Inter News Service Agencia de Noticias
El presidente Luis Abinader participando en el Diálogo Nacional con el liderazgo político, y empresarial. Inter News Service
Santo Domingo, 15 sep (INS).- El Poder Ejecutivo presentó este miércoles sus propuestas en el Consejo Económico y Social para una posible modificación a la Constitución de la República en el marco del Diálogo Nacional con el liderazgo político, social y empresarial para analizar 12 reformas anunciadas por el presidente Luis Abinader, el 18 de agosto, en su discurso de rendición de cuentas del primer año de gestión.
La tercera sesión del Consejo Económico y Social será el próximo 6 de octubre, luego que hoy se abordaran algunos de los temas respecto a las modificaciones promovidas por el gobernante.
Las enmiendas, las que el mandatario aseguró “producirán una segunda restauración institucional y material para República Dominicana”, abarcarían al sector eléctrico, agua, Policía Nacional, calidad educativa, salud y seguridad social, la modernización del Estado, la calidad educativa, transporte, transformación digital, reforma fiscal integral, reforma laboral y el renglón hidrocarburos.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, leyó en el encuentro la proposición oficial, donde destaca la elección de los jueces de altas cortes para periodos únicos de 9 años y su prohibición para ser miembros de partidos políticos en los 5 años previos a su designación.
Sugiere excluir la figura Procurador General de la República de su membresía en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para reducir la nómina a siete miembros.
Recomienda que las reuniones de ese organismo se realicen de forma ordinaria cada tres años y extraordinariamente cuantas veces sean convocadas por el Presidente de la República o el conjunto de los representantes del Poder Legislativo ante este.
El Gobierno asegura que con esto se estaría “redistribuyendo la cuota de decisión de cada poder del Estado representado en el seno de ese órgano y dotándolo, por ende, de mayor legitimidad”.
Además, el documento sugiere que es oportuna una reorganización del funcionamiento de las altas cortes, como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.
“En concreto, se buscaría someter a sus jueces a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso. En tal sentido, estos jueces serían designados por períodos únicos de nueve años y los plenos serían renovados gradualmente cada tres años; por su parte, la ostentación de la presidencia de estas altas cortes sería alternada cada tres años y a partir de los jueces designados anteriormente”, indica.
También afirma que “se incluirían nuevos requisitos de designación para los jueces de estas altas cortes para que, durante los cinco años previos a su designación, estos no hayan estado inscritos en un partido político ni hayan realizado actividades de proselitismo político de manera notoria, reconocida y constante”.
Según la propuesta gubernamental, para garantizar la independencia política en el sistema de justicia dominicano, no basta con excluir del Consejo Nacional de la Magistratura al procurador general de la República, sino que es necesaria una transformación constitucional del Ministerio Público, la cual le otorgue una independencia real del Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado.
“A la vez, se sujetaría a los titulares del Ministerio Público a un régimen de ingreso, permanencia y fiscalización más riguroso, estableciendo nuevos requisitos y formas de designación, así como incluyéndolos dentro de las invitaciones a las cámaras legislativas y las interpelaciones del Congreso Nacional”, detalló.
El Poder Ejecutivo propone que el actual procurador general de la República pasaría a denominarse Fiscal General.
“Se sustituirían las siguientes denominaciones: procurador general adjunto del procurador general de la República por fiscal general adjunto al fiscal general de la República; procurador general de Corte por fiscal regional; y procurador por fiscal”, detalla. INS
mv/
