
La secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón./ Inter News Service, archivo
San Juan, 31 may (INS).- Abogados sindicalizados de la Sociedad para Asistencia Legal instaron a la Administración de Tribunales y a la secretaria de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar, que que cónsono con la enmienda a la orden ejecutiva emitida por el gobernador Pedro R. Pierluisi, empiecen a llevar con su representación legal a los confinados para entrevistas y conferencias.
Hicieron, ademas, un llamamiento para que los asuntos judiciales se comiencen a atender de forma presencial y no mediante videoconferencias.
La Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal (UIASAL) recordó que la Rama Judicial ha dicho que las videoconferencias son la excepción y no la regla.
«Según se ha ido vacunando la ciudadania, según se acerca la inmunidad de rebaño, es imperativo regresar a la normalidad. La normalidad no en solo conciertos, en parques de pelota y en lugares públicos, también la normalidad debe llegar a los tribunales del país, afirmó en declaraciones escritas el licenciado Ruben Parrilla Rodriguez, presidente de la UIASAL.
Sostuvo que los acusados de delitos tienen derecho a estar presente en las diversas etapas del procedimiento criminal y poder ayudar a sus abogados a discutir el proceso.
“Debemos dejar atrás las comunicaciones entre abogados y clientes por teléfono y pantallas durante las vistas y procesos judiciales”, dijo.
Parrilla Rodriguez afirmó que para la mayoría de los componentes de la Rama Judicial, así como los que laboramos en los centros judiciales del país, las videoconferencias, lejos de ser un proceso que agilice, es un obstáculo que en nada contribuye a la economía procesal ni a los derechos de los acusados.
Los abogados y abogadas de la Sociedad para Asistencia Legal, dijo, están dando la cara desde el comienzo de la pandemia, hace más de un año, presencial, en todos los centros judiciales pero que no se puede decir lo mismo de los oros componentes del sistema judicial del país.
Entre las resoluciones presentadas en una asamblea en San Juan, los delegados de la UIASAL apoyaron incondicionalmente las expresiones de la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Daisy Calcaño López, y su llamado a la imparcialidad y la neutralidad en la función judicial.
Las expresiones de la licenciada Calcaño López se dieron en reacción a una directriz de la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, ante el incremento de la violencia de género.
Según los abogados de la UIASAL, las expresiones de la jueza presidenta Oronoz sobre la función judicial en esos casos, en momentos de estados de emergencia, lejos de ayudar a las víctimas de delito, lo que siembran es dudas ante los procesos que se llevan a cabo en los tribunales.
“La intervención de los jueces administradores, que son empleados de confianza en las determinaciones de causa probable para arresto y altas fianzas impuestas, son reacción directa de los empleados de la Rama Judicial ante las instrucciones de la presidenta, con el fin de demostrar que se esta atendiendo el asunto de violencia de genero en el país”, dijo el gremio.
Afirmaron que “la norma en los tribunales del país es la imposición de fianzas muy altas e impagables como el único fin de garantizar que la persona en vez de poder pagar su fianza, se quede preso durante el proceso en su contra”.
“Hay que recordarle a la Rama Judicial, como garantes de los derechos constitucionales y el debido proceso de ley, que para nuestro pueblo, la fianza, ademas de ser un derecho constitucional importante ha sido refrendado en varias ocasiones, ante intentos de diversos sectores de limitarla”, dijo la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para Asistencia Legal. INS
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