
Imágenes de los implicados en el caso de corrupción Coral 5G. / Inter News Service
Santo Domingo, 11 dic (INS).- El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó la contundencia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público durante el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados del caso de corrupción administrativa develado a través de la operación Coral 5G, que involucra a generales y coroneles del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Camacho dijo que son relatos “demoledores” para imponer 18 meses de prisión preventiva al calificar el proceso como complejo.
Los fiscales ya concluyeron la presentación de sus evidencias en la audiencia cautelar que conoce la jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
“Hemos presentado al tribunal 94 testimonios, que es una suma de testimonios mucho más que suficiente para el conocimiento de una medida de coerción y esos testimonios dan referencia de cómo funcionaba este entramado que sustraía dinero del erario”, dijo Camacho.
Declaró que el cuerpo de fiscales investigadores solicitó al tribunal imponer la prisión provisional a los implicados, exceptuando la domiciliaria en el caso de una de las imputadas por la actitud que asumió al admitir los hechos delictivos.
En ese sentido, el titular de la Pepca destacó que la admisión de los delitos por parte de esa persona -a la que no identificó- “muestra una vez más la contundencia de las imputaciones del Ministerio Público”.
“No hay forma de que con esas evidencias documentales que nosotros hemos presentado, el tribunal no imponga la medida de coerción que se ha solicitado”, recalcó el funcionario.
El representante del órgano persecutor destacó la legalidad probatoria, al responder preguntas de la prensa sobre alegatos de la defensa que buscan la liberación de sus clientes alegando inocencia y persecución política.
“No ha habido una sola audiencia en la que nosotros hemos participado que se haya, por ejemplo, excluido, dejado de valorar ninguna evidencia y eso no ha sucedido, ni va a suceder porque el Ministerio Público recolecta su evidencia y la ofrece conforme lo que establece la norma procesal penal”, agregó.
Camacho precisó que “lo que pasa es que la defensa de los acusados algo tiene que decir y ante la contundencia y abundancia de las evidencias que tenemos, tienen (los abogados) que decir ese tipo de cosas, que a todas luces son falacias”.
La jueza Romero dispuso el aplazamiento de la vista para el próximo lunes 13 de diciembre, cuando dará su opinión al escuchar ayer los argumentos de los encartados.
En el proceso, el Ministerio Público ha presentado más de 15 mil páginas documentadas con las presuntas pruebas testimoniales con las que pretende demostrar la responsabilidad penal de los involucrados en el caso.
La medida cautelar fue solicitada contra de los generales de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD) Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista, del Ejército, así como del capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, de la Armada Dominicana, los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez, el mayor de la Policía Nacional José Manuel Rosario Pirón, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y ejecutiva bancaria Esmeralda Ortega Polanco.
El auto de solicitud de coerción incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
La coerción al general Julio Camilo de los Santos Viola se conocerá en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre la recusación que éste elevó contra la jueza Romero a quien acusa de prevaricación y de estar en parcialidad con la Pepca.
En el proceso, además, representan al Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, coordinadora litigación de la Pepca; Miguel Collado, María Melenciano, Jonathan Pérez, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos Féliz y Melvin Romero.
Según el expediente acusatorio, la alegada red de corrupción desarticulada con las operaciones Coral y Coral 5G movió de manera fraudulenta al menos 4,500 millones de pesos dominicanos (79,556,085 dólares). A los oficiales de cuerpos militares les han ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.
Estas nuevas acciones se suman a las realizadas en la Operación Coral, por la que desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses, entre estos el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) durante la gestión del gobierno de Danilo Medina.
También la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Mientras que contra el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público. INS
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