Inter News Service Agencia de Noticias
Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 4 ago (INS).- En un país carente de soberanía política y económica, su gobierno se reduce a ser un mero intermediario en el manejo y administración de las asignaciones de fondos asistenciales provenientes de la metrópoli.
Ese es el caso del Gobierno de Puerto Rico, cuya gobernanza se ha reducido a la de coadministrar el manejo de las ayudas federales al carecer de un plan concertado y sostenible de desarrollo económico.
Es así que el gobernador Pedro R. Pierluisi convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer cómo se distribuirán los $2,470 millones en fondos federales que recibirá Puerto Rico de la ley federal del Plan de Rescate Americano (ARPA, siglas en inglés) y otros $1,550 millones se distribuirán entre los municipios.
La administración de esos fondos está supeditada al cumplimiento con las guías federales establecidas para una iniciativa originada en Washington, con propósitos ideados que están fuera del control de las instancias gubernativas de Puerto Rico.
No hay duda de que ese dinero será de gran alivio para el pueblo puertorriqueño, pero gran parte de las ayudas serán para soluciones inmediatas sin proyecciones a largo plazo.
Del total de esos fondos federales, unos $150 millones se utilizarán para incentivar el retorno al trabajo en el sector de la construcción ($30 millones), industria de restaurantes y bares ($50 millones), el sector agrícola ($50 millones), y la cadena de distribución y hotelería ($20 millones).
Se utilizarán, además, $50 millones para la promoción de Puerto Rico como destino, $20 millones para incentivar el turismo interno, $10 millones para fomentar el entretenimiento y convenciones y otros $10 millones para mercadear la Isla como destino de inversión. También, $30 millones para revitalizar atracciones turísticas, recursos naturales y balnearios.
Únicamente, $250 millones en la segunda fase de distribución de fondos se destinarán para “futuras iniciativas estratégicas enfocadas en desarrollo económico”, adelantó el gobernador Pierluisi.
Mientras, se distribuirán $570 millones entre pagos a trabajadores esenciales del sector público y privado, de los cuales $250 millones se destinarán a un incentivo a los trabajadores esenciales del sector público y privado que han sido fundamentales en la respuesta al Covid-19.
Esto incluye a los empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación, del Departamento de Salud y los hospitales bajo su administración, así como los hospitales privados y Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT).
Otros $20 millones están destinados a reforzar la vigilancia genómica, $10 millones para recompensar a las personas vacunadas contra el COVID-19 y $1.5 millones para crear un certificado digital de vacunación de los participantes.
Otros $30 millones se destinarán para las organizaciones sin fines de lucro y $15 millones para garantizar accesibilidad a servicios de Assmca (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción) y de instituciones privadas. Asimismo, $15 millones para los centros de asistencia a la tercera edad y $15 millones para los Centros de adopción y de familia.
Hay una reserva de emergencia de $213.5 millones destinada a futuras iniciativas estratégicas.
Unos $150 millones son para respaldar a los municipios, $94 millones para la Universidad de Puerto Rico y $50 millones para reparar y remodelar centros de servicios gubernamentales. De igual forma, y para apoyar a instituciones e iniciativas culturales, se utilizarán $50 millones a esos efectos y otros $50 millones son para reparar viviendas de familias de escasos recursos.
Se utilizarán unos $25 millones para proporcionar subvenciones a todos los hospitales públicos y mantener su liquidez y con $15 millones se proveerán recursos para facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia incluyendo la protección de testigos y mejoras al albergue de víctimas.
Tanto la Rama Legislativa como la Judicatura recibirán $20 millones cada una para sus respectivas necesidades, que serán divididos en dos años. La reserva de emergencia en este renglón de gobierno de excelencia es de $81 millones.
Entretanto, $276.8 millones son para reparar los daños estructurales de las instituciones educativas y con una cierta durabilidad podrían considerarse $130 millones se utilizarán para invertir en proyectos de acueductos y alcantarillados en el Caño Martín Peña, y $100 millones para el mantenimiento de carreteras.
También, $27.8 millones para reparar los daños en estaciones de bombeo de agua que mantiene el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para proteger a las comunidades propensas a las inundaciones en caso de tormentas.
Además, $10 millones para iniciativas de conservación ambiental y $55.3 millones de reserva de emergencia que se destinará a futuras iniciativas estratégicas.
La llegada a Puerto Rico de esa gran cuantía de dinero en fondos federales no sienta un basamento duradero a un plan de desarrollo económico para Puerto Rico que pueda catalogarse de sostenible y que provea sustentabilidad a la economía del país con proyecciones a largo plazo y que sea garantía de un futuro promisorio. INS
rsm/ndc