Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 18 de mayo de 2021
P. Rico-Considera Ortiz Daliot un gran fiasco al ritmo de $2 millones la elección de cabilderos
San Juan, 18 may (INS).- El exsenador José Ortiz Daliot catalogó como “un gran fiasco que le costó al pueblo puertorriqueño casi 2 millones de dólares”, la elección de seis personas para cabildear en Washington a favor de la anexión a Estados Unidos.
En esta sentido, afirmó que la elección impulsada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) con fondos públicos y la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) , constituyó una derrota para el gobernador Pedro R. Pierluisi.
El portavoz de la Alianza pro Libre Asociación Soberana (ALAS) sostuvo que, en la elección especial de cabilderos congresuales, entre los que fue electo el expulsado gobernante Ricardo Rosselló Nevares y otros conocidos y desconocidos, resultó “un gran fiasco” para el gobernador Pierluisi y el liderazgo del PNP.
Este fracaso responde a que los dirigentes del PNP solicitaron a los que se presentaran a votar que no lo hiciera por Rosselló Nevares, debido al lastre que puede significar su presencia en el Congreso federal, donde Puerto Rico está representado hasta el momento por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón.
“Perdió el gobernador Pierluisi y todo el liderato del PNP que solicitaron a los que se presentaran a votar, que no votaran por Rosselló Nevares. Pero la gran perdedora fue la estadidad pues no solo participó alrededor de 4.0% del electorado, sino que la representará en Washington un desacreditado exgobernador rechazado por su pueblo y tildado como corrupto por el expresidente de los EEUU”, dijo Ortiz Daliot en referencia al republicano Donald Trump.
Para el portavoz de ALAS, quien conoce los vericuetos de la política de la capital de la nación norteña, “el verdadero ganador fue la Asamblea de Estatus que se promueve en el Congreso”, por las congresistas demócratas de origen puertorriqueño Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez.
“A esa asamblea iremos todos”, aseguró Ortiz Daliot al dar por sentado que los cabilderos del PNP no conseguirán adelantar un proceso de descolonización de Puerto Rico, sometido a la dominación de Estados Unidos desde 1898, cuando lo ocupó militarmente en el marco de la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana.
Diversos analistas criticaron la inversión de 1.8 millones de dólares en un proceso que apenas movió unos 125 mil electores, en virtud de un capricho del PNP y la tozudez del gobernador Pierluisi.
Además de los cuatro delegados para el Congreso de Estados Unidos, que incluye también a Elizabeth Torres Rodriguez, Roberto Lefranc Fortuño y María Meléndez Altieri, se eligieron a dos figuras para el Senado federal, Melinda Romero Donnelly y Zoraida Buxo Santiago. INS
P. Rico-Legislan para prohibir donativos de contratistas del gobierno
San Juan, 18 may (INS).- La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representante celebró este lunes una vista pública sobre el proyecto 320 que crearía la “Ley para Prohibir los Donativos a Partidos o Candidatos Políticos por parte de Contratistas Gubernamentales y Obligar a Contratistas del Gobierno a Divulgar sus Donativos y Gastos Políticos”.
La medida tiene como objetivo obligar a potenciales contratistas gubernamentales a divulgar sus donativos y gastos políticos y crear el “Registro de donativos y gastos de contratistas gubernamentales”.
El estatuto forzará la divulgación de donativos políticos realizados por personas, previo a otorgarle contratos gubernamentales.
Esta prohibición ha sido adoptada en los Estados Unidos en al menos 16 estados, tanto a nivel federal y estatal, y ha sido validada en los tribunales donde se ha reconocido el riesgo de corrupción cuando un contratista o una persona que interesa contratos gubernamentales realiza donativos políticos.
La representante Mariana Nogales Molinelli, autora de la medida, explicó que “el proyecto establecería sanciones y penalidades para quienes incumplan con la ley”.
Mientras, el presidente de la Comisión, Jesús Manuel González Ortiz, manifestó la importancia de conocer la postura del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, quien fue excusado de la vista pública.
“Es menester que el Departamento de Justicia nos aclare su posición en cuanto a este proyecto, debido a la importancia que implica su rol dentro del carácter de una medida como esta’’, dijo en su turno inicial Ortiz González.
Por su parte, el contralor electoral Walter Vélez Martínez favoreció la adopción de la política pública propuesta, porque “abona a combatir la corrupción gubernamental en forma de inversionismo político, es decir, ayuda a evitar que se hagan donativos políticos a cambio de acciones oficiales’’.
Vélez Martínez propuso que en lugar de crear una Ley por separado para atender el tema de evitar el quid pro quo (algo a cambio de algo) en cuanto a la contratación gubernamental, la medida debería enmendar las leyes orgánicas de las agencias que atenderán el asunto; Oficina de Ética Gubernamental, Oficina del Contralor de Puerto Rico y Oficina del Contralor Electoral.
“Este ajuste que propongo al proyecto refuerza la jurisdicción y facultad fiscalizadora de la Oficina del Contralor Electoral sobre los donativos políticos por parte de contratistas gubernamentales que se persigue regular’’, expresó el contralor Electoral.
Por otro lado, Aniano Rivera Torres, director ejecutivo Interino de la OGE, afirmó que “debido a que la medida propuesta involucra a la Oficina del Contralor y la Oficina del Contralor Electoral, estimamos necesario que se obtengan las observaciones de dichas oficinas”.
“Es incuestionable que la contratación gubernamental debe estar libre de influencias o favores políticos-partidistas. Además, debe existir la garantía de que las decisiones respecto a la contratación gubernamental siempre deben velar el interés público en general y no de los grupos particulares. Así pues, es de suma importancia que se legisle para garantizar que los procesos de adjudicación de contratos sean justos y transparentes, basados en el mérito y no en el amiguismo político”, declaró Rivera Torres.
La contralora Yesmin Valdivieso Galib indicó que “en la OCPR hemos sido consistentes en avalar todo esfuerzo que promueva la sana administración pública y la buena utilización de los recursos en beneficios de nuestro pueblo. Sin embargo, nuestra oficina no define ni promulga política pública”.
Según la contralora, la Ley 222, que creó una División de Auditoría de Donativos y Gastos como una división dentro de la OCE, ya establece unas prohibiciones relacionadas con los donantes que pueden realizar, tanto las personas naturales como las personas jurídicas.
“De hecho se dispone que ninguna persona natural podrá, en forma directa o indirecta, hacer donaciones en o fuera de Puerto Rico a un partido político, aspirante, candidato, comité de campaña autorizado o de acción política en exceso de $2,600”, expuso Valdivieso Galib.
Eso no aplicará a los Comités de Fondos Segregados o para Gastos Independientes que no coordinen o donen a algún partido, aspirante o candidato.
Añadió que la OCE es la entidad que tiene el conocimiento, experiencia y la autoridad en ley para fiscalizar, auditar y adoptar normas específicas de los registros que propone la medida.
“Entendemos que cualquier disposición estatutaria que afecte lo relacionado con los donativos políticos debe ser integrada a lo establecido en la Ley 222”, determinó la contralora de Puerto Rico.
La dependencia gubernamental recomendó que se tomen en consideración los comentarios que puedan emitir el Departamento de Justicia, la OGE y la OCE.
De igual manera, los tres deponentes coincidieron en que es “el proyecto es demasiado amplio tal como está redactado” y exigieron que los roles establecidos en la medida hacia cada entidad gubernamental deben de ser más específicos.
“Si alguien está en contra de la corrupción y sabe de la cantidad de dinero que se pierde en contrataciones gubernamentales es nuestra oficina. Sin embargo, cuando tienes una medida que prohíben algo a un ciudadano se hace bien difícil y entiendo que es una medida demasiado amplia, en el sentido de que no hace sentido que una persona por dar $50 en donativos debe estar excluido de realizar contrataciones o peor aún que por dar esa cantidad pensar que esa persona es un corrupto. Algo que me parece ilógico y ridículo”, puntualizó Valdivieso Galib. INS
P. Rico-Senado evalúa nombramiento de Magaly Rivera como Secretaria de Educación
San Juan, 18 may (INS).- La designación de la doctora Magaly Rivera Rivera como secretaria de Educación fue evaluada este lunes por Comisión de Nombramientos del Senado, que dirige el presidente José Luis Dalmau Santiago.
“A lo largo de mi carrera de más de 30 años en el Departamento de Educación, he trabajado en todas las etapas y niveles, lo que me permite conocer de primera mano todas las necesidades del magisterio, de los directores escolares y del nivel central”, resaltó Rivera en la presentación de su ponencia a los miembros de la Comisión de Nombramientos.
Destacó, además, su conocimiento de las interioridades del Departamento de Educación, “lo que me permite llegar con una misión y visión clara, para poder atender con excelencia la educación de nuestros niños”.
Durante su turno de preguntas, el presidente del Senado cuestionó sobre cuáles son sus planes para atender el rezago académico de más de 37 mil estudiantes.
Rivera respondió que el organismo educativo “tiene que asumir la responsabilidad y entender que en algo fallamos”.
“El trabajo del personal de educación es excelente, pero tenemos que aprender de estas experiencias para que no vuelvan a suceder”, expuso.
Añadió que en el Departamento de Educación se han comenzado esfuerzos para reforzar destrezas a través de diferentes alternativas para que el estudiante vaya mejorando, aunque lo primero es estabilizar el sistema.
“Reforzar destrezas en verano, trabajar áreas académicas y emocionales. Tenemos que aunar esfuerzos con diferentes agencias, el tercer sector”, dijo la nominada al sostener que su misión es “unir esfuerzos, hacer alianzas colaborativas”.
Dalmau Santiago preguntó la posición de Rivera sobre la apertura de clases presenciales en agosto, a lo que respondió que “tenemos la responsabilidad de tener las escuelas abiertas alineados con el Departamento de Salud; tenemos que abrir las escuelas”.
“Uno escucha padres que piden que las escuelas se abran. Las facilidades tienen que estar bien acondicionadas, que se sigan los protocolos”, aclaró.
En esa línea, la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, cuestionó a la nominada sobre cuándo sería el comienzo de clases presenciales en la zona sur, luego de la situación que han pasado desde los terremotos.
“Es lamentable que desde Elba Aponte estemos pidiendo auxilio por nuestros niños y todavía no se tenga una fecha concreta de cuándo nuestros niños van a recibir una educación presencial”, expresó González Huertas a la designada.
Rivera hizo referencia a que para noviembre está previsto la entrega de los módulos adquiridos y que se estarían usando como salones de clases en sustitución de las escuelas que tuvieron daños a causa de los terremotos.
La senadora cuestionó la respuesta de la nominada recordando que recientemente la fecha mencionada en una reunión del Departamento de Educación fue para agosto.
Por su parte, la senadora del Distrito de Guayama, Gretchen M. Hau preguntó “con respecto a su responsabilidad como secretaria, usted tendrá total libertad en la toma de decisiones administrativas o tendrá siempre que consultar”.
Rivera respondió que “sé que mi toma de decisiones, que es una documentada y consultada con los elementos del mismo sistema educativo. De ahí vienen las ideas, fuera de eso no”.
También, Hau preguntó su posición sobre la enseñanza con perspectiva de género, a lo que la nominada indicó que el currículo con perspectiva de género es política pública.
“Son las normas existentes y hay que ponerlas en función al igual que otros currículos”, sostuvo.
El senador por el Distrito de Arecibo, Rubén Soto, preguntó a la designada si ya tiene preseleccionado un equipo de trabajo. “No tengo a nadie, por respeto a ustedes, para mi sería una falta de consideración, hacer un equipo de trabajo, crear una falsa expectativa con la gente sin haber pasado por el curso de ustedes”, respondió Rivera.
La senadora Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana, interrogó a la designada sobre qué piensa del sistema Montessori, a lo que respondió que cree en el mismo y que “dicho programa llegó para quedarse. Hay que darle más recursos”.
Añadió la necesidad de integrar la secretaría de Montessori al organigrama del Departamento de Educación.
Rivera Lassén cuestionó también “qué va hacer para evitar la discriminación contra niños y jóvenes por orientación sexual o identidad de género”.
La designada respondió que “no puede haber discrimen, uno tiene que respetar la dignidad humana. En la diversidad está el crecimiento. Todo el mundo no puede pensar igual”.
Por otra parte, la Comisión de Nombramientos recibió cartas en apoyo a la nominada por parte de Rosa Blanca López, superintendente de Escuelas Retirada en el Distrito Escolar de Bayamón, y Miguel López, director escolar de Arecibo.
Además, dijeron presentes durante la vista en apoyo a la designada los alcaldes de Comerío, Josean Santiago; de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, y de Barranquitas, Eliot Colón Blanco.
La Comisión de Nombramientos continuará sus trabajos durante el día de mañana martes, 18 de mayo de 2021, con la evaluación de Manuel Cidre como Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
La audiencia pública se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en el Salón Leopoldo Figueroa. INS
P. Rico-Presentan legislación para impulsar el desarrollo económico de Roosevelt Roads y las islas de Vieques y Culebra
San Juan, 18 may (INS).- El senador Javier Aponte Dalmau sometió legislación para promover el redesarrollo de Roosevelt Roads y las islas de Vieques y Culebra, y para crear una ruta turística con el fin de impulsar el desarrollo económico de la región este del país.
Aponte Dalmau presentó este lunes proyectos de ley con los que buscará adelantar el redesarrollo de la antigua base de Roosevelt Roads y las islas municipio de Vieques y Culebra, así como crear una ruta turística en la región este con el fin de maximizar el potencial socioeconómico de toda esa área geográfica del país.
“La evolución socioeconómica del distrito de Carolina está cimentada en el redesarrollo de la antigua base de Roosevelt Roads y las islas municipio, así como en las oportunidades económicas y turísticas que se puedan adelantar para la región. Si queremos lograr la progresión económica, un mayor bienestar social y la sostenibilidad del distrito resulta impostergable fortalecer este polo de la región que tienen un gran potencial de crecimiento”, explicó Aponte Dalmau al presentar los proyectos del Senado 362 y 348.
Con el 362 se crea un nuevo marco legal “de avanzada”, cuyo objetivo es lograr el desarrollo sostenible de los terrenos de Roosevelt Roads, ubicados entre Ceiba y Naguabo, y de las islas municipio de Vieques y Culebra.
Este marco legal enmienda los planes de desarrollo establecidos bajo la Ley 153-2002 (Plan de Desarrollo de Vieques y Culebra) y la Ley 508 de 2004 (Plan de Redesarrollo de los Terrenos de la Estación Naval Roosevelt Roads).
El estatuto, además, ofrecería mayores recursos y autonomía a la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads (LRA, siglas en inglés), modificaría la estructura administrativa del LRA para ampliar la participación del sector privado y reducir el control gubernamental y crearía un grupo interagencial para apoyar al LRA y agilizar los proyectos de desarrollo propuestos en la antigua base.
Con esta medida también se promueve la otorgación de beneficios e incentivos contributivos, así como el establecimiento de trámites especiales para la permisología de aquellos negocios que quieran operar en Roosevelt Roads, Vieques y Culebra.
Además, se impulsa el desarrollo de áreas de Fomento Industrial y zonas libre de impuesto en las islas municipio.
Asimismo, se propone la creación de un fondo especial para financiar la administración de los terrenos de la Antigua Base, proyectos de mejoramiento en esta área y el desarrollo de PYMES de energía renovable, economía digital y turismo sostenible en Ceiba, Naguabo, Vieques y Culebra.
Mientras, con 348 se pretende crear la Ruta Turística del Este para promover un desarrollo turístico integrado de los 10 municipios que componen el distrito senatorial de Carolina y convertirlo en uno de los destinos turísticos más importante de Puerto Rico y el Caribe.
“Aquellos que nos visitan si desean jugar golf van a río Grande. Si quieren ver uno de los bosques tropicales más bellos del mundo visitan El Yunque. Las mejores frituras las buscan en Loíza. Si su interés es disfrutar playas paradisíacas la opción es Vieques o Culebra. Nuestro distrito cuenta con una posición geográfica privilegiada y con joyas culturas y ecológicas que deben aprovecharse para convertirnos en uno de los destinos turísticos más importante del país y el Caribe”, afirmó Aponte Dalmau.
Se informó que, a través de esta medida, se promovería la participación activa en los planes de desarrollo y promoción turística de todos los municipios de la región a través de los consorcios intermunicipales. Además, se crearía un Comité de Planificación que junto a la Compañía de Turismo se encargarán de desarrollar un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico a corto, mediano y largo plazo y una campaña publicitaria que visibilice todos los atractivos de la Región Este.
La Ruta Turística del Este cuenta con el apoyo de la mayoría de los alcaldes del distrito.INS
P. Rico-Urgen que la Cámara apruebe medidas para la continuación de servicios legales para personas de escasos recursos
San Juan, 18 may (INS).- La Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ) urgió a la Cámara de Representantes que apruebe tres proyectos de ley que se encuentran ante su consideración y que ayudarían a la organización a nutrirse de los recursos necesarios para continuar subvencionando iniciativas de servicios legales gratuitos a poblaciones vulnerables.
Actualmente, la FFAJ sufraga 29 proyectos de acceso a la Justicia a través de los 78 municipios, y cuenta con cuatro programas principales que ofrecen servicios legales civiles gratuitos, como prevención de ejecuciones de hipoteca y desahucios, desarrollo económico comunitario, asesoría en derecho civil, de familia y administrativo, y la beca Charles Hey Maeste.
“La aprobación de estos proyectos debe ser una prioridad para la asamblea legislativa. No sólo porque son medidas para atender la pobreza en Puerto Rico, sino porque buscan soluciones reales a la disminución dramática de fondos que afectaría a los servicios legales civiles que se ofrecen a través de diversas entidades sin fines de lucro que la FFAJ subvenciona”, recalcó José Enrique Colón Santana, presidente de la fundación.
Del mismo modo, la entidad apoya económicamente a cuatro organizaciones en proyectos que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y, de no aprobarse esta legislación, corren el riesgo de no poder continuar ofreciendo sus servicios.
Se trata de la Línea de orientación legal de la Casa Protegida Julia de Burgos; acompañamiento legal a vistas de órdenes de protección con abogados de la Servicios Legales Corp.; la línea de orientación y servicio 24/7 de Taller Salud; y el programa de asesoramiento, representación legal, apoyo emocional y arte terapia en Barranquitas, Aibonito, Coamo, Comerío y Orocovis de la Casa Juana Colón.
“Ante la grave situación de feminicidios que enfrenta Puerto Rico, debemos apoyar a las entidades que ofrecen servicio directo a las sobrevivientes de violencia de género. A través de nuestros programas, cientos de mujeres en Puerto Rico han logrado recibir servicios legales y psicológicos libres de costo. Sin embargo, estos programas pueden estar en riesgo si no se aprueban estos proyectos”, expresó Amaris Torres Rivera, directora ejecutiva de la FFAJ.
El Fondo de Acceso a la Justicia, creado bajo la Ley 165-2013, se nutre, entre otras fuentes, de los intereses que generan las Cuentas de Intereses en Fideicomiso para Abogados y Abogadas (Cifaa; Iolta, en inglés). Las enmiendas propuestas tienen como objetivo ayudar a generar el capital necesario para el desarrollo de iniciativas que garanticen el acceso a la JHusticia a todos los puertorriqueños.
El Proyecto de la Cámara 23 enmendaría la Ley 10-1994, que reglamenta los bienes raíces, sus profesionales o empresas, para que los intereses que generen las cuentas de banco donde estos consignan los prontos pagos, depósitos de buena fe u otros depósitos en fideicomiso sean transferidos a cuentas Cifaa, para su posterior inversión en proyectos de interés social.
El proyecto 24 busca que los fondos que se encuentren bajo la custodia de la rama judicial y depositados en cuentas que no generan intereses para beneficio de menores e incapaces, también sean consignados por sus custodios en cuentas Cifaa.
Y el P. de la C. 26 obligaría a las instituciones financieras, bancos y cooperativas de Puerto Rico a depositar en cuentas Cifaa el dinero y otros bienes líquidos que no hayan sido objeto de transacción alguna o reclamados durante cinco años consecutivos, exceptuando aquellas cantidades provenientes de cuentas de acciones.
Las medidas fueron radicadas el 4 de enero de 2021 por el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, y Carlos Méndez Núñez. Actualmente, los proyectos 23 y 26 se encuentran en la Comisión de Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, presidido por la representante Estrella Martínez, y 24 está en las comisiones de lo Jurídico y de Hacienda y Presupuesto, presididas respectivamente los representantes Orlando Aponte Rosario y Jesús Santa Rodríguez. INS
P. Rico-Ombudsman se declara “intranquilo” y cuestiona el contrato suscrito con LUMA Energy: “Que la transacción ofrezca confianza y no incertidumbre”
San Juan, 18 may (INS).- El ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, se manifestó “intranquilo” con el contrato suscrito con LUMA Energy, por entender que hay elementos que deben aclararse antes del 1 de junio de 2021, que es la fecha de efectividad.
Entre los aspectos que requieren ser aclarados, García Feliciano apuntó: “¿Cuánto personal tiene o tendrá LUMA Energy disponible para atender sus responsabilidades ordinarias y las extraordinarias que se puedan presentar? ¿Cómo se manejará el servicio al cliente y quien lo supervisará día a día?, ¿Dónde quedará el representante de los consumidores ante la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)?”,
Además cuestionó “¿qué pasará con la junta de gobierno de la AEE?, ¿Tendrá LUMA que reportarse de vez en cuando ante la junta de gobierno de la AEE, si es que subsistiera, de alguna manera?, ¿Qué efecto tendrá para el consumidor, a largo plazo, las reservas de los mil millones de dólares? ¿Cuán responsable se ha sido con el manejo de la movilidad de los empleados y con los derechos adquiridos por estos?”
A juicio del procurador del ciudadano, “sea ahora o más adelante, alguien tiene que, de cara al sol, ofrecer las contestaciones a todas estas interrogantes”.
García Feliciano fue enérgico en señalar que cada uno de esos aspectos, incide directa o indirectamente en la vida del ciudadano.
“Si bien parece haber consenso en la deseabilidad de que la AEE sea reestructurada para que brinde un mejor servicio, no es menos cierto que tiene que ser de una manera ordenada, donde el ciudadano sienta que la transacción le ofrece confianza y no incertidumbre”.
“Por otro lado, es imperioso que las partes concernidas atiendan con la mayor sensibilidad posible el movimiento o reclutamiento de los empleados”, apuntó.
“La división del servicio al cliente debe tener una alta prioridad para todos, especialmente, para LUMA Energy. Esperamos que hayan podido reclutar personal con experiencia y que el ofrecimiento económico esté o haya estado a la altura de otras posiciones”, puntualizó el procurador.
García se mostró “confiado -pero no seguro- de que las partes puedan llegar a los entendidos que sean necesarios, en beneficio del ciudadano y de un servicio de energía eléctrica de nivel mundial, con precios que sean justos y razonables para todos”.
En esa misma dirección, señaló que la posición de la efectividad del contrato para enero de 2022 “no debe ser un capítulo cerrado para nadie. Si es enero u otro mes antes del 31 de diciembre de 2021, puede tener el mismo efecto, siempre que haya voluntad de todas las partes”.
Por último, el Procurador dijo que estará muy atento al desarrollo de la transacción y que hará las denuncias que correspondan, siempre velando por los intereses del ciudadano. INS
ndc