P. Rico-Sostiene senadora García Montes que no existe en el país definición legal de lo que significa el concepto las playas públicas

La senadora Ada García Montes considera que la situación ha dificultado armonizar el desarrollo económico y el turístico. Inter News Service

Rincón, 23 ago (INS).- La senadora por el distrito de Mayagüez Aguadilla, Ada García Montes, quien ha estado atenta a los casos relacionados al uso de las playas públicas, descubrió que luego de un análisis de leyes y reglamentos, no existe por escrito el significado correcto del concepto “playas públicas”, lo que ha sido motivo de confusión y polémica.

“A esos efectos, he radicado el Proyecto del Senado 557, para crear la Ley de Playas Públicas, definir qué constituye una playa en Puerto Rico y uniformar su carácter como bien de dominio público, conforme a la Constitución del Estado Libre Asociado, al Código Civil de Puerto Rico de 2020, entre otras leyes relacionadas a los muelles y deslinde en la zona marítimo terrestre, entre otras”, expuso la legisladora residente en Rincón.

Añadió que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que “será política pública la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad”.

Expuso que, a través de jurisprudencia, ha quedado establecido que la disposición, por ser de rango constitucional, ostenta superioridad sobre cualquier legislación o reglamentación que se apruebe, pues su misión es un decreto al gobierno de velar por la conservación de los recursos naturales del país.

“A pesar de este mandato constitucional, y de contar con agencias, vasta legislación y reglamentación conducente a proteger nuestros recursos naturales, y, por ende, las playas de Puerto Rico, son múltiples las comunidades que se han visto afectadas, así como las situaciones que han enfrentado ciudadanos en particular, respecto al libre uso y disfrute de las playas”, dijo.

La senadora García Montes subrayó que “esto ha generado disputas en los tribunales, denuncias en foros públicos, manifestaciones y malestar en general”.

“En consecuencia, se ha dificultado armonizar el desarrollo económico y turístico, con la protección de nuestros recursos naturales. Para lograr una política pública clara y efectiva, es que estoy presentando esta medida”, afirmó García Montes. INS

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