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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 13 nov (INS).- La colonia bajo el llamado Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico es un negocio redondo para Estados Unidos. No se augura, por lo tanto, cambios previsibles ni para ahora ni para un futuro próximo.
Desde 1898, cuando Puerto Rico pasó a ser colonia de Estados Unidos tras el Tratado de Paris firmado por España como resultado de su derrota en la Guerra Hispanoamericana, el poder imperial estadounidense ha extraído del territorio puertorriqueño $6.197 billones (trillions, en cifras anglosajonas), según cálculos hechos por el prestigioso economista José Alameda.
Esto es mucho más de lo que supuestamente Washington ha transferido en fondos federales a Puerto Rico.
Eso contesta la pregunta que algunos se hacen de por qué Estados Unidos mantiene a Puerto Rico como colonia suya en el Caribe, tras haber dejado de ser un importante bastión militar estratégico para los intereses militares estadounidenses.
Puerto Rico fue durante décadas un mirador para atalayar el Atlántico, Sudamérica y el Caribe.
Si se suma todo el capital que emigra de Puerto Rico a Estados Unidos por el control del cabotaje en puertos y aeropuertos, arbitrios y contribuciones federales, explotación de nuestros recursos naturales, las ganancias de capital de las empresas estadounidenses establecidas en territorio isleño, así como por la capitalización de los cambios a las disposiciones sobre la recalificación de suelos y uso de terrenos, las ganancias por la emisión de deuda pública y por la imposición de un comercio cautivo en una sociedad de consumo que genera miles de millones de dólares que en rédito anualmente, podrá entenderse fácilmente por qué el colonialismo en Puerto Rico es un negocios redondo para la metrópoli imperial norteña.
Un cambio político hacia la anexión, tendría que ser mediante la conversión de Puerto Rico a un territorio incorporado con pago de impuestos federales en un limbo político de transición hacia la estadidad que podría tomar décadas, hasta una determinación en Washington de incorporación del territorio puertorriqueño como estado de la Unión federal estadounidense.
La libre asociación en una relación política bajo la bandera estadounidense, con fondos federales y derechos plenos garantizados por la ciudadanía americana parece no encajar jurídicamente dentro del rompecabezas de la Constitución de Estados Unidos.
Por lo menos, eso es lo que aseguran congresistas, funcionarios ligados a las instancias de poder y constitucionalistas en Washington.
El pragmatismo estadounidense tiene por regla no trastocar lo que deja resultados financieros y económicos. Es decir, no tratar de arreglar lo que no se considera dañado para ellos.
Quedaría como opción política la independencia. Y esta opción no parece estar bajo la consideración de las instancias de poder en Washington. Al menos, por el momento. INS
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