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Resumen de noticias para el sábado 13 de noviembre de 2021
P. Rico-Organizaciones magisteriales presentan en corte federal una objeción a moción que sometió JSF para limitar el alcance de la Ley 53
San Juan, 13 nov (INS).- Organizaciones magisteriales presentaron el viernes en la corte federal una objeción a la moción que sometió la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para limitar el alcance de la Ley 53 de 2021, la cual establece condiciones para la emisión de los bonos sobre la base de cero recortes a las pensiones de los maestros de Puerto Rico.
La Federación de Maestros de Puerto Rico, Grupo Magisterial Educadores por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical (Educamos) y la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete), en conjunto asociaciones magisteriales, presentaron el recurso a través del bufete Emmanuelli.
Las organizaciones magisteriales, que constituyen el Frente Amplio en Defensa de la Educación Publica (Fadep), entienden que la solicitud de la Junta no procede en derecho conforme al texto de la Ley 53 2021, pues la política pública establecida en la Ley es de cero recortes a las pensiones.
“Por tanto, la Junta de Control Fiscal no puede utilizar la ley como base para imponer la congelación o recortes de beneficios futuros al magisterio ni reestructurar su sistema de retiro para que sea uno de aportaciones definidas”, señalaron en el escrito los abogados Rolando Emmanuelli Jiménez y Jessica Méndez Colberg.
Detallaron que “la objeción se funda en que en vista de que la Ley 53 no autorizó los recortes a los beneficios futuros y la transformación de los sistemas de retiro, no existe legislación habilitadora que permita la confirmación del plan según dispuesto en la Ley Promesa, sección 314(b)(5). Sin legislación habilitadora, la jueza Laura Taylor Swain no puede confirmar el plan”.
Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, comentó que “la objeción a la moción presentada por la Junta sobre Ley 53 también constituye una objeción a la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda por el fundamento de que no es viable. El Plan de Ajuste de Deuda no es una Ley, la Ley Promesa exige que la Legislatura autorice todos los cambios necesarios para que el Plan se pueda poner en vigor. La Junta no puede imponer los cambios a nuestro sistema de retiro mediante el Plan de Ajuste. Por tanto, no se puede confirmar”.
Mientras, la presidenta de Educamos, Migdalia Santiago, señaló que “en la medida en que la Ley 53 no autoriza la congelación de beneficios futuros ni la transformación de nuestro Sistema de Retiro, la Junta no puede modificarlos mediante el Plan de Ajuste. Por tanto, si necesita que se confirme el Plan, tiene que enmendarlo para que se cumpla con la Ley Promesa”.
Las organizaciones magisteriales exigieron que la Junta enmiende el plan de ajuste de la deuda para que elimine todas las disposiciones relacionadas a recortes de beneficios futuros y la reestructuración de los sistemas de retiro, pues sin autorización legislativa para estos cambios, el plan no puede confirmarse.
La jueza Laura Taylor Swain ordenó que la discusión sobre el alcance de la Ley 53 se atienda en una vista que se va a celebrar el 17 de noviembre, a las 9:30 de la mañana.INS
P. Rico-Presidente del PPD pide formalmente posposición de acción congresional sobre estatus hasta tanto no se garantice la opción del desarrollo del ELA en cualquier legislación federal
San Juan, 13 nov (INS).- El presidente del PPD, José Luis Dalmau Santiago, solicitó formalmente que la Comisión de Recursos de la Cámara Federal abra la puerta para enmendar el proyecto de la congresista Nydia Velázquez para incluir un proceso mejor diseñado para establecer una negociación con el Congreso federal, donde, además, se incluya una definición del desarrollo del Estado Libre Asociado (ELA).
A esos efectos, Dalmau Santiago, solicitó que la Comisión de Recursos de la Cámara federal posponga cualquier decisión en una sesión de trabajo, conocida como “markup session”, hasta tanto se presenten enmiendas al proyecto Velázquez-Ocasio que atiendan los reclamos del Partido Popular Democrático (PPD).
En la misiva enviada por Dalmau Santiago, se establece que para el PPD es indispensable que cualquier legislación federal establezca el requisito de que todas las alternativas de estatus deben ser validadas por el Departamento de Justicia de los Estado Unidos, antes de llevarse al electorado.
“Reafirmamos la posición de nuestro partido de que cualquier legislación federal debe incluir un requisito indispensable para cumplir con las disposiciones de la Ley Pública 113-76 (P.L. 113-76), la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2014, que incluye una asignación de 2,5 millones de dólares para una consulta sobre el plebiscito que se legislará a nivel local”, sostiene el político.
Agrega que “dicha ley dispone que para que esa asignación sea desembolsada, se exige que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos certifique que las opciones de estatus político que se incluyan en una papeleta -junto con la propia papeleta y la campaña educativa gubernamental- son compatibles con la Constitución, las leyes y las políticas de los Estados Unidos”.
“Entendiendo que cualquier proceso de autodeterminación debe nacer de la voluntad del pueblo de Puerto Rico, como Presidente del Senado, he tomado la decisión de invitar a los presidentes de los partidos políticos inscritos en Puerto Rico a un diálogo abierto sobre este tema. Esta iniciativa tiene el propósito de identificar un terreno común que nos permita proponer cursos de acción sobre mecanismos procesales que atiendan efectivamente el asunto del estatus político ya sea a través de legislación congresional o de iniciativas que se legislen desde Puerto Rico”, dijo Dalmau Santiago.
El legislador también expone que “además de la iniciativa que he comenzado como presidente del Senado, también he iniciado un proceso de discusión con el liderato del Partido Popular Democrático con el propósito de establecer los parámetros de lo que será una propuesta formal para el desarrollo del Estado Libre Asociado”.
Explicó que “la propuesta podría formar parte del contenido de la legislación federal, si el Congreso está dispuesto a incluir la opción del Estado Libre Asociado en cualquier legislación federal, tal y como exige el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, En la comunicación a los miembros de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, el político reafirma “nuestra disposición a debatir las posibles enmiendas al proyecto 2070 de la Cámara de Representantes (proyecto de asamblea de estatus) le solicito respetuosamente que antes de celebrar una sesión de revisión de su comisión (“markup session”) nos permita presentar y argumentar las correspondientes enmiendas que viabilicen la inclusión de la opción de desarrollo y evolución del Estado Libre Asociado, como es la aspiración del partido que dirijo”.
Dalmau Santiago había adelantado que cualquier legislación congresional requiere una ley habilitadora local para poder implantar una votación bajo el Código Electoral vigente, por lo que cualquier propuesta que pretenda excluir la opción del Estado Libre Asociado de cualquier papeleta, no tendrá posibilidad alguna de realizarse porque la Asamblea Legislativa que controla el PPD no habrá de aprobar una medida local lo que haría inoficiosa cualquier legislación federal.
“Sin el ELA en la papeleta, no hay consulta, punto”, sentenció Dalmau Santiago.INS
P. Rico-Gobernador y director de Puertos de la Isla firman acuerdo de terminales marítimas hermanas con Miami-Dade
San Juan, 13 nov (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi dio a conocer la firma del Acuerdo de Puertos Marítimos Hermanos con Miami-Dade.
Tanto la Autoridad de los Puertos como la terminal marítima de Miami-Dade se comprometen a realizar diferentes iniciativas para incrementar el tráfico de embarcaciones de carga y cruceros entre ambos puertos.
Como resultado de esta alianza, las autoridades portuarias coordinarán visitas a su puerto hermano para robustecer la relación comercial y compartir mejores prácticas en la industria.
“Por primera vez en su historia, nuestra Autoridad de los Puertos estrecha lazos de amistad y colaboración con los puertos que tienen mayor relación comercial con Puerto Rico. Dichas alianzas son muy importantes ya que permiten abrir un canal de comunicación directo en circunstancias de emergencia, satisfacer la necesidad de información, contar con frentes comunes para abogar por fondos federales y emular mejores prácticas, entre otros beneficios. Este nuevo vínculo con Miami-Dade contribuirá a nuestros esfuerzos para potenciar la oferta turística de la Isla, además de fortalecer el tráfico comercial”, indicó el gobernador.
Mediante sus firmas, los ejecutivos instituyen el intercambio libre y sin reserva de información relacionada con las industrias de carga marítima y cruceros.
Asimismo, prometen compartir estadísticas históricas, desarrollos planificados de infraestructura portuaria e investigación general de mercados, lo que facilitará la programación de mejoras en las respectivas instalaciones marítimas.
El puerto de Miami-Dade es denominado en la industria como la capital de cruceros del mundo y cuenta con un promedio de 4.3 millones de pasajeros al año previo a la pandemia.
Puerto Rico mueve un promedio de 1.3 millones de pasajeros de cruceros al año, con una cifra histórica de 1.8 millones en el año fiscal 2018-2019.
El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá Batiz, destacó que “esta nueva relación entre Miami y Puerto Rico promueve conjuntamente las ventajas de hacer negocios en los puertos hermanos. Asimismo, la participación de la Autoridad en la convención del Programa Sister Seaports que se celebra semestralmente en el condado de Miami-Dade permitirá la exposición de nuestros puertos y sus logros, como uno de sus afiliados. Esta acción representa un paso más dentro de la política administrativa del gobernador Pierluisi de fomentar la economía de la Isla por medio de la industria marítima”.
Mientras, la comisionada del Condado de Miami‑Dade, Rebeca Sosa, sostuvo que “con una comunidad tan significativa de puertorriqueños en el Condado de Miami-Dade, es solo apropiado que el Puerto de Miami y la Autoridad de Puertos de Puerto Rico firmaran este Acuerdo de Puertos Marítimos Hermanos para reforzar una colaboración dedicada al intercambio de mejores prácticas y conocimientos y la promoción de cruceros y relaciones comerciales entre los dos puertos”.
El Programa de Puertos Marítimos Hermanos del Puerto de Miami, establecido en 1998, viabiliza áreas adicionales de cooperación y asociación con más de 70 puertos afiliados en Europa, Asia, Canadá, Latinoamérica y el Caribe.
El pasado 26 de abril de 2021, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico suscribió un acuerdo de colaboración con el Puerto de la ciudad de Jacksonville (Jaxport).INS
P. Rico-Establecería salario base de $2,900 mensuales para los agentes de la Policía
San Juan, 13 nov (INS).- Como paso inicial para establecer un salario base de $2,900 mensuales para los agentes del Negociado de la Policía, la Cámara de Representantes aprobó a viva voz en su sesión ordinaria el PC512.
La medida del representante José Aníbal Díaz Collazo tiene como objetivo promover a retención en el empleo la permanencia a los policías, junto con hacerle justicia salarial ante los sacrificios personales y peligros inherentes a sus funciones.
En el proceso de vista pública en torno al Proyecto de la Cámara 512, el Comisionado del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, lo apoyó de forma categórica.
La medida debe ser atendida por el Senado antes de que pase, de ser aprobada como se anticipa, a la firma del gobernador Pedro R. Pierluisi.
Falta ver, si así fuera, si no ocurre lo mismo que con la Ley 81 de 31 de agosto de 2020 conocida como “Ley para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policía, los Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos los Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y los Técnicos de Emergencias Médicas, comúnmente conocidos como paramédicos, del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, incluyendo los adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias”.
Esta terminó congelada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por no contar con el dinero para su puesta en vigor, según el planteamiento de su directora ejecutiva Natalie Jaresko. INS
P. Rico-Secretario general del PNP exige a la Cámara concluir controversia con Luma Energy
San Juan, 13 nov (INS).- El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, solicitó al liderato del Partido Popular Democrático (PPD) concluir, este próximo lunes, la controversia con Luma Energy, ante la entrega de documentos.
“Ahora la controversia, para la Cámara de Representantes, no es sí se entregaron o no los documentos, que había una orden judicial que se debió cumplir desde el primer momento, es que detalles son. Llevamos bastante tiempo en esta controversia; ya es suficiente. La transformación del sistema energético tiene que ser la prioridad, no sacar nombres ni salarios de personal contratado en una empresa privada. Basta ya que el liderato del PPD en la Cámara continúa obstruyendo con cuanta cosa hay”, señaló Ríos.
El político se unió a las palabras del gobernador Pedro R. Pierluisi “en su pedido de culminar esta controversia porque lo importante es mejorar la energía eléctrica, que el servicio se brinde sin interrupciones a nuestra gente. Ese es el verdadero asunto. Todo lo que pueda aportar la Cámara para mejorar el sistema, es bienvenido, pero ¿qué importa, por ejemplo, los salarios de los empleados de Luma? Si el gobierno le pagó por un servicio”.
Agregó que “esto no es micro manejo, aquí se le paga a una empresa para brindar un servicio, no se dio para otra cosa. Todo lo demás es una distracción de aquellos que solo son estorbos y nada aportan, únicamente critican constantemente”.
Ayer, jueves, el gobernador indicó, en conferencia de prensa, que esperaba que este próximo lunes se acabe la controversia entre la empresa Luma Energy y la Cámara relacionada a la entrega de documentos sobre la operación de la empresa que, desde el mes de junio administra la transmisión y distribución de la red eléctrica.INS
P. Rico-UGT pide precisar el impacto de las “50 leyes que se derogarán y cómo se enmendará la Constitución para dar paso al plan de ajuste de la deuda”
San Juan, 13 nov (INS).- El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán López, demandó de la Legislatura, el gobernador Pedro R. Pierluisi y la Junta de Supervisión Fiscal (JSD) que se precise a los puertorriqueño “cuáles serán las 50 leyes que se derogarán o enmendarán para hacer compatible el estado de derecho del país” con el plan de ajuste fiscal que está bajo la consideración de la juez Laura Taylor Swain en el caso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico.
El líder sindical también reclamó que “se le explique al país el mecanismo mediante el cual se enmendará la Constitución, que también ha salido a relucir se hace necesario para poner en vigor el plan de ajuste de la deuda”.
“Estamos plenamente convencidos de la validez de nuestro reclamo pues nos genera una gran preocupación la cantidad de leyes que se pretende derogar o enmendar, sin que nadie, hasta el presente, nos haya dicho cómo esa masacre legislativa va a impactar al pueblo trabajador. Nuestra experiencia nos dice que la carga mayor de ese cambio en nuestro estado de derecho recaerá fundamentalmente sobre las espaldas del pueblo trabajador. Hasta el presente no se han alterado en forma alguna las leyes que garantizan derechos o beneficios económicos para la clase patronal del país”, precisó el líder sindical.
Otro reclamo que hace el presidente de la UGT, sindicato que agrupa a más de 10,000 trabajadores, es que se haga público el método mediante el que se propondrá realizar enmiendas a la Constitución del Estado Libre Asociado.
“Hasta el presente se ha seguido un riguroso proceso para enmendar nuestra Constitución y se ha hecho con la más amplia participación de nuestro pueblo. Esperamos que en esta ocasión no se haga excepción de dicho proceso”, recalcó.
Guzmán López llamó la atención sobre estos cambios y se preguntó el por qué no fueron divulgados durante el proceso de consideración y aprobación del proyecto 1003 y la posterior aprobación de la Ley 53 que viabiliza el plan de ajuste de la deuda
“Esta falta de transparencia pone en entredicho, tanto a los legisladores que aprobaron la medida, como al Gobernador que le estampó su firma. Tanto si sabían de esta disposición y no lo informaron al pueblo, como si no lo estudiaron antes de emitir su voto aquellos que se expresaron afirmativamente sobre el mismo. En ambos casos porque faltaron a su deber de informar al país y en el primer caso tendrían que dar explicaciones porque no hicieron público el hecho y en el segundo, porque quedaría evidenciado que no estudiaron a profundidad el contenido de lo que les preparó la Junta”, precisó Guzmán López.INS
P. Rico-Prosigue sindicato de Servicios Legales sus reclamos ante dilación de negociación colectiva
San Juan, 13 nov (INS).- La Unión de Trabajadores de Servicios Legales (UITSL) paraliza el viernes, por segunda ocasión en esta semana, sus labores para denunciar que su patrono continúa dilatando el proceso de negociación colectiva, les mantiene sin convenio vigente y ha violentado sus condiciones de trabajo al adeudarles bonificaciones especiales que forman parte de sus salarios.
La presidenta del sindicato, Leticia Ortiz Matías, expresó que desde hace más de dos años comenzaron a negociar un nuevo convenio colectivo con la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR), dirigida por la licenciada Hadassa Santini Colberg, ha demostrado una actitud intransigente y hostil insistiendo en propuestas que eliminan beneficios y derechos adquiridos de más de 40 años.
El gremio, integrado en su mayoría por entrevistadoras, secretarias, paralegales y conserjes retorna, alega que se ha violentado su buena fe por el Comité Negociador de SLPR, dirigido por abogados patronales externos, contratados con fondos destinados a dar servicios a su clientela pobre.
“Es evidente que la Corporación tiene capacidad económica para atender nuestros reclamos; es insólito que el llamado Bufete de los Pobres continúe con su agenda de intentar empobrecer a sus trabajadores”, expresó Ortiz Matías.
Sostuvo que, por si fuera poco, el patrono durante esta pandemia ha estado violentado las condiciones de trabajo al dejar de pagarles bonos especiales que son parte de sus salarios, a pesar de que la National Labor Relations Board emitió querella en su contra para que cumpla con esas compensaciones.
“Estamos pidiendo a que nos paguen para así dar fin a la reclamación por práctica ilícita presentada, la cual está señalada para este próximo lunes, 15 de noviembre”, anotó Ortiz Matías.
Ante la crítica situación en que se encuentra el proceso de la negociación colectiva, dijo, la Unión contempla activar el voto de huelga otorgado por su matrícula en asamblea.
Por esta razón, este viernes, 12 de noviembre de 2021, paralizaron labores y se movilizaron a la Avenida Ponce de León 1859, en Santurce, a partir de las 11:00 a.m., a protestar ante la Oficina Central de Servicios Legales.
“Es momento ya que escuchen nuestros reclamos; exigimos justicia laboral ahora. Esperamos llegar pronto a un acuerdo para que se paguen las bonificaciones especiales y acordar fecha para regresar a la mesa de negociación”, expuso.
Ortiz Matías aseguró que solo hace falta buena voluntad de parte del patrono para dar por terminado este proceso.
“Aprovechamos para hacer un llamado a la Junta de Directores de SLPR a que intervenga en este conflicto obrero patronal y promueva la paz laboral de modo tal que podamos proseguir laborando juntos a favor de nuestra clientela pobre”, insistió. INS
P. Rico-Victoria judicial de grandes empresas farmacéuticas por crisis de opioides en Estados Unidos
San Juan, 13 nov (INS).- Los casos judiciales futuros contra los opioides elaborados por las grandes empresas farmacéuticas parecen no tener mucho futuro. La reciente victoria de un grupo de farmacéuticas en un juicio por su supuesto rol en la crisis de opioides en Estados Unidos parece ensombrecer las perspectivas de otros litigios similares que están en marcha en los estados de Nueva York, Ohio o Virginia Occidental.
Entretanto, los casos de adicción a esas sustancias se han convertido en un grave problema para la sociedad estadounidense.
La semana pasada, un tribunal de California falló a favor de Johnson & Johnson, Allergan, Endo International, Pharmaceutical Industries, entre otras compañías, a las que los gobiernos de diferentes condados californianos acusaban de recurrir al uso de publicidad engañosa para aumentar las recetas médicas de opioides y así incrementar sus ganancias.
No obstante, Johnson & Johnson había decidido antes de la última determinación judicial de estos casos que dejará de vender opioides en Estados Unidos y acuerda pagar hasta 230 millones de dólares para resolver las demandas
Los demandantes alegaron que esa actividad provocó un perjuicio público y buscaban que las farmacéuticas desembolsaran miles de millones de dólares en compensación para cubrir los costos generados por la adicción a los opioides entre los pacientes. Sin embargo, el tribunal determinó que no se logró probar que esas compañías hayan engañado a los consumidores. Los demandantes ya adelantaron que recurrirán la sentencia.
Las farmacéuticas argumentaron que los opioides son un tratamiento adecuado para muchos pacientes con dolor crónico, y que sus actividades de marketing incluían advertencias aprobadas por las autoridades. Esta es, sin duda, una victoria para las farmacéuticas que este mismo año ya acordaron pagar 26,000 millones de dólares con el objetivo de resolver miles de reclamaciones vinculadas con la crisis de los opioides en Estados Unidos.
En 2019, Johnson and Johnson fue condenada por un tribunal de Oklahoma a pagar 465 millones de dólares en daños, pero la farmacéutica ha apelado esa sentencia. Además, aún quedan muchos casos abiertos en todo el país.
El número de muertes en Estados Unidos por sobredosis de drogas aumentó en un 30% durante el 2020 y, según datos del gobierno federal estadounidense, casi medio millón de estadounidenses han muerto por abuso de opioides desde 2001
Además, se sabe que la pandemia del coronavirus habría agudizado el problema. Para los analistas, el fallo del tribunal californiano demuestra que el poder y la influencia que tienen las grandes farmacéuticas en la política estadounidense les blindan ante la Justicia, pese a que la venta de opioides está generando graves problemas sanitarios.
Varios estudios han concluido que el uso de opioides comerciales sirve como el primer paso en el consumo de otras drogas como la heroína. INS
ndc