P. Rico-Recomienda el Centro para la Nueva Economía renegociar contrato con LUMA Energy

San Juan, 12 abr (INS).- El director de política pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio M. Marxuach Colón, presentó hoy un análisis a la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el representante Luis Raúl Torres Cruz, sobre la Resolución de la Cámara 136, que realiza una pesquisa sobre el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy.

Una de las principales preocupaciones de Marxuach Colón es que en los 15 años que va a estar LUMA en Puerto Rico, no se pueda adelantar una transformación justa, moderna y resiliente del sistema eléctrico del país.

“El problema que enfrentamos sobre (la transacción) es uno extremadamente complicado que no se resuelve con soluciones binarias o simplistas a favor o en contra de LUMA”, sentenció el director de política pública del CNE.

Para el experto en políticas, economía y leyes la realidad objetiva es que la AEE es un desastre en todos los sentidos de la palabra y el acuerdo con LUMA Energy es deficiente; ambas cosas son ciertas”.

También, explicó a los representantes, las razones por las cuales la AEE terminó quebrada, algunas de las deficiencias principales del acuerdo con LUMA Energy y realizó varias recomendaciones sobre cómo atender algunas de estas fallas.

Según Marxuach Colón, la conclusión ineludible es que la AEE simplemente no puede seguir operando como la ha hecho hasta ahora.

“Coincidimos con el gobierno de Puerto Rico, así como con varias otras organizaciones, en que ha llegado el momento de tomar acciones drásticas con respecto a la AEE, ya que ha demostrado ser incapaz de reformarse y ha sido inmune a los esfuerzos de varias administraciones para modernizar y mejorar sus operaciones”, sentenció.

Por otro lado, mencionó que en Puerto Rico, entre los diversos grupos de interés, tales como suplidores, partidos políticos, beneficiarios subsidios, uniones, bonistas, banqueros, existe un comportamiento conocido como “cacería de rentas”.

“Este fenómeno dificulta el cambio en la estructura de la AEE, ya que cada uno de los grupos que se benefician del statu quo, están bien organizados y tienen un interés fuerte en proteger sus beneficios, mientras los consumidores están desorganizados y los costos de actuar colectivamente exceden el beneficio individual que recibiría cada uno”, anotó Marxuach Colón.

A partir de sus recomendaciones, cualquier transacción para la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico “necesita tomar en cuenta la conducta depredadora de los grupos de interés internos y externos a la AEE que se benefician de la situación actual y proveer mecanismos para limitarla o eliminarla”.

En este sentido, “si el proceso de privatización actualmente favorecido se limita simplemente a transferir los activos o la operación de una empresa corrupta en el sector público a un grupo de inversionistas en el sector privado, sin interrumpir o desmantelar la red de cacería de rentas que hemos descrito anteriormente, entonces no habremos logrado absolutamente nada”, expresó.

Como parte de los hallazgos de la investigación del CNE, grupo expertos sin fines de lucro y no partidista, “les preocupa que el gobierno de Puerto Rico aparenta carecer de la capacidad necesaria para negociar y gestionar con éxito este tipo de proceso complejo de múltiples niveles y varias dimensiones de implementación que se entrecruzan y se refuerzan entre sí”.

“En nuestra opinión, el gobierno de Puerto Rico necesita desarrollar una mayor capacidad para establecer claramente los objetivos de política pública que se quieren lograr y para negociar exitosamente este tipo de acuerdo, si se desea continuar con la política de alianzas público-privadas en el futuro”, apuntó.

El director de política pública del CNE manifestó en la vista pública realizada en modalidad remota, en cumplimiento con las medidas de la Cámara de Representantes contra el Covid-19, que el curso de acción más prudente en este momento es renegociar el Acuerdo con LUMA para asignar y equilibrar mejor los riesgos entre las partes.

“Si se llega a la conclusión de que los defectos del Acuerdo no se pueden remediar, entonces se debe considerar su cancelación”, expresó Marxuach Colón. INS

ndc