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La doctora Yarí Vale Moreno expone las implicaciones del proyecto. Inter News Service
San Juan, 19 oct (INS).- La Coalición de Centros de Terminación de Embarazos del Área Metropolitana se opuso hoy al Proyecto del Senado 591, de los senadores Thomas Rivera Schatz y Keren Riquelme, por considerar que surge de una crisis inventada que dirigida a justificar nuevas limitaciones a este procedimiento médico.
La doctora Yarí Vale Moreno, ginecóloga obstetra portavoz de la Coalición, sostuvo en rueda de prensa en el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico que la medida de ambos senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), lesiona la seguridad de las adolescentes gestantes y se aleja del derecho existente a la toma de decisión de las mujeres sobre continuar o no su embarazo.
Especificó que la medida despoja a las adolescentes de menos de 18 años del derecho a decidir sobre su cuerpo sin tener en cuenta el criterio de madurez suficiente, contrario a lo establecido por el Tribunal Supremo en el caso Pueblo v. Duarte (1980).
“Esta es una de siete medidas presentadas este año que impacta nuestra salud, las mujeres estamos bajo asedio”, expresó la obstetra Vale Moreno.
La licenciada Frances Collazo Cáceres, codirectora ejecutiva de Profamilias, señaló que bajo la premisa de salvaguardar la salud de las mujeres, el proyecto de ley “expone una falsa problemática respecto a la necesidad de regular el aborto en Puerto Rico, cuando ya existe exhaustiva regulación al respecto”.
La también portavoz de la Coalición aseguró que ya se está en cumplimiento con los requisitos de operación requeridos por el Departamento de Salud de Puerto Rico, “agencia con el expertise al respecto”.
De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Salud para el año 2019, en Puerto Rico el 9% de los abortos realizados corresponden a menores de 18 años (sólo el 3.6% en 2020), mientras que el restante 91% corresponden a mujeres y personas gestantes mayores de 19 años, según datos ofrecidos en conferencia de prensa.
“Como Coalición confirmamos que en nuestras clínicas los abortos en menores de 18 años son la excepción. La gran mayoría de los abortos son realizados en mujeres entre 20 y 35 años, según rendimos cuenta en nuestros informes al Departamento de Salud”, acotó Collazo Cáceres.
En un memorial explicativo sometido por el grupo a la Comisión de Asuntos de las Mujeres del Senado se establece que “la literatura médica evidencia que el aborto es 12 veces más seguro que un parto”.
NUEVO ATAQUE BAJO ESTADO DE EMERGENCIA
La Ley de los Derechos y Servicios Médicos para la Mujer Embarazada, según detalló Collazo Cáceres, ya establece que la mujer embarazada menor de edad no necesita el consentimiento de los padres o custodios para continuar un embarazo y recibir cuidado prenatal y posparto.
“Resulta contradictorio que este Proyecto 591 proponga requerir consentimiento de un padre o custodio para el procedimiento de aborto en mujeres o personas gestantes menores de 18 años, (ya que) si se le reconoce capacidad decisional a una menor para continuar su embarazo y tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva esenciales, se le debe reconocer la misma capacidad para interrumpir su embarazo y tener acceso al procedimiento médico correspondiente”, afirmó.
La licenciada Collazo Díaz sentenció que “con este proyecto de ley se demuestra que el gobierno intenta crear las condiciones legales para obligar a las mujeres a ser madres y eso es violencia de género”.
“Queda plasmado que existe una falta de perspectiva de género entre el cuerpo legislativo que apoye una medida como lo es este proyecto; pues se continúa imponiendo el estereotipo de la mujer como destinada a la maternidad”, agregó.
A su juicio, “parece mentira que en medio de un estado de emergencia nacional por violencia de género, hayan legisladores que se les ocurra vulnerar y mancillar aún más la seguridad de los servicios de salud esenciales que necesitan las mujeres, adolescentes y personas gestantes”.
Advirtió que el proyecto elevaría a rango de ley el actual reglamento del Departamento de Salud sobre la regulación de los centros de terminación de embarazo, contrario a los poderes delegados al Departamento de Salud mediante la Ley Orgánica del Departamento de Salud, la Ley de Facilidades de Salud y los procedimientos dispuestos en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) para enmendar reglamentos.
La doctora Vale Moreno añadió que este proyecto de ley impediría a futuro modificar el reglamento de los centros de terminación de embarazo según los avances tecnológicos que vayan surgiendo en la medicina y la pericia de la agencia salubrista pertinente.
Al respecto alertó que de convertirse en ley, ese estatuto necesitaría enmiendas, las cuales quedarían en manos de personas que no necesariamente cuentan con el peritaje necesario en salud y lo que conlleva administrar servicios de salud esenciales.
“No existe actualmente en Puerto Rico un problema con el aborto, que no sea la falta de mayor acceso a este servicio esencial”, explicó.
Las estadísticas del Departamento de Salud, que regulan nuestras clínicas, tampoco presentan datos que lleven a pensar que la salud de las mujeres gestantes está en riesgo.
“A nuestro conocimiento, no existen querellas al día de hoy. Tampoco se han emitido multas ni cierres ordenados a nuestras intelaciones”, expresó la especialista en salud reproductiva y terminaciones de embarazo.
La Coalición está compuesta por el Centro de Planificación Familiar Santa Rosa, Darlinton Medical Associates, Women’s Medical Pavilion de Carolina y la Clínica Iella de Profamilias, las cuales cumplen con los más rigurosos estándares de calidad establecidos para la industria médica y con excelente personal adiestrado para el ofrecimiento de servicios médicos, dentro de un ambiente de profesionalismo y sensibilidad. INS
ndc
