Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 10 junio de 2021
P. Rico-CASP ha recibido 2,400 solicitudes de apelaciones de exempleados de la AEE, inconformes con su movilidad a otras entidades públicas tras la privatización de la empresa Luma Energy
San Juan, 10 jun (INS).- La Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) ha recibido miles de apelaciones de exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), inconformes con su movilidad a otras entidades públicas tras la privatización de la empresa Luma Energy.
El presidente de la CASP, Laudelino Mulero, informó que, hasta ayer, la dependencia pública contaba con un aproximado de 8,286 casos activos, de los cuales más de 6,000 son solicitudes de apelación.
La agencia constituye el foro apelativo al que deben recurrir los empleados públicos que desean revisar dictámenes relacionados con sus condiciones de empleo.
A pocos días del comienzo de operaciones de Luma Energy, trascendió que la CASP había recibido más de 2,400 solicitudes de apelaciones por parte de exempleados de la AEE.
Mulero hizo las expresiones en una audiencia pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, que evalúa el proyecto 810, que busca establecer un tiempo límite para la adjudicación de controversias pendientes en momentos en que la agencia ha recibido las apelaciones de exempleados de la AEE.
Mulero atribuyó la imposibilidad de resolver todas las apelaciones presentadas en un término máximo propuesto de seis meses –desde el momento que se apruebe la medida– por la situación presupuestaria de la agencia y una escasez significativa de personal.
La CASP cuenta con un total de 37 empleados, de los cuales ocho se dedican a atender los casos de apelación.
La pieza legislativa -sometida por los representantes Denis Márquez Lebrón, Luis Ortiz Lugo y Luis Raúl Torres Cruz- enmendaría el Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público (Ley 2 de 2010).
Actualmente, el estatuto no establece ningún término específico dentro del cual el foro adjudicador deba resolver las controversias ante su consideración.
Según la exposición de motivos de la medida, esta situación ha permitido que los procedimientos ante la CASP puedan tomar meses o hasta años en resolverse, afectando el derecho de los trabajadores a que sus reclamaciones sean atendidas de forma diligente.
El presidente de la CASP informó a la comisión cameral que han logrado reducir el tiempo promedio de un caso ante consideración de 1,340 días (3.67 años) a 854.58 días (2.34 años).
El funcionario afirmó que la reducción mayor se ha dado en los casos de apelaciones, los cuales promediaban 1,581.64 días (4.33 años) y se ha reducido a 832.57 días (2.28 años).
Sin embargo, Mulero reconoció a la comisión cameral que existen cerca de 1,500 casos –entre solicitudes de apelaciones y de arbitraje– que llevan más de diez años sin resolver.INS
P. Rico-Gobernador convierte en ley el proyecto de la Cámara 120, sobre retiro de servidores públicos, y veta el 450, que buscaba determinar si contrato de Luma Energy era nulo
San Juan, 10 jun (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi convirtió este miércoles en ley el proyecto de la Cámara 120, con lo que reafirmó su política pública de cero recortes a las pensiones en el gobierno y de proveer un retiro digno y seguro a todos los servidores públicos de Puerto Rico.
De otra parte, el gobernador emitió un veto expreso al proyecto del Senado 450, quE buscaba determinar si el contrato que le otorgó el gobierno a la empresa Luma Energy era nulo debido a un incumplimiento con la Ley para el Registro Inmobiliario de Puerto Rico.
Además, el proyecto senatorial 450 pretendía agregar un inciso al artículo 5 de la “Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico”, para temperar la legislación vigente al Derecho Constitucional a la negociación colectiva.
“Los pensionados públicos dedicaron años de su vida al servicio de nuestro pueblo y fueron el motor del desarrollo de nuestra sociedad moderna. Sin embargo, debido a la irresponsabilidad administrativa y gerencial que se extendió por décadas, los sistemas de retiro fueron afectándose. El gobierno de Puerto Rico reformó totalmente su principal sistema de pensiones en el 2013 afectando significativamente los beneficios de nuestros pensionados. No existe justificación fiscal o legal para los recortes adicionales propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dado que ya los pensionados, como acreedores del gobierno, recibieron ese ajuste”, sostuvo el gobernador.
Añadió que, “por otro lado, el recorte es injusto porque afecta las finanzas de miles de exservidores públicos que sufrirían otro golpe a sus pensiones, todo por un capricho legal de la Junta. El proyecto de la Cámara 120 persigue el fin de enviar un mensaje a la Junta de que el Gobierno de Puerto Rico luchará por no dar paso a un recorte a las pensiones, con lo que estoy de acuerdo, y por eso he estampado mi firma y convertido en Ley esta medida”.
El gobernador advirtió de las consecuencias legales que podría acarrear la firma de la ley debido a que la medida en cuestión es inconsistente con el Plan Fiscal y viola la Ley Promesa.
“En cumplimiento con mi juramento como gobernador de Puerto Rico de mantener y defender la Constitución y las leyes de Estados Unidos y Puerto Rico, y a tenor con la Sección 204(a) de Promesa, el gobierno de Puerto Rico le notificará a la JSF que el proyecto de la Cámara 120 es significativamente inconsistente con el plan fiscal certificado. No obstante, como he dicho, mi compromiso es honrar todas las pensiones del gobierno de Puerto Rico y buscar todas las maneras de lograrlo. Por consiguiente, firmo la medida en ánimo de que la Junta recapacite en su insistencia en recortes a las pensiones, los cuales son innecesarios, tanto legal como fiscalmente”, expresó el primer ejecutivo.
De otra parte, el gobernador emitió un veto expreso al proyecto del Senado 450, debido a que “presenta un menoscabo de obligaciones contractuales y al derecho de los trabajadores, afecta el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, viola normas federales y es inconsistente significativamente con los planes fiscales certificados en violación a la Ley Promesa”-
“Específicamente, el proyecto 450 es inconstitucional, pues interfiere, añade obligaciones y menoscaba directamente las obligaciones contractuales entre Luma, la AEE, la APP y sus empleados, sin justificación racional o necesidad alguna. A su vez, el 450 padece de vicios constitucionales al interferir con los derechos constitucionales de libertad de asociación y de organizarse y negociar colectivamente de los trabajadores que aceptaron una oferta de empleo de Luma. Además, dicha medida tiene el efecto de afectar a unos empleados de un patrono privado al sindicalizarlos bajo una unión en particular sin tener el derecho democrático de escoger su representante sindical particular. De otro lado, la medida representa un ejercicio inválido bajo el alcance de la jurisdicción de Puerto Rico, ya que está reñida irremediablemente con legislación federal que regula y ocupa el campo de las relaciones obrero-patronales en el sector privado”, estableció el gobernador.
El primer ejecutivo reiteró su compromiso con los trabajadores: “Esta administración tiene un firme compromiso de salvaguardar, reconocer, defender y respetar los derechos de todos los trabajadores. No obstante, por los fundamentos antes expuestos, le imparto un veto expreso a la medida al concluir que el 450 enfrenta múltiples problemas legales y constitucionales que impiden su aprobación”.
El mandatario también estampó su firma en el proyecto de la Cámara 524 y en la resolución conjunta de la Cámara 71.
El primero es para prohibir que se considere una violación a las condiciones de libertad a prueba o para conceder los beneficios de una probatoria, el uso de cannabis medicinal, mientras que la segunda es para reasignar al municipio de Hormigueros 431,829 dólares para obras y mejoras permanentes.INS
P. Rico-Entra en discusión medida para salvaguardar solvencia del Sistema de Retiro de la UPR
San Juan, 10 jun (INS).- La Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, presidida por el representante Domingo J. Torres García, inició este miércoles vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 119 (PC119), que persigue elevar a rango de ley el Fideicomiso del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La medida crearía un sistema parte de la Universidad, pero con independencia administrativa y fiscal. De aprobarse la pieza, la Junta del Sistema de Retiro sería reconocida como fiduciario sucesor a perpetuidad.
El proyecto, presentado por los representantes Lourdes Ramos Rivera y Carlos Johnny Méndez, se interpone ante la junta de Gobierno de la UPR, que propone enmiendas al Fideicomiso, en específico, sobre los criterios de elegibilidad a la pensión del Plan de Beneficios Definidos vigente.
Según Ramos Rivera, esa acción propuesta por la junta de Gobierno congelaría el Plan de Retiro de Beneficios Definidos y convierte el Sistema de Retiro en un plan de jubilación 401k.
De acuerdo con Luis A. Vicenty Santini, presidente de la Junta del Sistema de Retiro, el PC119 ayuda a dotar la solvencia del sistema.
El representante de los pensionados destacó en su interlocución que la junta de Gobierno de la UPR “está tratando de cambiar un sistema que no está quebrado y en el que hay sobre 19 mil participantes activos y jubilados”, por lo que este proyecto de ley reafirma “un compromiso para proteger el sistema de retiro de nuestros pensionados”.
Vicenty Santini declaró que el mayor problema que ha tenido el Sistema de Retiro ha sido las aportaciones que ha incumplido la junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. “Pedimos que se interpele a los funcionarios de esa junta sobre los casos que ya se han visto en corte”, destacó.
Agregó que ningún miembro de la Junta del Sistema de Retiro UPR cobra por sus servicios, pues “aquí somos todos voluntarios y electos por la comunidad universitaria; es un trabajo arduo y de solidaridad universitaria”.
Aseguran que existen asuntos ideológicos encontrados
También, el presidente del Sistema de Retiro argumentó que tanto la junta de Gobierno como la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han expresado asuntos ideológicos distintos a los de la organización que representa.
“Aquí el problema es que tenemos una junta de Gobierno que, en términos ideológicos, está cortando el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico sin razonar la importancia de mantener el sistema funcionando. En términos del sistema de jubilados, hay un asunto ideológico de parte de la JSF, que entiende que en Puerto Rico no puede haber un sistema de retiros con planes de beneficios definidos”, destacó Vicenty Santini.
Agregó que ese es el argumento, frente a un plan que paga sus pensiones directo de su fondo, que tiene un asesor de cartera de inversiones que dice que está entre los primeros sistemas de retiro de la nación norteamericana de créditos de inversiones.
A su vez, el representante de la Junta del Sistema de Retiro recibió el apoyo del presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez Rivera, quien expresó en su ponencia, que la JSF “ha tenido y aún tiene entre sus planes, desde su primer Plan Fiscal para la UPR en 2017, desmantelar nuestro sistema de beneficios definidos”.
“Su propuesta es convertir nuestro sistema en uno de beneficios indefinidos, que sabemos que no provee para una pensión digna para nuestros pensionados y pensionadas. La postura de la Junta es completamente ideológica. Han manifestado que aún, cuando nuestro Sistema de Retiro tuviera una solvencia de 100 por ciento, ellos desean un plan de beneficios indefinidos”, agregó.
Rodríguez Rivera insistió que “la JSF ha sido tan fuerte, que la Junta de Gobierno de la UPR, en su reunión del 25 de marzo de 2021, optó por convertir el plan de beneficios definidos en uno de beneficios indefinidos para el personal de menos de 10 años. Esta decisión, tomada sin estudios actuariales que la sostengan, tendrá el efecto de provocar la insolvencia del Fideicomiso, o de provocar aumentos irrazonables en las aportaciones patronales para poder mantenerlo”.
Más tarde, los legisladores recibieron la comparecencia de la profesora Mayra Velasco Bonilla, vicepresidenta de la junta de Gobierno de la UPR, quien defendió el plan de un sistema 401k, también conocido como un sistema de beneficios indefinidos.
De acuerdo a su ponencia, Velasco Bonilla entiende que “la deuda actuarial de la UPR (al Sistema de Retiro) no surge por falta de aportaciones, sino que es una consecuencia del diseño del plan, el cual se ha agravado por decisiones del pasado que concedieron mayores beneficios sin el financiamiento adecuado y utilizando premisas actuariales demasiado optimistas”.
La vicepresidenta de la Junta entiende que un sistema de beneficios definidos es “imposible de sostener en la situación fiscal actual de la isla”.
“Es una realidad que las determinaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con respecto a las aportaciones que recibe la UPR provenientes del Fondo General, han significado una reducción de ingresos anuales que sobrepasan los $330 millones. A consecuencia de ello, la UPR cuenta con recursos limitados”, resaltó.
Velasco Bonilla también señaló, que si no se adoptan reformas al Sistema de Retiro, “las aportaciones anuales requeridas para el pago de la aportación patronal de la UPR ascienden a $201 millones, es decir, $41 millones más que la aportación que contiene el Plan Fiscal propuesto por la UPR y $91 millones más que la versión de la JSF. En ese sentido, en cualquiera de los dos escenarios, para que el PC 119 sea viable, la medida debe proveer una asignación de fondos para cubrir la deficiencia”.
“El Plan Fiscal que propone la Junta de Gobierno según aprobado en la Certificación Número 77, demuestra que la UPR tiene el compromiso de velar por la sana administración del Sistema de Retiro y reducir cualquier impacto negativo en los participantes, particularmente aquellos que ya están retirados o “vested”, recalcó.
La vista pública contó con la participación de los representantes Denis Márquez Lebrón del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Juan José Santiago del Partido Popular Democrático (PPD). INS
P. Rico-Alcaldes se reúnen con LUMA Energy ante crisis de apagones en todo el país
Guaynabo, 10 jun (INS).- El alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, y su homólogo de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, se reunieron este miércoles con el licenciado José Pérez que funge como asesor de asuntos externos de LUMA Energy, para tratar el tema de los apagones en diversos puntos del país, y la falta de brigadas para atender los casos reportados.
“Previo a la llegada de LUMA Energy, Guaynabo enfrentaba constantes apagones e intermitencia en el servicio por la deteriorada infraestructura del sistema de transmisión y distribución de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica). Ahora con la transición a LUMA, el problema ha hecho crisis y tenemos comunidades con hasta cinco días sin el servicio”, dijo Pérez Otero presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, que reúne a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Ante esta situación “reclamamos conocer plan de trabajo de LUMA para atender esta situación con la urgencia que amerita”.
Hernández Ortiz, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, cuestionó si la situación se debe a que no hay celadores suficientes que hayan sido contratados, “porque ahora mismo lo que tenemos es la labor del día a día, no imaginemos lo que pasará en caso de tormenta”.
El presidente del organismo que reúne a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) mencionó un caso particular en Villalba, donde hay hay una comunidad con diez casas sin servicio de energía eléctrica por la caída de un poste del tendido eléctrico.
“Ya ese no es un caso para una brigada de celadores, eso requiere de personal y equipo distinto, y queremos saber si LUMA Energy está preparado para estas situaciones”, apuntó Hernández Ortiz.
Esta misma semana LUMA facilitará a ambos gremios de alcaldes los contactos de las personas encargadas a nivel de las regiones, para que se pueda canalizar la información adecuadamente.
“Este encuentro es el inicio, nos vamos a seguir reuniendo en la medida en que sea necesario”, añadió Pérez Otero.
Precisamente esta tarde, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de inundaciones repentinas para 38 pueblos de Puerto Rico, principalmente en la zona norte, debido a fuertes aguaceros producto de la combinación entre una vaguada en niveles altos y la humedad de una onda tropical.
La meteoróloga Fernanda Ramos Garcés informó que ya hay sectores que han recibido más de tres pulgadas de lluvia y se espera más. INS
P. Rico-Exige SPU al gobernador Pierluisi que reconozca como primeros respondedores a los empleados del ICF
San Juan, 10 jun (INS).- La Local 2099 de Servidores Públicos Unidos (SPU) solicitó este miércoles al gobernador Pedro R. Pierluisi que reconozca a los trabajadores esenciales del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) como primeros respondedores con los diversos incentivos que esto conlleva, toda vez que laboran 24/7 durante este tipo de emergencia y están altamente expuestos a riesgos.
También solicitaron que se apruebe los fondos solicitados en el presupuesto por la directora del ICF, María Conte Miller, para otorgar un aumento de salario a la totalidad del personal, que por muchos años han sido olvidados salarialmente.
“En el ICF se labora 24/7, se reciben los cadáveres para ser evaluados y se construya la cadena de evidencia, donde también estamos expuestos al contagio directo de casos positivos de Covid-19, nosotros trabajamos en cualquier tipo de emergencia, sea huracanes, temblores, pandemia”, señaló Aixa Estrada, presidenta SPU, Local 2099 ICF.
Aclaró que “nunca cesamos operaciones, pero a la hora de recompensarnos no se nos consideran los incentivos por alto riesgo como a otros grupos de trabajadores. Por eso solicitamos respetuosamente al Gobernador que ya es hora de que se reconozca la labor que hacemos en el Instituto de Ciencias Forenses”.
Por su parte, Benjamín Borges, síndico de SPU, destacó que su organización ha sido consistente en reclamarle al gobernador Pierluisi que utilice los fondos destinados en el Plan Americano de Recuperación para hacerle justicia a los servidores públicos que han arriesgado su salud y su vida durante la emergencia por el Covid-19.
“En SPU contamos con muchas clasificaciones y agencias que deberían recibir estos fondos y no lo han hecho. Claramente los compañeros del Instituto de Ciencias Forenses han realizado una labor encomiable durante toda esta pandemia así como siempre lo han hecho en tiempos de emergencias o crisis. El Gobernador debe ampliar estos incentivos a todos los servidores públicos que han estado laborando en alto riesgo durante todo este proceso. Hay que reconocer esta labor y hacerles justicia”, enfatizó. INS
P. Rico-CASP ha recibido 2,400 solicitudes de apelaciones de exempleados de la AEE, inconformes con su movilidad a otras entidades públicas tras la privatización de la empresa Luma Energy
San Juan, 10 jun (INS).- La Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) ha recibido miles de apelaciones de exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), inconformes con su movilidad a otras entidades públicas tras la privatización de la empresa Luma Energy.
El presidente de la CASP, Laudelino Mulero, informó que, hasta ayer, la dependencia pública contaba con un aproximado de 8,286 casos activos, de los cuales más de 6,000 son solicitudes de apelación.
La agencia constituye el foro apelativo al que deben recurrir los empleados públicos que desean revisar dictámenes relacionados con sus condiciones de empleo.
A pocos días del comienzo de operaciones de Luma Energy, trascendió que la CASP había recibido más de 2,400 solicitudes de apelaciones por parte de exempleados de la AEE.
Mulero hizo las expresiones en una audiencia pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, que evalúa el proyecto 810, que busca establecer un tiempo límite para la adjudicación de controversias pendientes en momentos en que la agencia ha recibido las apelaciones de exempleados de la AEE.
Mulero atribuyó la imposibilidad de resolver todas las apelaciones presentadas en un término máximo propuesto de seis meses –desde el momento que se apruebe la medida– por la situación presupuestaria de la agencia y una escasez significativa de personal.
La CASP cuenta con un total de 37 empleados, de los cuales ocho se dedican a atender los casos de apelación.
La pieza legislativa -sometida por los representantes Denis Márquez Lebrón, Luis Ortiz Lugo y Luis Raúl Torres Cruz- enmendaría el Plan de Reorganización de la Comisión Apelativa del Servicio Público (Ley 2 de 2010).
Actualmente, el estatuto no establece ningún término específico dentro del cual el foro adjudicador deba resolver las controversias ante su consideración.
Según la exposición de motivos de la medida, esta situación ha permitido que los procedimientos ante la CASP puedan tomar meses o hasta años en resolverse, afectando el derecho de los trabajadores a que sus reclamaciones sean atendidas de forma diligente.
El presidente de la CASP informó a la comisión cameral que han logrado reducir el tiempo promedio de un caso ante consideración de 1,340 días (3.67 años) a 854.58 días (2.34 años).
El funcionario afirmó que la reducción mayor se ha dado en los casos de apelaciones, los cuales promediaban 1,581.64 días (4.33 años) y se ha reducido a 832.57 días (2.28 años).
Sin embargo, Mulero reconoció a la comisión cameral que existen cerca de 1,500 casos –entre solicitudes de apelaciones y de arbitraje– que llevan más de diez años sin resolver.INS
P. Rico-Gobernador convierte en ley el proyecto de la Cámara 120, sobre retiro de servidores públicos, y veta el 450, que buscaba determinar si contrato de Luma Energy era nulo
San Juan, 10 jun (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi convirtió este miércoles en ley el proyecto de la Cámara 120, con lo que reafirmó su política pública de cero recortes a las pensiones en el gobierno y de proveer un retiro digno y seguro a todos los servidores públicos de Puerto Rico.
De otra parte, el gobernador emitió un veto expreso al proyecto del Senado 450, quE buscaba determinar si el contrato que le otorgó el gobierno a la empresa Luma Energy era nulo debido a un incumplimiento con la Ley para el Registro Inmobiliario de Puerto Rico.
Además, el proyecto senatorial 450 pretendía agregar un inciso al artículo 5 de la “Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico”, para temperar la legislación vigente al Derecho Constitucional a la negociación colectiva.
“Los pensionados públicos dedicaron años de su vida al servicio de nuestro pueblo y fueron el motor del desarrollo de nuestra sociedad moderna. Sin embargo, debido a la irresponsabilidad administrativa y gerencial que se extendió por décadas, los sistemas de retiro fueron afectándose. El gobierno de Puerto Rico reformó totalmente su principal sistema de pensiones en el 2013 afectando significativamente los beneficios de nuestros pensionados. No existe justificación fiscal o legal para los recortes adicionales propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dado que ya los pensionados, como acreedores del gobierno, recibieron ese ajuste”, sostuvo el gobernador.
Añadió que, “por otro lado, el recorte es injusto porque afecta las finanzas de miles de exservidores públicos que sufrirían otro golpe a sus pensiones, todo por un capricho legal de la Junta. El proyecto de la Cámara 120 persigue el fin de enviar un mensaje a la Junta de que el Gobierno de Puerto Rico luchará por no dar paso a un recorte a las pensiones, con lo que estoy de acuerdo, y por eso he estampado mi firma y convertido en Ley esta medida”.
El gobernador advirtió de las consecuencias legales que podría acarrear la firma de la ley debido a que la medida en cuestión es inconsistente con el Plan Fiscal y viola la Ley Promesa.
“En cumplimiento con mi juramento como gobernador de Puerto Rico de mantener y defender la Constitución y las leyes de Estados Unidos y Puerto Rico, y a tenor con la Sección 204(a) de Promesa, el gobierno de Puerto Rico le notificará a la JSF que el proyecto de la Cámara 120 es significativamente inconsistente con el plan fiscal certificado. No obstante, como he dicho, mi compromiso es honrar todas las pensiones del gobierno de Puerto Rico y buscar todas las maneras de lograrlo. Por consiguiente, firmo la medida en ánimo de que la Junta recapacite en su insistencia en recortes a las pensiones, los cuales son innecesarios, tanto legal como fiscalmente”, expresó el primer ejecutivo.
De otra parte, el gobernador emitió un veto expreso al proyecto del Senado 450, debido a que “presenta un menoscabo de obligaciones contractuales y al derecho de los trabajadores, afecta el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, viola normas federales y es inconsistente significativamente con los planes fiscales certificados en violación a la Ley Promesa”-
“Específicamente, el proyecto 450 es inconstitucional, pues interfiere, añade obligaciones y menoscaba directamente las obligaciones contractuales entre Luma, la AEE, la APP y sus empleados, sin justificación racional o necesidad alguna. A su vez, el 450 padece de vicios constitucionales al interferir con los derechos constitucionales de libertad de asociación y de organizarse y negociar colectivamente de los trabajadores que aceptaron una oferta de empleo de Luma. Además, dicha medida tiene el efecto de afectar a unos empleados de un patrono privado al sindicalizarlos bajo una unión en particular sin tener el derecho democrático de escoger su representante sindical particular. De otro lado, la medida representa un ejercicio inválido bajo el alcance de la jurisdicción de Puerto Rico, ya que está reñida irremediablemente con legislación federal que regula y ocupa el campo de las relaciones obrero-patronales en el sector privado”, estableció el gobernador.
El primer ejecutivo reiteró su compromiso con los trabajadores: “Esta administración tiene un firme compromiso de salvaguardar, reconocer, defender y respetar los derechos de todos los trabajadores. No obstante, por los fundamentos antes expuestos, le imparto un veto expreso a la medida al concluir que el 450 enfrenta múltiples problemas legales y constitucionales que impiden su aprobación”.
El mandatario también estampó su firma en el proyecto de la Cámara 524 y en la resolución conjunta de la Cámara 71.
El primero es para prohibir que se considere una violación a las condiciones de libertad a prueba o para conceder los beneficios de una probatoria, el uso de cannabis medicinal, mientras que la segunda es para reasignar al municipio de Hormigueros 431,829 dólares para obras y mejoras permanentes.INS
P. Rico-Alcaldes se reúnen con LUMA Energy ante crisis de apagones en todo el país
Guaynabo, 10 jun (INS).- El alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, y su homólogo de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, se reunieron este miércoles con el licenciado José Pérez que funge como asesor de asuntos externos de LUMA Energy, para tratar el tema de los apagones en diversos puntos del país, y la falta de brigadas para atender los casos reportados.
“Previo a la llegada de LUMA Energy, Guaynabo enfrentaba constantes apagones e intermitencia en el servicio por la deteriorada infraestructura del sistema de transmisión y distribución de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica). Ahora con la transición a LUMA, el problema ha hecho crisis y tenemos comunidades con hasta cinco días sin el servicio”, dijo Pérez Otero presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, que reúne a los ejecutivos municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Ante esta situación “reclamamos conocer plan de trabajo de LUMA para atender esta situación con la urgencia que amerita”.
Hernández Ortiz, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, cuestionó si la situación se debe a que no hay celadores suficientes que hayan sido contratados, “porque ahora mismo lo que tenemos es la labor del día a día, no imaginemos lo que pasará en caso de tormenta”.
El presidente del organismo que reúne a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) mencionó un caso particular en Villalba, donde hay hay una comunidad con diez casas sin servicio de energía eléctrica por la caída de un poste del tendido eléctrico.
“Ya ese no es un caso para una brigada de celadores, eso requiere de personal y equipo distinto, y queremos saber si LUMA Energy está preparado para estas situaciones”, apuntó Hernández Ortiz.
Esta misma semana LUMA facilitará a ambos gremios de alcaldes los contactos de las personas encargadas a nivel de las regiones, para que se pueda canalizar la información adecuadamente.
“Este encuentro es el inicio, nos vamos a seguir reuniendo en la medida en que sea necesario”, añadió Pérez Otero.
Precisamente esta tarde, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de inundaciones repentinas para 38 pueblos de Puerto Rico, principalmente en la zona norte, debido a fuertes aguaceros producto de la combinación entre una vaguada en niveles altos y la humedad de una onda tropical.
La meteoróloga Fernanda Ramos Garcés informó que ya hay sectores que han recibido más de tres pulgadas de lluvia y se espera más. INS
P. Rico-Exige SPU al gobernador Pierluisi que reconozca como primeros respondedores a los empleados del ICF
San Juan, 10 jun (INS).- La Local 2099 de Servidores Públicos Unidos (SPU) solicitó este miércoles al gobernador Pedro R. Pierluisi que reconozca a los trabajadores esenciales del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) como primeros respondedores con los diversos incentivos que esto conlleva, toda vez que laboran 24/7 durante este tipo de emergencia y están altamente expuestos a riesgos.
También solicitaron que se apruebe los fondos solicitados en el presupuesto por la directora del ICF, María Conte Miller, para otorgar un aumento de salario a la totalidad del personal, que por muchos años han sido olvidados salarialmente.
“En el ICF se labora 24/7, se reciben los cadáveres para ser evaluados y se construya la cadena de evidencia, donde también estamos expuestos al contagio directo de casos positivos de Covid-19, nosotros trabajamos en cualquier tipo de emergencia, sea huracanes, temblores, pandemia”, señaló Aixa Estrada, presidenta SPU, Local 2099 ICF.
Aclaró que “nunca cesamos operaciones, pero a la hora de recompensarnos no se nos consideran los incentivos por alto riesgo como a otros grupos de trabajadores. Por eso solicitamos respetuosamente al Gobernador que ya es hora de que se reconozca la labor que hacemos en el Instituto de Ciencias Forenses”.
Por su parte, Benjamín Borges, síndico de SPU, destacó que su organización ha sido consistente en reclamarle al gobernador Pierluisi que utilice los fondos destinados en el Plan Americano de Recuperación para hacerle justicia a los servidores públicos que han arriesgado su salud y su vida durante la emergencia por el Covid-19.
“En SPU contamos con muchas clasificaciones y agencias que deberían recibir estos fondos y no lo han hecho. Claramente los compañeros del Instituto de Ciencias Forenses han realizado una labor encomiable durante toda esta pandemia así como siempre lo han hecho en tiempos de emergencias o crisis. El Gobernador debe ampliar estos incentivos a todos los servidores públicos que han estado laborando en alto riesgo durante todo este proceso. Hay que reconocer esta labor y hacerles justicia”, enfatizó. INS
P. Rico-Entra en discusión medida para salvaguardar solvencia del Sistema de Retiro de la UPR
San Juan, 10 jun (INS).- La Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, presidida por el representante Domingo J. Torres García, inició este miércoles vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 119 (PC119), que persigue elevar a rango de ley el Fideicomiso del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La medida crearía un sistema parte de la Universidad, pero con independencia administrativa y fiscal. De aprobarse la pieza, la Junta del Sistema de Retiro sería reconocida como fiduciario sucesor a perpetuidad.
El proyecto, presentado por los representantes Lourdes Ramos Rivera y Carlos Johnny Méndez, se interpone ante la junta de Gobierno de la UPR, que propone enmiendas al Fideicomiso, en específico, sobre los criterios de elegibilidad a la pensión del Plan de Beneficios Definidos vigente.
Según Ramos Rivera, esa acción propuesta por la junta de Gobierno congelaría el Plan de Retiro de Beneficios Definidos y convierte el Sistema de Retiro en un plan de jubilación 401k.
De acuerdo con Luis A. Vicenty Santini, presidente de la Junta del Sistema de Retiro, el PC119 ayuda a dotar la solvencia del sistema.
El representante de los pensionados destacó en su interlocución que la junta de Gobierno de la UPR “está tratando de cambiar un sistema que no está quebrado y en el que hay sobre 19 mil participantes activos y jubilados”, por lo que este proyecto de ley reafirma “un compromiso para proteger el sistema de retiro de nuestros pensionados”.
Vicenty Santini declaró que el mayor problema que ha tenido el Sistema de Retiro ha sido las aportaciones que ha incumplido la junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. “Pedimos que se interpele a los funcionarios de esa junta sobre los casos que ya se han visto en corte”, destacó.
Agregó que ningún miembro de la Junta del Sistema de Retiro UPR cobra por sus servicios, pues “aquí somos todos voluntarios y electos por la comunidad universitaria; es un trabajo arduo y de solidaridad universitaria”.
Aseguran que existen asuntos ideológicos encontrados
También, el presidente del Sistema de Retiro argumentó que tanto la junta de Gobierno como la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han expresado asuntos ideológicos distintos a los de la organización que representa.
“Aquí el problema es que tenemos una junta de Gobierno que, en términos ideológicos, está cortando el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico sin razonar la importancia de mantener el sistema funcionando. En términos del sistema de jubilados, hay un asunto ideológico de parte de la JSF, que entiende que en Puerto Rico no puede haber un sistema de retiros con planes de beneficios definidos”, destacó Vicenty Santini.
Agregó que ese es el argumento, frente a un plan que paga sus pensiones directo de su fondo, que tiene un asesor de cartera de inversiones que dice que está entre los primeros sistemas de retiro de la nación norteamericana de créditos de inversiones.
A su vez, el representante de la Junta del Sistema de Retiro recibió el apoyo del presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez Rivera, quien expresó en su ponencia, que la JSF “ha tenido y aún tiene entre sus planes, desde su primer Plan Fiscal para la UPR en 2017, desmantelar nuestro sistema de beneficios definidos”.
“Su propuesta es convertir nuestro sistema en uno de beneficios indefinidos, que sabemos que no provee para una pensión digna para nuestros pensionados y pensionadas. La postura de la Junta es completamente ideológica. Han manifestado que aún, cuando nuestro Sistema de Retiro tuviera una solvencia de 100 por ciento, ellos desean un plan de beneficios indefinidos”, agregó.
Rodríguez Rivera insistió que “la JSF ha sido tan fuerte, que la Junta de Gobierno de la UPR, en su reunión del 25 de marzo de 2021, optó por convertir el plan de beneficios definidos en uno de beneficios indefinidos para el personal de menos de 10 años. Esta decisión, tomada sin estudios actuariales que la sostengan, tendrá el efecto de provocar la insolvencia del Fideicomiso, o de provocar aumentos irrazonables en las aportaciones patronales para poder mantenerlo”.
Más tarde, los legisladores recibieron la comparecencia de la profesora Mayra Velasco Bonilla, vicepresidenta de la junta de Gobierno de la UPR, quien defendió el plan de un sistema 401k, también conocido como un sistema de beneficios indefinidos.
De acuerdo a su ponencia, Velasco Bonilla entiende que “la deuda actuarial de la UPR (al Sistema de Retiro) no surge por falta de aportaciones, sino que es una consecuencia del diseño del plan, el cual se ha agravado por decisiones del pasado que concedieron mayores beneficios sin el financiamiento adecuado y utilizando premisas actuariales demasiado optimistas”.
La vicepresidenta de la Junta entiende que un sistema de beneficios definidos es “imposible de sostener en la situación fiscal actual de la isla”.
“Es una realidad que las determinaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con respecto a las aportaciones que recibe la UPR provenientes del Fondo General, han significado una reducción de ingresos anuales que sobrepasan los $330 millones. A consecuencia de ello, la UPR cuenta con recursos limitados”, resaltó.
Velasco Bonilla también señaló, que si no se adoptan reformas al Sistema de Retiro, “las aportaciones anuales requeridas para el pago de la aportación patronal de la UPR ascienden a $201 millones, es decir, $41 millones más que la aportación que contiene el Plan Fiscal propuesto por la UPR y $91 millones más que la versión de la JSF. En ese sentido, en cualquiera de los dos escenarios, para que el PC 119 sea viable, la medida debe proveer una asignación de fondos para cubrir la deficiencia”.
“El Plan Fiscal que propone la Junta de Gobierno según aprobado en la Certificación Número 77, demuestra que la UPR tiene el compromiso de velar por la sana administración del Sistema de Retiro y reducir cualquier impacto negativo en los participantes, particularmente aquellos que ya están retirados o “vested”, recalcó.
La vista pública contó con la participación de los representantes Denis Márquez Lebrón del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Juan José Santiago del Partido Popular Democrático (PPD). INS
P. Rico-Entra en discusión medida para salvaguardar solvencia del Sistema de Retiro de la UPR
San Juan, 10 jun (INS).- La Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, presidida por el representante Domingo J. Torres García, inició este miércoles vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 119 (PC119), que persigue elevar a rango de ley el Fideicomiso del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
La medida crearía un sistema parte de la Universidad, pero con independencia administrativa y fiscal. De aprobarse la pieza, la Junta del Sistema de Retiro sería reconocida como fiduciario sucesor a perpetuidad.
El proyecto, presentado por los representantes Lourdes Ramos Rivera y Carlos Johnny Méndez, se interpone ante la junta de Gobierno de la UPR, que propone enmiendas al Fideicomiso, en específico, sobre los criterios de elegibilidad a la pensión del Plan de Beneficios Definidos vigente.
Según Ramos Rivera, esa acción propuesta por la junta de Gobierno congelaría el Plan de Retiro de Beneficios Definidos y convierte el Sistema de Retiro en un plan de jubilación 401k.
De acuerdo con Luis A. Vicenty Santini, presidente de la Junta del Sistema de Retiro, el PC119 ayuda a dotar la solvencia del sistema.
El representante de los pensionados destacó en su interlocución que la junta de Gobierno de la UPR “está tratando de cambiar un sistema que no está quebrado y en el que hay sobre 19 mil participantes activos y jubilados”, por lo que este proyecto de ley reafirma “un compromiso para proteger el sistema de retiro de nuestros pensionados”.
Vicenty Santini declaró que el mayor problema que ha tenido el Sistema de Retiro ha sido las aportaciones que ha incumplido la junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. “Pedimos que se interpele a los funcionarios de esa junta sobre los casos que ya se han visto en corte”, destacó.
Agregó que ningún miembro de la Junta del Sistema de Retiro UPR cobra por sus servicios, pues “aquí somos todos voluntarios y electos por la comunidad universitaria; es un trabajo arduo y de solidaridad universitaria”.
Aseguran que existen asuntos ideológicos encontrados
También, el presidente del Sistema de Retiro argumentó que tanto la junta de Gobierno como la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) han expresado asuntos ideológicos distintos a los de la organización que representa.
“Aquí el problema es que tenemos una junta de Gobierno que, en términos ideológicos, está cortando el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico sin razonar la importancia de mantener el sistema funcionando. En términos del sistema de jubilados, hay un asunto ideológico de parte de la JSF, que entiende que en Puerto Rico no puede haber un sistema de retiros con planes de beneficios definidos”, destacó Vicenty Santini.
Agregó que ese es el argumento, frente a un plan que paga sus pensiones directo de su fondo, que tiene un asesor de cartera de inversiones que dice que está entre los primeros sistemas de retiro de la nación norteamericana de créditos de inversiones.
A su vez, el representante de la Junta del Sistema de Retiro recibió el apoyo del presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Ángel Rodríguez Rivera, quien expresó en su ponencia, que la JSF “ha tenido y aún tiene entre sus planes, desde su primer Plan Fiscal para la UPR en 2017, desmantelar nuestro sistema de beneficios definidos”.
“Su propuesta es convertir nuestro sistema en uno de beneficios indefinidos, que sabemos que no provee para una pensión digna para nuestros pensionados y pensionadas. La postura de la Junta es completamente ideológica. Han manifestado que aún, cuando nuestro Sistema de Retiro tuviera una solvencia de 100 por ciento, ellos desean un plan de beneficios indefinidos”, agregó.
Rodríguez Rivera insistió que “la JSF ha sido tan fuerte, que la Junta de Gobierno de la UPR, en su reunión del 25 de marzo de 2021, optó por convertir el plan de beneficios definidos en uno de beneficios indefinidos para el personal de menos de 10 años. Esta decisión, tomada sin estudios actuariales que la sostengan, tendrá el efecto de provocar la insolvencia del Fideicomiso, o de provocar aumentos irrazonables en las aportaciones patronales para poder mantenerlo”.
Más tarde, los legisladores recibieron la comparecencia de la profesora Mayra Velasco Bonilla, vicepresidenta de la junta de Gobierno de la UPR, quien defendió el plan de un sistema 401k, también conocido como un sistema de beneficios indefinidos.
De acuerdo a su ponencia, Velasco Bonilla entiende que “la deuda actuarial de la UPR (al Sistema de Retiro) no surge por falta de aportaciones, sino que es una consecuencia del diseño del plan, el cual se ha agravado por decisiones del pasado que concedieron mayores beneficios sin el financiamiento adecuado y utilizando premisas actuariales demasiado optimistas”.
La vicepresidenta de la Junta entiende que un sistema de beneficios definidos es “imposible de sostener en la situación fiscal actual de la isla”.
“Es una realidad que las determinaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con respecto a las aportaciones que recibe la UPR provenientes del Fondo General, han significado una reducción de ingresos anuales que sobrepasan los $330 millones. A consecuencia de ello, la UPR cuenta con recursos limitados”, resaltó.
Velasco Bonilla también señaló, que si no se adoptan reformas al Sistema de Retiro, “las aportaciones anuales requeridas para el pago de la aportación patronal de la UPR ascienden a $201 millones, es decir, $41 millones más que la aportación que contiene el Plan Fiscal propuesto por la UPR y $91 millones más que la versión de la JSF. En ese sentido, en cualquiera de los dos escenarios, para que el PC 119 sea viable, la medida debe proveer una asignación de fondos para cubrir la deficiencia”.
“El Plan Fiscal que propone la Junta de Gobierno según aprobado en la Certificación Número 77, demuestra que la UPR tiene el compromiso de velar por la sana administración del Sistema de Retiro y reducir cualquier impacto negativo en los participantes, particularmente aquellos que ya están retirados o “vested”, recalcó.
La vista pública contó con la participación de los representantes Denis Márquez Lebrón del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Juan José Santiago del Partido Popular Democrático (PPD). INS
ndc