Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 13 de mayo de 2021
P. Rico-Junta de Supervisión presenta tercer Plan de Ajuste enmendado con acuerdos alcanzados con acreedores de bonos del SRE y de Recuperación
San Juan, 13 may (INS).- La Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) para Puerto Rico anunció el miércoles que presentó el tercer Plan de Ajuste enmendado que refleja los acuerdos alcanzados con los acreedores, luego de presentar el pasado 8 de marzo el segundo Plan de Ajuste enmendado.
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, dijo que los acuerdos alcanzados “con un número significativo de tenedores de bonos del Sistema de Retiro de Empleados (SER) y acreedores de recuperación (clawbacks) expanden el apoyo al Plan de Ajuste para sacar a Puerto Rico de la bancarrota”.
“Los acuerdos que se incorporan ahora al Plan de Ajuste resuelven años de litigios que dieron lugar a concesiones significativas por ambas partes bajo la orientación de la jueza Barbara Houser, la jueza Roberta Colton y el equipo de mediación”, explicó Jaresko.
Al sostener que los acuerdos consensuados constituyen el mejor camino para que Puerto Rico salga de la quiebra, por lo que “la Junta de Supervisión continuará en este camino para eliminar la inmensa carga que la bancarrota ha puesto en la economía y el pueblo de Puerto Rico”.
El plan enmendado refleja la estipulación judicial con ciertos tenedores de $3,200 millones en bonos emitidos por el SRE, los cuales recibirán su parte de $373 millones en efectivo y una cartera de inversiones en poder del Sistema de Retiro de Empleados con un valor aproximado de $70 millones, lo que resulta en un descuento de más de 80 por ciento.
El proyecto enmendado refleja un acuerdo de apoyo al plan con ciertos acreedores que tienen reclamaciones contra el Gobierno de Puerto Rico por dinero condicionalmente asignado a ciertas instrumentalidades del Estado Libre Asociado, incluyendo la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico (ADCC).
Jaresko aseguró en declaraciones escritas que los tenedores de reclamaciones de recuperación recibirán un Instrumento de Valor Contingente basado en el potencial rendimiento superior del Impuesto sobre Ventas y Uso del 5.5% de Puerto Rico en relación con las proyecciones del Plan Fiscal Certificado de 2020.
El acuerdo con ciertos acreedores de recuperación también proporciona un marco para la reestructuración de la deuda de la ACT para que esta pueda salir de la bancarrota y servir como una plantilla para el trato de otras reclamaciones de recuperación de acreedores en situaciones similares en la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura del Gobierno de Puerto Rico (AFI) y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).
Se prevé que el Plan revisado reduzca la deuda del Gobierno de Puerto Rico a niveles asequibles y sostenibles.
El plan reduce la deuda del Gobierno de aproximadamente $35,000 millones en reclamos pendientes en aproximadamente 80%, a $7,400 millones en deuda futura y reduce los pagos totales del servicio de la deuda del Gobierno (incluyendo los bonos senior de Cofina) en más de 60%, de $90,400 millones a $34,100 millones, lo que le ahorra al país cerca de $60,000 millones en pagos del servicio de la deuda.
Jaresko recordó que las negociaciones continúan con los acreedores generales no garantizados y otros titulares de reclamaciones de recuperación. INS
P. Rico-Derrota la Cámara de Representantes 43-0 asignación de $750 millones solicitada por la JSF para LUMA Energy
San Juan, 13 may (INS).- La Cámara de Representantes derrotó hoy 43-0, con dos abstenciones (Lourdes Ramos y Eladio Cardona), la Resolución Conjunta de la Cámara 139 que asignaría a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) $750 millones para financiar a LUMA Energy para la operación y mantenimiento de la infraestructura de transmisión y distribución.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por el representante Jesús Santa Rodríguez, luego de un proceso de vistas públicas, recomendó que la resolución fuera evaluada y discutida por el pleno legislativo.
“Este dinero, procedente del fondo general de Puerto Rico, y que no le ha llegado a los trabajadores y trabajadoras, ha sido recopilado por los últimos cuatro años bajo las políticas de austeridad de las administraciones de Ricardo Roselló y Wanda Vázquez”, señaló en un turno inicial el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez.
Añadió que los $750 millones que han aparecido de la nada para respaldar esta transacción, solicitada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pertenecen a la gente humilde del país.
“Con esos fondos podríamos estar arreglando sobre 37 mil hogares alrededor de todo Puerto Rico que aún tienen toldos azules. Pudiéramos construir techos seguros de cara al embate de cualquier fenómeno atmosférico”, argumentó Hernández Montañez.
Según el Informe de la Resolución, la Junta de Control Fiscal, a través del Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico certificado el 23 de abril de 2021, estableció que un servicio de energía eléctrica asequible, fiable, seguro y resistente es esencial para el crecimiento económico y el desarrollo de Puerto Rico.
“La AEE tiene que establecer cuentas de reserva por la cantidad total aproximada de $1,000 millones para que estén disponibles para, entre otras cosas, el mantenimiento y operación del sistema de transmisión y distribución y los proyectos de mejoras de capital”, indicó el informe sobre las exigencias del ente federal.
Según el representante Santa Rodríguez, el dinero que se pretende utilizar para la transacción de privatización del sistema eléctrico “son fondos de reserva del país y surgen del exceso de ingreso que ha tenido el gobierno, (cuando) un mejor uso de ese dinero existe”.
“Todo el mundo sabe las necesidades que hay en mejorar las carreteras, servicios médicos y la construcción de escuelas en el sur. Esos millones son nuestra cuenta de ahorro y la del país”, insistió el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara.
Santa Rodríguez sostuvo que “para mí, estos $750 millones son el primer aumento del servicio eléctrico que se pretende dejar en manos de un ente privado. En esencia, ese dinero que se desea prestar, lo hemos pagado como pueblo en el IVU e impuestos. Ese es nuestro dinero. No es dinero para pagar a los bonistas. Es nuestro dinero y hay que defenderlo”.
Por su parte, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, explicó que con en la condición colonial de la isla “no es posible un desarrollo económico”.
“Tenemos que legislar para cumplir con la justicia y la solidaridad que merece nuestro pueblo. Hay que retar directamente a la Junta de Control Fiscal”.
Luego, el portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos Johnny Méndez, añadió que “la medida va en contra de la dignidad de nuestro pueblo. Las imposiciones de la Junta van en contra de mis principios y valores. Es por eso que le votaré en contra”.
En su turno de discusión, el representante Luis Raúl Torres Cruz alertó que, como parte de su investigación sobre el consorcio, descubrió que, en el pasado, luego de un desastre en Perú, Quanta se fue y abandonó su respuesta en un sistema eléctrico. “Este dinero no puede llegar a manos de una empresa que forma parte de un contrato leonino, que no beneficia al pueblo de Puerto Rico”.
Los trabajos recesaron hasta el martes, 18 de mayo de 2021 a la 1:00pm. INS
P. Rico-Protagonistas las mujeres en la marcha de energéticos en contra de LUMA
San Juan, 13 May (INS).- Las mujeres protagonizaron hoy la marcha de los energéticos contra la entrega de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al consorcio LUMA Energy, por considerar que ese procedimiento perjudica al pueblo puertorriqueño en todos los sentidos.
“Pierluisi escucha al pueblo; detenga el contrato con LUMA”, reclamaron las manifestantes con una pancarta desplegada al frente de la marcha, junto al presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo.
La marcha, que salió del parque Luis Muñoz Rivera, se detuvo frente al Capitolio, y posteriormente llegaron hasta La Fortaleza, donde el gobernador Pedro R. Pierluisi, estaba ausente pues salió en viaje oficial a Washington.
Los miembros de la Utier y otras organizaciones de empleados de la estatal AEE, como los Jubilados de la AEE, las Asociación de Gerenciales y la Unión de Empleados Profesionales Independientes, además de otros sectores solidarios.
Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, advirtió que no se aprobaría la entrega de 750 millones de dólares para LUMA Energy, consorcio norteamericano que está proyectado asuma el 1 de junio de 2021 la transmisión y distribución de la luz eléctrica.
La corporación estadounidense-canadiense, cuya llegada a Puerto Rico es un verdadero misterio, no aportará ni un solo centavo en el proceso de privatización, por lo que corresponderá al pueblo pagar 1,500 millones de dólares en 15 años.
Los integrantes del gremio principal de la AEE, la Utier, advirtieron que no se detendrán hasta que se atiendan sus reclamos contra LUMA Energy.
Figueroa Jaramillo expresó a la agencia Inter News Service (INS) que el gobernador debe escuchar sus reclamos, porque no sólo se aumentará el coste de la luz, sino que se desplaza a los trabajadores de la corporación pública.
Entre los participantes en la marcha estaba el senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), quien destacó que tal como se comprometió no abandona la lucha en la calle a favor del pueblo, mientras ocupa un escaño.
También estuvo en la protesta el coordinador general del MVC, Manuel Natal Albelo, quien exhortó al gobernador Pierluisi a detener este contrato, que al parecer no fue producto de un análisis riguroso, como el realizado por la Utier.
“Entendemos que es un contrato oneroso para todas las personas, en sus hogares y en sus pequeñas y medianas empresas, que van a ver reflejado un aumento en las tarifas de luz y del agua, que si hubieran hecho un análisis riguroso hubieran llegado a la conclusión de que es un contrato nefasto”, dijo el exlegislador.
La Utier no da por terminada su lucha con esta manifestación, sino que se propone mantenerse en pie de lucha con el objetivo de que se atienda su reclamo. INS
P. Rico-Alerta Márquez Lebrón que reglamento para prohibir el depósito de cenizas tóxicas incluye dispensas para AES
San Juan, 13 may (INS).- El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, aceptó que el recién aprobado reglamento para la prohibición del depósito de cenizas de carbón contiene una sección sobre dispensas que podría solicitar la empresa carbonera AES y aplicaría a cualquier prohibición en el reglamento, alertó el representante Denis Márquez Lebrón.
El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes dejó en evidencia a Machargo Maldonado durante una vista pública celebrada por la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje.
Luego de más de un año violando la Ley 5-2020 (que mandató la creación de dicho reglamento), el DRNA aprobó el pasado 10 de mayo el “Reglamento para el Manejo y Uso Comercial Seguro de los Residuos de Combustión de Carbón”.
Ante el planteamiento de Márquez Lebrón de que la empresa AES podría solicitar dispensas de muchas de las actividades que están prohibidas por la ley y el reglamento, Machargo Maldonado argumentó que tendría que tener una causa mayor.
“¿Dónde dice en la parte de dispensas lo de la causa mayor?”, preguntó el legislador independentista.
A lo que el secretario del DRNA respondió: “No, eso no está”.
El legislador también cuestionó la duración de las dispensas que podría recibir AES, que según establece el Reglamento, duraría hasta 2 años.
“¿Cómo puede estar escrito en un Reglamento, señor Secretario, que el periodo será lo más corto posible? O sea que AES podría tener una dispensa, de múltiples acciones que hay ahí, por 3 meses, por 6 meses, por un 1 año y medio, por 1 año y 10 meses”, cuestionó Márquez Lebrón.
Machargo Maldonado insistió en que tiene que haber una fuerza mayor, por ejemplo, que debido a un huracán las embarcaciones no pudieran llegar a Puerto Rico.
“En la definición de causa mayor, y en las definiciones del reglamento, y en la Regla 35, ¿todo eso está debidamente clarificado?”, volvió a insistir el legislador independentista.
“Eso tendríamos que cotejarlo”, contestó parcamente Machargo Maldonado.
Para el representante del PIP es inconcebible que luego de más de un año para aprobar el reglamento, el DRNA tenga que cotejar todavía este asunto de las dispensas.
“La propia comunidad solicitó, durante las vistas públicas del reglamento, la eliminación de estas dispensas. Tras el nefasto historial que tiene la empresa AES en nuestro país, no podemos estar dándole oportunidades para que continúen contaminando y envenenado la salud de nuestra gente”, expresó.
Márquez Lebrón advirtió que “seguiremos luchando con las comunidades para sacar esta empresa criminal de Puerto Rico”. INS
P. Rico-Urge Fundación de Acceso a la Justicia que la Cámara apruebe medidas vitales para servicios legales a los pobres
San Juan, 13 may (INS).- La Fundación Fondo de Acceso (FFAJ) a la Justicia urgió hoy a la Cámara de Representantes que apruebe tres proyectos de ley ante su consideración, que ayudarían a la organización a nutrirse de los recursos para subvencionar iniciativas de servicios legales gratuitos a poblaciones vulnerables.
La FFAJ sufraga actualmente 29 proyectos de acceso a la justicia a través de los 78 municipios, y cuenta con cuatro programas principales que ofrecen servicios legales civiles gratuitos, dirigidos a prevención de ejecuciones de hipoteca y desahucios, desarrollo económico comunitario, asesoría en derecho civil, de familia y administrativo y la Beca Charles Hey Maeste.
“La aprobación de estos proyectos de ley debe ser una prioridad para la Asamblea Legislativa en estos momentos, no sólo porque son medidas para atender la pobreza, sino porque buscan soluciones reales a la disminución dramática de fondos que afectaría los servicios legales civiles que se ofrecen a través de diversas entidades sin fines de lucro que la FFAJ subvenciona”, recalcó el licenciado José Enrique Colón Santana, presidente de la entidad.
Del mismo modo, la FFAJ apoya económicamente a cuatro organizaciones en proyectos que atienden a mujeres sobrevivientes de violencia de género, y de no aprobarse esta legislación corren el riesgo de no continuar.
Estos son la Línea de orientación legal de la Casa Protegida Julia de Burgos; acompañamiento legal a vistas de órdenes de protección con abogados de la Corporación de Servicios Legales; la línea de orientación y servicio 24/7 de Taller Salud; y el programa de asesoramiento, representación legal, apoyo emocional y arte terapia en Barranquitas, Aibonito, Coamo, Comerío y Orocovis de la Casa Juana Colón.
“Ante la grave situación de feminicidios que enfrenta Puerto Rico, debemos apoyar a las entidades que ofrecen servicio directo a las sobrevivientes de violencia de género. A través de nuestros programas, cientos de mujeres han logrado recibir servicios legales y psicológicos libres de costo. Sin embargo, estos programas pueden estar en riesgo si no se aprueban estos proyectos de ley”, expresó la licenciada Amaris Torres Rivera, directora ejecutiva de la FFAJ.
El Fondo de Acceso a la Justicia, creado bajo la Ley 165-2013, se nutre, entre otras fuentes, de los intereses que generan las Cuentas de Intereses en Fideicomiso para Abogados y Abogadas (CIFAA). Las enmiendas propuestas tienen como objetivo ayudar a generar el capital necesario para el desarrollo de iniciativas que garanticen el acceso a la justicia a todos los puertorriqueños.
El P. de la C. 23 enmendaría la Ley 10-1994, que reglamenta los bienes raíces, sus profesionales o empresas, para que los intereses que generen las cuentas de banco donde estos consignan los prontos pagos, depósitos de buena fe u otros depósitos en fideicomiso sean transferidos a cuentas CIFAA, para su posterior inversión en proyectos de interés social.
Mientras, el P. de la C. 24 busca que los fondos que se encuentren bajo la custodia de la rama judicial y depositados en cuentas que no generan intereses para beneficio de menores e incapaces, también sean consignados por sus custodios en cuentas CIFAA.
Del mismo modo, el P. de la C. 26 obligaría a las instituciones financieras, bancos y cooperativas de Puerto Rico a depositar en cuentas CIFAA el dinero y otros bienes líquidos que no hayan sido objeto de transacción alguna o reclamados durante cinco años consecutivos, exceptuando aquellas cantidades provenientes de cuentas de acciones.
Las medidas fueron radicadas el 4 de enero de 2021 por el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, y Carlos Johnny Méndez, portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ese cuerpo.
Actualmente, el P. de la C. 23 y el P. de la C. 26 se encuentran en la Comisión de Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros presidido por la representante Estrella Martínez, y el P. de la C. 24 está en las comisiones de lo Jurídico y de Hacienda y Presupuesto, presididas respectivamente lo representantes Orlando Aponte Rosario y Jesús Santa Rodríguez. INS
P. Rico-Senadora Santiago, ante “hacinamiento” de estudiantes propuesto por Educación: “Es antipedagógico e inhumano”.
San Juan, 13 may (INS).- La senadora María de Lourdes Santiago, ante el “hacinamiento” de estudiantes propuesto por Educación, que ha informado de un aumento del número de estudiantes por salón para el próximo año escolar, dijo que la medida es “antipedagógica e inhumana”.
“La decisión del Departamento de Educación de continuar con el hacinamiento de 30 estudiantes por salón en las actuales circunstancias es antipedagógica e inhumana. En momentos en que, según el gobierno, 37,000 niños y niñas ‘fracasarán’ en al menos una clase, y siendo todavía incierto cómo se regresará a clases presenciales, el Departamento de Educación acaba de informar a través de su nueva carta circular sobre organización escolar, que continuará el hacinamiento en los salones”, manifestó.
Según la legisladora, “en tiempos de pandemia, con rezagos acumulados, con miles de estudiantes de educación especial sin recibir servicios adecuados por más de un año, la respuesta del DE es hacinar 30 estudiantes en cada grupo de cuarto a duodécimo grado y 25 en los salones de kinder a tercero. Para poner esta determinación en contexto, hay que recordar que cerca de 70,000 niños y niñas de educación especial están ubicados en salones de corriente regular, en muchos casos con necesidad de atención individualizada, y grupos de cupo reducido”.
Agregó que “esas recomendaciones son de imposible cumplimiento con tantos estudiantes en cada salón. La determinación del Departamento es antipedagógica, en cualquier caso, y ante las circunstancias creadas por la pandemia, inhumana y mal intencionada. No hay forma de sostener que tener 30 estudiantes en cada salón es algo bueno. Por el contrario, asumiendo que en Educación son capaces de entender las consecuencias previsibles de sus actos, ese cupo por salón sólo persigue hacer más difícil la tarea escolar tanto para los estudiantes como para el magisterio”.INS
ndc