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El jefe del Nmead, Nino Correa Filomeno, aseguró que existe el Plan de Mitigación de Puerto Rico, que es un proyecto único. Inter News Service
San Juan, 8 jun (INS).- El comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Nino Correa Filomeno, aseveró que el Plan de Emergencia de Puerto Rico tiene como finalidad establecer la base legal, principios básicos y las respuestas a las emergencias a grandes rasgos, por lo que los demás programas se convierten en anexos funcionales.
Además, aseguró que existe el Plan de Mitigación de Puerto Rico, que es un proyecto único y separado del Plan de Multirriesgo, cuya vigencia es de cinco años y está activo hasta el 21 de septiembre de 2021.
Correa Filomeno aclaró que, en septiembre de 2019, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) inició un proceso de revisión y actualización que fue sometido a FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) el 28 de febrero de este año y está en espera de sus comentarios.
Sobre la preparación ante una emergencia, sostuvo que “todos los planes están preparados, hay grupos de respuesta listos y es clave atemperar todo lo que se está viviendo actualmente para crear uno estructurado y seguro”.
Del mismo modo, confirmó que FEMA tiene disponible cuatro almacenes preparados en distintas partes de la Isla.
“Una se prepara para lo peor, pero con una situación como el huracán María provoca que todo cambie. Hay que atender las posibles situaciones con lo que tenemos, pero es inaceptable que vuelvan a ocurrir los mismos problemas del pasado, y por eso, es clave que se establezca un diálogo”, apuntó.
Correa Filomeno exhortó a la ciudadanía, municipios y al Estado a preparar un plan de acción de primera instancia en cada hogar y estar atentos con las recomendaciones del Nmead.
Por otro lado, María Ivette Cabeza, subadministradora del Departamento de Vivienda destacó que, en caso de ocurrir un nuevo evento en el área sur, se encuentran preparados para acoger a las familias de los sectores del suroeste en los refugios habilitados.
A su vez, resaltó que han distribuido 27,000 catres entre todos los municipios y cuentan con 6,500 adicionales, si son requeridos.
Sobre la próxima fecha de desembolso de los fondos Community Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR), la subadministradora informó que los fondos están disponibles y se encuentran en espera de completar unos procesos administrativos para comenzar la distribución.
La cantidad disponible asignada a la corporación pública es de $16.5 mil millones, donde el Programa de Mitigación cuenta con un total de $8.3 mil millones para atender y eliminar los riesgos a largo plazo y el CDBG-DR con $8.2 mil millones para la recuperación de Puerto Rico, específicamente por los impactos de los huracanes Irma y María.
Vivienda confirmó que la agencia está a la espera de una nueva asignación de $26 millones para los daños ocasionados por los terremotos del pasado año. Según Ivette Cabeza el plan de acción ante una emergencia de la entidad gubernamental fue sometido a Nmead.
Por otra parte, Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes, comentó que “de nada vale que hagamos planes de preparación para los municipios si no contamos con los recursos necesarios para atender lo correspondiente”.
Hernández hizo una petición a la comisión cameral para que se envié un mensaje “claro y contundente” a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para detener cualquier acción dirigida a recortes de cada municipio.
“Si no nos quitan los recursos, estamos más que listos. Aquí la pregunta es si el gobierno volverá a cometer los mismos errores del pasado. Estamos dispuestos a ayudar, pero tiene que ser en igualdad de condiciones. Ya estamos cansados que el gobierno use compañías privadas que no realizan su trabajo”, afirmó el presidente de la Asociación de Alcaldes.
Calificó de insostenible lo que está proponiendo la JSF y es fácil tomar decisiones sin saber la situación en la que nos encontramos.
“Por eso solicitamos que se deje sin efecto el recorte al Fondo de Equiparación de los Municipios, recalcó.
La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, denunció que los ayuntamientos tuvieron que esperar cuatro años por la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) para la aprobación de los proyectos.
“Mi reclamo ahora es que el proceso de los desembolsos sea uno rápido y urgente”, dijo la alcaldesa Bonilla. INS
ndc
