Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 12 de mayo de 2021
P. Rico-Organizaciones magisteriales rechazan nueva directriz de Educación, que dispone que grupos de estudiantes pueden ser de hasta 25 niños de kínder a tercer grado y de 30 de cuarto a duodécimo, además de establecer períodos de clase de 60 minutos
San Juan, 12 may (INS).- El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) rechazó la nueva carta circular del Departamento de Educación, que dispone que los grupos de estudiantes pueden ascender hasta 25 niños de kínder a tercer grado y 30 de cuarto a duodécimo.
La carta circular fue firmada por el secretario interino Eliezer Ramos Parés y corresponde al año escolar 2021-2022, que se inicia en agosto.
“Esto impide la atención individualizada que requieren los procesos educativos y es particularmente irresponsable en medio de una pandemia donde se requiere distanciamiento físico para evitar el contagio”, apuntó Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR)
Mientras, Liza Fournier Córdova, presidenta del sindicato magisterial Unete, dijo que la medida “establece además los períodos de clase de 60 minutos, que limitan ofrecimientos académicos de cursos como Artes Visuales, Música, Teatro, Educación Física, entre otros”.
Dirigentes del Fadep han presentado al Departamento de Educación esta y otras preocupaciones en distintas instancias.
Migdalia Santiago Negrón, presidenta de Educamos, contó que “solicitamos que se enmendara la carta circular para reducir el número de estudiantes por salón. Esto iría acompañado de la reapertura de numerosos planteles cerrados por administraciones anteriores y el nombramiento adicional de personal docente y de apoyo”.
El FADEP sostiene que en tiempos de pandemia los grupos deben incluir de diez a 12 estudiantes para garantizar distanciamiento físico y para atender de manera precisa las necesidades educativas de cada niño, niña o joven.
Para este frente magisterial los topes reducidos son una manera de superar las deficiencias que han significado los problemas de falta de recursos y abandono del sistema, durante la pandemia, los sismos y que se arrastran desde los huracanes del 2017.
Educación ha anunciado que ofrecerá cursos remediales para atender los rezagos académicos de los estudiantes.
“Contradictoriamente informa que los grupos de clases incluirán cantidades de estudiantes que no permiten la atención individualizada que va a requerir este proceso durante el año escolar. Tampoco presenta una propuesta de organización alterna que combine modalidades presenciales y virtuales que seguramente sean necesarias durante el año escolar”, aseguró Martínez Padilla.
Para Fournier Córdova, “es evidente que el Departamento de Educación busca flexibilizar los protocolos de salud para permitir grupos más grandes y se niega a nombrar personal docente adicional, como aconseja está coyuntura”.
En tanto, Santiago Negrón comentó que “no es momento de discursos huecos. Si decimos que nuestros estudiantes son primero, debemos ofrecerles la educación de calidad que merecen y proveer condiciones adecuadas de trabajo al personal docente”.
Las líderes magisteriales coincidieron en que esta carta circular le falta el respeto al personal docente ya que es prácticamente una copia de la promulgada previo al inicio de la pandemia.
Sostuvieron que el país se encuentra aún en medio de una crisis de salud y la educación tiene que impartirse usando protocolos que protejan a los niños y al personal.INS
P. Rico-Impone DRNA severas restricciones al uso, acumulación, manejo y transporte de residuos de combustión de carbón
San Juan, 12 may (INS).- El nuevo reglamento del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) sobre los Residuos de Combustión de Carbón (RCC) prohíbe su depósito, la acumulación y el almacenamiento sobre el terreno por un período mayor de 180 días a partir del momento de su generación o producción.
El secretario del DRNA, Rafael A. Machargo, manifestó que la prohibición es independientemente de si existe o no cobertura plástica entre los RCC y el terreno.
La prohibición y período no aplica al almacenamiento controlado de RCC en tanques y silos para la manufactura de cemento, hormigón y cualquier otro uso comercial, según se regula en el Reglamento para el Manejo y Uso Comercial Seguro de los Residuos de Carbón.
“Hemos tomado todas las previsiones posibles para garantizar que el manejo y disposición, así como el transporte y uso con fines comeriales de los RCC no perjudique de ninguna manera la salud ni el ambiente. Muchas de estas restricciones son de carácter local, es decir, hay más requerimientos de lo que las propias normas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) exigen”, explicó.
Machargo precisó que la EPA, que tiene jurisdicción primaria sobre este elemento, define los RCC y autoriza sus usos, por lo que “no debemos olvidar que el uso del carbón para generar energía ha sido prohibido en Puerto Rico a partir de 2028”.
El DRNA estableció que el generador de RCC no podrá depositar, acumular o almacenar temporalmente en el área exterior destinada a esos efectos en su instalación una porción que sea mayor a la cantidad de RCC que pueda generar en un término 180 días.
Además, el área exterior usada para depositar, acumular o almacenar temporalmente deberá contar con cobertura de material geosintético con ciertas especificaciones.
En el caso de las Instalaciones de Uso Comercial Encapsulado Final, el almacenamiento para la manufactura de cemento, hormigón y cualquier otro uso comercial encapsulado autorizado por la Ley 5-2020, tampoco podrá extenderse por más de 12 meses.
El Reglamento prohíbe a cualquier persona manejar inadecuadamente el RCC de tal manera que cause algún impacto en la salud, el medio ambiente, el aire, la tierra y las aguas, sean superficiales, humedales, costaneras o subterráneas.
Entre estas prohibiciones, destaca la emisión de polvo fugitivo en violación al Reglamento para el Control de la Contaminación Atmosférica del DRNA y la migración y concentración de gases explosivos en cualquier estructura o en el terreno o aire, o más allá de los límites de la propiedad, en exceso de 25% de su nivel mínimo de explosividad. INS
P. Rico-Cámara aprueba de forma unánime proyecto que limita oficio de cabildeo en el Gobierno
San Juan, 12 may (INS).- La Cámara de Representantes dio paso el martes, por unanimidad, al Proyecto de la Cámara 31 que creará el Registro de Cabilderos del Gobierno en busca de establecer “frenos y precauciones” para evitar influencias indebidas y que su acceso a las esferas gubernamentales sea ordenado y transparente.
Según dispone la medida, que recibió múltiples enmiendas, “ante el sinnúmero de irregularidades y situaciones suscitadas con el transcurso de los años, imputaciones realizadas a cabilderos y entidades que realizan gestiones relacionadas al cabildeo, el contexto histórico exige que se reglamente el ejercicio de esta profesión’’.
De acuerdo con un informe positivo presentado por la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Jesús Manuel Ortiz González, el proyecto busca aclarar la definición de lo que es un cabildero para poder enmarcar claramente, tanto la figura como las gestiones o actividades que se pueden realizar bajo los derechos garantizados constitucionalmente.
De igual forma, en el proyecto original se estipulaba que un cabildero recibía paga por sus labores, pero en las enmiendas se clarificó que existen cabilderos voluntarios para comunidades y organizaciones sin fines de lucro que estarán exentos de formar parte del registro.
La medida de la autoría del presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez y el representante Carlos Johnny Méndez Núñez crea un Registro de Cabilderos en el que se tendrá que brindar información de la persona, presentar informes sobre su actividad y los clientes que representa con el fin de darle una “transparencia al ejercicio democrático” y evitar el uso indebido de influencias.
“Nos corresponde a cada uno de nosotros el deber histórico de recuperar la confianza de la gente y las instituciones que tanto se ha perdido por personas que se han aprovechado de estos accesos. Con eso en mente, yo estoy seguro que este proyecto va a ayudar en esa lucha contra la corrupción, garantizando un derecho constitucional, promoviendo que sea un proceso lleno de transparencia, honestidad y siempre poniendo el interés público por delante”, expresó Ortiz González.
También, se estableció que cada cuerpo legislativo sería custodio del registro relacionado a los asuntos en el Capitolio, mientras que el Departamento de Estado tendrá el registro de cabilderos en la rama ejecutiva.
El estatuto prohíbe que todo exoficial de la Rama Ejecutiva o Legislativa sea cabildero sobre los asuntos que atendieron en el mismo cuatrienio en que se registró su salida mientras prestaba servicios como funcionario gubernamental.
La representante Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), se mostró a favor de la medida y presentó una enmienda para que “no se exima como contacto de cabildeo las gestiones realizadas en un discurso, artículo o publicación que sea distribuido y puesto a la disposición del público a través de radio, televisión u otro medio de comunicación, ya que por ahí se cuelan prácticas de cabildeo. Por lo que, la enmienda elimina lo dispuesto en el texto de la página 8 entre las líneas de la uno a la cuatro”.
De otra parte, Méndez Núñez añadió que “es necesario que el pueblo sepa quién le paga a estas personas y qué asuntos discutan, y no solo en la Asamblea Legislativa, sino que, a nivel Ejecutivo, en donde se cabildea y se hacen gestiones para lograr contratos”.
Por otro lado, para pertenecer al registro, los cabilderos deben realizar un pago de 250 dólares.
El Registro de Cabilderos, que será un documento público, contendrá información sobre el cabildero, su empleador y los asuntos de interés. Toda persona que incumpla con las disposiciones de esta ley será referida al Departamento de Justicia, agencia que tomará las medidas para procesarla en los tribunales.
Igualmente, las penalidades serán una multa de $5,000 y una pena de reclusión por un término fijo de tres años, o ambas. Si se trata de una persona jurídica será sancionada con una multa de $10,000 junto a la prohibición de la práctica del cabildeo por un término no menos de diez años.
En la sesión también se aprobó el Proyecto de la Cámara 547, de la autoría del portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Matos García, fue aprobado. Este crea la ‘’Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico’’ a los fines de tipificar como delito, la divulgación y publicación de cualquier material explícito de carácter íntimo.
Todas las medidas atendidas en la sesión fueron aprobadas. Las labores de la Cámara recesaron hasta mañana, miércoles, a la 1:00 de la tarde. INS
P. Rico-Senadores cuestionan carácter de Collazo para dirigir el Negociado de Bomberos
San Juan, 12 may (INS).- La Comisión de Nombramientos, que dirige el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, evaluó hoy la designación de Javish Collazo, como comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, donde tuvo la oportunidad de defenderse de cuestionamientos sobre su temperamento y carácter por parte de personas que estuvieron bajo su supervisión.
“Él contestó sus preguntas, presentó su historial y son ahora los compañeros senadores y senadoras los llamados a emitir su voto en la comisión de nombramientos. Mi impresión es que él contestó las preguntas y a mí me pareció que fue muy sincera su respuesta”, destacó Dalmau Santiago en un aparte con los periodistas una vez culminada la vista.
Agregó que “todos tenían el mismo cuestionamiento que ha marcado esta designación desde un principio, que es su carácter y temperamento a la hora de tomar decisiones en una posición de poder. Él le contesto las preguntas a los legisladores en torno a eso mismo. A mí me pareció, independientemente se le de credibilidad o no al final, las respuestas fueron muy sinceras”.
Durante la vista pública, el senador Juan Zaragoza, del Partido Popular Democrático, cuestionó al designado sobre las características que se repiten en las expresiones que se han hecho en su contra ante la Comisión.
Señaló que estas alegaciones lo presentan como intolerante, violento, hostigador, abuso de poder y mal tratante y le pidió una reacción a esas palabras y a videos que han salido a relucir donde se cuestiona ese carácter.
“Esas palabras no describen a este servidor. Soy estricto, responsable, me apego a las leyes, normas, reglamentos y al trabajo. Habrá personas con diversidad de pensamientos cuando se toman decisiones laborales que implican determinaciones directas con los empleados”, reaccionó Collazo.
Añadió que “lo que hecho en todos lados es establecer las reglas y normas desde el principio; trabajamos como equipo. Mi trabajo yo lo tomo bien en serio. Esta responsabilidad que me ha dado el Gobernador yo no lo tomo a la ligera ni es para mí como un juego. Nuestro trabajo es salvar vidas”.
Detalló lo ocurrido en un video cuando se desempeñaba como legislador municipal, recordando que fue un error de juventud y pidió disculpas por lo ocurrido en aquel entonces y aprendió del momento y nunca ha vuelto a suceder.
En la misma línea, el senador William Villafañe, del Partido Nuevo Progresista, preguntó al nominado sobre los cuestionamientos de personas que han presentado sus quejas ante la comisión en contra de la nominación relacionados a su carácter.
Collazo respondió que “siempre he creído que en el servicio público uno viene a servir y no a ser servido. En el servicio hay leyes y reglamentos que hay que seguir. He aprendido que las cosas se tienen que hacer de la forma correcta. Hay diferencia entre ser un supervisor bueno o un buen supervisor. No soy abusador y tampoco hostigador, soy estricto. Tomo decisiones justas apegado a las leyes”.
Igualmente, se defendió de expresiones surgidas en su contra durante la vista pública del 23 de abril de 2021, donde tres ciudadanos expresaron su oposición al nominado: Carmen Torres Mulero, técnica de Administración del municipio de Cataño; John Méndez, quien labora hace 17 años como bombero y, al presente, es sargento en la zona de Aguadilla-Mayagüez, e Iván J. Rivera Rivera, inspector del Negociado de Bomberos.
Indicó que hizo llegar a la Comisión una carta de ocho compañeras de trabajo donde certifican y desmienten lo alegado por Torres Mulero.
Sostuvo que a esa dama nunca se le faltó el respeto y tampoco se operó contrario a la ley.
Afirmó que en el caso de Meléndez no tuvo nada que ver con la política partidista, lo que hubo fue un préstamo. Mencionó que estaba prestado en la región de Aguadilla, pero su puesto de origen es de Mayagüez.
Señaló, son transacciones administrativas por necesidad de servicio. De cuatrienio en cuatrienio se reorganizan esfuerzos para buscar una reacción.
En el caso de Rivera, mencionó que lo señalado se investigó y al final fue desestimada y reiteró que sus alegaciones son falsas e infundadas y son personas que tienen resistencia al cambio.
“Nosotros no venimos a entorpecer las funciones de los compañeros. Venimos hacer el trabajo de forma correcta. Creo en la disciplina y que el castigo debe ser proporcional a la falta. En mí no media otra cosa que no sea la justicia. Llevo 23 años en el Cuerpo de Bomberos. El ser estricto y formal no es equivalente a ser malo”, subrayó Collazo.
De otra parte, el senador y presidente de la Comisión de Seguridad, Henry Neumann, preguntó al nominado su posición sobre el Departamento de Seguridad Pública (DSP).
Collazo respondió que “el DSP es un concepto bien amplio. Ha dado un poco de trabajo. El Departamento fue creado con buena intención, pero diversos factores incidieron en que no se lograra una armonía. Todo se ha atrasado. En el caso de bomberos, el Secretario Alexis Torres nos ha dejado operar de manera ordenada la parte operacional. Se hacen reuniones más frecuentes. Entiendo que el DSP llevado de la manera correcta puede ser una gran herramienta. A futuro se debe considerar la reingeniería del DSP a nivel operacional para que sea más ágil”.
La Comisión de Nombramientos recibió varias misivas a favor del nominado de los alcaldes de Cataño, Yauco, Moca, Florida, Ciales, Culebra, Isabela y Aguadilla. En igual forma, de José Tirado, presidente del Sindicato de Bomberos; Luis Arroyo Ortiz, exlegislador municipal de Cataño; Juan Martínez, pasado presidente Legislatura Municipal de Cataño y José Franceschi, bombero voluntario de la zona de Ponce.
En contra se expresó mediante carta, Omar Mercado Vázquez, sargento de la Policía Municipal de Cataño. INS
P. Rico-González Colón abre mesas de trabajo para aunar esfuerzos ante la violencia doméstica
San Juan, 12 may (INS).- La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, abrió la primera de una serie de mesas de trabajo para atender distintos aspectos de la violencia doméstica, en esta ocasión a nivel estatal y legislativo.
Como presidenta del Caucus de la Mujer y miembro del Grupo de Trabajo Bipartita del Congreso de Estados Unidos para Eliminar la Violencia Doméstica, González Colón busca recomendaciones sobre acciones que puede llevar a la esfera federal para combatir este mal.
“Desde legisladora de la Cámara de Representantes en Puerto Rico y más cuando la presidí, trabajé legislación a favor de la mujer y para atender los casos de violencia domestica en la Isla”, expreso.
La comisionada residente en Washington indicó que en su rol de copresidenta del Caucus de la Mujer en el Congreso “es crucial utilizar este foro para continuar abogando para asignar mas recursos para atender el asunto de violencia domestica e impulsar legislación para estos fines”.
En la reunión estuvieron la procuradora de las mujeres Lersy G. Boria, la senadora Wanda Soto Tolentino, del Partido Nuevo Progresista; la representante Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, miembros de los Comité de Asuntos de la Mujer de Cámara y Senado, y la fiscal Germaine Báez en representación del Secretario de Justicia.
Además, la doctora Yanira Reyes Gil, de InterMujeres y Decana de Asuntos Académicos de la Facultad de Derecho, UIPR; Laura García Sierra, en representación de la Oficina de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico; teniente Aymee M. Alvarado, encargada de Alerta Rosa de la Policía de Puerto Rico, y Ana Vélez Departamento de Seguridad Pública.
En la reunión se discutió la necesidad de capacitación de jueces, fiscales y abogados de los procesos de violencia doméstica, enmiendas a leyes como la Ley 54 o la Ley de Acoso Sexual, formas en que se puedan agilizar los trámites de protección por violencia doméstica, mejorar el sistema de notificaciones de las órdenes de protección, y recomendaciones de como enfrentar el crimen cibernético y las amenazas cibernéticas, nuevas modalidades que tal vez no estaban contempladas con durante la redacción de la Ley 54.
Se habló de leyes federales que asignan fondos a programas de violencia doméstica en la isla como los VAWA (Violence Against Women Act).
Otros de los temas discutidos que trajo el Negociado de la Policía, Seguridad Pública y Justicia, fue la necesidad de implementar módulos y registros que permiten Rama Judicial y Policía conocer los detalles del agresor, de la víctima y notificaciones de las partes.
Se dialogó en cómo integrar a componentes federal para que pueden ayudar al gobierno de Puerto Rico a ser más diligentes al atender estos casos de violencia doméstica.
La comisionada adelantó que esta es la primera mesa redonda dentro de varias gestiones que realiza sobre el tema de violencia doméstica y que hará otras reuniones de trabajo con diferentes componentes tanto a nivel estatal como federal.
La semana pasada, la congresista discutió con el secretario de Justicia, Domingo Emmanuelli, los recursos que están disponible para atender la emergencia de violencia doméstica en la isla y que necesidades tiene el departamento que se pudieran aliviar a nivel federal para erradicar ese mal social.
El año pasado la comisionada le solicitó al fiscal federal para Puerto Rico, Stephen Muldrow, crear un grupo de trabajo compuesto de agencias federales y estatales, organizaciones sin fines de lucro e instituciones de educación superior para atender la violencia y crímenes violentos contra la mujer, proponer medidas inmediatas y de largo plazo para proteger a las mujeres contra la violencia. INS
P. Rico-Organizaciones se oponen a la confirmación de Torres como próximo contralor
San Juan, 12 may (INS).- Más de 15 organizaciones, profesionales, sindicales y comunitarias, incluyendo al Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, Sembrando Sentido, Espacios Abiertos y el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, se unieron para expresar su oposición a la confirmación de Manuel Torres Nieves como contralor de Puerto Rico, tras la publicación de una carta amplia que también incluye el endoso individual de abogados, economistas y otras expertas en temas de transparencia y corrupción.
Según Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido, las entidades fiscalizadoras superiores, como la Oficina del Contralor de Puerto Rico, “son entes claves en el monitoreo y en la rendición de cuentas del uso de los recursos públicos y el comportamiento de los servidores públicos. Como tal, son parte esencial de la gestión pública, ya que velan por la capacidad e integridad gubernamental para ejercer exitosamente sus funciones”.
Agregó que “a pesar de contar con varias entidades fiscalizadoras, Puerto Rico se encuentra en una crisis fiscal y proceso de quiebra sin precedentes en la jurisdicción federal, que emerge en gran medida de serias debilidades en nuestra gobernanza y el mal manejo de los fondos públicos. Estas mismas debilidades le han abierto la puerta amplia a la corrupción, desviando los fondos destinados a suplir las necesidades del pueblo”.
“En este contexto es imperativo no conformarnos con cualificaciones básicas e insuficientes de liderato en la fiscalización, y nombrar en vez, candidatos con el más alto estándar de imparcialidad, conocimiento y experiencia directamente relacionado con las labores fiscalizadoras que lleva a cabo la Oficina del Contralor de Puerto Rico”, manifestó.
En una carta amplia dirigida a la legislatura, las organizaciones expresan que el próximo contralor debe contar con un mínimo de 20 años de experiencia y conocimiento en auditoría, cumplimiento, contabilidad y finanzas, manejo de riesgos, recopilación y manejo de evidencia, entre otros requisito.
La persona nombrada también debe contar con la licencia de Contadores Públicos Autorizados (CPA) y la certificación de Examinadores de Fraude (CFE), amplio conocimiento de las Normas de Auditoría Gubernamental Generalmente Aceptadas (GAGAS), y evidenciar una trayectoria en defensa de la buena gobernanza, la transparencia, la rendición de cuentas y la imparcialidad.
Las organizaciones se unen a las posturas presentadas durante audiencias públicas en las pasadas semanas del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
De acuerdo con el grupo de organizaciones, el nominado a contralor Manuel Torres Nieves cuenta con experiencia en diferentes puestos en el Senado de Puerto Rico, en el municipio de San Juan y como contralor electoral, en su mayoría nombramientos de confianza bajo administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP), que no lo equipan con las destrezas especializadas y técnicas necesarias para el rol. Aunque el candidato cuenta con un CFE, tampoco cuenta con la licencia de CPA, la cual capacita a profesionales en finanzas y contabilidad.
Adicionalmente, la identificación y afiliación con un partido político durante su historial profesional “pone en duda la capacidad de Torres Nieves de llevar a cabo una gestión libre de interferencias o agendas político partidistas. Además, el candidato tampoco ha demostrado un compromiso consistente en pro de la transparencia y la rendición de cuentas tan importantes para una sana gobernanza”, dijo la portavoz.
Para Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, “necesitamos una persona en la oficina del Contralor, que cuente con la confianza del pueblo, con un claro historial de transparencia e independencia de criterio y ese no es el caso del Sr. Manuel Torres. El Sr. Torres fue Secretario de un Senado con fuertes señalamientos de corrupción, falta de transparencia y nepotismo donde incluso fue objeto de demandas y la falta de acción del Sr. Torres fue notable. Todavía más preocupante es: ¿A esta persona sin el peritaje necesario, ni independencia de criterio, le vamos a dar la tarea de hacer una auditoría de la deuda pública? Confirmar a Torres es demostrarle al país que no hemos aprendido nada de nuestros errores del pasado”.INS
ndc