P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el viernes 28 de mayo de 2021

P. Rico-Deja en aprietos la JSF la sostenibilidad de la Universidad de Puerto Rico

San Juan, 28 may (INS).- La vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayda Velasco Bonilla, compareció el jueves a la reunión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) citada para certificar los planes fiscales de las distintas agencias y corporaciones públicas y en donde se discutieron de manera atípica los agresivos recortes que el organismo continúa imponiendo al primer centro docente.

La doctora Velasco Bonilla defendió enérgicamente la asignación de $94 millones contemplada en el plan fiscal presentado en marzo de este año por la UPR, a la vez que señaló de manera puntual las múltiples deficiencias en el análisis de la propuesta del ente fiscal impuesto por Washington, producto de la improvisación y la falta de ponderación responsable.

A señalamientos de la vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR, le precedieron las expresiones del gobernador Pedro R. Pierluisi y de dos miembros de la propia Junta de Supervisión Fiscal.

El gobernador dejó claro que difería de la persistente estrategia de austeridad que ha implementado la JSF a la UPR y destacó el impacto que tendrían los recortes propuestos sobre la viabilidad del proyecto universitario.

Por otra parte, los miembros de la JSF Antonio Medina y Justin Peterson expresaron sus reparos, preocupaciones y desacuerdos con el plan fiscal presentado por la propia entidad.

Ambos mostraron un distanciamiento sin precedentes por parte de miembros de la JSF con respecto a los lineamientos trazados en los planes propuestos y diseñados por el propio organismo impuesto por Washington al gobierno de Puerto Rico.

Medina señaló que la JSF debía “mirar con mayor atención el tema de los fondos federales” y “buscar más de estos fondos recurrentes y no recurrentes”.

Añadió que creía que “el plan fiscal atiende este aspecto muy superficialmente y demasiado rápido. Nuestro objetivo es tener una Universidad más fuerte, pero creo que el plan, tal como está trazado, hace muy difícil para los administradores del sistema alcanzar esa meta”.

Por su parte, Peterson fue enfático en que los “recortes son detrimentales para el desarrollo económico”, del cual la UPR es una pieza clave.

Previo a la votación, la doctora Velasco Bonilla entró en el detalle sobre las partidas contempladas en la controvertida asignación de $94 millones.

Asimismo, recalcó el patrón de recortes que había padecido la Universidad y cómo la administración se las había arreglado para cumplir con el 76% de las medidas fiscales que les habían sido impuestas, esto en una clara respuesta a los señalamientos por parte de algunos miembros de la JSF de que la Universidad no había cumplido con sus encomiendas y que por ello debía seguir atravesando, como si de un castigo se tratara, por la imposición de nuevos recortes.

“Entiendo que hemos hecho lo requerido para satisfacer sus demandas, pero no podemos permitirnos asumir el recorte de estos $94 millones adicionales”, expresó Velasco Bonilla.

La vicepresidenta de la UPR destacó además el aparente desconocimiento o falta de pericia que muestran los ejecutivos de la JSF con respecto a las restricciones de uso de las donaciones y de ciertos fondos federales, así como la obligatoriedad de sus respectivos pareos al proponer que algunos de estos fondos sean utilizados para solventar las operaciones.

“Con la determinación de certificar el plan fiscal con una votación de 5-2, los miembros de la Junta de Supervisión dejaron a la Universidad sin $40 millones para capitalizar el Sistema de Retiro, sin poder atender la mitigación del impacto de la pandemia ($10 millones), sin $20 millones para pareo indispensable y obligatorios de fondos federales, sin fondos para solventar la liquidez de la UPR mediante de la reposición de su fondo de reserva para emergencias ($20 millones) y sin $4 millones para iniciar el proceso de revisión del plan de clasificación y retribución de empleados no docentes”, expresó el presidente de la Junta de Gobierno, Emilio Colón, tras conocer el resultado de la votación.

Agregó que todo esto se distancia notablemente del discurso repetido pero cada vez más vacío que han expresado tanto la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, como muchos de sus miembros, en las que aseguran que ven a la Universidad como piedra angular para el desarrollo económico de la isla”.

El gobernador Pierluisi expresó su disgusto con las premisas del plan fiscal que terminó siendo certificado y con los planteamientos expresados por la directora ejecutiva de la JSF, que destacó que la UPR todavía no había cumplido con muchas de las exigencias y medidas fiscales que se les habían impuesto.

El mandatario exigió respeto para la Universidad pública y destacó la afirmación que hizo la doctora Velasco Bonilla de que la UPR había cumplido ya con el 76% de las medidas fiscales que le habían sido impuestas. INS

 

P. Rico-Hernández Montañez en controversia con Pierluisi: “El único recurso que tiene un pueblo ante un gobernador tirano y abusador” es la Legislatura

San Juan, 28 may (INS).- El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, advirtió el jueves, en medio de la controversia con el gobernante Pedro R. Pierluisi por el rechazo del designado secretario de Estado, Larry Seilhamer, que “el único recurso que tiene un pueblo ante un gobernador tirano y abusador es la Asamblea Legislativa”.

Luego de poner en perspectiva las razones por la cual, a su juicio, la Cámara de Representantes, con excepción de los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), votó en contra de Seilhamer, Hernández Montañez destacó que el gobernador Pierluisi ha reaccionado con “soberbia”.

“El pueblo puertorriqueño escogió en las urnas a un gobernador con un 32 por ciento de los votos, una tercera parte de los votantes, el resto del universo de los votantes no lo respalda y escogió una Legislatura diversa”, dijo el presidente de la Cámara entrevistado por Mayra López Mulero en su programa radial (WKAQ-580-AM).

Refirió que el gobernador vetó sin mayores consideraciones el Proyecto de la Cámara 500, que le permite al legislador atender la situación de sus constituyentes.

Apuntó que ahora tiene el control total con la Ley 2 y la 3 de 2017, con la que la Asamblea Legislativa del PNP, con Thomas Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez a la cabeza, dieron a Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garced y, ahora, a Pierluisi el derecho a tomar determinaciones sin la aprobación de la Asamblea Legislativa.

De ahí que ahora dispusiera de los 750 millones de dólares para entregar a LUMA Energy, que se habían ahorra y no se usaron para levantar la infraestructura energética del país o atender otras soluciones importantes para el pueblo.

Hernández Montañez destacó que “nadie dijo nada del revanchismo, la tiranía, el autoritarismo” con que ha actuado el mandatario, presidente del PNP.

“Que actúe de buena fe y que cumpla su palabra, porque no se pueden adelantar las causas cuando se es mendaz”, acusó el presidente de la Cámara de Representantes. INS

 

 

P. Rico-Gobernador establece grupo asesor enfocado en temas que involucran a adultos mayores

San Juan, 28 may (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó el jueves la orden ejecutiva 2021- 042 para crear el Grupo Asesor sobre la Política Pública de Envejecimiento y Asuntos del Adulto Mayor.

El anuncio lo hizo junto a la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, y miembros del capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Personas Retiradas.

El grupo, que estará adscrito a la oficina del gobernador, tendrá la responsabilidad de hacer recomendaciones al primer mandatario en materia de política pública relacionada a los aspectos sociales, económicos, laborales, salubristas y comunitarios de los adultos mayores.

Además, deberá desarrollar la “Estrategia Integral de Vida y Envejecimiento Activo para Puerto Rico”.

“He sido consistente en cuanto a expandir los servicios de salud y de ayudas sociales en Puerto Rico, asegurar que propiciamos un ambiente de negocios que permite a nuestros adultos mayores participar activamente de nuestra economía, y que aprovechamos el crecimiento de la población de estos para crear proyectos de servicios integrados, de cuido prolongado, de vida asistida y de adiestramientos dedicados, así como asegurarnos de que nuestra infraestructura vial y de vivienda es apta para todos nuestros residentes. Estas son solo algunas de las áreas que son parte de nuestras metas”, sostuvo el gobernador.

Una de las razones del gobernador para crear este grupo asesor es que, en 2019, según estimados del Censo de Estados Unidos, la población de adultos de 60 años o más en Puerto Rico alcanzó el 28 por ciento lo que representa un incremento de un cuatro por ciento desde 2016.

Además del creciente cambio poblacional, que redunda en cambios en cómo el gobierno central y los municipios reenfocan su estructura de servicios accesibles, esta población enfrenta retos apremiantes entre los que se encuentran la pobreza, la falta de educación, el aislamiento social y el maltrato.

“Un Puerto Rico con alto grado de envejecimiento tiene que mantener productivo a su mayor capital humano para alcanzar una economía vibrante y para mantener nuestra competitividad a nivel internacional, tal y como lo han logrado otras jurisdicciones donde el envejecimiento activo es la clave para el desarrollo”, expuso Pierluisi, quien ha presentado legislación para que todo pensionado o retirado del gobierno central que renunció de manera incentivada pueda trabajar de manera parcial sin que se vea afectada su pensión.

El grupo asesor será presidido por la directora de la Oficina de Asuntos Públicos y Programáticos, Rosemarie Vizcarrondo; la asesora del gobernador en el Tercer Sector, Arleen Muñoz León; la procuradora de las personas de edad avanzada, Carmen Delia Sánchez Salgado; y un representante de la población de adultos mayores y un experto en asuntos de salud pública o gerontología.

También, será parte del grupo asesor un experto en asuntos de finanzas personales y temas de seguridad financiera a nivel del individuo y su familia, un representante del sector de investigación sobre comportamiento del mercado y comunicaciones, un abogado o profesional de recursos humanos con experiencia en asuntos laborales de adultos mayores y un representante de la AARP.

Asimismo, formarán parte tres representantes de tres organizaciones nombradas por el gobernador, quien tiene la potestad de realizar nombramientos adicionales.

En la orden ejecutiva el gobernador establece claramente que el grupo asesor trabajará junto a las agencias de gobierno, entidades privadas y organizaciones sin fines de lucro y de desarrollo comunitario.

Tan pronto esté constituido, tendrá 120 días para entregar al gobernador un informe con recomendaciones e iniciativas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.INS

 

 

P. Rico-Gobierno recuerda que empleados de la AEE tienen hasta el 31 de mayo para acogerse al Programa de Transición Voluntaria, que incluye incentivo económico equivalente a seis meses de sueldo

San Juan, 28 may (INS).- La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), en representación del gobierno de Puerto Rico, recordó que el último día para que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se acojan al Programa de Transición Voluntaria (PTV) es el 31 de mayo de 2021.

Mediante la orden administrativa OA-2021-02 se estableció el PTV para brindarles la oportunidad a los empleados de la AEE acogerse voluntariamente al programa y poder hacer una transición al sector privado o al tercer sector mientras devengan su salario por un periodo de seis meses.

El director ejecutivo de la Aafaf, Omar Marrero, recordó que el periodo de solicitar el PTV culmina el 31 de mayo de 2021 a las 11:59 de la noche.

“Están a tiempo. Invitamos a todos los empleados de la AEE a que se orienten y conozcan sobre los múltiples beneficios que ofrece el PTV, el cual brinda a los servidores públicos, un incentivo económico equivalente a seis meses de sueldo, la liquidación final por concepto de licencia por vacaciones y horas extras acumuladas, así como un incentivo de 600 para gastos relacionados con la salud”, expresó Marrero.

Recursos Humanos de la AEE ya ha recibido alrededor de 500 solicitudes de empleados para el Programa de Transición Voluntaria.

El programa representa una oportunidad económica para los empleados regulares de la Autoridad que opten por acogerse y ha sido aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (AEE), incluyendo los fondos para sufragar su costo.

“Podrán solicitar participar en el PTV los empleados de la AEE que ocupen puestos de carrera con estatus regular en las divisiones de Transmisión, Distribución y Servicio al Cliente. Además, si el empleado se acoge a este programa, no se afectará la cantidad a la que tengan derecho por concepto de retiro, pago de liquidación de vacaciones y/o horas extras”, puntualizó Marrero.

Del mismo modo, el director ejecutivo de la Aafaf señaló que no podrán solicitar al PTV los empleados adscritos a la división de Generación de la AEE, aquellos cuyos sueldos se pagan en todo o en parte con fondos federales, los empleados que proveen servicios especializados o imprescindibles para el funcionamiento y el cumplimiento con los deberes ministeriales de la AEE (según determinado por la autoridad nominadora), los empleados transitorios o los empleados de confianza.

Sin embargo, si un empleado de confianza tiene derecho a reinstalación a un puesto de carrera, este puede acogerse al Programa una vez complete el proceso de reinstalación. Enfatizó que el PTV es un programa de renuncia incentivada.

Para hacer efectiva la renuncia voluntaria del empleado elegible, deberá firmar un acuerdo final de renuncia incentivada, el cual contendrá los términos y condiciones de participación en el programa.

A partir de la firma del Acuerdo, la renuncia y participación en el programa será final e irrevocable.INS

 

P. Rico-Presidente del PPD insta a retomar el diálogo sobre las bases del respeto a las discrepancias

San Juan, 28 may (INS).- “El país reclama de su liderato político, el mayor sentido de responsabilidad y el esfuerzo de mantener canales de comunicación abiertos y efectivos para atender los asuntos prioritarios que el pueblo necesita”, expresó el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago.

El también presidente del Senado que, reclamó dentro de ese marco de acción, es indispensable que exista un respeto y deferencia entre las ramas constitucionales, muy particularmente, entre aquellas donde el pueblo, a través de sus votos, decidió su composición.

“Nuestro ordenamiento constitucional dispone que el poder de nombrar recae en el primer ejecutivo y el poder de confirmar recae en el poder legislativo. Esa diferencia de responsabilidades, es el fundamento de un gobierno de pesos y contrapesos, que se llama democracia”, expuso.

Dalmau Santiago manifestó que, ante esa realidad, el rechazo a dos nombramientos del gobernador Pedro R. Pierluisi en la Cámara de Representantes “fue una acción que corresponde al ejercicio pleno del Poder Legislativo que debe ser respetado”.

“De hecho, en los casos que nos ocupan, el rechazo de la Cámara fue uno multipartidista y no unipartidista, el cual, envía un mensaje multisectorial de que más allá de los méritos de los nominados, hay una evidente insatisfacción con el clima de trabajo existente”, argumentó.

Dalmau Santiago dijo que, más aún, en algunos casos, la posición de la Cámara fue distinta al Senado y eso no debe ser sorpresa en un sistema de dos cuerpos legislativos.

“Ese es, precisamente, el propósito de un sistema bicameral donde cada cuerpo es autónomo. El rechazo de la Cámara a ambos nombramientos, es un asunto cerrado que debemos dejar atrás”, agregó.

El presidente del PPD adujo que en cuanto a diversas medidas pendientes y asuntos prioritarios que incluyen futuros nombramientos, el reclamo meritorio de que se restituyan las facultades de la Asamblea Legislativa, el proceso de protección de los derechos de los trabajadores de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica), la reforma electoral, los planes fiscales y la situación de los municipios, por mencionar algunos, requiere la atención y la necesidad de retomar el diálogo para encaminar las acciones correctas y necesarias.

“Con eso en mente, en los próximos días, me propongo abrir nuevos canales de comunicación con el gobernador Pierluisi, con el presidente de la Cámara, Rafael ‘Tatito’ Hernández y las distintas delegaciones para retomar la agenda prioritaria con respeto a las diferencias, pero con el mismo ánimo de unir nuestras voluntades al servicio del país”, afirmó Dalmau Santiago.INS

 

 

P. Rico-Gobernador establece grupo asesor enfocado en temas que involucran a adultos mayores

San Juan, 28 may (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi firmó el jueves la orden ejecutiva 2021- 042 para crear el Grupo Asesor sobre la Política Pública de Envejecimiento y Asuntos del Adulto Mayor.

El anuncio lo hizo junto a la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, y miembros del capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de Personas Retiradas.

El grupo, que estará adscrito a la oficina del gobernador, tendrá la responsabilidad de hacer recomendaciones al primer mandatario en materia de política pública relacionada a los aspectos sociales, económicos, laborales, salubristas y comunitarios de los adultos mayores.

Además, deberá desarrollar la “Estrategia Integral de Vida y Envejecimiento Activo para Puerto Rico”.

“He sido consistente en cuanto a expandir los servicios de salud y de ayudas sociales en Puerto Rico, asegurar que propiciamos un ambiente de negocios que permite a nuestros adultos mayores participar activamente de nuestra economía, y que aprovechamos el crecimiento de la población de estos para crear proyectos de servicios integrados, de cuido prolongado, de vida asistida y de adiestramientos dedicados, así como asegurarnos de que nuestra infraestructura vial y de vivienda es apta para todos nuestros residentes. Estas son solo algunas de las áreas que son parte de nuestras metas”, sostuvo el gobernador.

Una de las razones del gobernador para crear este grupo asesor es que, en 2019, según estimados del Censo de Estados Unidos, la población de adultos de 60 años o más en Puerto Rico alcanzó el 28 por ciento lo que representa un incremento de un cuatro por ciento desde 2016.

Además del creciente cambio poblacional, que redunda en cambios en cómo el gobierno central y los municipios reenfocan su estructura de servicios accesibles, esta población enfrenta retos apremiantes entre los que se encuentran la pobreza, la falta de educación, el aislamiento social y el maltrato.

“Un Puerto Rico con alto grado de envejecimiento tiene que mantener productivo a su mayor capital humano para alcanzar una economía vibrante y para mantener nuestra competitividad a nivel internacional, tal y como lo han logrado otras jurisdicciones donde el envejecimiento activo es la clave para el desarrollo”, expuso Pierluisi, quien ha presentado legislación para que todo pensionado o retirado del gobierno central que renunció de manera incentivada pueda trabajar de manera parcial sin que se vea afectada su pensión.

El grupo asesor será presidido por la directora de la Oficina de Asuntos Públicos y Programáticos, Rosemarie Vizcarrondo; la asesora del gobernador en el Tercer Sector, Arleen Muñoz León; la procuradora de las personas de edad avanzada, Carmen Delia Sánchez Salgado; y un representante de la población de adultos mayores y un experto en asuntos de salud pública o gerontología.

También, será parte del grupo asesor un experto en asuntos de finanzas personales y temas de seguridad financiera a nivel del individuo y su familia, un representante del sector de investigación sobre comportamiento del mercado y comunicaciones, un abogado o profesional de recursos humanos con experiencia en asuntos laborales de adultos mayores y un representante de la AARP.

Asimismo, formarán parte tres representantes de tres organizaciones nombradas por el gobernador, quien tiene la potestad de realizar nombramientos adicionales.

En la orden ejecutiva el gobernador establece claramente que el grupo asesor trabajará junto a las agencias de gobierno, entidades privadas y organizaciones sin fines de lucro y de desarrollo comunitario.

Tan pronto esté constituido, tendrá 120 días para entregar al gobernador un informe con recomendaciones e iniciativas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.INS

 

 

P. Rico-Cuestionan vínculo de contratista relacionados al PNP con campaña publicitaria a favor de Luma

San Juan, 28 may (INS).- La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, cuestionó el origen y los intereses de la corporación Boricuas Por Un Mejor Futuro (BPUMF), la cual hace poco más de un mes está costeando una campaña publicitaria para promover la privatización de la Autoridad de Emergía Eléctrica (AEE) y el contrato con Luma Energy, así como para atacar al personal unionado de la corporación pública.

“El hecho de que un contratista del gobierno como Ramón Alejandro Pabón sea el creador de esta corporación levanta ciertos cuestionamientos. El nombre y la mano de este señor aparecen en relación a múltiples escándalos y señalamientos presentados contra funcionarios de administraciones PNP, desde el alegado vínculo de Lornna Soto con narcotraficantes hasta el inflado salario del presidente del Banco de Desarrollo Económico. Al parecer, es el manejador de crisis mediáticas del PNP y resulta conveniente que se haya tomado la iniciativa de crear esta compañía, que ha dado a entender que es una sin fines de lucro cuando no lo es, hace apenas un mes y después de que se dieron a conocer los detalles del nefasto contrato con LUMA”, señaló la representante.

Nogales Molinelli explicó que el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor muestra que otra compañía de Pabón, Tácticas & Inc. mantiene actualmente contratos con varias agencias del ejecutivo más el municipio de Canóvanas.

“Sólo los contratos que están vigentes representan 200,000 dólares con honorarios por asesoría en comunicaciones de cien dólares por hora. La Junta de Control Fiscal mantiene asfixiado al sector público con recortes insostenibles pero siempre aparece dinero para este tipo de servicios de utilidad cuestionable. Por ejemplo, ¿cuáles son las relaciones públicas o los esfuerzos de comunicación estratégica que está haciendo la Administración de Asuntos Federales que requieren pagarle a un contratista 10,000 al mes? Tácticas & Inc. se describe a sí misma como una compañía pequeña pero puede sostener contratos con al menos cinco clientes en el sector público más aquellos que tiene en el sector privado, a la vez que su director asume una campaña intensa y sucia, que suponemos es lo que llama comunicación estratégica, para empujar a Luma”, resaltó.

La legisladora también cuestionó de dónde sale el dinero para la campaña lanzada por BPUMF: “Como bien plantea Tácticas & Inc. en su propuesta de servicios, ‘la publicidad es muy cara’. Pero creo que todo el mundo que use alguna red social o buscador en Puerto Rico ha visto un anuncio de Boricuas Por Un Mejor Futuro que celebra las supuestas bondades de Luma o que demoniza al liderato sindical. ¿Cómo se paga esta supuesta iniciativa ciudadana? Si no hay transparencia en esa gestión, no nos queda más que sumar lo que sabemos. Boricuas Por Un Mejor Futuro solicitó a Gustavo Vélez un estudio que convenientemente encontró beneficio económico para el país en un contrato que expertos independientes han catalogado como leonino. Quanta Services, compañía matriz de Luma, pagó ese estudio. Entonces tenemos que concluir que BPUMF y Ramón Alejandro Pabón trabajan para Luma, a la vez que éste se desempeña como portavoz de agencias del gobierno cada vez que tienen una crisis”, resaltó.

Nogales Molinelli destacó la ironía de que sea Pabón quien busque “destruir” a la AEE como corporación pública.

“Además de ser relacionista público, este señor fue en tiempos recientes presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud y de la Asociación de Administradores de Hospitales, un sector que falló fatalmente luego del huracán María. La falta de planes de contigencia y la negligencia de muchos hospitales causó muchísimas muertes en los días siguientes al desastre. Sin embargo, no vemos al señor Pabón reclamando una reforma del sistema de salud privatizado o siquiera solicitando que los hospitales le rindan cuentas al país. Al parecer, para el señor Pabón, el ‘mejor país’ al que aspira no es uno de justicia sino uno que le siga garantizando billetes para sus bolsillos”, afirmó.INS

 

P. Rico-Presentan medida en la Cámara para proteger derechos de los trabajadores de la AEE ante proceso de movilidad a raíz del contrato de Luma

San Juan, 28 may (INS).- El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, anunció la presentación de una medida legislativa que busca proteger los derechos de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante los procesos de movilidad a raíz del contrato con la privatizadora Luma Energy.

Se trata de la resolución conjunta 157, para crear la Comisión Especial de Revisión y Adjudicación de Movilidad de los empleados de la AEE, con el fin de evaluar y revisar los procesos de movilidad, determinar si procede revocar o confirmar la acción de movilidad determinada por la Oficina de Administración y Recursos Humanos (OATRH) y eximir a la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) de la revisión de toda acción de movilidad de los empleados de la AEE.

“Actualmente cualquier reclamación de los empleados de la AEE que surja de los procesos de movilidad tienen que ser atendidos por la CASP, no obstante, recientemente advertí y solicité investigar la situación de los miles de casos activos sin resolver y, ante la avalancha de casos nuevos ya radicados –que superan los 2,000 casos- tras el contrato de Luma Energy, he radicado esta medida para crear una Comisión Especial que justa y diligentemente atienda las reclamaciones que surjan a los fines de garantizar la protección de los derechos de los trabajadores de la AEE”, indicó Márquez Lebrón.

Según ha trascendido públicamente en audiencias públicas y denunciado por el propio Márquez Lebrón, la CASP tiene cerca de 5,500 casos activos sin resolver, situación que se agravaría con las nuevas reclamaciones que surjan tras la privatización de la AEE.

El portavoz cameral del PIP, un opositor al contrato entre la AEE y Luma Energy, precisó que en audiencias públicas la propia nominada jefa de la OATRH reconoció que la agencia ha cometido errores en el proceso de movilidad de los empleados de la AEE producto de direcciones residenciales no actualizadas, empleados enviados a oficinas inexistentes, puestos para los que no cumplen con los requisitos al tiempo que describió el proceso como uno “inhumano e insensible al tratarse de personas que han dedicado su vida a servirle al país y que hoy viven momentos de incertidumbre y angustia”.

“Esta iniciativa legislativa busca hacer justicia y garantizar los derechos de los trabajadores de la AEE ante este nefasto acuerdo que entregó nuestro activo más importante a quienes solo buscan el lucro”, declaró Márquez Lebrón.INS

ndc