Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el viernes 13 de agosto de 2021
P. Rico-Se da a conocer informe preliminar del Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidios del Poder Judicial: señala que en casos evaluados se observó “pobre” participación de jueces para auscultar presencia de indicadores de letalidad y orientar a parte peticionaria
San Juan, 13 ago (INS).- El Poder Judicial dio a conocer el informe preliminar del Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidios, en el que se señala que en los casos evaluados se observó “pobre” participación de los jueces para auscultar presencia de indicadores de letalidad y orientar a parte peticionaria.
Una de las misiones del comité era investigar lo que ocurrió dentro de las salas de las juezas de Caguas, Ingrid Alvarado y Sonya Nieves, quienes atendieron los procesos en los que Andrea Ruiz Costas (asesinada por su expareja), figuró como peticionaria, pero en el documento no se hace referencia específica al caso.
El organismo creado, presidido por la licenciada Aleida Varona Méndez y compuesto por los jueces superiores Janette Perea López, y William Machado Aldarondo, así como por los jueces municipales Raiza Cajigas Campbell y Juan Vera Rivera, rindió el informe preliminar en el que se establece que se debe propiciar entre las agencias encargadas de recopilar estadísticas la creación de una base de datos oficial en las que se recoja información de feminicidios directos, indirectos, íntimos y no íntimos y que segregue la información de los feminicidios y transfeminicidios.
También aconseja referir de inmediato a la Red de Jueces Coordinadores y Juezas Coordinadoras en Asuntos de Violencia de Género la creación de expedientes, la documentación del proceso presencial/híbrido/virtual, que garantice la confidencialidad de información sensitiva, que consigne determinaciones de hechos y notas.
También recomienda la práctica de atender las solicitudes de archivo por despacho, la creación de procesos “uniformes, justos y sensibles” cuando ambas partes solicitan órdenes de protección y establecer las instancias en que deben hacerse referidos al Ministerio Público o a la Policía, cuando surja del testimonio de una persona peticionaria de una orden de protección conductas que ameritan ser evaluadas para determinar si procede iniciar cargos criminales.
A su vez, pide impartir instrucciones sobre el uso del Manual de Estrado de Órdenes de Protección en Situaciones de Violencia Doméstica, en particular lo relativo a la evaluación de los factores de letalidad, como medida que permite predecir el potencial riesgo al que se enfrenta la víctima y sobreviviente al dictar la orden de protección, diseñar los remedios y disponer sobre la vigencia de la orden.
“Asimismo, es preciso que los jueces y las juezas indaguen en todos los casos de solicitud de orden de protección sobre la presencia de armas y sobre el historial de violencia doméstica, casos criminales previos y órdenes de protección solicitadas y que dicha documentación se incluya en el expediente”, señala el informe.
Igualmente, indica la necesidad de establecer un proceso periódico y rutinario de auditoría de expedientes para casos de violencia de género, con miras a evaluar de manera continua el cumplimiento de las normas administrativas, necesidades de adiestramiento, entre otros3
Asimismo, recomienda actividades educativas para refrescar conocimientos sobre el manejo de sala y el uso del Manual de Estrado.
En el informe se incluye una evaluación de las grabaciones de los procesos judiciales que el grupo de trabajo escuchó y se afirma que “no se orientó a las partes al expedir la orden de protección sobre las consecuencias de una violación a la orden de protección, las conductas prohibidas, la necesidad de que la víctima llevara siempre consigo la orden, entre otras advertencias dispuestas por ley”.
“Tampoco hubo preguntas sobre la existencia de armas o acceso a armas”, agrega.
Del total de siete casos evaluados, el grupo de trabajo “observó una pobre participación de los jueces y las juezas para auscultar la presencia de indicadores de letalidad y para orientar a la parte peticionaria”.
El Grupo de Trabajo, que continuará el proceso de evaluar los expedientes judiciales de casos de feminicidio en años anteriores al 2020, propuso que se le conceda hasta el 31 de enero de 2022, para someter el informe final con recomendaciones.
Además, propuso ampliar su evaluación a casos de intentos de feminicidio, en los que se identifique una intervención judicial, a la par que entrevisten familiares de las víctimas o a las propias víctimas, de autorizarse la ampliación a casos de intento de feminicidio.INS
P. Rico-Rechaza la JSF contrato de $36 millones a Camera Mundi por 28 mil purificadores de aire para escuelas
San Juan, 13 ago (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó una orden de compra para Camera Mundi con el fin de adquirir 28,000 purificadores de aire para las escuelas públicas del país, a un coste de $36 millones.
Según el organismo, la razón para rechazar la orden, luego de una revisión exhaustiva, por no cumplir con los requisitos de la legislación Promesa “de promover la competencia en el mercado”.
La JSF aclaró que su decisión no tiene ningún efecto en el comienzo del año escolar, programado por el gobierno para la próxima semana.
El proceso para obtener el contrato, aclaró el organismo impuesto por Washington, no se llevó a cabo de manera oportuna para garantizar el arribo de los purificadores de aire previo al comienzo del año escolar.
La Junta de Supervisión encontró que la orden de compra entre el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) y Camera Mundi LLC se realizó a través de un proceso de adquisición deficiente.
La oferta de Camera Mundi para la orden de compra propuesta no cumplió con las distintas especificaciones que el DEPR requería en su solicitud de cotizaciones, según la Junta de Supervisión Fiscal.
Aseguró que el DEPR debe implementar una estrategia de adquisiciones de emergencia que garantice la transparencia, maximice la competencia del mercado y cumpla con las leyes y regulaciones aplicables, incluida la garantía de que las especificaciones sean adecuadas y los proveedores licitadores las cumplan.
“Por consiguiente, el DEPR debe emprender un nuevo proceso de adquisición competitivo, preparar especificaciones revisadas y tomar una determinación de adjudicación en estricto cumplimiento con el proceso de adquisición y especificación seleccionados”, indicó la JSF en declaraciones escritas. INS
P. Rico-Marcha y caravana por la descolonización de la Isla tendrá apoyo en EEUU y participación de expreso político López Rivera
San Juan, 13 ago (INS).- La marcha y caravana por la descolonización de la Isla, que se celebrará el domingo próximo, tendrá apoyo en EEUU, informó el portavoz de la actividad, Eugenio Hopgood Dávila.
La marcha se concentrará en el Parque Muñoz Rivera desde las 10:00 de la mañana y de allí saldrá por la avenida Muñoz Rivera hasta el Capitolio.
La caravana de vehículos se irá formando en el carril izquierdo de la avenida, el lado que da hacia el parque, y allí se hará una sola fila comenzando en la luz de la entrada del balneario del Escambrón hacia atrás.
Al final de la marcha y caravana se celebrará un acto político cultural en la plazoleta norte del Capitolio, en donde el exprisionero político Oscar López Rivera va a dar lectura a la Declaración de de la Marcha, un manifiesto de afirmación puertorriqueña, que también es un llamado a la descolonización y un rechazo a la anexión.
La actividad incluirá también presentaciones de artistas.
“A solo tres días para la Gran Marcha Caravana del domingo 15 de agosto el evento sigue desarrollándose con gran entusiasmo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, donde las comunidades boricuas también se estarán manifestando para decirle no a la estadidad y sí a la descolonización de Puerto Rico”, dijo Hopgood Dávila.
El vocero aclaró además que “hemos transformado el formato del evento de ser una marcha, -como lo habíamos concebido originalmente- a una marcha caravana, donde además de los que marchen, se unirá una caravana de vehículos. Con este ajuste en el diseño vamos a tener un evento más seguro para que todas las personas que tengan condiciones que les hagan más vulnerables ante el covid, que no estén vacunados, o que sencillamente no tengan la capacidad física para hacer una caminata, puedan sumarse y participar en la manifestación. Bienvenidas serán la bandera de Puerto Rico y pancartas alusivas al tema del evento”.
Además de la actividad principal, simultáneamente las comunidades boricuas llevarán a cabo manifestaciones en al menos ocho ciudades de Estados Unidos.
Las actividades tendrán lugar en las ciudades de Nueva York, Chicago, Washington, Orlando, Miami, Detroit, Minneapolis y Oakland.
Para Hopgood Dávila, “con la jornada de estas manifestaciones anticoloniales, se rompe el monopolio de la narrativa y propaganda estadista, no solo en el centro del poder político en Washington DC sino en los diferentes estados en donde hay comunidades de la diáspora boricua”.
Indicó además que “los congresistas, especialmente los que representan a los estados donde tendremos eventos este domingo, recibirán el mensaje, cada vez más alto y claro, de que existe una gran cantidad de boricuas en sus estados que aprecian su identidad nacional boricua y la llevan a orgullo y que se oponen a que su patria pierda su esencia y potencial de libertad y prosperidad, al entrar en el callejón sin salida de la estadidad”.
Agregó que “la fortaleza de ese espiritu boricua inquebrantable que se niega a desaparecer, la hemos visto recientemente en el patriotismo de nuestra medallista olímpica Jasmine Camacho Quinn, quien optó por representarnos en el evento cumbre del deporte mundial porque su raíz boricua es más fuerte que cualquier otra circunstancia y honró el verso del poeta Corretjer cuando dijo que sería boricua aunque naciera en la luna”.
A su vez, indicó que “en estos días, los estadistas Pedro Pierluisi, Jenniffer González y el repudiado Ricky Rosselló con sus cabilderos fatulos, han estado recibiendo golpe tras golpe de los mismos miembros clave del Congreso que ejercen de forma ilegítima pero real, el poder sobre Puerto Rico”.
Para el portavoz, “no podemos conformarnos con que sean los propios líderes del Congreso, que ejercen poderes plenarios sobre Puerto Rico, quienes impidan la estadidad, porque sería una reafirmación y una aceptación pasiva de nuestra parte de que ellos ejerzan ese poder colonial absoluto sobre nuestro país y si en cualquier momento deciden que les conviene, igual pueden convertirnos en estado”.
Opinó que “lo que verdaderamente transforma la situación de pasividad colonial en donde nos imponen una ley tiránica como Promesa es que nos empoderemos, que tomemos la iniciativa como lo haremos este domingo para rechazar la estadidad y reclamar el fin de esta situación colonial para que podamos ser verdaderamente dueños de nuestro país”.INS
P. Rico-Requieren respuestas la niñez y la juventud ante la falta de un proyecto de país, reclaman dirigentes del Colegio de Profesionales del Trabajo Social
San Juan, 13 ago (INS).- La inexistencia de un plan de país, reducido en este momento a una precaria supervivencia, no brinda respuestas a la niñez y la juventud puertorriqueña, concluyó la dirigencia del Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CPTS) al reaccionar a la muerte del pequeño Jayden Elier Santiago Figueroa, de 8 años, al que su padre causó severos traumas.
“Necesitamos un proyecto de país que apueste al desarrollo de todas las personas, familias y comunidades, así como a la protección de las condiciones laborales de sus profesionales, y que se comprometa con la defensa de los derechos humanos y la justicia social”, reclamaron en una declaración conjunta la presidente del CPTS, Mabel López Ortiz, y la vicepresidenta Lydael Vega Otero.
Denunciaron que en la actualidad, el plan de país se enfoca en pagar una deuda no auditada mediante la imposición de austeridad al pueblo trabajador, lo que ha costado la destrucción de la nuestra calidad de vida.
“Todo lo que pasa en el país se relaciona a este plan fallido de austeridad, la relación colonial con los Estados Unidos y la falta de un proyecto de país —las violencias, la falta de seguridad, la desigualdad social, la pobreza, el poco acceso a servicios esenciales y la violación de los derechos sociales”, aseguraron.
López Ortiz y Vega Otero consideraron que Puerto Rico “está frente a una situación de país que sabíamos iba a resultar en un aumento de violencias familiares, como el maltrato infanto-juvenil, de adultos mayores y de género”.
“Las personas o grupos más vulnerados son las víctimas explícitas de la crisis económica, política y social que venimos viviendo hace años y que se ha recrudecido con la pandemia”, subrayaron.
Para ambas dirigentes del CPTS, en estos momentos el plan de país se percibe como uno de supervivencia precaria para la clase trabajadora y no de satisfacción óptima de las necesidades básicas a fin de prevenir la diversidad de violencias que estamos viviendo.
“La niñez y juventud necesita respuestas, pues encaran un futuro incierto; este país posee los recursos, pero necesitamos la voluntad política como pueblo para transformarlo”, insistieron.
Aclararon que sin conocer los detalles de la situación de estas familias, cuando se realiza un estudio social por una alegación de maltrato hay múltiples elementos que interfieren y que desconocemos en este caso.
“El o la profesional del trabajo social se guía por el análisis ponderado de factores familiares con el conocimiento teórico, metodológico, ético y protocolos de seguridad que guían sus intervenciones. Pero a su vez, su juicio profesional está atravesado por las regulaciones y recursos de instancias institucionales en el Departamento de la Familia, Administración de Tribunales y los Departamentos de Justicia, Salud, Vivienda y Educación, entre otros, así como por las condiciones laborales en que ejerce su práctica”, aclararon las dirigentes gremiales.
López Ortiz y Vega Otero refirieron que en las pasadas décadas hemos visto cómo se empobrecen aun más los servicios esenciales a las familias intervenidas por el Estado, pero, además, han empeorado las condiciones de trabajo de los y las profesionales del trabajo social, resultando en falta de apoyo, sobrecarga de casos, aumento en los riesgos de salud y seguridad y desvaloración de su quehacer y esencial contribución.
En este sentido indicaron que los y las trabajadores sociales adscritos al Departamento de la Familia se rigen por los valores profesionales regulados por la ética profesional y los manuales del modelo de seguridad, tanto en la investigación de referidos como en el manejo de casos.
En casos de abuso sexual, explicaron, se guían por un protocolo establecido por la agencia y la asesoría de otros profesionales de la conducta humana, al tiempo que reciben adiestramientos continuos, según su área de especialidad, y por ley deben cumplir anualmente con 12 créditos de educación continuada.
“Una de las dificultades que enfrentan en ocasiones los profesionales del trabajo social cuando acuden a los tribunales, es el juicio sobre su credibilidad en el proceso de las decisiones judiciales pasando por alto el trabajo investigativo y las recomendaciones presentadas”, afirmaron al pedir que se investigue a todas las agencias implicadas en este lamentable caso.
Según la dirigentes del CPTS, “la protección de nuestra niñez, juventud, adultos mayores, debe ser prioridad para el proyecto de país que aspiramos y debemos reconocer que está estrechamente relacionada con las condiciones institucionales y laborales en las que ejercen profesionales del trabajo social y de otras disciplinas que de manera comprometida y responsable contribuyen al país”. INS
P. Rico-Panel sobre el FEI refiere a expresidenta CEE a Contralor y Ética por posibles violaciones a leyes y reglamentos fiscales
San Juan, 13 ago (INS).- Ante irregularidades incurridas por Liza García Vélez durante su incumbencia como presidenta de la Comisiôn Estatal de Elecciones (CEE), el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) recibió el informe de la investigación
de los Fiscales Especiales Independientes (FEI) en el cual se determinó referir el expediente investigativo a Ia Oficina del Contralor y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) ante las posibles violaciones administrativas a leyes y procedimientos fiscales del gobierno.
Aunque el referido inicial de Justicia recomendaba la designación de un FEI sobre actuaciones de García Vélez, en contravención al Código Penal de 2012 y a la Ley de Ética Gubernamental en el ámbito penal, los fiscales Zulma Fúster Troche y Manuel Núñez Corrada no encontraron evidencia suficiente para presentar un caso ante el tribunal.
En su informe consignaron que “faltan los elementos de intención criminal necesarios para una causa penal por parte de la licenciada García Vélez para ejercer cualquier influencia ilegal”.
El caso giró en torno al hecho de que Helga García Pérez, de Perfect Partners, fue contratada por la García Vélez para manejar las relaciones públicas y prensa de la CEE, luego de fungir coma asesora personal de la investigada durante su proceso de confirmaciôn, sin mediar compensación monetaria.
Como parte de su investigación, los FEI recibieron un testimonio de la presidenta de Perfect Partners, quien relató que, posteriormente, fue contratada por García Vélez y brindó servicios a la CEE, según requeridos contractuales.
Sin embargo, no le fueron pagados los trabajos realizados durante tres meses (abril mayo y junio de 2016) debido a que se había agotado la partida total establecida en su contrato.
Posteriormente, a finales junio, (luego de haber prestado dichos servicios), la expresidenta de la CEE enmendó el referido contrato con el propósito de pagar retroactivamente a Perfect Partners por los servicios prestados en los aludidos meses.
Del informe surge que la autorización para fondos adicionales fue refrendada por los comisionados electorales según exige la ley, debido a que al enmendar el contrato, excedía los 30,000 mil dólares autorizados a García Vélez, para efectuar el contrato.
Sin embargo, no surge que a los comisionados electorales se les haya informado que el propósito de la enmienda contractual era cubrir pagos de forma retroactiva, en contravención con la ley.
Luego, la CEE hizo un pago con carácter retroactivo por servicios prestados por la compañía Perfect Partners, lo cual está en contravención con las leyes que regulan este asunto.
De la investigación, surge además que dos empleadas de la CEE levantaron la voz de alerta sobre la improcedencia de efectuar pagos de manera retroactiva (la directora de Finanzas de la CEE y la directora de Relaciones Públicas de la CEE).
Específicamente, García Pérez prestó servicios durante los meses de abril, mayo y junio, según le fue requerido y, al presentar sus facturas le fueron devueltas porque su contrato no tenía fondos adicionales asignados.
Ante estos hechos, García Vélez, a finales del mes de junio, enmendó el contrato con la aludida compañía para pagar retroactivamente por los servicios prestados por Perfect Partners, lo cual es contrario a las leyes fiscales gubernamentales.
En lo referente al análisis de este caso, los FEI contaron con la colaboración del gerente de Auditoría Forense de la Oficina del Contralor.
Cónsono con ello, la determinación de los FEI es referir el asunto a la Oficina del Contralor para que, conforme a la ley, se haga la reclamación correspondiente del reembolso del pago indebido.
Además, se remitió copia del expediente de este caso a la OEG, donde existe una investigación administrativa sobre el particular.
Acogido ci informe de los fiscales con sus determinaciones, el Panel decretó ci archivo del asunto respecto al ámbito penal y dispuso la notificación de su resolución a las oficinas del Contralor y Ética Gubernamental para la acción correspondiente.INS
P. Rico-Impulsan discusión sobre enmiendas a la Constitución para que jueces y juezas sean nombrados por ley especial
San Juan, 13 ago (INS).- Como parte del proceso de vistas públicas iniciado este jueves con el propósito de enmendar la Constitución de Puerto Rico, se impulsa la discusión de una propuesta dirigida a que los nombramientos de los jueces y juezas no recaiga sobre el Gobernador o la Legislatura.
La Comisión para el Estudio y el Derecho Constitucional de la Cámara de Representantes comenzó a atender la Resolución Concurrente de la Cámara 8 (RKC8), de la autoría de José “Conny” Varela Fernández, que dispone que los nombramientos de los jueces y jueces serán regidos por una ley especial.
La medida, sin embargo, recibió el rechazo del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) en medio de la celebración de la primera audiencia pública para evaluar el proyecto.
Según la posición del CAAPR, la aspiración de despolitizar el proceso de nominación y confirmación de jueces y juezas no será atendido con la enmienda que promueve la pieza legislativa, pues consideran que cualquier propuesta para cambiar este proceso de selección debería estar inscrita en la Constitución, en lugar de una ley especial.
De igual forma, señalaron que la redacción del proyecto no incluye los elementos que serán tomados en consideración para que en la ley especial se garantice “la pulcritud y legitimidad cuestionada”.
“En términos generales, yo pienso que la intención es buena, pero eso no basta. Se debe evitar cometer errores del pasado”, expresó el licenciado Mark Anthony Bimbela, quien compareció a la vista pública en representación de la presidenta del CAAPR, Daisy Calcaño López.
Agregó que “lo que tenemos que asegurar es que en la ejecución realmente se viabilice lo que se aspira, y ese es el mayor defecto que tiene el proyecto hasta ahora”.
El CAAPR destacó otros elementos que consideran que podrían lograr una mejor administración y selección de jueces y juezas, entre ellos la posibilidad de establecer mediante legislación la carrera judicial como mecanismo para despolitizar la Rama Judicial.
Igualmente, la competencia para la elegibilidad al puesto de juez o jueza; la fijación de criterios de evaluación, además de la participación de las escuelas de Derecho y organizaciones como el propio Colegio de Abogados y Abogadas en el proceso de recomendación de los nombramientos a la Judicatura.
Señalaron, de otra parte, que el lenguaje de la medida reproduce lo dicho en la Constitución actual, por lo que incide en “el mismo error o problema” de definir que el mecanismo de selección de jueces y juezas será definido por una ley especial.
La RKC8 establece que la enmienda propuesta será sometida para su aprobación o rechazo a los electores capacitados de Puerto Rico en un referéndum especial que será dirigido por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
“Yo estoy claro en lo que quiero hacer… lo que quiero es despolitizar totalmente, si es posible, la Judicatura”, manifestó Varela Fernández, presidente de la comisión cameral.
Reconoció, sin embargo, que “va a ser difícil quitarle ese poder al Gobernador, pero usted lo ha dicho y ha sido mi posición de que esos mismos candidatos, después de pasar ese proceso (de evaluación), se le presente una alternativa al ejecutivo”.
El también vicepresidente de la Cámara se refirió en ese sentido a las diversas opciones que se podrían considerar para el mecanismo de nombramientos de jueces y juezas.
Varela Fernández otorgó un plazo de 60 días al CAAPR para que convoque un grupo multisectorial para evaluar la propuesta y emitir mayores recomendaciones para la redacción de la medida.
Posteriormente, la CAAPR ofrecerá una posición oficial sobre la pieza legislativa.
“Si se enmienda adecuadamente la medida —porque como está la posición del Colegio es oponerse a la misma—, buscando los objetivos que el señor presidente ha señalado, sería extraordinario y sería un servicio de primer orden al país”, manifestó Bimbela.
El Departamento de Justicia, en tanto, concurrió con la postura del CAAPR, principalmente, al recomendar que la enmienda sea realizada en la Constitución y no mediante una ley especial.
Justicia aseguró que el mecanismo actual de nombramiento de jueces y juezas es funcional, aunque también reconoció que podría ser mejorado.
“Tal y como está el sistema, ¿usted lo apoya?”, cuestionó Varela Fernández a la licenciada Elba Cruz Rodríguez, portavoz del Departamento de Justicia, quien dijo a nombre del secretario Domingo Emanuelli que “ha estado funcionando, pero se puede enmendar”.
Los representantes Jesús Santa Rodríguez y Denis Márquez Lebrón objetaron las expresiones de la delegada de Justicia al coincidir en que, contrario a su planteamiento, el mecanismo actual de nombramiento de jueces y juezas no es eficaz.
“Yo creo que, como base, a corto plazo, el sistema que sea tiene que brindar la mayor participación en cuestión de la evaluación de la persona a ser juez”, dijo Santa Rodríguez. “Obviamente, como está funcionando, no está logrando el objetivo que queremos y que tengamos una Judicatura lo más sana posible”.
Márquez Lebrón refutó que su postura no es mejorar el modelo de nombramientos actual, sino que aspira a “transformarlo, revolucionarlo y cambiarlo”.
“Decir que el modelo de nombramiento judicial en Puerto Rico ha funcionado bien es desde la perspectiva del que está en el gobierno, porque ha sido un modelo discriminatorio, injusto y terrible para el país. El discrimen (sic) político en los modelos judiciales no es de la década de los 80, década de los 90, es parte de la historia de Puerto Rico siempre”, denunció el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño.
La evaluación de la RKC8 forma parte de un proceso de investigación legislativa que bajo la Resolución de la Cámara 26 (RC26) busca recomendar y desarrollar una serie de enmiendas a la Constitución.
“Todas las resoluciones que están en nuestra consideración van a ser evaluadas, van a ser estudiadas con mucho rigor. Enmendar la Carta Magna no es fácil. Otros me han dicho que no se debe tocar, pero yo creo que hay que actualizarla a los momentos que vivimos”, puntualizó Varela Fernández, del Partido Popular Democrático (PPD). INS
ndc