P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el sábado 23 de octubre de 2021

P. Rico-Presidente de la Cámara advierte de “tragedia económica” si no se aprueba plan de ajuste y anticipa que jueza Taylor Swain buscará seguir con el proceso sin legislación”

San Juan, 23 oct (INS).- El presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montaez, señaló que habrá una “tragedia económica” si no se aprueba el plan de ajuste de la deuda, algo que ya ocurrió ayer en el Senado y, además, adelantó que la jueza Laura Taylor Swain buscará seguir con el proceso sin legislación en la reunión de emergencia del lunes en la que participará el gobernador Pedro R. Pierluisi, así como a los líderes legislativos y a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Hernández Montañez, en una conferencia de prensa minutos después de que acabara el plazo dado por la JSF para que el Senado aprobara el proyecto de la Cámara 1003, sobre el plan de ajuste de la deuda.

“Es una tragedia económica”, dijo el político y advirtió que el tema pasa ahora a la jueza Taylor Swain “sin intervención del gobierno de Puerto Rico” y que puede tomar decisiones “de forma unilateral”, por lo que señaló que no van a tener “control”.

“En la reunión del lunes la jueza va a intentar seguir con el proceso sin legislación”, dijo.

El legislador llamó a sentarse en la mesa para llegar a un acuerdo antes de la reunión del lunes, pese a que admitió que “hay una diferencia grande” entre el Senado y la JSF.

“Nos ponemos a disposición de los compañeros del Senado”, indicó, y agregó que la determinación final “está en las manos de la jueza”.

La jueza federal, que atiende el caso de la quiebra de Puerto Rico y supervisa la reestructuración de la deuda, convocó ayer al gobernador Pedro R. Pierluisi, a los presidentes de la Cámara y el Senado, Rafael Hernández Montañez y José Luis Dalmau , respectivamente, así como a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a una reunión urgente por el plan de ajuste de la deuda.

La decisión de la jueza, que convocó la reunión para el próximo lunes, se dio minutos antes de que se cumpliera el plazo dado por la JSF al Senado (2:00 pm) para que aprobara el plan de ajuste de la deuda o pediría al tribunal que postergara la confirmación.

El Senado aún no tiene los votos para aprobar el proyecto de la Cámara 1003, sobre el plan de ajuste de la deuda para terminar con la quiebra de la Isla.

La JSF ha indicado que “lo que está en juego para Puerto Rico es increíblemente alto. No aprobar esta legislación significa que Puerto Rico permanece atascado en una nube de bancarrota, sofocando su capacidad para crecer y atraer la inversión necesaria”.

Además, advirtió que “las pensiones no estarán protegidas y el plan no se modificará para brindar apoyo adicional a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios”.

La Junta pediría esta tarde el aplazamiento de la audiencia de confirmación en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.INS

 

P. Rico-Jueza Taylor Swain convoca al gobernador, líderes legislativos y la JSF a una reunión urgente por plan de ajuste de la deuda

San Juan, 23 oct (INS).- La jueza federal Laura Taylor Swain, que atiende el caso de la quiebra de Puerto Rico y supervisa la reestructuración de la deuda, convocó ayer al gobernador Pedro R. Pierluisi, a los presidentes de la Cámara y el Senado, así como a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a una reunión urgente por el plan de ajuste de la deuda.

La decisión de la jueza, que convocó la reunión telefónica para el próximo lunes (9:00 am), se da minutos antes de que se cumpliera el plazo dado por la JSF al Senado (2:00 pm) para que aprobara el plan de ajuste de la deuda o pediría al tribunal que postergara la confirmación.

El Senado aún no tiene los votos para aprobar el proyecto de la Cámara 1003, sobre el plan de ajuste de la deuda para terminar con la quiebra de la Isla.

La JSF ha indicado que “lo que está en juego para Puerto Rico es increíblemente alto. No aprobar esta legislación significa que Puerto Rico permanece atascado en una nube de bancarrota, sofocando su capacidad para crecer y atraer la inversión necesaria”.

Además, advirtió que “las pensiones no estarán protegidas y el plan no se modificará para brindar apoyo adicional a la Universidad de Puerto Rico y a los municipios”.

La Junta pediría esta tarde el aplazamiento de la audiencia de confirmación en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

“Como resultado, Puerto Rico permanecería en la bancarrota y el peso de la deuda insostenible seguirá sobre los hombros de todos los puertorriqueños, amenazando el progreso económico de la isla”, indicó el organismo que maneja las finanzas del gobierno de la Isla.

El ente alertó de las consecuencias de no aprobar la medida: Puerto Rico permanecerá en quiebra, los acreedores pueden solicitar que se levante la moratoria sobre el pago de la deuda vigente en este momento, “lo que lleva a una demanda caótica de pago basado en el efectivo disponible y socava la la capacidad del gobierno para funcionar” y el litigio continuaría y aumentaría enormemente los costos y el tiempo para salir de la quiebra.

A su vez, consignó que “la duración de la Junta de Supervisión se extenderá por el tiempo perdido en este proceso, los acreedores serían elegibles para recibir cien millones como tarifa de terminación si ejercen su derecho a rescindir su acuerdo para respaldar el plan, y podrían potencialmente hacer nuevas y mayores demandas de reembolso, basadas en la opinión pública”.

Asimismo, advirtió que “los maestros y jueces no serían elegibles para los beneficios del Seguro Social del gobierno de EEUU y seguirían dependiendo de los pagos del presupuesto de un gobierno que impulsará sus plan de pensiones en quiebra.

La JSF declaró que “un grupo diverso de partes interesadas que van desde sindicatos, jubilados, tenedores de bonos y otros acreedores y aseguradores de bonos acordaron un Plan que es el mejor resultado posible dada las circunstancias difíciles que Puerto Rico ha tenido que manejar durante los últimos años”.INS

 

P. Rico-Evasión de impuestos, contribuciones, permisos, patentes y cargos reglamentarios de alojamientos independientes en la Isla en 2021 excederían los 70 millones de dólares

San Juan, 23 oct (INS).- Estimados conservadores reflejan que, en 2021, las estadías en los alojamientos independientes en Puerto Rico podrían alcanzar los 450 millones de dólares, mientras que la evasión de impuestos, contribuciones, permisos, patentes y cargos reglamentarios excederían los 70 millones.

Además, sobre el 80% de estos 25 mil alojamientos independientes que funcionan en la Isla son negocios administrados por consolidadores y muchos operan como hoteles ilegales.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Paradores, Xavier Ramírez, quien dijo que “la gran mayoría de estos alojamientos independientes son negocios con decenas de unidades y ventas significativas, y deben cumplir con todos los requisitos, permisos, licencias, patentes, seguros, y estándares mínimos requeridos a otras empresas similares y hasta mucho más pequeñas”.

Según el portavoz de los paradores, Puerto Rico “ya tiene las leyes y los reglamentos necesarios para atender el registro y reglamentación de este segmento de los alojamientos a corto plazo, y hay otras áreas de permisos, patentes, licencias y contribuciones que les compete implantarlo a cada municipio y a otras agencias gubernamentales”.

“Es tiempo de hacer valer nuestras leyes y podemos comenzar por el registro y el pago consistente de impuestos. La Compañía de Turismo tiene la Ley 272 de 2003 y los reglamentos 8395 de 2013 y 8856 de 2016, los cuales la facultan para imponer el registro y la reglamentación mínima de estos alojamientos y pueden imponer multas y sanciones de hasta 25,000 por el no cumplimiento”, señaló Ramírez.

Según Christian Rivera, vicepresidente de la asociación, dado a que estos alojamientos se anuncian por seis modelos de negocios en la internet, identificarlos y comunicarse con sus dueños o sus o peradores profesionales es relativamente sencillo.

“En el 2017, la asociación colaboró con el municipio de Cabo Rojo y se identificaron sobre 300 unidades de alojamientos independientes a corto plazo y a sus dueños. El 90% de estos alojamientos pertenecían a personas no residentes en la ciudad, lo cual derrota el mito de que la mayoría pertenecen a la economía compartida”, aseguró.

El sector de los paradores reconoce que algunos de estos 25,000 alojamientos independientes son necesarios para apoyar los esfuerzos del mercadeo del destino y solo buscan su registro y fiscalización.

Hasta la fecha, menos del 17% está registrado.INS

 

P. Rico-Existe crisis en servicios esenciales del Departamento de la Familia

San Juan, 23 oct (INS).- El Departamento de la Familia reconoció este viernes que solo cuenta con aproximadamente 890 profesionales del trabajo social y, hasta la fecha, ha recibido más de 12 mil referidos de maltrato.

Los datos surgieron durante una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes a los fines de evaluar el funcionamiento administrativo y organizacional de esa agencia con relación a los casos de maltrato a menores reportados, incluyendo hogares de cuido de menores, entre otros.

El presidente de la Comisión, Jesús Manuel Ortiz, expresó su preocupación con la situación de este Departamento sombrilla.

“Es muy preocupante que el Departamento de la Familia tenga aproximadamente 892 trabajadores sociales para atender el universo de querellas de maltrato que existen. Esto pone en evidencia que el Gobierno, no está en posición de garantizarle a ningún niño que está siendo maltratado que lo atenderán a tiempo y le van a salvar la vida”, dijo el representante.

Ortiz destacó que en la actualidad faltan entre 200 y 300 Trabajadores Sociales y los que ya ofrecen servicios atienden aproximadamente 40 casos, lo que sin duda afecta el servicio que estos pueden ofrecerle a esta población.

Un dato relevante que fue mencionado durante la vista es que Familia solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal una asignación de 6 millones de dólares y solo le asignó la cantidad de 2.5 millones.

“Si me indigna la situación de falta de trabajadores sociales, más me indigna saber que DF solicitó 6 millones a la JSF y esta solo le asigno 2.5 millones. Esto es un servicio esencial y no entiendo cómo en un universo fiscal difícil se asignen fondos para otros asuntos y no para suplir la necesidad de la agencia para contratar más Trabajadores Sociales que brinden servicios a esta población. Esto es una crisis en servicios esenciales”, añadió.

Ortiz le solicitó información, que no fue suministrada en la audiencia, sobre la cantidad de casos que se reciben anualmente, así como también de las llamadas que se reciben y cuantas de estas llamadas son respondidas o investigadas y cuáles se convierten en casos.

“Hay una falta de detalles en la información ofrecida, no tienen la información que se requiere para conocer la situación real en la que se encuentra el Departamento de la Familia y la problemática de la atención de los casos de maltrato”, dijo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

Agregó que una funcionaria reconozca que solo se atiende un 50% de los casos que ellos catalogan como peligro presente es inaceptable, ya que estos son casos donde el maltrato a los niños esta sucediendo cuando se recibe el referido.

“Con esta vista buscamos retratar la situación real que existe en el Departamento de la Familia de manera que todos podamos entender que tenemos una crisis de servicios esenciales en la Isla”, anotó.

Consideró que “con la información que nos han presentado, se desprende que el Gobierno no puede garantizar la vida y la protección de los menores”.

“Esto debe motivarnos a buscar alternativas viables para que esto no suceda y se pueda resolver de una vez por todas el problema de la falta de recursos en el Departamento”, recalcó. INS

 

 

P. Rico-En estado de emergencia la salud mental de niños y adolescentes en la Isla debido al incremento de casos por la pandemia

San Juan, 23 oct (INS),- La Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes (APPNA) se unió a la declaración de emergencia de salud mental decretada por la Academia Americana de Pediatría ante el aumento significativo de casos de niños y adolescentes que requieren atención de psiquiatras y la escasez de especialistas.

Karen Martínez, presidenta de la APPNA, es testigo de cómo esta emergencia nacional, declarada por la Academia Americana de Pediatría, ha tocado a la isla “por la demanda exponencial en los servicios de salud mental pediátricos”.

El incremento en casos pediátricos y de adolescentes está vinculado a la pandemia del Covid-19.

La psiquiatra lamentó que “al momento no exista una estrategia clara de cómo se va a atender esta emergencia nacional en Puerto Rico. En la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes estamos claros que no hay suficientes psiquiatras en la isla para atender esta necesidad”.

Martínez hizo un llamado a las autoridades gubernamentales a realizar un esfuerzo concertado y multisectorial para atender esta emergencia.

En Estados Unidos las tasas de problemas de salud mental infantil y suicidio aumentaron constantemente entre 2010 y 2020 y para 2018, siendo el suicidio la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes de 10 a 24 años.

Ante este cuadro, la Asociación Puertorriqueña de Psiquiatras de Niños y Adolescentes (APPNA) se unió a la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), la Academia Estadounidense de Psiquiatras de Niños y Adolescentes (AACAP) y la Asociación de Hospitales Infantiles (CHA) en la declaración de un estado nacional de emergencia en salud mental pediátrica.

“Los desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes están causando disfunción en la vida de nuestra población pediátrica por lo que hacemos un llamado a los legisladores en todos los niveles de gobierno y defensores de los niños y adolescentes para que se unan a nosotros en esta declaración”, dijo la experta.INS

 

P. Rico-Arias-Marxuach jura como juez presidente del tribunal federal

San Juan, 23 oct (INS).- El juez federal Raúl Arias-Marxuach juró este viernes, en una ceremonia privada ante la jueza Aida Delgado-Colón, como juez presidente del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico.

Arias-Marxuach sucede al juez Gustavo A. Gelpí, quien se desempeñó en el cargo desde 2018 y fue elevado a la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston el miércoles 20 de octubre de 2021.

El juez Arias-Marxuach elogió el compromiso de Gelpí con la Corte durante 20 años de servicio, especialmente durante su mandato como Juez Presidente.

Arias-Marxuach obtuvo su licenciatura en Boston College en 1989 y su título de Juris Doctor Magna Cum Laude de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en 1992.

De 1992 a 1993, fue asistente legal del juez asociado Antonio S. Negrón-García, del Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En 1994 obtuvo una maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard.

A partir de entonces, Arias-Marxuach ejerció la abogacía hasta 2019 en destacados bufetes en San Juan, Puerto Rico. Con frecuencia litigaba asuntos civiles y comerciales ante el Distrito de Puerto Rico por 24 años.

También se desempeñó como profesor adjunto de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

El 23 de enero de 2019, el presidente Donald J. Trump nominó a Arias-Marxuach para el cargo de juez de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Tras la confirmación por en el Senado de los Estados Unidos, juró el 16 de mayo de 2019 ante el entonces juez presidente Gelpí. INS

ndc