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Militares implicados en el supuesto entramado de corrupción. / Inter News Service
Santo Domingo, 21 nov (INS).- Los implicados en el presunto entramado militar de corrupción administrativa, develado por la Procuraduría General de la República mediante la denominada Operación Coral 5G, crearon empresas, evitaban auditorías con cuadres financieros ficticios, utilizaban bienes incautados como propios y destruyeron y fabricaron evidencias para mantener oculta la red, entre otras actividades delictivas.
Según explica la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en una solicitud de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción que se conoce hoy en la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el grupo conformado por tres generales activos y varios coroneles, creó instituciones para suplir combustibles y materiales gastables, los cuales nunca eran entregados, para los que se realizaban cuadres ficticios.
Los imputados en Operación 5 G arrestados por las autoridades son los generales de la Fuerza Aérea Dominicana Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, así como Boanerges Reyes Batista, del Ejército; los coroneles Franklin Antonio Mata Flores, Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Erasmo Roger Pérez Núñez, Kelman Santana Martínez.
Además de César Félix Ramos Ovalle, Miguel Ventura Pichardo, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, el mayor José Manuel Rosario Pirón y Esmeralda Ortega Polanco, esta última gerente del Banco de Reservas.
Según el documento los imputados “nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República”.
Señala que el grupo también asignó partidas millonarias mensuales para raciones y operaciones de inteligencia las cuales eran utilizadas para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones.
Afirma que también exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores del Cuerpo Especializado de Seguridad presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Asimismo, relata que “utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, ya que realmente eran fondos extraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones”.
Sobre este particular dice que eligieron una sucursal del Banco de Reservas ubicada en el municipio Santo Domingo Este y su gerente para que las transacciones que hicieran policías y militares no generaran alerta al Sistema Financiero Dominicano.
“Inyectaron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó operaciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comerciales se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental”, indica el órgano de persecución.
Afirma que, pese a la creación de las compañías para adquirir bienes, estas no presentan operaciones comerciales, y establece que su único fin era darle apariencia licita a las propiedades que adquirían los miembros de la red criminal.
Destaca que en ese proceso también fueron utilizadas organizaciones religiosas, las cuales afirma son maniobras propias del crimen organizado y le servían de escudo para disfrazar operaciones de lavado de activos.
De acuerdo a la acusación de los fiscales investigadores, los militares “distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser presta nombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización”.
Otro de los señalamientos que hace el Ministerio Público “es el de haber utilizado sellos de la Contraloría General de la República y otras instituciones para dar apariencia licita a sus operaciones”.
Precisa que fruto de esas maniobras “adquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de última generación, fincas, empresas, cuentas bancarias…) para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas”, además de haber utilizado bienes incautados como propios, acciones que afirma les permitían poseer un estilo de vida propio del crimen organizado. INS
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