P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el jueves 8 de abril de 2021

P. Rico-Mensaje de Estado/Cierran fila con el gobernador Pierluisi líderes de alcaldes del PPD y PNP

San Juan, 8 abr (INS).- Los presidentes de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, y de la Federación de Alcaldes, Ángel A. Pérez, cerraron fila con el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, luego del mensaje de Estado ofrecido en la Cámara de Representantes, a tres meses de haber asumido la conducción del país.

“Sepa Pierluisi que cuenta con la colaboración con nuestros 41 alcaldes asociados en la complicada tarea que tenemos este cuatrienio. En la meta para ofrecerle a nuestro pueblo la mejor calidad de servicios, la estrategia de descentralización, del gobierno central hacia los municipios, es crucial”, dijo Hernández, alcalde de Villalba electo en la boleta del Partido Popular Democrático (PPD).

Mientras que su homólogo de Guaynabo se manifestó complacido que “el gobernador honre sus compromisos con los municipios y que nos libere de tener que pagar las aportaciones al plan de salud del gobierno”.

“Esto, unido a los esfuerzos para eliminar las restricciones para el desembolsos de fondos federales de FEMA y Vivienda, nos abre las puertas para ampliar la prestación de servicios y adelantar la realización de obras de reconstrucción en los municipios”, dijo Pérez, del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Consideró, además, que “es una excelente noticia eliminar los requisitos y permitir la vacunación de la población mayor de 16 años a partir del próximo lunes. Esto nos permite concentrar nuestros esfuerzos y recursos en la prevención del Covid 19”.

Hernández, por su parte, aseguró que “es aceptado por todos los sectores que los municipios somos más efectivos y rápidos en el manejo de los fondos y proyectos públicos”.

“Naturalmente, la asignación adecuada, continua y sin atrasos de los fondos públicos, asegurará los servicios a prestar. El país nos quiere ver trabajando juntos; nada que divida al pueblo en controversias debe ser agenda o prioridad. Esa fue la voluntad democrática del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo el presidente de los alcaldes asociados.

Argumentó que “bajo nuestro compromiso de trabajar juntos, esta semana nos hemos reunido con los equipos de los Departamentos de Salud, Educación y Vivienda, para darle seguimiento a nuestras propuestas. Nuevamente está probado que el país se levanta desde los municipios”. INS

 

P. Rico-Mensaje de Estado/Delegación de Victoria Ciudadana exige compromisos específicos a la administración de Pierluisi

San Juan, 8 abr (INS).- Los integrantes de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Asamblea Legislativa exigieron al gobernador Pedro R. Pierluisi compromisos específicos, luego de su primer mensaje de Estado de situación de Puerto Rico.

“Los primeros días del gobernador Pierluisi lo ponen de frente a sus contradicciones con la Junta de Control Fiscal, pues todavía no reconoce que hay que enfrentarla en su empeño de imponer medidas de austeridad que afectan los servicios esenciales y las pensiones de nuestras jubiladas y jubilados”, expresó la senadora Ana Irma Rivera Lassén.

La presidenta del MVC indicó que Pierluisi prometió que no habrá más recortes a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y las pensiones, por lo que debería endosar la Ley de Retiro Digno que ya se aprobó en la Cámara de Representantes y se está discutiendo ahora en el Senado, así como la Ley de la Universidad de Puerto Rico

En términos similares se expresó el representante José Bernardo Márquez, reclamando la defensa de los pensionados, los trabajadores y exigiendo la aprobación de medidas anticorrupción.

“Con su mensaje, el gobernador parece no haberse enterado que tenemos un gobierno compartido. Ante un consenso multipartita para defender las pensiones, restituir derechos laborales y combatir la corrupción, se ampara en generalidades para congraciarse con el pueblo, sin apoyar las medidas específicas que se proponen”, manifestó.

Márquez advirtió a Pierluisi que “si apoya a los pensionados, que se comprometa con el proyecto de Retiro Digno y denuncie cualquier plan de ajuste de la Junta que implemente un recorte a las pensiones. Si apoya los derechos laborales, que se comprometa a firmar uno de los varios proyectos que revierte la nefasta Reforma Laboral. Si apoya la lucha contra la corrupción, que apoye las medidas presentadas contra el nepotismo, los donativos políticos de contratistas y las puertas giratorias”.

“El gobernador dijo que pondrá su acción donde pone su palabra; nosotros le reclamamos entonces que le ponga su firma a las medidas de justicia laboral, retiro digno y anticorrupción”, sentenció Márquez.

Mientras, la representante Mariana Nogales Molinelli criticó la disonancia del mensaje del gobernador Pierluisi con los problemas que enfrentan los puertorriqueños y puertorriqueñas día a día.

“La superficialidad de estos mensajes siempre me sorprende porque muestra lo desconectada que está la gestión de quienes gobiernan de la realidad que vivimos. Pretenden resolver todo prometiendo fondos que ni siquiera son recurrentes”, expuso.

La legisladora del MVC aseguró que el discurso de Pierluisi no reconoce ni atiende que el gobierno está en un estado crítico, desmantelado e incapaz de cumplir con sus responsabilidades, que no existe tal cosa como la planificación de un desarrollo que tome en cuenta la amenaza del cambio climático y las necesidades de la gente, que se está privatizando el sistema eléctrico con poca o ninguna transparencia o rendición de cuentas

“Él debe responder con claridad cómo es que va a garantizar justicia en un contrato tan desigual como el de LUMA Energy, cómo va a poner los fondos federales para la recuperación y el desarrollo económico que se supone que generen al servicio de la mayoría del país, cómo va a impulsar la reconstrucción de nuestros servicios públicos y proteger el retiro de los trabajadores y trabajadoras frente a una Junta que sigue con sus planes”, denunció Nogales Molinelli.

El senador Rafael Bernabe destacó la presencia de manifestantes en las afueras del Capitolio como muestra de repudio a las políticas del gobernador en sus primeros 100 días de administración.

“Lo más importante hoy ha sido lo que ocurre fuera del Capitolio: la gente en la calle protestando contra el contrato de LUMA, por el retiro digno, la reforma universitaria, contra las imposiciones de la Junta y por otras exigencias justas. Desde la legislatura reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la gente y del ambiente y por un verdadero proceso de descolonización”, dijo Bernabe. INS

 

 

P. Rico-Mensaje de Estado/Pierluisi va adelante con la privatización de la AEE para ofrecer al país “electricidad confiable”

San Juan, 8 abr (INS).- Mientras trabajadores afiliados a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), encabezados por su presidente Ángel Figueroa Jaramillo, se manifestaban en el lado norte del Capitolio con el respaldo de otros gremios, el gobernador Pedro R. Pierluisi ratificó en su mensaje de Estado que seguirá adelante con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) mediante el contrato de la corporación norteamericana LUMA Energy.

Pierluisi argumentó que “tenemos una oportunidad dorada para crear un sistema robusto, moderno y resiliente que cuente cada vez más con energía limpia y renovable generada por todo Puerto Rico; y lo vamos a hacer realidad”.

En este sentido, dijo, el contrato de administración de la transmisión y distribución de energía con LUMA Energy “es cónsono con esa política pública y pasó por el cedazo de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta de Supervisión, así como del Negociado de Energía”.

El gobernador reiteró que está en la disposición de enmendar el contrato, pero “jamás he estado en la disposición de cancelarlo”.

El mandatario recordó que creó el Comité Timón, presidido por el secretario de Estado Larry Seilhamer, para fiscalizar la ejecución del contrato. INS

 

P. Rico-Sanciona la Cámara resolución para detener hasta 2022 el contrato de Luma Energy

San Juan, 8 abr (INS).- La Cámara de Representantes de Puerto Rico sancionó ayer de manera unánime en sesión ordinaria la Resolución Conjunta de la Cámara 88, que propone ordenar a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico (APP), a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), al Negociado de Energía de Puerto Rico y a cesar, hasta una fecha no antes del 15 de enero de 2022, toda gestión relacionada con la implementación del contrato con LUMA Energy, LLC, y LUMA Energy Servco, LLC.

La medida también tiene como objetivo evaluar y establecer enmiendas al acuerdo con la empresa privatizadora, dirigidas a proteger la continuidad del presente y futuro servicio de energía eléctrica en Puerto Rico bajo los parámetros de costos accesibles a los consumidores, una supervisión apropiada a dicho contrato y un trato adecuado en acuerdo con la ley vigente a los miles de empleados públicos afectados por esta transacción, para de esa forma evitar litigios y procesos legales que resulten en costos adicionales al estado.

De esa forma, se motivará al Negociado de Energía de Puerto Rico para que realice únicamente estudios, investigaciones, evaluaciones y procesos en acuerdo a lo establecido en la Resolución y para ordenar la elaboración e intercambio de información entre la AEE y las partes involucradas con el contrato.

Al comienzo del debate sobre la medida, el representante Luis Raúl Torres Cruz expresó que “es algo lamentable, que cuando se adjudicó este contrato, nunca hubo un proceso abierto para que la ciudadanía se enterara y pudieran hacer aportaciones”.

Por otro lado, el representante Víctor Parés reaccionó en contra de la medida al considerar que “hay una realidad, y es que el sistema eléctrico de Puerto Rico es deficiente, obsoleto, está afectado”.

Además, enfatizó que el gobernador Pedro R. Pierluisi y la delegación del PNP tienen un compromiso de trabajar fuertemente para que las pensiones de los jubilados de la AEE se sigan garantizando.

El representante Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), mencionó que “los que han administrado este país durante la existencia de la AEE, han llevado a la quiebra el sistema”, al tiempo que expresó su apoyo a la medida.

“Un bufete internacional incorporó a LUMA Energy. Fueron ellos los que redactaron el contrato de LUMA con la Autoridad de Alianzas Públicas y Privadas y sus abogados”, sentenció por su parte la representante Mariana Nogales Molinelli, de Victoria Ciudadana, quien se expresó a favor de la medida que detendría la continuidad del contrato, que fue otorgado para la transmisión y distribución de energía, y entrará en vigor en el próximo mes de junio.

En la sesión, también fue aprobado el Proyecto de la Cámara 7, presentado por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), que busca enmendar la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno”, con el fin de establecer un proceso ágil y certero en la redacción y aprobación de reglas y reglamentos por parte de las agencias gubernamentales.

De la misma manera, se aprobó a viva voz la Resolución de la Cámara 13, que busca realizar una investigación del salario mínimo de empleados de construcción e investigar la posibilidad de establecer un salario mínimo a empleados de construcción en proyectos financiados con fondos federales.

Mientras se iniciaba la discusión sobre la Resolución, el presidente cameral, Rafael Hernández Montañez, anunció que la Resolución Conjunta de la Cámara 100 fue derrotada con 2 votos a favor y 12 en contra en una vista pública de consideración final celebrada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.

“Estamos enviando una misiva a la Junta de Control Fiscal para informarle que estos fondos no son esenciales. No vamos a respaldar la asignación de fondos públicos para el financiamiento de esta consulta, en especial cuando el país tiene otras prioridades y está en momentos de gran necesidad”, expresó Hernández Montañez. INS

 

P. Rico-Asociación de Juristas Laboralistas favorece derogación de Ley de Reforma Laboral, que califica de “nefasta”, pero la ASORE no avala medida

San Juan, 8 abr (INS).- El presidente de la Asociación de Juristas Laboralistas de Puerto Rico, Carlos Mondríguez Torres, apoyó hoy la derogación de la Reforma Laboral, que calificó de “nefasta”.

Las expresiones de Modríguez Torres se dieron ante la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales, que preside la senadora Ana Irma Rivera Lassén y que celebra audiencias públicas sobre los proyectos del Senado 91 y 123, para derogar la “Ley de Reforma Laboral” y establecer la Ley para la Protección y Ampliación de los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras de Puerto Rico”.

“El proyecto del Senado 91 sin duda tiene como propósito derogar la infame Ley 4 de 26 de enero de 2017, que tanto daño le ha hecho a la clase trabajadora en Puerto Rico. Nuestra Asociación de Juristas sin duda endosa este proyecto. Distintas organizaciones patronales desfilarán por aquí para oponerse a estos proyectos y defender las inexistentes bondades de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral. Pero no hay razón para trastocar los derechos de los trabajadores por eso apoyamos ambos proyectos”.

Para la Asociación de Juristas, la Reforma Laboral de 2017 no cumplió con sus objetivos, ya que según dijo Mondríguez, el gobierno de Puerto Rico la aprobó con el interés de que el sector empresarial asumiera una función protagónica en la recuperación económica del país, de promover el crecimiento de la producción, aumentar la tasa de participación laboral y fomentar el crecimiento en el empleo.

Mientras, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), sin señalar directamente estar en contra de ambos proyectos, exhortó a la Comisión a realizar un análisis “sosegado” sobre el tema.

“No avalamos una derogación de la Ley 4 de 2017, mas estaríamos a favor de que se realice un análisis comprensivo de la misma para evaluar cómo puede mejorarse para todas las partes y así lograr un cuerpo de ley balanceado, flexible y que nos ayude a ser más competitivos, siempre velando por el bienestar de nuestros trabajadores”, dijo José Vázquez Barquet, presidente de la ASORE.

La Asociación de Restaurantes sugirió hacer una mesa de trabajo con el sector privado para mejorar los proyectos.INS

 

 

P. Rico-Comisión de Hacienda de la Cámara no aprueba proyecto que buscaba asignar 1.8 millones para elección de cabilderos pro estadidad

San Juan, 8 abr (INS).- La Comisión de Hacienda de la Cámara no aprobó ayer el proyecto que pretendía asignar 1.8 millones para la elección de los cabilderos pro estadidad.

La elección de los cabilderos está programada para el 16 de mayo próximo y ya la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) desembolsó 500 mil dólares a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para financiar la elección.

El presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, adelantó que enviará una comunicación a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con la decisión, luego de la petición del organismo que maneja las finanzas del gobierno puertorriqueño para que se atendiera la medida.

La Junta ha establecido que cualquier cambio en el presupuesto -incluidos los 1.8 millones a la CEE- requiere la autorización de la Asamblea Legislativa.

La resolución de la Cámara 100, derrotada hoy en la Comisión de Hacienda, fue sometida por Hernandez Montañez después de que la JSF así lo solicitara, pero el legislador había adelantado que sería derrotada.

Para el legislador, los fondos requeridos por la CEE para la consulta de mayo (Ley 167 de 2020) no son esenciales y no se ajustan al plan fiscal.INS

 

P. Rico-Justicia admite que gran mayoría de las solicitudes de información que recibe son denegadas, mientras que ninguna agencia cumple con nombramiento de oficial de datos abiertos como requiere la ley

San Juan, 8 abr (INS).- La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes discutió la resolución 199, que investiga el cumplimiento de las nuevas leyes de acceso a información pública, las cuales han sido denunciadas por entidades sin fines de lucro y organizaciones periodísticas al considerar que los estatutos van en contra de ese derecho constitucional.

La medida, presentada por los representantes José Bernardo Márquez Reyes y Jesús Manuel Ortiz González, busca que se investiguen las leyes 122 y 141 de 2019 (Ley de Datos Abiertos y Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, respectivamente).

Durante el proceso de audiencias públicas celebrado ayer, martes, Ortiz González manifestó que “se demostró que el gobierno de Puerto Rico no cumple con la política pública de acceso a la información”, luego de que el Departamento de Justicia (DJ) evidenció en su ponencia que la gran mayoría de las solicitudes de información que recibe la agencia son denegadas.

De un total de 18 peticiones registradas desde que se implementó la Ley 141, Justicia solo ha concedido tres y otras cuatro fueron conferidas parcialmente.

“Debemos, desde la Legislatura, construir el marco jurídico necesario, ya sea mediante enmiendas a leyes vigentes o mediante nueva legislación, para que exista un verdadero acceso a la información en el Gobierno de Puerto Rico”, sostuvo el representante, al tiempo que dijo que las agencias no cuentan con los procesos necesarios para acatar los estatutos.

Según el director ejecutivo del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS, siglas en inglés), Enrique Volckers Nin, en este momento el 100% de las agencias no están cumpliendo con el nombramiento de un Oficial de Datos como requiere la Ley de Datos Abiertos.

“A nivel general de gobierno, no vería cómo pudiéramos cubrir todas las bases en este momento, particularmente porque existe una escasez de personal técnico en algunas de las agencias gubernamentales. No necesariamente todas las agencias tienen el personal necesario para cumplir con todas las responsabilidades que tienen las oficinas de informática”, indicó el funcionario a preguntas de Ortiz González, quien preside la Comisión de Gobierno.

Entre una decena de facultades que debe ejercer este oficial se encuentra preparar un inventario de datos y plan de trabajo para el desarrollo, implantación y mantenimiento de las políticas o reglamentos de datos abiertos en el organismo gubernamental para el cual trabaja.

Volckers Nin indicó en su turno de discusión que el PRITS –entidad encargada de implementar la política pública de la Ley de Datos Abiertos– creó el pasado febrero la plaza de Principal Oficial de Datos como puesto de confianza adscrito a la estructura ejecutiva.

Asimismo, informó que a inicios de ese mes sustentó una reunión con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), en la cual se delineó un plan de trabajo para crear el Portal Informativo del Ciudadano (PIC).

La plataforma, descrita por PRITS como estilo “dashboard”, deberá contener toda la información de estadística del gobierno, dividida por áreas de interés como: Desarrollo Económico, Seguridad y Calidad de Vida, entre otros.

“Tenemos que movernos a lograr obtener nuestros datos actualizados, hacerlos útiles para la toma de decisiones y mayor acceso a información y, por último, a lograr una mejor cualificación en el Índice Global de Datos Abiertos”, expresó Volckers Nin.

Por otro lado, los legisladores destacaron que la Ley de Datos Abiertos añade 12 excepciones para denegar una información solicitada adicionales a las cinco que ya establece la jurisprudencia.

“La pregunta es si esta es una buena política pública o no. Tengo razón de mi parte para pensar que no lo es. En la medida que se incorporaron todas estas excepciones de lo que se define como información pública, lo que hicimos fue reducir el alcance de lo que es la información pública según había sido interpretado por la jurisprudencia de Puerto Rico”, apuntó Márquez Reyes.

Tanto el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), como la fundación Espacios Abiertos y el Programa de Acceso a la Información de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, favorecieron la derogación de las Leyes de Datos Abiertos y Transparencia.

Las entidades sin fines de lucro recomendaron la creación de nueva legislación que garantice el acceso a la información pública.

De lo contrario, afirmaron que los estatutos vigentes deberán incluir enmiendas sustanciales, incluyendo la posibilidad de que las leyes sean consolidadas.

“El acceso a la información hoy no es mejor que antes. La situación, al menos para los periodistas, es la misma, y en ocasiones, es peor”, subrayó en su ponencia la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.

La periodista mencionó que las protecciones que brinda la Ley 141 ha resultado en un atraso en la entrega de información por parte de las agencias de gobierno, pues aseguró que “se escudan en los 10 días que antes no tenían, para postergar información que no les conviene entregar”.

“Esta es una crasa limitación a la libertad de prensa y el acceso a la información”, manifestó la periodista.

Asimismo, la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet, destacó que las leyes están plagadas de deficiencias reconocidas no solo por académicos y organizaciones, sino por los autores del Índice Global del Derecho a la Información (RTI Index) que fueron recogidas en el informe que publicó la Red de Transparencia de Puerto Rico en mayo de 2020.

La fundación desglosó en su presentación una decena de deficiencias encontradas en ambos estatutos, mientras recomendó otra decena de enmiendas a ser consideradas de no derogarse las leyes.

“Yo creo que la investigación ya tiene un resultado, desde mi punto de vista, que es que hay que enmendar, o hay que volver a legislar y dar la batalla para que se reconozca todo lo que se ha planteado en la mañana de hoy”, refutó, por su parte, el representante Denis Márquez Lebrón.INS

ndc