Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 27 de octubre de 2021
P. Rico-Presentan impactante campaña para dar cuenta del “estrangulamiento económico” de la UPR en contraste con fondos entregado a la Policía
San Juan, 27 oct (INS).- La organización Kilómetro Cero presentó su campaña “La nueva UPR”, una iniciativa mediática que viene acompañada de su más reciente análisis de los datos sobre las asignaciones del Fondo General otorgadas al Negociado de la Policía y a la Universidad de Puerto Rico en los últimos 15 años.
La investigación compara el último presupuesto del año 2017, antes de entrar en vigor la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), con el presupuesto del 2021, “cuando se hace evidente la nueva visión de política pública: mientras la asignación del Fondo General destinado a la UPR se redujo en un 36%, el Negociado de la Policía ha recibido aumentos de 26%”, expresó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización.
“En este momento en que nuestra universidad, la institución más importante para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, atraviesa un momento de estrangulamiento económico sin precedente, hay que tener claras cuáles son nuestras prioridades como ciudadanía”, declaró.
Según la portavoz de la entidad, “con la llegada de la Junta de Control Fiscal, el país comenzó a gastar más en policías que en talentos universitarios y eso debe ser inaceptable en una sociedad que requiere de desarrollo económico sostenible, equidad y grandes aspiraciones democráticas”.
Mientras, Luis Alberto Avilés, director de investigaciones en la organización, sostuvo que “partimos de la premisa de que aquellos planes que cuentan con el debido apoyo en asignaciones presupuestarias o aquellos que aumentan sus gastos revelan lo que es la prioridad gubernamental. Es evidente que, entre la universidad y la Policía, el gobierno y la Junta escogen la Policía”.
De acuerdo a la investigación, por años el Gobierno mantuvo la asignación de fondos a la Policía relativamente similar a la asignada a la UPR.
Sin embargo, en 2014 esto cambió “cuando se enmendó por ley la fórmula de financiamiento de la universidad aduciendo a que, debido a una merma en los recaudos gubernamentales, congelar la fórmula era el mejor remedio”, dijo el vocero.
Agregó que “así se pasó a otorgar una cantidad fija y estable del Fondo General a la UPR que por cuatro años fue superior a la asignación destinada a la Policía. Pero la eliminación de la fórmula abrió la puerta para que se redujera la aportación del Fondo General a la UPR. Para el presupuesto del 2018, el primero bajo los planes fiscales de la Junta de Control Fiscal, tanto la universidad como el Negociado de la Policía sufrieron recortes, siendo el recorte a la universidad desproporcionadamente mayor que el de la Policía”
A partir de ese año la asignación de fondos a la Policía aumentó año tras año, mientras a la universidad, consistentemente, se le redujeron sus fondos.
Para cada uno de los años 2020 y 2021, por primera vez se le asignan más fondos al Negociado de la Policía (922 y 927 millones, respectivamente) que lo más que se le asignó a la universidad en los últimos 15 años (888 millones, en año 2014).
La campaña “La nueva UPR” tendrá presencia mediática en redes sociales, billboards y radio ypresenta un salón de clases donde el profesorado lo constituyen policías armados. La campaña presenta la diferencia en inversión presupuestaria de ambas instituciones y argumenta que el resultado de estas acciones de política pública para el país son la pérdida de desarrollo económico, menos oportunidades contra la pobreza, pérdida de acreditaciones en programas profesionales que proveen servicios esenciales, pérdida de servicios científicos y comunitarios indispensables desde la UPR, como la Red Sísmica, como las clínicas de asistencia legal, trabajo social, psicología, así como menos cursos disponibles, plazas permanentes y más docentes con sueldos de pobreza.
“El aumento a la Policía, sin embargo, representa más fondos para criminalizar las protestas y los sectores más empobrecidos; para la militarización de la uniformada; más usos de fuerza; y más intervenciones discriminatorias contra la juventud”, manifestó Mari Narváez.INS
P. Rico-Representante Torres Cruz dice que el Departamento de Justicia le dio un “toallazo” al expresidente de la junta de gobierno de la AEE
San Juan, 27 oct (INS).- El representante Luis Raúl Torres Cruz afirmó que “el Departamento de Justicia decidió darle un ‘toallazo’ al ingeniero Ralph Kreil Rivera, expresidente de la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al determinar que el funcionario no había incurrido en conductas delictivas”
El legislador recordó que tras recibir varias confidencias sobre certificaciones de instalaciones eléctricas, formularios oficiales de la AEE, expedidas y firmadas por Kreil Rivera, refirió el asunto al Departamento de Justicia.
Según el representante del Partido Popular Democrático (PPD),, el equipo técnico de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía realizó una evaluación sobre la legalidad de los actos de Kreil Rivera.
Y determinó que constituían violaciones a las disposiciones de la sección 4 de la Ley 83 de 2 de mayo de 1941; al artículo 6 del Código de Ética de la junta de gobierno de la AEE de 10 de diciembre de 2015; al Reglamento para la Certificación de Instalaciones Eléctricas, a la sección III, Inciso 7 del reglamento 7817 del 25 de febrero de 2010; la Ley 2 de 2018; al artículo 3.1 del Código Anticorrupción y los artículos 1.2, 4.2, 4.3, 4.4 de la Ley 1 de 2012.
“Este análisis se envió al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. Y ayer se recibió en la Comisión una carta del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, en la que concluyó que ‘no existe causa suficiente para creer que el ingeniero Kreil Rivera haya incurrido en posible conducta delictiva’”, comentó Torres.
A su juicio, “es insostenible que el secretario de Justicia, en una carta de una página y media, sin justificar el análisis que supuestamente se realizó en la división de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento, haya acogido las recomendaciones de la Dipac y, a esos efectos, le hayan recomendado al Panel del Fiscal Independiente que no designe un Fiscal Especial Independiente con relación a las actuaciones indebidas e ilegales imputadas al ingeniero Kreil”.
“Queda demostrado una vez más que en este país ser militante del Partido Nuevo Progresista (PNP) sirve de escudo y protección en contra de cualquier imputación de delito o falta ética. El único requisito para quedar libre de polvo y paja es ser del PNP. En el caso del ingeniero Kreil, sin duda alguna se configuraron posibles delitos”, concluyó el representante. INS
P. Rico-Rumbo a La Fortaleza paquete de medidas que van desde justicia social hasta la transferencia de escuelas a municipios
San Juan, 27 oct (INS).- El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, firmó una serie de medidas legislativas que serán enviadas a La Fortaleza para la firma del gobernador Pedro R. Pierluisi.
Entre la legislación aprobada se encuentra el Proyecto de la Cámara 459, del representante del Distrito 26 Orlando José Aponte Rosario, para disponer que el Ministerio Público provea al imputado copia de todas las declaraciones juradas previo a la vista de causa probable para arresto, de modo que pueda reaccionar y preparar una defensa adecuada.
De igual forma, el proyecto cameral 871, de la autoría del representante Jesús Manuel Ortiz González, cuyo fin es prohibir que se considere una violación a las condiciones de libertad a prueba o para conceder los beneficios de una probatoria, el uso de cannabis medicinal, además de derogar la Ley 6-2021.
El proyecto 24, de la autoría de Hernández Montañez y el portavoz del PNP, Carlos Johnny Méndez, para allegar fondos a la Fundación Fondo para el Acceso a la Justicia.
También fueron enviadas para la firma del Gobernador las Resoluciones Conjuntas de la Cámara (RCC) 152 y 54, respectivamente. La RCC 152, de la autoría del representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo, ordena la transferencia al Municipio de Guayama de las instalaciones de la Escuela Elemental Carlos Martínez Benítez localizada en dicho municipio, por el valor nominal de un dólar.
En tanto, la RCC 54, presentada por el legislador Juan José Santiago Nieves, permitirá la segregación de la Finca seis mil setecientos cuarenta y uno (6741), inscrita en el folio noventa y dos del tomo noventa y cinco de Naranjito, en el Registro de la Propiedad de Barranquitas a favor del Fideicomiso La Familia, constituido por los fideicomitentes Monserrate Rivera Flores y Aida Luz Nieves Matos, o sus fideicomisarios y para otros fines legales.
Otras medidas incluidas en el paquete son los Proyectos de la Cámara (PC) 18, 54, 544 y 431; y la Resolución Conjunta de la Cámara 182. INS
P. Rico-PIP mantiene su oposición al plan de ajuste de deuda debido a que persisten los peligros de las versiones anteriores de la medida
San Juan, 27 oct (INS).- Los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez y María de Lourdes Santiago, reiteraron su oposición al proyecto de la Cámara 1003 señalando que, en el acuerdo anunciado, persisten los peligros de las versiones anteriores.
También repudiaron que la deuda que se asumiría según el proyecto, es de aproximadamente 7,400 millones pagaderos por más de dos décadas, y que la transacción incluya, además, la entrega de cerca de 10,000 millones en efectivo por adelantado.
“El asunto central en el proyecto es la emisión de bonos que nos compromete a añadir 359 millones al servicio anual de la deuda, que ya carga con los 800 millones de Cofina y los 1,900 millones de las pensiones. La suma de esas obligaciones, que en el caso de los bonos, por estar garantizada con la entera fe y crédito del gobierno de Puerto Rico tendrá prioridad sobre cualquier otro gasto, nos dejará sin recursos para atender las necesidades del pueblo”, señaló Márquez.
El legislador dijo que “a esto se añaden los Instrumentos de Valor Contingente, que comprometen desde ya, a favor de los bonistas, cualquier exceso de recaudos del IVU o de los arbitrios del ron. Se está socializando la pérdida financiera de inversionistas privados, es decir, se condena al país por las malas decisiones de negocios de los expertos de Wall Street”.
Por su parte, Santiago señaló que “es una invitación al engaño la insistencia del PPD y el PNP de combinar el tema de la emisión de bonos con los asuntos que pertenecen al Plan Fiscal, sobre el cual ni la legislatura ni el Tribunal tienen injerencia alguna. La protección de las pensiones, la garantía de recursos para la UPR y la disponibilidad de fondos para los municipios no se resuelven con la emisión de deuda”.
Según la legisladora, “para que ese dinero esté disponible, la Junta tiene que enmendar el Plan Fiscal, y es una pobre estrategia de negociación el que la Asamblea Legislativa ni siquiera se hubiera atrevido desde el primer momento a usar la única carta a su favor – el que se necesite una ley para emitir los bonos- para replantear todo el tema de la deuda y forzar al Congreso, que es en última instancia el responsable. Porque hay que tener presente que se trata de algo que va más allá del proyecto de la Cámara 1003, de la deuda, o de la Junta; es un problema político resultado de nuestra condición colonial”.
Ambos portavoces indicaron que el proyecto de la Cámara 1003 no es enmendable, en tanto implica, en cualquier versión, que se da el consentimiento de la Asamble Legislativa a un plan de ajuste de la deuda “diseñado para satisfacer los intereses de los inversionistas, irremediablemente reñidos con el bienestar del país”, declaró.INS
P. Rico-Gobierno crea Comité de Accesibilidad Digital, para atender necesidades de la comunidad de personas con discapacidades visuales y auditivas
San Juan, 27 oct (INS).- El principal ejecutivo de Innovación e Información y director de la Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología (PRITS), Enrique Völckers Nin, informó la creación del Comité de Accesibilidad Digital, como parte de las iniciativas para atender prioritariamente las necesidades de la comunidad de personas con discapacidades visuales y auditivas.
El comité está compuesto por miembros de la comunidad con discapacidades, así como por personal de la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI) y personal de PRTIS.
“En el mes de abril, emitimos unas guías de interfaz y diseño (GUIDI) al igual que la implementación de una nueva plataforma para el desarrollo de los portales de gobierno con el propósito de asegurarnos de que los mismos cumplen con los requisitos de accesibilidad desde su desarrollo”, explicó Völckers Nin.
El director de PRITS añadió que “el Comité Asesor de Accesibilidad Digital ayudará al Gobierno de Puerto Rico a auditar los diferentes portales gubernamentales para asegurar el cumplimiento con las guías. Ninguna página, sistema o aplicación móvil del gobierno podrá publicarse sin tener una evaluación de accesibilidad”.
El comité está compuesto por Gabriel Esterrich, coordinador del programa Protection and Advocacy for Individuals Rights (PAIR); Ismael Figueroa, oficial de Relaciones con la Comunidad, Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI); Wanda Díaz, de la Asociación Puertorriqueña de Ciegos; Pedro Alvarado, intercesor del programa PAIR; y Loida Oliveras, directora ejecutiva interina de la División de Protección y Defensa.
También lo integran Omar Feliciano, director creativo de PRITS; Nannette Martínez, principal oficial de Tecnología del Gobierno de Puerto Rico; José Álvarez, profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPR-RP); Enrique Völckers Nin, principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno; y Emmanuel Montilla, asesor legal de la División de Protección y Defensa.
Como resultado, el comité estableció unos protocolos de evaluación para todo proceso de creación de portal, sistema o aplicación móvil que sirva a la ciudadanía.
El director creativo de PRITS, Omar Feliciano, sostuvo que “en el PRITS nos estamos enfocando y asegurando de que los portales oficiales del gobierno de Puerto Rico no solo sean intuitivos, estructurados y de fácil navegación, sino que además garanticen el acceso igual a personas con discapacidades. Esto lo logramos con la implementación de principios esenciales de diseño, contrastes y tamaños de letras, textos alternativos funcionales y navegación eficiente por lectores de pantallas”.
Se informó que se realizará un taller dirigido a garantizar que todo el personal de informática del gobierno encargado del desarrollo de portales esté adiestrado con las guías actualizadas de accesibilidad.
El taller será liderado por el miembro del Comité Asesor de Accesibilidad Digital y profesor de la UPR-RP, José Álvarez Cabán.
Además, se trabajará junto al DPI y a la legislatura para hacer un análisis de las leyes que inciden en la accesibilidad, así como actualizar la Ley 229 de 2003.
También se creará el portal accesibilidad.pr.gov en el que se publicará toda información necesaria de apoyo al momento de crear portales, sistemas y aplicaciones.
El portal será público para apoyar a los desarrolladores del sector privado y garantizar que se cumpla con las guías.INS
P. Rico-DACO y FDA fiscalizan prácticas engañosas para suplementos dietéticos en farmacias, gasolineras, “sex shops” y tiendas: se detectaron 20 productos que incumplían normas, por lo que se retiraron
San Juan, 27 oct (INS).- El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), junto con la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), se encuentran impactando diferentes tipos de comercios con el fin de fiscalizar prácticas engañosas o ilegales en la venta de suplementos dietéticos y estimulantes promovidos como naturales.
Farmacias, gasolineras, “sex shops”, y tiendas especializadas en suplementos vitamínicos son parte del operativo que se lleva a cabo durante la mañana y tarde del martes.
Hasta el mediodía, se habían impactado un total de 24 comercios distribuidos en toda la zona metropolitana de la Isla.
“Esta iniciativa conjunta surge de un objetivo medular que el DACO y la FDA compartimos, el cual es asegurar que no se burle la confianza del consumidor con promesas falsas o cuya veracidad no se pueda constatar, las cuales pudieran representar algún riesgo a la salud, además de afectar su economía”, expresó Edan Rivera Rodríguez, secretario del DACO.
Según puntualizó Rivera, “el hecho de que un producto sea de venta libre no lo hace inofensivo. Así también, el que contenga algún ingrediente percibido como favorable a la salud no lo convierte en una cura milagrosa. Es por ello que nuestra reglamentación define como engañosa toda práctica que induzca al consumidor a realizar una compra valiéndose de información falsa o no comprobada científicamente “.
Como resultado del operativo, hasta el mediodía se habían identificado cerca de 20 productos que incumplen con las normas aplicables, lo que ha dado lugar a que se emitan los avisos de infracción correspondientes.
Respecto de los productos en torno a los cuales se identificó alguna ilegalidad, se requirió el retiro inmediato de su exhibición para la venta.
“Proteger la salud y seguridad de los consumidores es la máxima prioridad de la FDA, y nos mantendremos atentos a las advertencias sobre productos y compañías que ponen en riesgo al público”, dijo Judy McMeekin, comisionada Asociada de Asuntos Regulatorios de la FDA, quien aclaró que “los productos con reclamos no aprobados que prometen curar, tratar o prevenir una condición de salud pueden potencialmente dañar a los consumidores que usan estos productos en lugar de buscar tratamientos efectivos, tal como son los medicamentos aprobados por la FDA”.
El recorrido se centró en verificar dos grandes aspectos de protección al consumidor: las prácticas engañosas en los empaques o la forma de promover, en los sitios de venta, los atributos de ciertos suplementos, y la exhibición para la venta de productos con ingredientes respecto a los cuales la FDA hubiese emitido alguna alerta.INS
P. Rico-El 73.12% de los agricultores de la Isla están disgustados con el programa ReGrow, fondos federales de los que se han entregado apenas el siete por ciento
San Juan, 27 oct (INS).- El representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de la Cámara, informó que una encuesta realizada por la Asociación de Agricultores de Puerto Rico reveló que el 73.12% de los agricultores consultados señala que su experiencia con el programa Re-Grow es decepcionante.
El 19.35% estimó que el servicio es regular y el 7.53% entiende que el servicio es bueno. En la encuesta se consultaron a 93 agricultores.
El programa Re-Grow Puerto Rico consiste en una asignación de 92,500,000 para ser distribuidos como ayuda (grant) a agricultores pequeños cuyos ingresos provenientes de la agricultura sean de menos de 350,000 al año.
La iniciativa es administrada por el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología y a un año de iniciado el programa, solo se han otorgado aproximadamente cien desembolsos de cerca de 1,800 solicitudes sometidas.
Los desembolsos se distribuyen de la siguiente manera: 65 de 25,000 a 50,000, 23 de hasta 100,000 y 12 de hasta 150,000, para un total de 6,071,786.00 de 92,500,000 disponible, lo que representa el 7% del dinero destinado al programa.
Rivera Segarra presidió una audiencia pública para atender la resolución de la Cámara 347, que investiga el funcionamiento del programa Re-Grow.
“Cuando se le pregunta a los agricultores cómo perciben el conocimiento del personal de Re-Grow en los temas agrícolas, el 58.70% de los encuestados aseguró que es decepcionante, el 29.35% regular y 9.78% buena. De los 100 agricultores contactados en todo Puerto Rico, 92 respondieron la consulta. A dicha vista pública fue citado el Departamento de Agricutura, pero no asistió ni envió ponencia”, dijo el legislador.INS
ndc