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San Juan, 21 jun (INS).- El Senado de Puerto Rico aprobó hoy durante su sesión ordinaria el PS267 para establecer como política pública que los municipios puedan identificar en sus respectivas jurisdicciones aquellas propiedades pertenecientes a Pridco que se encuentren en desuso y sean cedidos en usufructo mediante un proceso expedito.
“De esa manera, los municipios podrán identificar en sus respectivas jurisdicciones aquellas propiedades de la Compañía de Fomento Industrial que no se están desarrollando y activar su potencial económico, no solo para esa región en específico, sino en beneficio de todo Puerto Rico”, expresó la autora de la medida Migdalia González Arroyo.
El PS267 propone enmendar el “Código Municipal de Puerto Rico” y la “Ley de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico” para que se establezca como política publica que los municipios puedan identificar en sus respectivas jurisdicciones aquellas propiedades de Pridco en desuso y que sean cedidas en usufructo mediante un proceso expedito.
Asimismo, enmendaría la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” para excluir las cesiones en usufructo entre agencias y municipios.
Durante el proceso de la evaluación se concluyó que la medida “no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de los gobiernos municipales, sin que estos la hayan proyectado previamente”.
El senador Ramón Ruiz Nieves, quien favoreció la medida, expresó que “si queremos ayudar a los municipios, ahora tenemos una oportunidad de transferirles unos activos a través de un usufructo… Esta medida atempera el reclamo de los ejecutivos municipales, que han dicho, dame las herramientas Gobierno central que estoy disponible, y eso es lo que envuelve el PS267”.
El Senado aprobó, además, el Proyecto de la Cámara 766 para crear la “Ley para garantizar la negociación colectiva” a los fines de garantizar el funcionamiento del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía.
“Esta es la protección que proveen los convenios colectivos y los derechos de organización sindical de los trabajadores y trabajadoras. Sin estas protecciones las dinámicas laborales y políticas amenazarían con la estocada final a los servidores públicos, provocando que estos lleven la defensa obligada de su sustento y el de sus familias a las ultimas consecuencias”, menciona la medida en su exposición de motivos.
La pieza legislativa fue aprobada con 20 votos a favor y con los votos en contra de las delegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño y el Proyecto Dignidad.
Otra de las medidas avaladas fue la Resolución del Senado 161, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, que busca se realice una investigación sobre el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que actualmente está en un proceso de renegociación ante el Tribunal de Quiebras federal y requerirá acción legislativa para su implementación, con el fin de lograr un acuerdo de reestructuración justo, sostenible y de conformidad con la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico”.
Igualmente, se dio paso al Proyecto del Senado 76, de la autoría del senador Thomas Rivera Schatz, que enmienda la “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico” y el “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de eliminar el requisito de referido para beneficiarios de enfermedades crónicas y de alto costo.
Además, se aprobó de la autoría del senador Ruiz Nieves el Proyecto del Senado 111 para enmendar la “Ley del Programa de Desarrollo Artesanal” a los fines de realizar enmiendas técnicas para atemperar la misma al marco legal vigente, adicionar mecanismos de ajustes que aseguren su debida fiscalización y efectividad, incorporar normas para los procesos de certificación y Registro de Artesanos, así́ como precisar alternativas de recursos para la exportación de productos.
Asimismo, se aprobó el Proyecto del Senado 202, de la autoría del senador William Villafañe, para enmendar la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de aumentar los beneficios de los que son acreedores, el cónyuge supérstite o los dependientes, del empleado que falleciere en el cumplimiento del deber, aumentando tal beneficio a 24 mensualidades del salario bruto devengado y para aumentar la partida de gastos fúnebres hasta un máximo de 5,000 dólares. INS
ndc