P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el martes 13 de abril de 2021

P. Rico-Recomienda el Centro para la Nueva Economía renegociar contrato con LUMA Energy

San Juan, 13 abr (INS).- El director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio M. Marxuach Colón, presentó un análisis a la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz, sobre la Resolución de la Cámara 136, que realiza una pesquisa sobre el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy.

Una de las principales preocupaciones de Marxuach Colón es que en los 15 años que va a estar LUMA en Puerto Rico, no se pueda adelantar una transformación justa, moderna y resiliente del sistema eléctrico del país.

“El problema que enfrentamos sobre (la transacción) es uno extremadamente complicado que no se resuelve con soluciones binarias o simplistas a favor o en contra de LUMA”, sentenció el director de política pública del CNE.

Para el experto en políticas, economía y leyes la realidad objetiva es que la AEE es un desastre en todos los sentidos de la palabra y el acuerdo con LUMA Energy es deficiente; ambas cosas son ciertas”.

También, explicó a los representantes, las razones por las cuales la AEE terminó quebrada, algunas de las deficiencias principales del acuerdo con LUMA Energy y realizó varias recomendaciones sobre cómo atender algunas de estas fallas.

Según Marxuach Colón, la conclusión ineludible es que la AEE simplemente no puede seguir operando como la ha hecho hasta ahora.

“Coincidimos con el gobierno de Puerto Rico, así como con varias otras organizaciones, en que ha llegado el momento de tomar acciones drásticas con respecto a la AEE, ya que ha demostrado ser incapaz de reformarse y ha sido inmune a los esfuerzos de varias administraciones para modernizar y mejorar sus operaciones”, sentenció.

Por otro lado, mencionó que en Puerto Rico, entre los diversos grupos de interés, tales como suplidores, partidos políticos, beneficiarios subsidios, uniones, bonistas, banqueros, existe un comportamiento conocido como “cacería de rentas”.

“Este fenómeno dificulta el cambio en la estructura de la AEE, ya que cada uno de los grupos que se benefician del statu quo, están bien organizados y tienen un interés fuerte en proteger sus beneficios, mientras los consumidores están desorganizados y los costos de actuar colectivamente exceden el beneficio individual que recibiría cada uno”, anotó Marxuach Colón.

A partir de sus recomendaciones, cualquier transacción para la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico “necesita tomar en cuenta la conducta depredadora de los grupos de interés internos y externos a la AEE que se benefician de la situación actual y proveer mecanismos para limitarla o eliminarla”.

En este sentido, “si el proceso de privatización actualmente favorecido se limita simplemente a transferir los activos o la operación de una empresa corrupta en el sector público a un grupo de inversionistas en el sector privado, sin interrumpir o desmantelar la red de cacería de rentas que hemos descrito anteriormente, entonces no habremos logrado absolutamente nada”, expresó.

Como parte de los hallazgos de la investigación del CNE, grupo expertos sin fines de lucro y no partidista, “les preocupa que el gobierno de Puerto Rico aparenta carecer de la capacidad necesaria para negociar y gestionar con éxito este tipo de proceso complejo de múltiples niveles y varias dimensiones de implementación que se entrecruzan y se refuerzan entre sí”.

“En nuestra opinión, el gobierno de Puerto Rico necesita desarrollar una mayor capacidad para establecer claramente los objetivos de política pública que se quieren lograr y para negociar exitosamente este tipo de acuerdo, si se desea continuar con la política de alianzas público-privadas en el futuro”, apuntó.

El director de política pública del CNE manifestó en la vista pública realizada en modalidad remota, en cumplimiento con las medidas de la Cámara de Representantes contra el Covid-19, que el curso de acción más prudente en este momento es renegociar el Acuerdo con LUMA para asignar y equilibrar mejor los riesgos entre las partes.

“Si se llega a la conclusión de que los defectos del Acuerdo no se pueden remediar, entonces se debe considerar su cancelación”, expresó Marxuach Colón. INS

 

P. Rico-Victoria Ciudadana exhorta al Senado a rechazar nombramiento en Educación de Aponte Santos

San Juan, 13 abr (INS).- La Red de Educación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) hizo un llamamiento al Senado de Puerto Rico para que rechace el nombramiento de Elba Aponte Santos como Secretaria de Educación, por continuar la práctica de extrema politización en esa agencia.

El coordinador general de la Red de Educación de MVC, Gabriel Vicéns Rivera, destacó que en los pasados días se han reseñado los múltiples nombramientos realizados en Educación para beneficiar a personas ligadas a figuras políticas del Partido Nuevo Progresista (PNP) y cómo compañías que se crearon a días de la elecciones han resultado favorecidas para contratos millonarios.

“Desde personal de confianza de la oficina del senador Thomas Rivera Schatz hasta candidatos derrotados que crearon corporaciones, como es el caso del exalcalde de Arecibo (Carlos Molina), son algunas influencias que se han denunciado, (además de) una compañía que dirige por la sobrina del esposo de la designada”, dijo el MVC.

Vicéns Rivera, quien es maestro activo en el Departamento de Educación, destacó que desde las pasadas elecciones el MVC ha propuesto en su Programa de Gobierno para construir un nuevo sistema educativo descentralizado, despolitizado y democratizado, convencido de que atajando la politización se ataja la corrupción.

“El Capítulo 8 de nuestro Programa de Gobierno propone penalizar el uso de influencias, chantajes políticos o confabulación, para procurar la contratación o remoción de una persona en un puesto de trabajo sin un debido proceso de mérito o evaluación de desempeño. Aunque esta práctica no es nueva en las agencias de gobierno, entendemos que se ha violado el principio de contratación por mérito y se ha permitido la influencia político-partidista en la toma de decisiones, lo que descalifica a Elba Aponte para seguir ocupando la Secretaría”, resumió.

Otro de los ejemplos de la politización que resalta la Red de Educación de MVC es la propia admisión de la Secretaria de que la decisión de nombrar al pasado comisionado electoral del PNP como subsecretario provino directamente de La Fortaleza y cuya experiencia previa en la agencia fue bajo la hoy acusada por corrupción Julia Keleher.

“Desde antes de que se publicaran estas denuncias, la ejecutoria de la designada secretaria ha dejado mucho que desear. No hay un plan sobre cómo ni cuándo reparar las escuelas, no hay un plan para una reapertura segura de nuestras escuelas. Pero sí hay un plan expedito para acomodar a familiares, así como a personas vinculadas a líderes del PNP”, afirmó.

Vicéns Rivera destacó que “nunca hay dinero para nuestras escuelas, nunca hay dinero para nuestras maestras y maestros, nunca hay dinero para nuestros estudiantes, pero siempre hay dinero para pagar favores políticos y para continuar auspiciando la cultura política de la corrupción. Es por estas razones que hacemos un llamado al Senado de Puerto Rico para que rechace el nombramiento”. INS

 

P. Rico-Propone Diálogo por Puerto Rico enmiendas a proyecto federal a favor del ELA

San Juan, 13 abr (INS).- Diálogo por Puerto Rico dio a conocer el documento “Apoyo al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Propuesta de Enmienda al H.R. 2070”, que expresa los fundamentos en que se basa para enmendar el proyecto de ley que presentaron las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez.

El Comité Ejecutivo de la entidad, que integran José R. Varela Fernández, Carlos R. Ríos Gautier, Manuel Martínez Maldonado, Margarita Ostolaza Bey, Anibelle Sloan y Rubén Pagán Olmeda, sometió el documento a la consideración del presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau.

Además, envió cartas al congresista Raúl Grijalva y las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez que explican detalladamente las razones de la propuesta de enmienda.

El documento afirma que históricamente el Partido Popular Democrático (PPD) “ha defendido una relación digna y equitativa entre Puerto Rico y EE.UU. a partir del Estado Libre Asociado (ELA). Además, desde su fundación en 1952, ha sostenido que el ELA no esté sujeto a los poderes plenarios de la cláusula territorial”.

Indica que se ha malinterpretado esa posición para indebidamente promover que la intención es estar excluido de la cláusula territorial, por lo que el comité sostiene que revisar el acuerdo bilateral de gobierno propio es enteramente posible.

Además, cita la opinión del profesor de derecho constitucional Samuel Issacharoff, sobre la legalidad del pacto entre Puerto Rico y EEUU y el significado de la alternativa del Estado Libre Asociado mejorado.

En la opinión se indica la relación establecida a través del pacto y los derechos de gobierno propio del pueblo de Puerto Rico como ciudadanos de Estados Unidos, soberanía en materias no reglamentadas por la Constitución estadounidense y obligados por ambas constituciones, las leyes 600 y 447 de 1952 y la ley de relaciones federales de Puerto Rico.

El Comité indicó que el objetivo del ELA mejorado consiste de medidas urgentes para la creación de empleos, recuperación y crecimiento económico, ampliar el gobierno propio y autonomía en asuntos económicos y un mejor uso equitativo y efectivo de los programas federales.

Hizo referencia a la discusión sobre los proyectos de estatus en 1975 y en el periodo de 1989-1992 sobre lograr un mayor desarrollo autonómico dentro del marco constitucional de los Estados Unidos por medio del vínculo indisoluble de la ciudadanía americana.

El documento resalta que “como ciudadanos norteamericanos compartimos el mismo territorio y derechos dentro de los pilares del ELA que, con la ciudadanía, provee estabilidad, seguridad, defensa, mercado y moneda común. Esas características del ELA permiten a los puertorriqueños a movilizarse a cualquier lugar en los EEUU libremente y ejercer plenamente sus derechos en igualdad de condiciones a los conciudadanos del norte”.

Además, la ciudadanía provee un poder político invaluable a los cinco millones de puertorriqueños que residen en Estados Unidos.

El Comité señaló que el PPD ha rechazado consistentemente la libre asociación y la independencia que son las opciones políticas de estatus de Puerto Rico fuera de la cláusula territorial que establece el proyecto de ley radicado por las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez.

Igualmente, que esas dos fórmulas no son aceptables para una súper mayoría del electorado puertorriqueño y que en el “Report by the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status” de marzo de 2011 indica que la libre asociación es un tipo de independencia.

En el escrito el Comité apoyó el ELA indicando que bajo la cláusula territorial es posible concertar un nuevo pacto con EEUU para obtener mayores poderes políticos que sean de conveniencia para ambos pueblos.

Al citar la opinión concurrente de la jueza Sonia Sotomayor, del Tribunal Supremo de Estados UNidos, en el caso de Aurelius reconociendo ante el mundo la aprobación de las Naciones Unidas del ELA, enfatizó la vigencia y la importancia de esa forma de gobierno.

Uno que, con el consentimiento mutuo acordado entre las dos naciones al ser oficializado en 1952, y validado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a solicitud de las partes en 1953, todavía vigente.

La ONU señaló que Puerto Rico dejó de ser colonia cuando se convirtió en “Commonwealth” o, en español, Estado Libre Asociado y está oficialmente fuera de la lista y el mapa de los países denominados colonia, argumentaron.

El documento señala que se ha intentado desmerecer al ELA mediante la ley Promesa que, según algunos muestra que el ELA es un estado colonial y que, a tenor con los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico fue impuesta en contra de nuestra voluntad, violando así el pacto existente.

Sin embargo, apunta el escrito, la realidad es que fueron el entonces gobernador Alejandro García Padilla y el comisionado residente Pedro Pierluisi quienes solicitaron ese remedio extraordinario para una situación particular, para así evitar la paralización de los servicios públicos del país que ocasionarían las demandas judiciales en cobro de las deudas billonarias contraídas irresponsablemente por algunos de los gobernantes de Puerto Rico.

“Es obvio que esa acción no borra la realidad de que se trata de una circunstancia extraordinaria auto infligida, que provocó un remedio también extraordinario que aún no se ha podido resolver.

Argumenta también el documento que el potencial de crecimiento del ELA aventaja a las demás opciones y que mientras figure democráticamente en la papeleta electoral, será la seleccionada por la mayoría del pueblo de Puerto Rico.

El Comité instó a persuadir, primero aquí y luego allá, que una relación digna, equitativa, de respeto y cumplimiento entre Puerto Rico y la nación norteña es posible fuera de la estadidad y la independencia.

El Comité propone que el H.R. 2070 debe enmendarse a los fines de excluir la disposición que establece que estará fuera de la Cláusula Territorial de la Constitución de los Estados Unidos, sugiriendo que de este modo se elimina el conflicto con la política pública, que apoyar un plebiscito en tensión con esa normativa, según se indica en la carta del Departamento de Justicia federal de 29 de julio de 2020. INS

 

P. Rico-Presenta la Utier recurso judicial para que no se concedan más gastos administrativos a LUMA Energy

San Juan, 13 abr (INS).- La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) presentó una recurso ante la jueza federal Laura Taylor Swain para que deniegue la segunda moción para que se conceda prioridad a LUMA Energy sobre los gastos incurridos en la operación y manejo del sistema eléctrico, hasta tanto la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tenga un plan de ajuste de deuda confirmado.

“Estamos pidiendo a la jueza, en el caso que llegue LUMA, no se le dé prioridad para pagar sus gastos hasta que esté aprobado el plan de ajuste de deuda, (ya que) concederle gastos administrativos nuevamente afectaría la reestructuración de la deuda de la AEE, pues ello implica que se le pague primero a LUMA; entiéndase, primero y completo, en relación con los demás acreedores de la AEE”, explicó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Utier.

El dirigente sindical estableció que “esto se agrava al tomar en cuenta que la AEE tiene un déficit este año de al menos $432.8 millones, ocasionado entre otras cosas, por el contrato de LUMA Energy. Por tanto, la AEE no tendría los fondos necesarios para sufragar dicho contrato, sus operaciones, y simultáneamente, pagarle lo justo a todos sus acreedores, incluyendo al Sistema de Retiro”.

Figueroa Jaramillo detalló que la Utier planteó que la moción presentada para que la jueza federal de quiebras conceda gastos administrativos a favor de LUMA está tambaleando porque la AEE no ha demostrado que el consorcio norteamericano ha cumplido con las condiciones para que se dé el contrato.

“Hacemos este planteamiento ante el Tribunal porque la AEE no ha podido probar que cumple con lo que estipula el contrato; LUMA no ha podido contratar los 3,800 empleados que se requieren para operar el servicio eléctrico del país. Resulta interesante y significativo que la Junta de Control Fiscal no quiso divulgar el número de empleados que LUMA ha contratado hasta el presente”, añadió.

Consideró que “eso es indicativo de que no podrán asumir de forma responsable las riendas de la Autoridad para la fecha del 1 de junio, justo al comienzo de la temporada de huracanes”.

El dirigente sindical explicó, además, que la decisión anterior de la jueza federal Taylor Swain concediendo gastos administrativos por los gastos incurridos en el periodo de transición fue recurrida ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston.

“La apelación tiene argumentos que impedirían que la jueza Taylor Swain le conceda gastos administrativos a favor de LUMA Energy nuevamente. Por ende, la moción de la AEE no está madura; tampoco está madura debido a que la Cámara de Representantes de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó una Resolución el pasado 7 de abril, para enmendar el contrato de LUMA y posponer hasta enero del año 2022 su entrada”, precisó.

Figueroa Jaramillo expuso que la Utier hará todas las gestiones judiciales que sean necesarias para impedir que se concedan nuevamente gastos administrativos a favor de LUMA Energy.

La jueza Taylor Swain celebrará una vista telefónica el 28 de abril con la representación legal de la Utier a cargo del Bufete Emmanuelli, C.S.P., para dilucidar esta controversia. INS

 

P. Rico-Gobernador repasa sus primeros cien días de administración

San Juan, 13 abr (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi repasó hoy lo que han sido sus primeros cien días desde que juramentara al cargo el pasado 2 de enero y destacó que se ha trabajado desde entonces con “sentido de urgencia” para atender los asuntos que afectan a la población, como la pandemia, la reconstrucción de Puerto Rico, la crisis fiscal en los municipios, la priorización de la educación pública y la violencia de género, entre otros.

Además, sostuvo que desde que comenzó su mandato ha logrado fortalecer la relación con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Durante estos primeros cien días hemos trabajado en equipo junto a los jefes de agencia para agilizar las cosas y atenderlas de manera urgente. No hay curva de aprendizaje, estamos actuando prontamente en los asuntos que afectan al pueblo. Estamos atendiendo la pandemia y avanzando en la vacunación. Hoy, precisamente, se comienza a vacunar a todo residente de 16 años de edad o más. Asimismo, estamos reforzando las campañas de orientación y las restricciones para que el pueblo no baje la guardia, ya que necesitamos la cooperación de todos para vencer esta pandemia”, expresó el gobernador.

La nueva apertura en la fase de vacunación llega cuando ya hay más de un millón de vacunas administradas y Puerto Rico ocupa la posición número seis a nivel mundial en la administración de vacunas, según la publicación Financial Times.

De hecho, en su primer mensaje de situación del estado, el gobernador informó nuevas restricciones en la orden ejecutiva, que está en vigor hasta el 9 de mayo.

Por otra parte, el gobernador asignó 107 millones, provenientes de los fondos de la Ley Cares a hospitales públicos y privados, y otros centros de salud elegibles, para que puedan adquirir equipos, realizar mejoras temporeras y emitir pagos por riesgos asumidos, entre otros gastos relacionados a la pandemia del Covid-19.

Entre sus primeras acciones para atender la reconstrucción de la Isla, el gobernador creó mediante orden ejecutiva el Concilio de Reconstrucción que lidera el secretario de Estado e ingeniero, Larry Seilhamer Rodríguez.

El Concilio estableció una dirección sobre la reconstrucción para que las agencias actúen de manera coordinada con los proyectos prioritarios de infraestructura, se agilice la obra y no se pierda ni un solo peso de fondos federales.

De hecho, mediante orden ejecutiva el gobernador declaró un Estado de Emergencia en la infraestructura de Puerto Rico y ordenó un aumento de salario a empleados de la construcción financiados con fondos federales.

La orden ejecutiva ayudará a agilizar los trabajos de reparación y construcción en las escuelas, algo que el gobernador ha dicho que es una prioridad en su gobierno.

Otro de los asuntos que el gobernador atendió de inmediato fue declarar un Estado de Emergencia en la violencia de género.

Se creó el Comité PARE para establecer, mejorar y ejecutar programas de protección, prevención y orientación contra la violencia de género, y para establecer programas de servicios dirigidos a apoyar a las víctimas.

El Comité es presidido por la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, e integrado por la Oficial de Cumplimiento, Ileana Espada, organizaciones civiles, universidades y medios de comunicación.

En torno al plan fiscal y a los municipios, el gobierno sometió el primer borrador del Plan Fiscal 2021 el cual representa el camino a seguir para salir de la quiebra y encaminar a Puerto Rico hacia el progreso económico sostenible sin más recortes a los pensionados y a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

De igual manera, y ante la crítica situación que enfrentan los municipios, el gobernador firmó acuerdos de entendimiento con la Asociación y la Federación de Alcaldes, les anunció la distribución de cien millones en ayudas para los municipios a través del Cares Act y su programa Coronavirus Relief Fund, entre otras iniciativas.

Desde que juramentó al cargo Pierluisi informó sobre la urgencia de abrir parcialmente las escuelas, sujeto a protocolo del Departamento de Salud.

En marzo abrieron parcialmente sobre cien escuelas públicas e igual número de escuelas privadas.

Asimismo, el gobernador se ha mantenido en comunicación constante y directa con congresistas y líderes en la Casa Blanca para, entre otras cosas, pedir trato igual en los programas de Medicaid y Medicare. Igualmente, ha pedido la inclusión de Puerto Rico en la extensión total del programa Child Tax Credit (CTC) y el pareo a un programa local ampliado del Crédito por Ingreso Devengado (EITC, siglas en inglés) que formaron parte del proyecto de reconciliación presupuestaria, entre otras iniciativas del gobierno federal.

A su vez, tras comunicarse directamente con el secretario de Educación federal, Miguel Cardona, la agencia permitió al Departamento de Educación (DE) local utilizar 912 millones que estaban congelados.INS

ndc