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La Comisión de Autonomía Municipal de la Cámara, que preside Juan José Santiago Nieves, abordó la viabilidad de transferir a los municipios recursos relacionados a la seguridad, entre otros. Inter News Service/Tammy Olivencia
San Juan, 13 may (INS).- El Departamento de Seguridad Pública (DSP) apoyó el desarrollo de planes colaborativos con los municipios, mas se mostró contrario a delegar la responsabilidad de la protección nacional a los ayuntamientos, según quedó establecido hoy en Comisión de Autonomía Municipal, Descentralización y Regionalización, presidida por el representante Juan José Santiago Nieves.
La asesora legal del Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), Estrella Vega Soto, destacó que actualmente el DSP se encuentra en pleno proceso de la integración de seis Negociados que trabajarán de manera coordinada.
Según la exposición de motivos de la Resolución 4 de la Cámara, tanto la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico y el recién aprobado Código Municipal de Puerto Rico que le sustituyó, “son un claro reconocimiento de la importancia del rol de los gobiernos municipales y del gran valor de su aportación para una sana administración e implementación de política pública”.
En referencia a esta resolución, Vega Soto opinó que “esto conlleva el análisis de toda estructura administrativa y operacional existente a cada uno de los Negociados, incluyendo el del NPPR, para atemperadas a una nueva realidad jurídica, la Ley 20-2017, la cual establece el DSP, para reorganizar, reformar, modernizar y fortalecer los instrumentos de seguridad pública.
“Ante esta gran responsabilidad, no podemos delegar la administración de la seguridad a los municipios, aún cuando las unidades especializadas se retengan a nivel central”, aseguró Vega Soto.
Las facultades de la Ley 107-2010, “le hizo extensivas a la Policía Municipal hacer cumplir la ley, proteger la vida de los ciudadanos, realizar investigaciones de conformidad a la jurisdicción que se les concede en esta Ley, establecer un servicio de patrullaje preventivo y establecer acuerdos de colaboración con la Policía de Puerto Rico”, señaló Vega Soto, quien también representó al secretario del DSP, Alexis Torres Ríos.
La asesora legal comentó que la Ley 20-2017, tuvo como base las funciones y transformaciones reales, para rediseñar la compleja estructura gubernamental, convirtiéndola en una costo-efectiva, cumpliendo lo aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por Washington al gobierno puertorriqueño.
“Esto, a la vez que se refuerza de manera integrada la respuesta rápida ante la situación de seguridad que se trate. No obstante, ello no excluye que podamos hacer acuerdos colaborativos con los municipios para reforzar la prestación de servicios entre el DSP, a través del NPPR y los cuerpos de las policías municipales”, explicó Vega Soto.
La ponencia de Seguridad Pública sostiene que, aunque los deberes de los policías municipales son similares, existen diferencias en asuntos medulares en comparación con la policía estatal.
“Por ejemplo, los requisitos de reclutamiento son distintos. En ese sentido, existe también un desfase, ya que no cumplen con todos los requisitos establecidos en el Artículo 12 del Reglamente de Persona de la Policía de Puerto Rico. A su vez, no todos los Policías Municipales cuentan con el mismo Sistema de Rangos de la Policía de Puerto Rico”, precisó el memorial.
Según Vega Soto, sería positivo que las diferencias compartidas, según el análisis de Seguridad Pública, sean atendidas para “continuar trabajando de manera integrada a favor de la seguridad del pueblo”. INS
ndc
