Resumen de noticias para el martes 6 de abril de 2021
P. Rico-Familia anuncia asistencia en pago de energía por 3.6 millones dirigido a 77 mil familias de escasos recursos
San Juan, 6 abr (INS).- El Departamento de la Familia, a través de su Programa de Ayuda para Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, siglas en inglés) apoyará en abril a 77,142 familias en sus pagos de energía con un pago único que totaliza 3.6 millones.
La secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, y el administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Alberto Fradera Vázquez, anunciaron el pago de subsidio de energía del Programa LIHEAP, mediante recursos asignados del Cares Act.
“Esta asistencia está dirigida a familias que viven bajo el nivel de pobreza y se enfoca en apoyar su necesidad de pago de energía. Mediante estos fondos procuramos asistir a los individuos y familias que tienen retos en sus necesidades básicas durante esta emergencia de salud, cubriendo parte de esas carencias”, explicó la secretaria de la Familia.
El Programa de Ayuda para Energía para Hogares de Bajos Ingresos provee ayuda para satisfacer necesidades inmediatas de energía a familias que viven bajo el 150% del nivel de pobreza establecido por la Administración de Niños y Familias (ACF, siglas en inglés), agencia federal que otorga los fondos.
Los beneficios se otorgan una vez al año, sin embargo, debido a la emergencia de salud que representa el Covid-19 se otorgaron beneficios adicionales este año.
“Este proceso forma parte de la implementación de una política pública sensible a las necesidades de familias con escasos recursos y guiada por los estándares federales, en medio de los retos que enfrentamos por el Covid-19. Para esta administración es una prioridad apoyarles, mientras regresamos paulatinamente a una nueva normalidad”, aseguró la funcionaria.
El subsidio asiste a familias participantes del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, siglas en inglés) y participantes mayores de 65 años del Programa de Asistencia Nutricional, que tengan una cuenta activa al mes de febrero con la Autoridad de Energía Eléctrica.
El administrador de la ADSEF señaló por su parte que “actualmente hay 112,632 personas elegibles en las cinco categorías de asistencia del programa TANF, así como familias participantes del programa PAN con un miembro mayor de 65 años que reciben esta asistencia en el mes de abril”.
Este pago único comienza aproximadamente en 28 dólares por familia, informó Fradera Vázquez.
“Se realiza directo a las cuentas de energía de las familias, a través de la conciliación de información de su cuenta con la Autoridad de Energía Eléctrica. Las familias verán reflejado el pago, en las fechas en las que reciben su factura, por lo que no es necesario que soliciten el beneficio ya que lo recibirán de forma automática. La asistencia se estima a base de la composición y el ingreso de cada núcleo familiar”, sostuvo.INS
P. Rico-Colegio de Abogados solicita intervención amicus curiae en caso contra licenciado extranjero
San Juan, 6 abr (INS).- El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Caapr) presentó una petición de intervención como amicus curiae a través de su presidenta, Daisy Calcaño López, en el caso de Mapfre contra un licenciado extranjero.
“Nuestro llamado es a que la interpretación que haga este honorable Tribunal Supremo en este importante caso, investigue y analice la eticidad de esta práctica de forma que su proliferación no convierta el canon 33 y la Regla 12 en una puerta ancha que permita la existencia de dos clasificaciones de abogados en la isla: los que estamos sometidos al poder disciplinario de esta curia y quienes lo escapan por no acudir a procedimientos ante los tribunales, pero que mantienen lucrativas prácticas ofreciendo servicios legales en Puerto Rico”, expresó Calcaño López.
Según la abogada, “la controversia planteada en el recurso está revestida de un alto interés público, pues versa sobre la implementación e interpretación de los cánones de ética profesional y el reglamento del Tribunal Supremo para que personas no admitidas a la práctica de la abogacía en Puerto Rico puedan válidamente ejercer nuestra honrada profesión bajo la jurisdicción de esta alta curia. El Caapr, como portavoz de los miles de abogadas y abogados que voluntariamente permanecen colegiadas, tiene un deber moral, institucional e histórico de hacer pública su posición sobre tan importante controversia y de, a su vez, asistir a este honorable Tribunal Supremo en su determinación”.
Según la vocera del Caapr, en septiembre de 2017, luego de los ciclones Irma y María, Jeffrey Raizner, abogado admitido a la práctica legal en las jurisdicciones de Texas, Missouri y Arizona, pero no en Puerto Rico, decidió dedicarse a actividades comerciales y profesionales en la isla para la obtención de clientes y el manejo de sus reclamaciones de seguros por pérdidas provocadas por los huracanes.
Además, indicó que Raizner entró en un acuerdo comercial con el Bufete O’Neill & Borges al amparo del cual éste presuntamente colabora en el trámite de las reclamaciones.
“Lo anterior incluye participar en reuniones de negociación con las compañías aseguradoras y participar en vistas de mediación informal o privada entre las partes. Sostienen los compañeros de O’Neill & Borges, lo cual no dudamos, que previamente estudiaron la eticidad de esta práctica y que obtuvieron asesoría de expertos en la materia”, declaró.
Agregó que, “así, Raizner determinó que siempre que estuviera actuando en colaboración con un abogado admitido en nuestra jurisdicción, podía intervenir en representación de los intereses de sus clientes, en cada respectiva reclamación, sin la necesidad de solicitar que este honorable Tribunal Supremo le extienda una admisión de cortesía de conformidad con la Regla 12(f) del Reglamento de Tribunal Supremo. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B, R.12(f)”.
La abogada aseguró que Raizner, “cuando menos, participa en decenas de reclamaciones de seguros sin estar admitido a la práctica de la abogacía en Puerto Rico, incluyendo las 30 demandas presentadas en contra de la aseguradora (Mapfre).
Con la petición judicial, la portavoz del Colegio busca conocer si “Raizner puede continuar interviniendo en las mencionadas reclamaciones sin solicitar admisión por cortesía, siempre que no comparezca a un proceso judicial o a un proceso de mediación formal. En la alternativa, y en la eventualidad que este Tribunal determine que dicha práctica no procede, solicitan se le permita subsanar tal deficiencia solicitando las correspondientes admisiones por cortesía”.
Recordó que “una persona que desee ejercer la práctica de la abogacía en Puerto Rico tiene que aprobar el examen de admisión, según los criterios establecidos por la Junta Examinadora de Aspirante al Ejercicio de la Abogacía. Además, de manera excepcional, una persona admitida a la práctica legal en otra jurisdicción de los Estados Unidos y que no esté suspendida o separada de la abogacía en dicha jurisdicción, podrá ejercer limitadas funciones legales en nuestra jurisdicción sujeto a las instancias delimitadas en el canon 33 y la antes mencionada Regla 12”.
“Raizner no comparece a los procedimientos judiciales, donde en su lugar comparecen otros abogados con quien este ha llegado a acuerdo contractuales, y limita su participación a aquellas instancias en que no se trata de un proceso formal ante los tribunales. De esta forma, y tratando de enmarcar su presencia en la isla en alguna de las limitadas excepciones contempladas en el Canon 33, Raizner intenta llevar una práctica legal en Puerto Rico sin estar admitido formalmente a la jurisdicción. Raizner solo ha participado en procesos de mediación que no son formales, por no haber sido ordenados por el tribunal, y que, si fuera a intervenir en trámites judiciales, como deposiciones o trámites formales del descubrimiento de prueba, solicitaría admisión por cortesía”, dijo Calcaño López.INS
P. Rico-Asociación de Centros Comerciales critica el proceso de vacunación en la Isla: “No estamos alcanzando ni siquiera las 20,000 diarias”
Guaynabo, 6 abr (INS).- El presidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP), Adolfo González, ante el alza de contagios y hospitalizaciones en Puerto Rico criticó el proceso de vacunación que se lleva a cabo en la Isla.
“Si bien es cierto que se está llevando a cabo un proceso de vacunación, es importante tener presente que la pandemia sigue aquí. Tenemos que seguir cuidándonos del Covid y no bajar la guardia en ningún momento. Aún falta camino por recorrer para vencer esta pandemia y nuevamente ponemos a disposición del gobierno nuestros espacios para que funcionen como centros de vacunación para los grupos permitidos dentro de las fases y contribuir a acelerar el proceso de vacunación”.
Sobre la vacunación en el país, abundó: “A pesar de los grandes esfuerzos que se realizan para vacunar a la población, en Estados Unidos y sus jurisdicciones 18.5 por ciento de las personas tienen la vacunación completa y 32 por ciento ha recibido por lo menos una dosis. Esto contrasta con el 13.1 y 23.9 por ciento en Puerto Rico, respectivamente. El sábado pasado se vacunaron 4,000,000 de personas en un solo día en Estados Unidos completo, eso representaría unas 40,000 vacunas en Puerto Rico, pero no estamos alcanzando ni siquiera 20,000 diarias. En vacunaciones totales estamos ocupando el número 56 de 59 entre los estados y otras jurisdicciones de la nación americana”.
Aseguró que “los centros comerciales seguimos siendo sumamente rigurosos en la implantación de las medidas de prevención, que incluyen el cumplir con mantenernos dentro de la capacidad máxima de personas, el distanciamiento mínimo de seis pies o más, el evitar aglomeraciones, el uso de mascarillas en todo momento, el proveer desinfectantes y la rotulación de pasillos en una sola dirección para facilitar el distanciamiento según lo especifica la orden ejecutiva.
A su vez, afirmó que desde el aumento de capacidad en los centros comerciales en enero, no se vio un aumento en los contagios.
“Al contrario, los indicadores mejoraron al punto de llevar las hospitalizaciones a su número más bajo de 132 desde su pico de 657. El aumento en los indicadores ha venido a ocurrir a finales de marzo, combinado con la reapertura de las escuelas, aumento de viajeros a niveles pre pandémicos y, sin duda alguna, la falta de cuidado de muchos ciudadanos que han dado por terminada la pandemia y se están aglomerando en fiestas de grupos y familias, y aún no hemos visto los resultados de la Semana Santa”.
González opinó que “ha sido un proceso difícil, que ha supuesto invertir en equipo y personal adicional al mismo tiempo que se manejan pérdidas millonarias y cierre de establecimientos. La industria ha seguido en todo momento las directrices del gobierno, sometiendo sus planes y colaborando en todo momento para proteger la salud y la vida de los ciudadanos. Nuestro objetivo como Asociación ha sido, y seguirá siendo, ser muy cuidadosos con los protocolos para poder siempre brindar un ambiente lo más cómodo y seguro posible a nuestros visitantes”.INS
P. Rico-Investigarán presuntas irregularidades del programa agrícola Re-Grow
San Juan, 6 abr (INS).- El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes, Jorge Alfredo Rivera Segarra, anunció que ante los cuestionamientos presentados por grupos de agricultores sobre el funcionamiento del Programa Re-Grow Puerto Rico, sometió una medida dirigida a conducir una investigación.
“Este es un proyecto de ayuda a la industria agrícola, donde el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología, puede facturar hasta $30 millones por servicios administrativos y los señalamientos se dirigen a que esta entidad, junto al Departamento de la Vivienda decidieron dar prioridad a los agronegocios y no a la producción agrícola de fincas de ingresos limitados”, detalló el representante de Adjuntas, Jayuya, Utuado y Lares sobre la Resolución de la Cámara 347.
La Fundación Bucarabón de Maricao, los Centros de Apoyo Mutuo Jíbaro de Lares y Bartolo, Organización Boricuá de Agricultura Ecológica de Puerto Rico, Organización Agro-Mujer, Mujeres de Islas y el Congreso de Pescadores realizaron una conferencia de prensa para hacer sus reclamos y solicitar el acceso equitativo a los fondos de recuperación, la minimización de desplazamientos y la participación real y efectiva.
“Hay un reclamo sobre exigencias relacionadas a la titularidad de las fincas, así como a los ingresos y capacidad tecnológica de las empresas, que impiden que la asistencia llegue a las familias agricultoras de menos recursos económicos. Esto afecta, reclaman ellos, a más de la mitad de las fincas activas, que se ubican en la zona central y montañosa de la Isla y apenas generan un ingreso anual de $10 mil dólares”, detalló el legislador.
Los grupos exigen al Departamento de la Vivienda enmendar el contrato con el Fideicomiso y revisar las guías y los criterios del programa para garantizar el acceso equitativo a estos fondos. Este programa, realizado con fondos CDBG-DR para la recuperación del huracán María, supone estar orientado a aumentar la producción de comida y aumentar la seguridad alimentaria de Puerto Rico.
“Estos agricultores señalan que el Fideicomiso no ha realizado actividades de alcance comunitario fuera del área metropolitana y recomendaron que este programa sea administrado por agencias públicas y organizaciones comunitarias experimentadas en el tema”, finalizó Rivera Segarra. INS
P. Rico-Atiende la Cámara controversia que rodea titularidad de la rampa para pescadores en Santa Isabel
San Juan, 6 abr (INS).- La Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur de la Cámara de Representantes atendió este lunes la Resolución de la Cámara 260, que investiga una polémica relacionada con la titularidad de la rampa para embarcaciones de pescadores en el barrio Playa, en Santa Isabel.
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) informó, durante la primera vista pública para discutir la medida que, hasta tanto no se resuelva la controversia, las facilidades no podrán recibir los fondos otorgados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, siglas en inglés) para la recuperación de las pesquerías luego de los huracanes de septiembre de 2017.
La pieza legislativa, de la autoría de la representante Estrella Martínez Soto, busca esclarecer si los terrenos donde ubica la estructura pertenecen al municipio de Santa Isabel o al exalcalde Enrique Questell Alvarado.
El ex ejecutivo municipal fundó en 1984 la corporación Aquamak, compañía que desde ese año adquirió los predios del muelle.
“Nuestra querida gente de Santa Isabel se merece ese respeto; se merece que se aclare de una vez por todas su acceso (al muelle), y que este sea de uso y disfrute”, expresó Martínez Soto, quien además preside la Comisión.
La legisladora por el Distrito 27 aludió al cierre de la rampa efectuado en enero de 2019 por la corporación, como resultado de una petición del entonces alcalde ante alegados problemas de seguridad. Tras los pescadores del área reclamar que el terreno pertenece a la administración municipal, Questell Alvarado presentó un informe de auditoría del Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales (CRIM) que determina que la rampa localiza en terrenos de Aquamak.
Aunque el muelle fue reabierto este año por el actual alcalde Rafael “Billy” Burgos, el pescador Alfonso Alfonso Cintrón enfatizó en su turno como deponente, que aún se dilucida en los tribunales la titularidad de estos predios.
El portavoz comunitario sostuvo que el caso está referido en la División de Asuntos Legales del DRNA hace cerca de una década.
“Este caso nosotros lo tenemos en Recursos Naturales hace muchos años. No estamos hablando del cierre de la rampa. Desde el 2012, se está bregando con lo que es (la titularidad de) la rampa y el área de la zona marítimo terrestre; la zona de dominio público”, afirmó el obrero del mar.
Por su parte, el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, señaló que en marzo de 2013 Questell Alvarado presentó una solicitud de concesión como proponente privado de Aquamak para el área de la rampa objeto de la controversia.
Según el titular, esta solicitud ha quedado pendiente de la disposición final del caso administrativo (16-097-ZMT) que, hasta el momento, se encuentra ante la consideración de la agencia.
La querella del DRNA fue radicada en 2016 contra el entonces alcalde de Santa Isabel por construir una marina personal en la zona marítimo terrestre sin autorización de esa agencia.
Machargo Maldonado indicó que este caso tiene una vista administrativa programada para el próximo 13 de mayo, lo que provocó el desagrado de los representantes ante la retrasada solución a la polémica.
A preguntas del representante Orlando Aponte Rosario sobre el desenlace de la estructura si el DRNA resuelve que la marina está construida ilegalmente, el secretario explicó que deberá ser demolida.
“Si es una edificación para uso personal, que no cabe bajo el reglamento, se tiene que ordenar el derribo de esa estructura. Si es una estructura que es susceptible a ser legalizada, se le da oportunidad para que se legalice”, declaró Machargo Maldonado. INS
P. Rico-Opuesto presidente de alcaldes asociados al contrato de LUMA Energy
San Juan, 6 abr (INS).- El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR), Luis Javier Hernández Ortiz, expresó su oposición al contrato de administración por el consorcio norteamericana LUMA Energy de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por considerar que, ante su complejidad, requiere mayor análisis.
“En ese sentido, endoso la idea plasmada en la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes número 88. Esta medida multipartidista busca posponer por un año la implementación del contrato otorgado a LUMA para la operación de la transmisión y distribución de la electricidad en el país”, dijo el alcalde de Villalba, abogado de profesión.
Señaló que le preocupa que el contrato entre en vigor en pleno comienzo de la temporada de huracanes sin que se haya establecido un plan de emergencias discutido con los municipios.
“No apoyo que sea LUMA que administre los billones (de dólares) que teóricamente recibiría el gobierno (puertorriqueño) para la reconstrucción del sistema de transmisión y distribución de energía, luego del paso de una tormenta o huracán”, expuso.
Hernández Ortiz añadió que, a su entender, el tema de los recursos humanos en la AEE está pésimamente trabajado por LUMA, consorcio estadounidense-canadiense.
“Ciertamente, la comunicación con los alcaldes sobre los servicios que ofrecerán es ninguna. Y si eso fuera poco, la cláusula de cancelación por conveniencia, que permite que abandonen los trabajos, es absurda. Le solicito a la Legislatura que paralice la efectividad de este contrato. A todas luces, podría salir más caro el remedio que la enfermedad”, aseguró el presidente de la entidad que agrupa actualmente 41 alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático (PPD).
Propuso, además, que se evalúe con detenimiento los reclamos de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y de los diversos sectores que han presentado reparos al acuerdo, que maneja un tema tan importante como lo es el futuro del sistema energético de Puerto Rico.
La Resolución Conjunta de la Cámara 88, de la autoría del presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres, ordena ordena a las agencias y corporaciones implicadas en el acuerdo detener su aplicación hasta, al menos, el 15 de enero de 2022.
La medida tiene como coautores a la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), a los portavoces del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara, Mariana Nogales y José Bernardo Márquez, y a la representante Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad. INS
P. Rico-Presidente del Senado no descarta una segunda vista pública para evaluar nombramiento de la secretaria de Educación
San Juan, 6 abr (INS).- El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, no descartó una segunda ronda de vista pública para evaluar el nombramiento de la secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, ya que ha dejado insatisfechos con sus respuestas a algunos senadores.
“Es importante que estos procesos de vista se den para que cada uno de los legisladores pueda hacer preguntas de sus distritos, de las escuelas que están abiertas, de las posibilidades que tienen de desarrollarse principalmente en las del área sur, cómo ha sido el inicio escolar, si se ha cumplido con los protocolos, cuál ha sido la participación”, destacó Dalmau Santiago en un aparte con los periodistas.
El presidente del Senado destacó la posibilidad de una segunda vista pública debido a que hay personas que se han comunicado con la la intención de deponer ante la Comisión de Nombramientos.
Dalmau Santiago señaló sobre las preguntas hechas a la designada funcionaria durante la vista que “las contestaciones que me dio no tengo problemas, contestó las preguntas”.
“Las preguntas de los compañeros pasan al expediente de la Comisión y se rinde el informe”, dijo Dalmau Santiago, quien prefirió no revelar cómo se propone votar.
Durante la vista pública, cuestionó a Aponte Santos sobre la apertura de escuelas en una segunda fase y sobre los planteles escolares afectados por los sismos en la región sur.
La secretara de Educación indicó que la segunda fase de apertura podría ocurrir la próxima semana con unas 70 escuelas, pero que el proceso se encuentra en discusión con el Departamento de Salud.
Sobre la situación de los planteles escolares en el sur, respondió que 41 escuelas fueron totalmente destruidas por los sismos y que se estarán tomando decisiones por áreas. Además, mencionó que están trabajando para que en julio todos los planteles escolares tengan acceso a red de internet vía WiFi.
La vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, manifestó en su turno de preguntas que “creo que los estudiantes, los maestros y el personal educativo de la región sur y central de Puerto Rico merecen ser atendidos con prioridad y lo hemos dicho desde un principio, con prioridad y sensibilidad”.
La designada mencionó en su ponencia que “nos encontramos ante una emergencia educativa; tenemos escuelas afectadas por los huracanes Irma y María, otras con daños significativos por los sismos y la situación del Covid-19”.
Aclaró que, sin embargo, “estamos moviéndonos en la dirección correcta al tomar las acciones conducentes a la recuperación. Por tal razón, en conjunto con nuestros directores, superintendentes regionales, algunos alcaldes y el gobierno central, hemos abierto 120 escuelas para ofrecer servicio en la modalidad educativa presencial; escuelas no recibían estudiantes desde marzo de 2020”.
La secretaria de Educación indicó que el Departamento de Educación cuenta al presente con una matrícula de 276,413 estudiantes y con 42,923 funcionarios.
La vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos del Senado, Gretchen Hau, cuestionó a Aponte Santos sobre una petición que le hizo hace tres semanas en términos del estatus del Proyecto Futuro, iniciado en 2013 y que beneficiaba a estudiantes y comunidades.
“Hace tres semanas le exprese por escrito esta preocupación. Como no he tenido respuesta, aprovecho esta vista para preguntarle personalmente. Yo espero que este plan no caiga en el olvido. Primero, porque su eficacia está probada y porque los fondos XXI Century Community Learning Center están disponibles”, dijo la senadora por el Distrito de Guayama.
Ante el señalamiento de Hau, la designada reconoció haber recibido la comunicación y que la petición se estaría evaluando.
En tanto, la senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), le preguntó a la designada sobre los estudiantes de educación especial, de los cuales dijo “no le merecieron dentro de su ponencia una oración completa”.
Aponte Santos respondió que la gente sabe que “he dado la lucha por educación especial”, por lo que propuso el modelo consultivo y como alternativa viable lo que es la inclusión que “le hace justicia a los niños, pero ciertamente queda mucho por hacer”.
Durante el turno de preguntas del senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la designada secretaria de Educación no contestó si reconsideraría las clases presenciales ante la oposición de las organizaciones magisteriales a la reapertura de las escuelas, el aumento en los casos de Covid-19, y la marcada ausencia de estudiantes.
Aponte Santos se limitó a contestar que la agencia hizo el debido proceso con el establecimiento de los protocolos con grupos pequeños y en coordinación con el Departamento de Salud.
A la vista pública asistieron los alcaldes de Loíza, Julia Nazario y de Comerío, Josian Santiago. INS
ndc
Inter News Service Agencia de Noticias