras, por muestras tomadas del 24 de diciembre al 7 de enero, se informó de 1,899 casos confirmados adicionales y 4,744 casos probables, por lo que las cifras acumuladas de confirmados llegan a 218,584, y las probables, a 136,679, respectivamente. INS
P. Rico-Gobernador anuncia nombramientos al Tribunal Supremo y al Departamento del Trabajo
San Juan, 10 ene (INS).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, anunció ayer que nominará al juez del Tribunal de Apelaciones, Roberto Rodríguez Casillas, al cargo de juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y asimismo designó al licenciado Gabriel Maldonado González como secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).
“Como gobernador para mí es un inmenso honor anunciar que estaré nominando al juez Rodríguez Casillas al cargo de juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Su hoja de trabajo y servicio, así como sus conocimientos e historia de vida hablan por sí mismos”, expresó el mandatario.
Destacó que el juez Rodríguez Casillas lleva 24 años ejerciendo la profesión de jurista, cargo que ha llevado con los más altos estándares de ética y de justicia.
“Sus nombramientos como juez municipal, juez superior y juez del Tribunal de Apelaciones han contado con el aval de todos los que han evaluado sus credenciales y su trabajo, sin distinción de ideologías políticas”, sostuvo el gobernante al solicitar a los miembros del Senado que cuando reciban ese nombramiento realicen una evaluación justa y en sus méritos y que examinen su extraordinaria trayectoria por el bien del país.
Rodríguez Casillas, quien es producto del sistema de educación pública, tiene un bachillerato en Artes y Administración Comercial de la Universidad Interamericana (UIPR) y un juris doctor de la Universidad de Puerto Rico.
También posee una maestría en Justicia Criminal de la UIPR y otra en Creación Literaria de la Universidad del Sagrado Corazón.
El actual profesor de justicia criminal tiene un máster en Derecho Español Vigente y Comparado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y un Diploma de Estudios Avanzados del Programa Doctoral de Estudios de Derecho Público y Privado del Instituto Universitario de Derecho Comparado de esa institución universitaria española. Además, está en el proceso de presentar su tesis del Programa de Doctorado en Derecho de la UCM.
La carrera judicial de Rodríguez Casillas empezó cuando ejerció como oficial jurídico en el Centro Judicial de San Juan y posteriormente laboró como oficial jurídico de la exjueza del Tribunal de Apelaciones, Ygrí Rivera.
Más adelante, en el 1997, fue nominado por el exgobernador Pedro Rosselló González como juez municipal del Tribunal de Primera Instancia de Carolina y en el 2004 fue ascendido por la exgobernadora Sila María Calderón a juez superior del Tribunal de Primera Instancia.
Desde 2011 hasta el presente, Rodríguez Casillas es juez del Tribunal de Apelaciones. Ha sido presidente del Panel de Jueces del Tribunal Apelativo y presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura.
El gobernador Pierluisi resaltó la extraordinaria historia de vida del juez Rodríguez Casillas, quien soñaba en su niñez con ser soldado.
El destino le trazó otra historia, pues a los 17 años sufrió un accidente al caer al vacío desde unas gradas en una cancha de baloncesto, lo que provocó que se fracturara las cervicales 5 y 6, precisó.
Aunque quedó imposibilitado de volver a caminar, Rodríguez Casillas no se amilanó y comenzó a dedicarse a los estudios, dejando a un lado su sueño de ser soldado, pero abriéndose camino como un gran abogado y posteriormente, juez.
El jurista relató que ha contado siempre con el apoyo de sus padres, quienes a pesar de no contar con recursos económicos, fueron siempre su mayor fortaleza; igualmente como su esposa, Nitza Santiago Flores.
El gobernador Pierluisi también realizó el nombramiento de Gabriel Maldonado González como secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).
Maldonado González cuenta con amplia experiencia gubernamental y privada, así como en el campo de derecho laboral, tanto en el foro estatal como el federal.
El licenciado posee un bachillerato en Artes con concentración en Relaciones Laborales y un juris doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
Una de sus primeras experiencias de trabajo la realizó en el Departamento del Trabajo, específicamente en el Negociado de Conciliación y Arbitraje, y se ha especializado en las áreas de derecho laboral y de empleos, contribuciones, litigación de casos civiles y comerciales, arbitraje, apelaciones y derecho administrativo.
Actualmente se desempeña como jefe de personal de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), y antes se ha destacado en sus funciones como asesor legal general y en Asuntos Legislativos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Compañía de Fomento Industrial y la Compañía de Comercio y Exportación.
También fue oficial jurídico del Tribunal Supremo de Puerto Rico y además fungió como asesor legal y trabajó con proyectos especiales en la Oficina del Gobernador en el 2012.
“A lo largo de su carrera el licenciado Maldonado se ha destacado por ser un profesional que busca consenso y soluciones en momentos de grandes retos. Su trasfondo de más diez años de experiencia evidencia que cuenta con herramientas diversas para ejecutar el cargo al que le estoy designando y reconozco su conocimiento de las leyes laborales y del funcionamiento del Gobierno, lo cual significa que no llega a improvisar, que es un aliado del sector trabajador y que cree firmemente en un Puerto Rico próspero. Tengo altas expectativas de su desempeño y le agradezco una vez más su compromiso con Puerto Rico”, añadió Pierluisi. INS
P. Rico-Presidente de la Cámara presenta prioridades para la tercera sesión ordinaria ajustadas a la realidad del Covid-19 en el país
San Juan, 10 ene (INS).- El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, y los representantes José “Conny” Varela y Ángel Matos García presentaron ayer los temas que serán prioridad durante la tercera sesión ordinaria de la Cámara, enfatizando que toda legislación que se apruebe tendrá en cuenta el impacto de la pandemia causada por el Covid-19 en el país.
“El Covid-19 llegó para quedarse y hay que reconocer que esto es un cambio de vida, por lo que toda legislación que aprobemos debe estar enfocada en esta realidad social”, dijo Hernández Montañez, a la vez que mencionó que la tercera sesión ordinaria estará enfocada en la lucha contra la corrupción pública, alinear la educación a la economía de hoy, y estabilizar y aumentar la participación empresarial.
Respecto a la lucha contra la corrupción, el vicepresidente de la Cámara, “Conny” Varela, explicó que entre las propuestas para atajar este mal social está eliminar la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI).
“La idea es que los recursos que actualmente son destinados a esta oficina se reasignen para fortalecer la división de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia y garantizar una verdadera autonomía, sin influencias del secretario de Justicia”, sostuvo el legislador.
De igual forma, añadió que la Cámara también propone fortalecer la Oficina del Contralor fusionando los recursos con la Oficina del Inspector General, sin que esta pierda sus funciones actuales. “Queremos ser eficientes y que haya una preintervención efectiva que prevenga los actos de corrupción”.
También propuso la eliminación del Departamento de Seguridad Pública para transferir el presupuesto operacional asignado a esa institución para mejorar y motivar a la Policía.
Y uniformar los procesos en las ramas de gobierno (tribunales, asamblea legislativa, Ejecutivo, corporaciones públicas y municipios) en áreas sensitivas como el proceso de transición, contratación, manejo de recursos humanos y los informes éticos.
“De todos es sabido que la administración actual de esta Cámara fue privada de tener una transición ordenada. De ahí la importancia de crear una estructura legal permanente que garantice una transición al finalizar cada cuatrienio”, manifestó el representante por Caguas.
Sobre Educación, Matos García desglosó cuáles serán las prioridades del cuerpo cameral:
1. Establecer una política pública para garantizar el regreso lo más cercano al 100% de educación presencial, a través de inversión en tecnología, diseño y establecimiento de nuevos procesos salubristas permanente y estandarizados.
2. Trabajar con el Departamento de Salud y el Departamento de Educación para desarrollar y establecer un protocolo uniforme y permanente para preparar a las comunidades de manera conjunta y participativa para atender efectivamente la situación de la pandemia.
3. Fortalecer el currículo de enseñanza para que la formación educativa esté dirigida a crear ciudadanos con los valores, las destrezas y capacidades requeridas a los profesionales del siglo 21.
4. Insertar a los trabajadores sociales del Departamento de la Familia en los procesos de evaluación de los estudiantes para atender los problemas de salud mental, violencia en el noviazgo, violencia de género y otros problemas socioeconómicos en los hogares puertorriqueños que se reflejan en la comunidad estudiantil.
5. Establecer mediante legislación un inventario de la necesidad laboral existente en el mercado para conciliar la oferta de académica disponible para crear incentivos y becas que fomenten la educación en áreas de necesidad para ocuparlos con empleados de la isla.
6. Cumplir el compromiso de atender la reforma universitaria.
“Para nosotros es importante trabajar con todo lo que sea necesario para asegurar el acceso a la educación pública del país y fortalecer el sistema, atemperándolo a nuestra nueva realidad de vida y a los retos socioeconómicos que tenemos ante nosotros”, dijo Matos García.
En tanto, Hernández Montañez detalló la agenda de desarrollo económico que estarán atendiendo durante esta sesión legislativa:
1. Legislar un protocolo uniforme para que se pueda atender la realidad de la pandemia y lograr mantener la operación comercial en Puerto Rico.
2. Ofrecer un incentivo salarial para mitigar el incremento en el salario mínimo para las micro-empresas y los micro-agricultores.
3. Analizar el desempeño de la Ley 60 y su impacto en los sectores económicos del país (turismo, construcción e industria fílmica), para verificar si se está cumpliendo con las expectativas de inversión local e impacto económico.
4. En la renovación de permisos de uso, eliminar el requisito de requerirle a los solicitantes documentos que el propio gobierno expide: Bomberos, Salud, Hacienda, etcétera.
5. Establecer un mecanismo de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas de los individuos y entes que otorgan los permisos.
6. Enmendar la Ley de Permisos para garantizar un proceso ágil y flexible que permita obtener en la mayoría de los casos un permiso en 48 horas para operar negocios.
7. Separar del Permiso Único las licencias que emite el Departamento de Hacienda.
8. Mantener las alianzas de colaboración con todos los sectores socioeconómicos en la isla, EEUU y el Caribe: empresariales, profesionales, organizaciones sin fines de lucro y laborales.
Hernández Montañez, además, habló de propuestas para que haya responsabilidad y disciplina fiscal, de manera que Puerto Rico no vuelva a caer en quiebra. Entre ellas:
1. Realizar ajustes en el presupuesto vigente para ponerle fin a la quiebra, establecer el pago sostenible de la deuda y sentar las bases para la reconstrucción de Puerto Rico, visualizada bajo una óptica de responsabilidad fiscal en la gestión gubernamental.
2. Viabilizar la aprobación del segundo presupuesto balanceado en cumplimiento con la Ley Promesa.
3. Dar seguimiento a los procesos litigiosos en la sala de la jueza Laura Taylor Swain para poder determinar las obligaciones finales acordadas en la reestructuración de la deuda y las aportaciones actuariales para financiar el Sistema de Retiro.
4. Monitorear el lenguaje que finalmente se apruebe en el Congreso federal para reconocer la disponibilidad de fondos de Medicaid necesarios para financiar la tarjeta de salud y el impacto de los incentivos industriales que incluimos en la medida.
5. Enmendar la Constitución para reducir el margen prestatario incluyendo todos los ingresos, debatir limitaciones a los tipos de deuda contraída y requerir consulta directa al pueblo en ciertos casos.
6. Enmendar o reformar el Código de Rentas Internas de forma integral para darle justicia contributiva a los trabajadores sin penalizar el éxito empresarial y realizar la transición de la Ley 154 a contribución sobre ingresos en el sector manufacturero.
“Tan pronto como la próxima semana comenzarán los diálogos de trabajo entre la JSAF y la Cámara de Representantes para establecer un calendario que se ajuste a la realidad política y económica de Puerto Rico, de forma que estemos preparados para atender estos asuntos medulares de forma oportuna y efectiva”, concluyó Hernández. INS
P. Rico-Presidente del Senado dice que no es prioridad llenar vacante de juez asociado en el Tribunal Supremo e invita al gobernador a dejar de intentar imponer su criterio
San Juan, 10 ene (INS).- El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, afirmó ayer que la nominación del juez Roberto Rodríguez Casillas al cargo de juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico “no es prioridad”, e invitó al gobernador Pedro R. Pierluisi a “rectificar la ruta de intentar imponer su criterio y enfocarse en trabajar en consenso”.
“Reitero mi posición, expresada personalmente al gobernador de Puerto Rico el pasado 5 de enero, en el sentido de que en estos momentos es innecesario llenar una vacante de juez asociado en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En consecuencia, no es un asunto prioritario en la agenda del Senado de Puerto Rico”, afirmó Dalmau.
Agregó que “una vez más el gobernador insiste en tomar decisiones a sabiendas de que se coloca en posición opuesta a la asamblea legislativa. Como parte del consejo y consentimiento, le he expresado al gobernador, sin ambigüedades, nuestra posición de que esa vacante no debe ser llenada en estos momentos”.
“Mi posición es invariable. Invito al gobernador a rectificar la ruta de intentar imponer su criterio y enfocarse en trabajar en el consenso que se requiere en un gobierno compartido”, concluyó. INS
P. Rico-Seguridad alimentaria debe ser prioridad en el país, asegura representante Rivera Segarra luego de Pierluisi vetar proyecto a esos fines
Adjuntas, 10 ene (INS).- El representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, reiteró la importancia de desarrollar la seguridad alimentaria en el país, por lo que lamentó ayer que el gobernador Pedro R. Pierluisi vetara el Proyecto de la Cámara 10, de Héctor Ferrer Santiago, del Partido Popular Democrático (PPD).
La medida, que contó con el apoyo de la delegación del PPD en la Cámara, buscaba crear el Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria, adscrito a la Oficina del Gobernador.
La legislación fue aprobada en el último día de sesión ordinaria, el pasado 16 de noviembre, tras concurrir con las enmiendas aprobadas por el Senado.
“El propósito de la medida era crea un consejo asesor de especialistas para brindar asesoramiento, análisis y desarrollo de propuestas para el diseño de una política pública para atender la seguridad alimentaria y el abasto de alimentos, así como la protección y reactivación de terrenos agrícolas y la formación de agroempresarios locales y mercados agrícolas, entre otros temas”, aseguró Rivera Segarra.
El legislador del PPD destacó que ante la realidad mundial y particularmente de Puerto Rico como isla, con una producción agrícola limitada, el PC10 debió ser sancionado por el gobernador Pierluisi, a la vez que aseguró que “nosotros en la Comisión de Agricultura siempre hemos estado disponibles para mejorar el proyecto con ideas adicionales”.
La medida establecía que el Consejo estaría constituido por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el secretario del Departamento de Agricultura y tres personas de probada capacidad y liderato, identificadas con el campo de las Ciencias Agrícolas, la Economía o Seguridad Alimentaria.
De esos tres miembros del Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria, uno iba a ser elegido por el gobernador y los otros dos por la legislatura.
Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, las delegaciones del PPD, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad (PD) y el senador independiente José A. Vargas Vidot votaron a favor de la medida.
En el caso del Partido Nuevo Progresista (PNP), todos los legisladores presentes al momento de la votación se expresaron en contra, aunque algunos estuvieron ausentes, como Migdalia Padilla, Nitza Morán, Marissa Jiménez en el Senado y Gabriel Rodríguez Aguiló en la Cámara.
Subrayó que, al momento, ninguno de los legisladores del PNP ha expresado públicamente las razones para oponerse a la medida.
“Lo que buscamos fue preparar un plan estratégico sobre seguridad alimentaria para Puerto Rico, a los seis meses de la creación del Consejo y trazar una política pública frente a la crisis alimentaria mundial”, dijo Rivera Segarra.
El representante argumentó que “todos sabemos lo importante del tema, porque Puerto Rico es altamente vulnerable y altamente dependiente de las importaciones.
“En Puerto Rico producimos menos del 15% de los alimentos que son consumidos localmente y dependemos de la importación de países lejanos”, añadió el legislador del Distrito 22, que cubre los municipios agrícolas de Lares, Utuado, Adjuntas y Jayuya.
Recordó que en el país “contamos con aproximadamente 557,528 cuerdas de terreno agrícola subutilizado; entre los años 2002 a 2007, más de 100 mil cuerdas de terreno agrícola se perdieron debido al desparramamiento urbano”.
En agosto pasado, y ante el alto costo de los alimentos, principalmente de la canasta básica de los puertorriqueños, el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiró, anunció una nueva estrategia donde los incentivos otorgados estarían directamente vinculados al aumento en la producción agrícola.
“Con este cambio se proyecta llevar la producción en la Isla, según el Secretario, cubrir entre 25% y 30% de la demanda actual, lo que supondría $1,000 millones adicionales al sector agrícola local. Eso sería una buena iniciativa que debió, a mi entender, estar basado en un plan completo y estructurado a largo plazo”, argumentó Rivera Segarra al sostener que con tal fin es que se genera la legislación del Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria, “para darle base y profundidad a las buenas ideas que puedan surgir”.
Según el Colegio de Ciencias Agrícolas, en la década de 1980, en Puerto Rico se producfa más del cuarenta por ciento (40%) de los alimentos que se consumían localmente y, en el 2012, apenas se produjo el quince por ciento (15%) del consumo local.
Además, en 2015 se importaron al país todos o casi todos los cereales, grasas y aceites, azúcar y legumbres. No obstante, en carnes, se produjo un diez por ciento (10%) y lo más que se produjo localmente fueron los farináceos, leche, huevos y frutas. Puerto Rico se considera un importador neto de alimentos.
Los principales proveedores de Puerto Rico son Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, México y Argentina. Estos aportaron el 81% de las importaciones en el año 2017. INS
P. Rico-San Juan pone en marcha Paseo del Arte en Río Piedras
San Juan, 10 ene (INS).- El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, anunció ayer la puesta en marcha del proyecto Paseo del Arte, en Río Piedras, una iniciativa de desarrollo económico y cultural mediante la cual su administración municipal se propone revitalizar el histórico Paseo de Diego en el casco urbano riopiedrense.
El ejecutivo municipal explicó que el Paseo del Arte consiste en el establecimiento de un museo de obras artísticas a gran escala, al aire libre, para mejorar el entorno y la infraestructura del área, lo que permitirá atraer nuevos negocios y fomentar la actividad turística en la llamada “ciudad universitaria”.
En una primera fase, el proyecto servirá para limpiar y embellecer el Paseo de Diego, a través de murales y esculturas.
“Anunciamos este gran proyecto con entusiasmo, pues se trata de un compromiso que tengo con los sanjuaneros de revitalizar una zona crucial y de impacto para todos, incluyendo a la Universidad de Puerto Rico, el Tren Urbano y la emblemática Plaza de Mercado, principales ejes de la actividad económica de Río Piedras”, dijo el alcalde.
Agregó que “a pesar de que el Paseo de Diego fue durante años el centro de la economía de San Juan, por la diversidad de oferta comercial y cultural, para todos los públicos, incluyendo estudiantes, en la actualidad se encuentra desolado y abandonado. Con esta propuesta impulsamos la economía, la cultura y apoyamos a nuestros artistas plásticos y artesanos”.
La iniciativa, que cuenta con una inversión aproximada a los 60 mil dólares, será liderada por Alexis Bousquet, el creador de Santurce es Ley, y reunirá a los mejores artistas urbanos de Puerto Rico para crear murales y esculturas públicas y convertir esta zona en un museo al aire libre lleno de imágenes a gran escala.
La primera fase del proyecto incluirá intervenciones y microproyectos que comenzarán en la plaza Robles, frente a la parada del Tren Urbano, y el primer tramo del Paseo de Diego. El proyecto en su totalidad incluirá una escultura central a gran escala en la plaza que servirá como punto focal al proyecto, obras de arte sobre la superficie de 10 “rolling doors” del Paseo de Diego, así como iluminación creativa.
La iniciativa contempla, además, el desarrollo de talleres educativos y actividades culturales diurnas y nocturnas para adultos y niños, como cine, teatro al aire libre, presentaciones artísticas, así como de poesía, entre otras.
En su segunda y tercera fase de desarrollo, la iniciativa económica y cultural incluirá la siembra de árboles frutales y la creación de murales a gran escala que darán color al Paseo de Diego y el casco urbano riopedrense, intervenciones creativas en las superficies de los edificios que están abandonados, entre otros elementos. INS
P. Rico-Presentan proyecto para crear marbetes electrónicos
San Juan, 10 ene (INS).- El representante Ángel Matos García, del Partido Popular Democrático (PPD) presentó un proyecto de ley para crear marbetes electrónicos y así terminar el problema que enfrentan los conductores y concesionarios de vehículos ante la falta de marbetes a ser colocados en los autos.
“A tenor con los nuevos tiempos, podemos enmendar la ley y evolucionar a la tecnología. De esta manera, crearíamos un marbete electrónico que elimine la problemática que enfrentamos con la falta de marbetes físicos. Además, es un gasto menos al no tener que imprimir los sellos. Esta es una medida de avanzada que resulta en beneficio de todos”, precisó Matos García.
El Proyecto de la Cámara 1125, enmienda los artículos 1.78, 23.01, 23.02 y 23.03 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para establecer un marbete electrónico para los vehículos de motor que transitan por las vías públicas; disponer sobre su uso, vigencia y derechos; crear un comité especial para la presentación de un plan piloto; y para otros fines relacionados.
En la exposición de motivos se indica que “hemos visto cómo a través de los años el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) confronta problemas con la disponibilidad de marbetes, particularmente al cierre de cada año natural. Varias circunstancias han obligado al DTOP a extender mediante prórrogas la utilización de marbetes vencidos ya que no hay sellos disponibles”.
“Esta ley implementa un marbete electrónico, que consiste en un sello que se adquiere, se registra y se adhiere al automóvil de forma permanente. Esto permitiría a los conductores pagar los derechos anuales, multas y cualquier otro cobro existente de manera electrónica o convencional, poniendo punto final a la eterna controversia sobre la falta de marbetes”, dijo el representante.
De aprobarse el proyecto, el marbete electrónico entrará en vigor de manera oficial el 1 de enero de 2024. Su falsificación, alteración y venta ilegal será penalizado como delito grave. INS
aa