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Por Rafael Santiago Medina
San Juan, 25 may (INS).- No es posible visualizar el progreso de una sociedad sin acceso a la electricidad y la continua modernización de su sistema energético.
Existen esfuerzos y medidas constantes para aumentar el acceso a la energía eléctrica y numerosos estudios respaldan los beneficios que trae consigo.
Sin embargo, más de mil millones de personas en el mundo —17% de la población mundial— carecen de acceso a servicios modernos de energía, por lo que utilizan velas y baterías para satisfacer sus necesidades energéticas.
En muchos países la falta de acceso a niveles adecuados de servicios energéticos está altamente correlacionada con niveles altos de pobreza, razón por la cual la energía eléctrica se considera un servicio esencial al pueblo.
El acceso a formas modernas de energía eléctrica es una garantía a un desarrollo económico sostenible y a una buena calidad de vida de la gente.
La evidencia sostiene que la electrificación es un requisito para aumentar la productividad y el empleo, promover mejores niveles de vida a través de la salud, la educación y comunicación, y en consecuencia, reducir la pobreza.
En lo que refiere a la educación, el acceso a la energía permite más tiempo disponible para el estudio fuera de horas de clase, el desarrollo de servicios de telecomunicaciones que facilitan la transmisión de conocimientos y el acceso a la educación a distancia.
En cuanto a la salud, la electrificación también facilita el almacenamiento de medicamentos y vacunas, la prestación de asistencia sanitaria mejorada, la reducción de lesiones relacionadas a actividades primarias y propicia la baja incidencia de enfermedades relacionadas con la combustión, al usar energía de fuentes renovables y sostenibles.
Industrias que son fundamentales para el crecimiento del país dependen de la energía eléctrica para su productividad en el uso de maquinarias. La accesibilidad a opciones energéticas al menor costo posible es un requisito indispensable para el desarrollo industrial del país.
El Foro Económico Mundial (WEF, siglas en inglés) mide qué tan exitosos son los sistemas energéticos de los países en cuanto a tres principales objetivos: promover el crecimiento económico, un desarrollo ambientalmente sostenible y el acceso y confiabilidad de la energía.
Para la evaluación del sistema energético de los países, el WEF mide tres criterios. Uno de ellos es el grado en que el sistema energético promueve el crecimiento y el desarrollo. Este indicador considera la eficiencia del sistema eléctrico de un país, midiendo la unidad de energía utilizada en el PBI. Se evalúa, también, la balanza comercial de energía y los niveles de precios.
Puerto Rico ha dejado de ser eficiente en el uso de sus recursos de energización eléctrica. Fue un país con altos estándares de eficiencia de la energía eléctrica en la segunda mitad del siglo pasado, cuando su empresa estatal de energía eléctrica era un haber muy preciado para la electrificación de zonas rurales remotas y la electricidad llegó a todos los rincones de su territorio.
Mantener el control sobre su sistema de energía eléctrica fue una estrategia fundamental del desarrollo económico de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo pasado.
Ahora, empero, ese recurso se pretende poner en manos de un consorcio empresarial extranjero, LUMA Energy, cuya misión principal es el mayor lucro posible que un contrato pueda proveerle, con la menor o ninguna inversión de capital.
El dinero para las operaciones empresariales del consorcio norteamericano sale del gobierno isleño.
La misión de LUMA Energy se limita a proveer una supuesta pericia sobre el manejo eficiente del sistema eléctrico al pueblo puertorriqueño que todavía está muy lejos de poder apreciarse y calibrarse, apreciándose su contratación más bien como una imposición por el designio de Washington y de intereses económicos estadounidenses. INS
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