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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 13 nov (INS).- Todo es cuestión de relojería política. Si el reloj del Estado Libre Asociado (ELA) está dando la hora puntualmente a Estados Unidos en términos económicos, entonces no hay por qué arreglarlo. Eso es la regla que dicta la política de pragmatismo que rige a esa nación.
La colonia de Puerto Rico es un negocio redondo para Estados Unidos. Arroja muchísimos más beneficios económicos para la nación estadounidense que los gastos en transferencias de fondos federales y ayudas especiales de emergencia por desastres naturales a través de FEMA en los que las instancias gubernativas federales han incurrido hasta ahora, según cálculos macroeconómicos.
Más de seis billones (seis trillones, en cifras anglosajonas) en réditos que se calculan Estados Unidos ha devengado del colonialismo en Puerto Rico desde 1898, tras su entrada (invasión militar) a territorio isleño, supera por mucho el dinero transferido en programas, beneficios y ayudas asistenciales a los puertorriqueños y al país invertidos por Washington.
Como diría cualquier independentista, Estados Unidos no está en Puerto Rico por caridad y su talante humanista. Está —como estaría cualquier otra potencia mundial— por conveniencia económica y política.
Las potencias imperiales del mundo se rigen por sus ecuaciones geopolíticas, tanto en lo militar como en lo económico. Estados Unidos no es la excepción. Por eso el ejercicio del derecho soberano de un pueblo es esencial en el derecho internacional para cualquier acuerdo de asociación con cualquier otra nación.
Puerto Rico no ha ejercido todavía ese derecho soberano, libre de intervención o injerencia exógena imperial a su propia identidad nacional, en la determinación de establecer un acuerdo político y económico con Estados Unidos.
Los llamados plebiscitos o consultas plebiscitarias celebradas hasta ahora en Puerto Rico no llenan el requerimiento establecido en el derecho internacional de ejercicio soberano que los validen ante el concierto de naciones del mundo.
Estados Unidos está impelido en el contexto del derecho internacional a resolver el problema colonial de Puerto Rico, respetando el ejercicio pleno de la soberanía de su pueblo.
Ese ejercicio soberano del pueblo puertorriqueño tiene que producirse mediante un proceso de transición a la soberanía política del país, tras lo cual esa expresión de determinación política imparta validez a sus resultados, por haber estado libre de injerencias del poder imperial interventor. Eso es lo que dictan las leyes de la política internacional.
Empero, no es el interés de Estados Unidos, por ahora, resolver el asunto colonial de Puerto Rico, y menos ajustándose a los requerimientos internacionales establecidos para ello.
En el pragmatismo de su relojería política, denominada equivocadamente como doméstica, en vez de nacional, como es lo correcto, no está en agenda arreglar lo que para ellos no se ha dañado y funciona todavía.
Por lo menos, mientras siga dando puntualmente la hora con positivos signos económicos. Porque en el pragmatismo político, lo que no se ha dañado no necesita arreglarse. INS
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