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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 13 jun (INS).- La discusión sobre el problema en las relaciones coloniales de Puerto Rico con Estados Unidos promete ser candente esta semana. El miércoles en el Comité de Recursos Naturales del Congreso estadounidense, y el viernes, cuando el caso vuelva por enésima vez al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas.
Será una semana noticiosa sobre este asunto para la prensa, con una diferencia de dos días entre ambos debates, pero verdaderamente con pocas expectativas de que ambos, tanto de parlamentarios en Estados Unidos, como de diplomático en las Naciones Unidas, tengan resultados prácticos en la realidad dentro de un futuro predecible para Puerto Rico.
Para entender el caso, es necesario considerar que ciertamente hay un problema de definición identitaria de Puerto Rico como nación, que deriva de la relación colonial de más de un siglo con Estados Unidos, pero no se trata tanto de una pugna idiomática o cultural.
No pugnan en este asunto una batalla de identidades entre dos culturas -la anglosajona y la hispánica- en el escenario geográfico de Puerto Rico. Es un problema político de identidad nacional por la interferencia del colonialismo.
El inglés no ha podido imponerse en Puerto Rico y suplantar al español, a pesar del largo dominio estadounidense. La asimilación de rasgos de la cultura anglosajona no ha sido mayor en Puerto Rico que la habida en otros países de Latinoamérica y del mundo por la gran influencia mundial de Estados Unidos. El idioma español y la cultura puertorriqueña siguen con inmarcesible lozanía y vitalidad.
Empero, dentro de la puertorriqueñidad permea una indefinición vivencial de identidad nacional. No es, por lo tanto, un problema cultural, sino uno estrictamente político.
En la relación política y económica estrecha de Puerto Rico con Estados Unidos hay un problema entrañable y esencial de un mal que ensombrece esa relación y que impide el desarrollo pleno del territorio puertorriqueño como nación: el mal del colonialismo.
Ambos debates deben centrarse en el hecho a considerar que, si los puertorriqueños insisten en rechazar la soberanía y la independencia y quieren seguir siendo ciudadanos estadounidenses bajo la tutela de Estados Unidos, entonces hay que sanear esa relación política aviesa de más de un siglo.
Establecer una relación política, que nunca será entre iguales, debido a que el poderío de Estados Unidos siempre prevalecerá; pero sí una relación de respeto mutuo.
El respeto mutuo de esa relación política tiene que asegurarse que provenga también de Washington hacia Puerto Rico. No en una sola vía, como siempre ha sido, del territorio puertorriqueño hacia Estados Unidos.
En esa nueva relación política tiene que haber posibilidades de un desarrollo económico sostenible para Puerto Rico, sin ataduras de dependencias. Debe haber menos mendicidad colonial y más posibilidades de esfuerzo propio de los puertorriqueños, de manera que esa nueva relación política permita el fortalecimiento económico de una mayor autosuficiencia de Puerto Rico.
Tanto el Congreso estadounidense como el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas tienen que interiorizarse en la posibilidad política de que Puerto Rico deje de ser un país reducido a mero consumidor dentro de un mercado cautivo resultante de esa relación política y económica con Estados Unidos, para convertirse en un país también productor, tanto de las necesidades propias como con capacidad de exportación en los mercados internacionales. Poder negociar, además, acuerdos económicos con otros países.
Es imperativo analizar fríamente si la anexión asimiladora de la estadidad significa verdaderamente sacrificar mucho del potencial de Puerto Rico como nación, sumiéndonos en la dependencia absoluta.
Parte de la dilucidación tendrá que ser si la estadidad para Puerto Rico sería un pago muy alto por una ciudadanía estadounidense y una relación permanentemente indisoluble a la que se apegan los puertorriqueños para tener seguridad.
La creatividad política, tanto del Congreso estadounidense como del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, será indispensable para considerar la posibilidad de esa nueva interrelación política asociativa dentro de la Constitución de Estados Unidos, fuera de un estricto y estrecho orden jurídico federal que ampare a Puerto Rico como extensión política estadounidense no colonial de ultramar. INS
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