P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el jueves 25 de marzo de 2021

P. Rico-Pierluisi somete medidas de administración ante la Asamblea Legislativa, entre ellas contra el discrimen salarial por razón de sexo y los vehículos todo terreno

San Juan, 25 mar (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi sometió ante la Cámara de Representantes y el Senado medidas de administración para la acción correspondiente en la Asamblea Legislativa.

Las medidas están enfocadas en igualdad salarial, protección a víctimas y testigos de delitos, vehículos todoterrenos, leyes antimonopolísticas, entre otros temas.

Los representantes y senadores tendrán ante su consideración el proyecto de administración 21-007, que ordena al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) y el Departamento de la Familia a realizar un estudio “abarcador” sobre la aplicación de la “Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico” (Ley 16-2017).

Esto, a los fines de medir la efectividad de la misma y el cumplimiento o incumplimiento con las disposiciones de dicha ley por parte de los patronos del sector público y privado.

También, deberán analizar los programas de autoevaluación y acciones remediales contra el discrimen salarial por razón de sexo, las querellas que se hayan sometido y comparar los salarios de las mujeres y los hombres por igual trabajo en las agencias de gobierno y en la empresa privada.

De hecho, según los informes sometidos por el DTRH y que son ordenados por la propia ley, en 2018 no se presentaron querellas, en el 2019 solamente una y en el 2020, dos.

El estudio, que se deberá presentar ante el gobernador y la Asamblea Legislativa 180 días después de que la medida se convierta en ley, deberá contar con la participación de la Rama Judicial y con la Cámara de Comercio y la Sociedad de Gerencia de los Recursos Humanos, como representantes del sector privado.

“La Constitución de Puerto Rico establece claramente que la dignidad del ser humano es inviolable y que todos somos iguales ante la Ley. Nuestra política pública como gobierno es erradicar de una vez y por toda la inequidad contra la mujer en el ámbito laboral. Es increíble que en pleno Siglo 21 las mujeres, a pesar de realizar el mismo trabajo que los hombres, no reciban igual paga por igual trabajo tanto en el gobierno como en el sector privado. Ese es un derecho fundamental y justo por lo que estoy seguro de que la Asamblea Legislativa considerará en sus méritos esta pieza legislativa, así como las otras que les estamos presentando sobre diversos asuntos de importancia para Puerto Rico”, indicó Pierluisi, quien hace unos meses conformó mediante orden ejecutiva el Comité PARE para erradicar la violencia de género.

En la exposición de motivos de la pieza legislativa se establece que “contamos con legislación vigente y hemos adoptado la política pública de concienciar sobre la igualdad en el empleo e igual paga por igual trabajo en las agencias del gobierno y el sector privado. Sin embargo, es necesaria la ejecución, fiscalización y seguimiento de esas medidas para lograr equidad salarial. Aunque con la aprobación de la Ley 16 de 2107 se realizaron avances por la equidad salarial, no ha sido suficiente y es vital tomar acciones contundentes dirigidas a alcanzarla”.

Otro proyecto de administración presentado ante los portavoces es el 21-009 que establece la “Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas de Delitos”, con el cual se pretende proveer protección y asistencia a víctimas y testigos de delitos, así como a sus familiares que participan en procedimientos investigativos y judiciales.

Mediante este proyecto de ley se crean estructuras físicas aparte del “Hogar para Víctimas de Delitos” adscrito a la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos y el “Centro de Protección a Testigos Cooperadores” bajo la jurisdicción de la Oficina del Jefe de Fiscales, ambos del Departamento de Justicia agencia para la cual se consignarán los fondos estatales necesarios a estos fines en el presupuesto general de gastos y podrá gestionar los fondos federales correspondientes.

En ambos habrá áreas separadas para hombres adultos y adolescentes y para mujeres adultas y adolescentes así como para familias con las debidas medidas de seguridad y personal administrativo a cargo.

Por otra parte, y a pesar de que la Policía interviene efectivamente con los vehículos todo terreno tipo Polaris/Can-Am en violación al artículo 10.16 de la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, la confiscación está siendo impugnada en los tribunales alegando que la definición vigente de los vehículos todoterreno está basada en la descripción física de los conocidos “four tracks”.

Por tanto, y para atender la proliferación de los vehículos todoterreno Polaris/Can-Am con el proyecto de Administración 21-011 se definen a los vehículos todoterreno como aquel “que, independientemente de su diseño, estructura, potencia de motor o capacidad de transporte de pasajeros, haya sido destinado o diseñado por el manufacturero o fabricante para ser usado exclusivamente fuera de la vía pública y los caminos y carreteras pavimentadas”. También, como aquel que sea clasificado por el manufacturero o fabricante como un vehículo “off-road”, “todoterreno”, ATV o cualquiera de sus sinónimos y haya sido destinado o diseñado para ser usado exclusivamente fuera de la vía pública, las autopistas y los caminos y carreteras pavimentadas”.

Además, se establece claramente como regla básica que no podrán transitar por las vías públicas, autopistas o los caminos y carreteras pavimentadas de Puerto Rico ningún vehículo de motor que no cumpla con los parámetros de seguridad (“Motor Vehicle Safety”) dispuestos en el “National Traffic and Motor Vehicle Safety Act of 1966”, incluyendo aquellos que hayan sido diseñados por el manufacturero o fabricante para ser usado exclusivamente fuera de la vía pública y los caminos y carreteras pavimentadas.

Quedan exceptuados los vehículos que estén registrados y se les haya concedido un permiso y una tablilla utilizándolos para transitar por las vías públicas, autopistas o los caminos y carreteras pavimentadas de Puerto Rico, conforme a la ley y reglamentos vigentes a la fecha de vigencia de esta Ley.

Según la medida, atender esta definición técnica se traducirá en una mayor seguridad vial en nuestras vías de rodaje.

En aras de promover una competencia comercial justa se presentó el proyecto de administración 21-010 la “Ley de Asuntos de la Competencia y Prácticas Comerciales” para modernizar el estatuto, así como conformarlo y acercarlo a las regulaciones sobre Prácticas Monopolísticas aplicables en Estados Unidos.

Se desprende del proyecto de ley que las disposiciones de esta serán aplicables a todo acto, conducta o contrato relacionado a las prácticas que afecten la competencia comercial y que sea consumado o intentado dentro de la extensión territorial y jurisdicción del gobierno de Puerto Rico o cuyo efecto o resultado se ha producido en Puerto Rico cuando todo o parte de la acción típica se ha producido fuera de su extensión territorial.

“El régimen legal de las empresas de servicio público, de las compañías de seguros, de las alianzas público privadas, de las cooperativas y de otras empresas o entidades sujetas a reglamentación especial por el gobierno de Puerto Rico o el de Estados Unidos no será afectado por la presente ley, excepto en cuanto a aquellos actos o contratos que no estén sujetos a la reglamentación del organismo público que gobierna las actividades de tales empresas, entidades o cooperativas y aquellos asuntos que afecten la competencia que no estén regulados por tales organismos o por su reglamentación especial.

No obstante, ninguna fusión o adquisición de empresas existentes y en funcionamiento será aprobada por el organismo público estatal correspondiente sin el previo asesoramiento del secretario de Justicia”, se indica en el proyecto de ley.

Aquellos actos o contratos relacionados a la competencia o que afecten la competencia y que a su vez sean reglamentados por el organismo regulador de las empresas de servicio público podrán ser investigados por la Oficina de Asuntos de la Competencia y Prácticas Comerciales la cual podrá iniciar un proceso adjudicativo frente al foro pertinente, siempre y cuando las disposiciones de la Ley de Asuntos de la Competencia y Prácticas Comerciales no resulten contrarias a la reglamentación del organismo regulador.

Otra medida que involucra al Departamento de Justicia es el proyecto de administración 21-008, con el cual se aclaran los criterios que debe ponderar el secretario al evaluar solicitudes de representación legal presentadas por la Rama Legislativa y Judicial incluyendo la abstención de asumir representación legal en deferencia a los poderes que cada cual tiene.

Por tanto, queda dentro de las facultades del secretario de Justicia evaluar cada caso y determinar si es prudente y necesaria la representación del Departamento de Justicia tomando en consideración las implicaciones que pueda tener cada caso en la operación del gobierno, la promulgación de política pública, presupuesto, separación de poderes y cualquier otro posible conflicto.

En aquellos casos en los que el secretario de Justicia entienda propio asumir la representación de funcionarios de las otras Ramas Constitucionales, el Reglamento 8405 de 20 de noviembre de 2013, conocido como “Reglamento sobre Representación Legal y Pago de Sentencia”, dispone que dicha representación se realizará mediante acuerdo y con cargo al presupuesto de la rama representada.

A estas medidas se suman: los proyectos de la Cámara 611 y 612.

El primero es para disolver la Junta Revisora de Propiedad Inmueble y transferir esas funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (Ley 26-2017).

Mientras, el 612 es una medida diseñada para que la Oficina del Procurador del Paciente (OPP) tenga los recursos necesarios para atender las miles de querellas que se presentan anualmente contra las aseguradoras que negocian en el mercado de servicios de salud imponiéndoles una fianza de cien mil a cada una.

Sin embargo, de las aseguradoras cumplir con los requisitos establecidos por la Oficina y disminuye el porcentaje de querellas presentadas y se mantiene en menos de un diez por ciento de las querellas actualmente presentadas podrán recibir un reembolso del 40 por ciento pagado.

Se desprende del proyecto cameral que de julio de 2017 a junio de 2018 la Oficina del Procurador del Paciente recibió 1,992 querellas y de julio 2018 a junio 2019 la suma fue de 1,817.

Mientras, en el periodo de julio de2019 a febrero de 2021 recibió un total de 2,493 querellas.

Para todos los años, estas querellas, en su mayoría se encuentran bajo la categoría de pobre calidad de servicios y corresponden a denegaciones de medicamentos, accesibilidad a proveedores y accesibilidad a servicios por parte de las aseguradoras. Entre estos se encuentran algunos estudios o laboratorios.INS

 

P. Rico-Avanza discusión sobre medida para restituir derechos laborales aplicables a la empresa privada

San Juan, 25 mar (INS).- La Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno atendió este miércoles el inicio de la discusión sobre el Proyecto de la Cámara 3, que busca derogar la Ley 4 de 2017 de Transformación y Flexibilidad Laboral.

La medida, presentada por el representante Domingo Torres García y la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), recibió la opinión de José Rodríguez Vélez, representante del Movimiento Solidario Sindical (MSS), organización independiente que representa a cientos de trabajadores de la industria privada, empleados en la manufactura y distribución de bebidas gaseosas por empresas como Pepsi y Coca Cola.

Rodríguez Vélez, aunque se expresó a favor de la medida, presentó varias preocupaciones sobre la legislación tal y como fue redactada.

“Celebramos y apoyamos los esfuerzos de los legisladores que se han propuesto derogar la mal llamada reforma laboral, no obstante nos surgen varias preocupaciones”, señaló el representante de MSS ante la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, que preside Torres García.

El deponente, explicó que las preocupaciones de su organización se enmarcan en el lenguaje empleado en el preámbulo a la exposición de motivos entorno a “restablecer” la presunción del despido sin justa causa; el lenguaje propuesto para el Art. 8 de la Ley 80, en torno al periodo probatorio automático; la necesidad de que se integren o armonicen disposiciones de varios proyectos de leyes laborales que se encuentran presentados en la Legislatura y la necesidad de una verdadera reforma laboral.

Sobre la medida, que derogaría la Ley 4, el representante Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), alertó la necesidad de enmendar el proyecto para salvaguardar los beneficios agregados tras la aprobación de la reforma laboral.

“Con la aprobación del Proyecto de la Cámara 3, se estaría derogando las pocas cosas positivas que añadió la Ley 4”, afirmó el legislador del PIP.

Determinó que “con este y el Proyecto de la Cámara 112, de mi autoría, mi posición siempre será a favor de la defensa de la clase trabajadora”.

“En un mundo donde el balance del poder siempre está a favor de una sola parte, se deben reconocer y ampliar los derechos de la clase trabajadora”, determinó Márquez Lebrón, quien también propuso un proyecto a favor de enmendar decenas de artículos de la Ley Núm. 4 del 2017.

Según la exposición de motivos del Proyecto de la Cámara 3, la Reforma Laboral no hizo más que desmantelar los derechos que la clase trabajadora había conquistado a través de décadas de lucha.

La legislación no condujo a la creación de empleos que pregonó el gobierno de turno ni mejoró las condiciones materiales de nuestro pueblo; por el contrario, llevó a la precarización de la clase trabajadora.

Los representantes recibieron también la comparecencia de Carlos M. Rodríguez, presidente de la Asociación de Industriales, que se mostró en contra del Proyecto de la Cámara 3.

Mediante una ponencia escrita, Rodríguez argumentó que la Comisión no se debe centrar en derogar la Ley Núm. 4 de 2017, “sino en hacer una composición balanceada sobre cuáles de sus disposiciones ameritan ser preservadas y cuáles deben modificarse”.

“El análisis legislativo debe partir de una evaluación objetiva de los aspectos favorables que representaron un paso de avanzada en dicha Reforma, a la vez que se evalúan aquellas vertientes que deben modificarse o mejorar”, expresó.

El representante de la Asociación de Industriales señaló, además, que cualquiera que sea la decisión de la legislatura, el proyecto pasará por el crisol del primer ejecutivo y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que deberán evaluar si los cambios al marco jurídico laboral tienen algún impacto fiscal y su compatibilidad con el Plan Fiscal Certificado por el organismo federal.

La Comisión de Asuntos Laborales recibió igualmente el insumo del licenciado Cristian Bernaschina, miembro de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, quien se mostró a favor de las medidas sugeridas por la JSF.

“Nuestra asociación respalda plenamente el esfuerzo liderado por la Junta de Supervisión Fiscal y el Departamento de Desarrollo Económico a impulsar cambios estructurales y operacionales para mejorar nuestra facilidad de hacer negocios en Puerto Rico y reducir los costos”, añadió.

Bernaschina manifestó que “estamos de acuerdo con el aumento del salario mínimo de los constructores. Sin embargo, no favorecemos la disposición (del Proyecto) que se mantiene sobre los acuerdos laborales. Muchos proyectos de los Estados Unidos con políticas a favor de estos acuerdos laborales experimentan retrasos, incremento en los costos y empobrecen la capacidad de reclutamiento”. INS

 

P. Rico-Un total de 30 empleos y más de cien mil dólares de impacto económico con el Loíza Glocal Bootcamp

San Juan, 25 mar (INS).- Once comerciantes, emprendedoras y emprendedores loiceños y de pueblos cercanos lograron crear o mantener 30 empleos, exportar productos y generar, en conjunto, más de cien mil dólares de impacto económico mediante acuerdos comerciales y de colaboración, tras participar del Loíza Glocal Bootcamp, que desarrolló la organización Vitrina Solidaria con el apoyo de una inversión filantrópica de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico.

La directora ejecutiva de Vitrina Solidaria, Raquel Skerrett Escalera, informó que el estimado del aporte económico de las nueve empresas del grupo de participantes es preliminar y tiene mayor potencial de crecimiento en los próximos meses porque que varios están en fase de preproducción y otros analizan el impacto de sus proyectos.

En total, se crearon cinco nuevos empleos directos, 14 indirectos y se mantuvieron otros 11.

“Sentimos una profunda alegría porque los empresarios y empresarias trabajaron arduamente durante los pasados meses. Asumieron un gran reto, ganaron confianza y pudieron creer en sus proyectos e ideas de negocio. Sentimos una profunda admiración por lo que han logrado y seguiremos junto a ellos brindándoles asesoría y acompañmiento”, expresó la directora ejecutiva.

Mencionó, como ejemplo, que Ciri Esco Nutritional Hidroponic hizo prototipos de productos hidropónicos y logró acuerdos de venta que representan más 83 mil con los Supermercados Selectos y Mr. Special, en Loíza, y FamCoop, de Río Grande, donde ahora tiene una sección para exhibir sus productos. Además, comenzó a suplir a siete “food trucks” de Kairos.

Los empresarios Sixdaira y Carlos Cirino duplicaron su producción de plantas hasta llegar a ocho mil libras semanales y emplearon a 15 personas.

Igualmente, la empresa Enamora tu cabello creó cuatro nuevos empleos tras lograr acuerdos de distribución que ascienden a 6,000 anuales con tres salones de belleza en Loíza: Magda’s Canela Salón, One Off Beauty Salon y Annie’s Braids & Beauty Style.

Además, su empresaria Deniece Martínez está en proceso de exportar los productos a Arkansas, ya que obtuvo un cliente en ese estado.

Otro de los ejemplos es la Ruta del sabor que creó dos empleos.

La propietaria Ileana Calcaño llegó a un acuerdo de cinco semanas con la organización PathStone para proveer comidas a 19 personas en Loíza, por la cuantía de 2,280 dólares.

El acuerdo fue muy importante para la empresaria porque su negocio original de “food truck” se había impactado debido a que se encontraba en reparación.

El Loíza Glocal Bootcamp fue un proceso de siete semanas de capacitación virtual libre de costo con más de 40 horas de adiestramientos, sesiones prácticas y acompañamiento en temas de empresarismo, ambiente y comunidad.

Los negocios de los empresarios y empresarias participantes pertenecen a los sectores económicos de la agricultura, los alimentos, los productos artesanales y de bienestar.

Los requisitos para la selección de los empresarios incluían ser mayor de 18 años, residir en Loíza durante el transcurso del programa y un mínimo de tres meses antes del comienzo del programa.

Se amplió a tres empresarios de Canóvanas y Río Grande.

A ocho empresas que están en etapas más avanzadas se les proveyó un kit de mercadeo con fotos y vídeos profesionales por un valor en conjunto de 9,600 dólares.

“El empresarismo es pieza clave para el desarrollo comunitario, debe ser un emprendimiento que atienda y respete todos los componentes de la comunidad, el aspecto social, ambiental, cultural y por supuesto el económico. Una comunidad empoderada fomenta la creación de empleos, crea riquezas, crea efecto multiplicador que impacta positivamente a sus residentes y a su vez, sirve de VITRINA para la comunidad y otras comunidades. La economía comunitaria es un componente importante en la agenda de Desarrollo Económico de Puerto Rico”, señaló Manuel Cidre Miranda, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).INS

 

P. Rico-Buscan establecer la Oficina de Enlace en el Gobierno para la Comunidad Sorda, tras caso de joven sorda que se suicidó luego de que el Estado removiera a sus hijos sin intervención de intérprete

San Juan, 25 mar (INS).- La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, presidida por la representante Lisie Burgos, analiza un proyecto para crear Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico.

“La comunidad sorda en Puerto Rico enfrenta una situación de desventaja en cuanto al acceso a los servicios que provee el gobierno. Las consecuencias de no poder contar con un mecanismo efectivo para que haya una comunicación entre una persona sorda y los entes gubernamentales pueden desembocar en distintos problemas. Tal es el caso de Janet Viera Grau, una joven sorda de Vega Alta que se privó de la vida luego de que el Estado removiera del hogar a sus hijos de 6 y 7 años de edad sin la intervención de una intérprete de lenguaje de señas”, sostuvo Burgos.

La líder del Ministerio EFATA de la Iglesia la Senda Antigua, Stephanie Hernández, dijo en una audiencia pública que “la población sorda además de carecer de servicios, enfrenta otros problemas de desigualdad debido a las barreras de comunicación y los bajos niveles de alfabetización”.

Hernández hizo énfasis en el caso de un matrimonio de Loíza, que por no conocer las ayudas disponibles y por la falta de servicios de intérpretes, terminaron viviendo de forma infrahumana.

También, resaltó la falta de apoyo de intérprete en las agencias gubernamentales, como lo es el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

Por su parte el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, indicó que “el cuatrienio pasado se aprobó unánimemente el proyecto del Senado 1486 que buscaba crear la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno ante las necesidades de esta población. Luego el proyecto fue enviado a La Fortaleza, quien lo vetó por consideraciones de presupuesto, es decir, no fue firmado”.

Mientras, Yahaira Colón, Liesl Costa y Juan Troche, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL) afirmaron que “las personas sordas tienen el derecho a que se le provea un intérprete que garantice efectivamente la comunicación”.

“En atención a la relación y experiencia con la comunidad sorda de PR, expresamos que a pesar de que existe un interés público de igualdad, accesibilidad y atención a las necesidades de las personas con discapacidad, lamentablemente respecto a la comunidad sorda, la política pública debe ser evaluada y reformada”, afirmaron los abogados en declaraciones escritas.

Colón mencionó la importancia de considerar el establecimiento de una Oficina Enlace de la Comunidad Sorda y el Gobierno, ya que de esa forma esta población tendría una atención especializada, digna y enfocada a sus necesidades y cultura, que garantice la coordinación y prestación de los servicios gubernamentales que históricamente se le han denegado.

“El entendimiento de la comunidad sorda para que cambiemos la cultura administrativa de las agencias del gobierno es importante”, agregó.

Por otro lado, la Defensoría de las Personas con Impedimentos trajo la preocupación de los fondos para cubrir los costos de implantación.

“Tenemos que hacernos la pregunta obligatoria de qué ocurriría si no están disponibles los fondos para cubrir los costos de implantación. Solicitamos que se considere señalar como prioridad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) en este caso, la identificación de la partida presupuestaria de fondos, si es que se desea que la presente medida tenga un alcance efectivo mínimo”, expresó el defensor interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, Gabriel Corchado.INS

 

P. Rico-Opiniones encontradas sobre prohibición permanente de que un servidor público convicto regrese al gobierno

San Juan, 25 mar (INS).- La Comisión de Anticorrupción de la Cámara de Representantes evaluó ayer el proyecto de la Cámara 440, que propone prohibir que una persona convicta por delitos en el ejercicio de un cargo público pueda ser contratado o licitar con el gobierno de Puerto Rico tras cumplir su sentencia.

La medida, presentada por el representante Orlando Aponte Rosario, derogaría la Sección 6.8 de la Ley 8 de 2017, la cual establece los estatutos de habilitación en el servicio público.

De igual forma, enmendaría el artículo 3.4 de la Ley 2 de 2018, mejor conocida como el “Código Anticorrupción”, con el fin de extender las prohibiciones a las ramas legislativa y judicial.

“Aunque reconocemos el interés gubernamental de que las personas se rehabiliten moral y socialmente, entendemos que los que cometen delitos en contra de la función gubernamental no deben trabajar o contratar con el Gobierno de Puerto Rico”, expresó el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, durante su comparecencia a la audiencia pública.

El funcionario aseguró que sugiere la aprobación de la pieza legislativa luego de que se incluyan las enmiendas presentadas por su oficina.

Entre ellas, que se cree un nuevo inciso en el Código Anticorrupción para no interferir con el Título III de esa ley, que regula lo relacionado a los contratistas del gobierno.

“Recomendamos que el Artículo 3.4 mantenga solamente la inhabilidad para contratar y licitar en el Gobierno. Traer al Título III el aspecto de inhabilidad para ser nombrado crearía un desfase en el Código Anticorrupción”, mencionó.

La OEG propuso que el nuevo Título en el Código Anticorrupción atienda lo relacionado a la inhabilidad para ser nombrado en el gobierno, mientras coincidió que la inhabilidad en referencia sea de manera permanente.

A sus expresiones se unió la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), que avaló la medida y peticionó que se enmiende el artículo 7.1 del Código Anticorrupción, el cual desglosa las agencias que tienen el rol de prevenir y luchar contra la corrupción para que sea incluida dentro de ese grupo.

De acuerdo con la presidenta de la Junta, Aixa Pérez Mink, la solicitud es en respuesta a que, en ocasiones, el gobernador o gobernadora puede considerar conceder clemencias ejecutivas a personas convictas por violaciones a leyes de esta índole.

“Favorecemos la medida, y solicitamos que se considere nuestra sugerencia para ser más efectivos en garantizar a nuestro pueblo que los recursos públicos se utilizarán conforme a la ley y que el Estado no vacile en su encomienda de procesar a aquellos cuyas acciones violenten los postulados”, destacó la Junta.

Sin embargo, los Departamentos de Justicia (DJ) y Corrección y Rehabilitación (DCR) asumieron posturas en contra de la medida, principalmente basadas en su desacuerdo con la inhabilitación permanente de personas convictas a ser contratadas o licitar en el gobierno.

“Sugerimos que se considere introducir medidas más rigurosas en vez de eliminar de forma permanente toda posibilidad de contratación de empleados o contratistas en todo caso. Pudiera, por ejemplo, incluirse delitos adicionales en la lista de las conductas que resultan en una inhabilitación permanente”, señaló la Hulda Li Figueroa, portavoz de Justicia.

Asimismo, Corrección sostuvo que no recomienda la eliminación de la Sección 6.8 de la Ley 8 de 2017, pues “excede lo que persigue la legislación en detrimento a la política pública existente sobre la rehabilitación”.

“Cerrar la puerta a la habilitación en el servicio público a todas las personas encontradas culpables de la comisión de cualquier delito nos parece contraria a la política de rehabilitación que promueve la Constitución y otras leyes”, manifestó el Francisco Méndez, representante del DCR.

En cuanto a extender las prohibiciones de contratación que contienen la Ley 2 de 2018 y Ley 8 de 2017 a las ramas legislativa y judicial, la agencia dijo que favorece la intención legislativa.

“No obstante, debe analizarse si tal determinación es constitucionalmente viable a la luz de la independencia que estas ramas de gobierno gozan sobre los aspectos administrativos bajo su jurisdicción”, reza la presentación de la agencia.

Entretanto, el Consejo para la Gerencia de Recursos Humanos opinó que la Sección 6.8 de la Ley 8 provee los mecanismos para que una persona pueda optar por el servicio público una vez superadas las limitaciones de la inelegibilidad, por lo que no apoya su derogación.

Además, el presidente Harry Vega Díaz sugirió que se incluya una enmienda para devolver la facultad de habilitar y administrar esa ley y sección al director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH).INS

 

P. Rico-Coronel López Figueroa, en audiencia pública de nombramiento: Unidad de Violencia Doméstica y Crímenes contra la Mujer estará en funciones antes de dos meses

San Juan, 25 mar (INS).- La Comisión de Nombramientos del Senado atendió la designación del coronel Antonio López Figueroa como comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, quien informó que la recién creada Unidad de Violencia Doméstica y Crímenes contra la Mujer estará en funciones antes de dos meses.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, cuestionó al designado sobre la cantidad de policías que tiene actualmente la uniformada y el salario base.

Según el coronel, el cuerpo cuenta con 12,157 policías y de ese total se encuentran activos unos 10,460 agentes. En términos de los salarios, explicó que el sueldo base es de 1,814 dólares mensuales y que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó un aumento salarial de 30 por ciento.

“Mi compromiso es mejorar las condiciones de mis policías, porque yo soy parte de ellos. Pero, también es lograr que nuestro pueblo vuelva a ver al policía como un facilitador, como un aliado de la gente. Además, hacer que las comunidades colaboren y se integren a nuestros planes, porque la seguridad que quiero brindarle a nuestro pueblo, es la misma que deseo para mi familia. Ello, depende de la unión de todos los sectores”, expresó López Figueroa, quien comenzó a laborar en la Policía de Puerto Rico en el año 1987.

De otra parte, la senadora Migdalia González Arroyo cuestionó al designado sobre la Unidad de Violencia Doméstica y Crímenes Contra la Mujer creada por la Policía.

López Figueroa detalló que la unidad está en etapa de adiestramiento y en proceso de redactar el currículum.

Informó, además, que espera que pueda estar en funciones antes de los próximos dos meses.INS

 

P. Rico-Gobernador recorre Parque de las Cavernas del Río Camuy, que ya está listo para recibir visitantes por cita previa

Camuy, 25 mar (INS).- El gobernador Pedro R. Pierluisi anunció la reapertura del Parque de las Cavernas del Río Camuy, que había permanecido cerrado tras el paso del huracán María en el 2017 y hubo que realizar trabajos de limpieza y arreglos necesarios para acondicionarlo y reabrirlo.

El parque estará abierto de miércoles a domingo entre 8:00 de la mañana y 5:00 de la tarde, y las visitas, que serán por cita previa, se limitarán a seis grupos de 20 personas por día para cumplir con los protocolos de salud y seguridad en cuanto a la pandemia.

“La reapertura del Parque de las Cavernas del Río Camuy es de suma importancia no solo para el municipio, sino para Puerto Rico porque se trata de una de nuestras mayores atracciones turísticas con un efecto multiplicador en la economía de la región norte y la Isla. Me satisface el gran trabajo en equipo que se ha realizado aquí entre la Compañía de Turismo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Foundation for Puerto Rico y el municipio de Camuy para poder recibir visitantes nuevamente en este icónico lugar. Puerto Rico es un destino turístico increíble y tenemos mucho para ofrecer”, sostuvo el gobernador.

El primer ejecutivo añadió que “continuamos los esfuerzos de orientación y prevención para que todos en la Isla, turistas y locales, se mantengan cumpliendo los requerimientos de la Orden Ejecutiva. Poco a poco vamos de regreso a la normalidad y a disfrutar de los espacios turísticos como lo son las Cavernas de Camuy, pero es importante que se sigan cumpliendo los protocolos de seguridad como el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla”.

Por su parte, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, dijo que “la reapertura del sistema de cuevas y cavernas del tercer río subterráneo más caudaloso del mundo tiene un significado enorme, no solo por su atractivo turístico y lo que esto puede representar para la economía, sino también por lo que representa a nivel ecológico, histórico y cultural”.

Para el funcionario, “se trata de un recurso que se ha venido formando y ampliando de manera impresionante con el paso de aguas subterráneas, que llevan millones de años provocando este sistema masivo de cavernas de más de 15 kilómetros. En el Programa de Parques Nacionales del DRNA estamos complacidos y, por supuesto, más comprometidos que nunca con la protección, conservación y reapertura de este y otros atractivos eco-turísticos que año tras año atraen a cientos de miles de visitantes y aportan tanto a nuestra economía como a nuestro orgullo”.

El funcionario indicó que el parque recibía sobre cien mil visitantes anualmente antes de su cierre en 2017.

En tanto, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo (CTPR), Carlos Mercado, destacó que “hemos estado trabajando arduamente para lograr la reapertura segura del Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy. Este atractivo turístico, reconocido por su importancia y belleza a nivel mundial, es un recurso invaluable para impulsar el desarrollo turístico de la Isla y su apertura redundará en una inyección a la actividad económica y la creación de empleos en toda la región”.

“Para alcanzar nuestra meta de manera expedita, en las pasadas semanas estuvimos incrementando los esfuerzos colaborativos con acciones tales como el apoyo a las labores de limpieza con brigadas de empleados de la CTPR y la promoción de los detalles de la reapertura en los medios de comunicación. Es definitivamente un placer poder estar aquí y haber completado el proceso que desde nos permitirá volver a disfrutar de este increíble lugar”, añadió Mercado.

Por su parte, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández expresó que la reapertura del Parque de las Cavernas del Río Camuy es un hecho extraordinario para la ciudad por su atractivo turístico sobre todo en tiempos en que el turismo interno ha despertado gran interés en los residentes de la isla: “Además de acrecentar la cantidad de turistas en Camuy, incentiva la compra de bienes en comercios locales como restaurantes y artesanos, entre otros servicios. Esto son buenas noticias para mi pueblo”, declaró.

Para lograr la reapertura de este importante parque turístico, la CTPR y el DRNA firmaron en octubre del año pasado un acuerdo colaborativo en el que Turismo aportó 68 mil dólares para la compra de materiales y artículos de servicios que se utilizaron para realizar mejoras y reparaciones necesarias en las instalaciones. Asimismo, el DRNA contrató cinco nuevos guías turísticos y asignó cien mil para la compra de cinco carritos, además se destinaron 147 mil dólares para la reparación del sistema de luces de Cueva Clara que estará listo para la segunda fase de reapertura.

De igual forma, Foundation for Puerto Rico, aportó 125 mil para las mejoras realizadas al sistema eléctrico, las veredas utilizadas para acceder a las cavernas, el sistema de aire acondicionado y sonido del teatro, así como para la reparación de los baños, compras de cascos de seguridad para empleados y visitantes y la adquisición de un vehículo de pasajeros.INS

 

P. Rico-Piden a la Cámara que reconsidere su postura sobre la impugnación de la elección en el distrito 3 ante la falta de foro que atienda controversia

San Juan, 25 mar (INS).- Ante la decisión del Tribunal de Primera Instancia determinando que corresponde solo a la Cámara de Representantes atender la solicitud de impugnación de elección para el distrito 3 de San Juan, Eva Prados, solicitó a la Cámara que reconsidere su decisión ante la falta de otro foro que atienda la controversia.

“Hoy le enviamos una carta al presidente de la Cámara de Representantes con copia de la sentencia de la jueza Rebecca de León donde se determina que solo este cuerpo, y no el Tribunal, es quien tiene jurisdicción para atender este asunto. Sabemos que la postura de muchos representantes de la delegación del PPD que se abstuvieron o se opusieron a la resolución 322 era porque entendían que el foro para atender la controversia debía ser el tribunal”, dijo Prados.

Agregó que “a la luz de esta decisión del Tribunal, que no existe otro foro que no sea el cuerpo legislativo, dichos representantes deben reconsiderar su postura, para que nuestra impugnación sea atendida como dispone el Código Electoral y la Constitución. Lo contrario es decirle al país y a los miles de residentes del precinto 3 que no existe un debido proceso de ley para una candidata a la legislatura de un partido minoritario que impugnó los resultados de una elección”.

En la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes, con 21 votos favor, 20 en contra y cuatro abstenciones la resolución de la Cámara 322, para crear la Comisión Especial que pase juicio sobre la validez de la elección y certificación del señor Juan Oscar Morales Rodríguez al cargo de representante del distrito representativo 3, fue derrotada pues requería 26 votos para su aprobación.

Por otra parte, Pablo Otero, residente en el distrito 3 y presente en la conferencia de prensa de la dirigenta política del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), expresó: “Los miles de residentes del Distrito 3 de San Juan, que votamos en las elecciones, merecemos respuestas ante el descuadre masivo de papeletas legislativas vs electores y todas las irregularidades que vimos durante el escrutinio con el voto adelantado. Esto no es sólo sobre un escaño. Aquí está en juego la credibilidad y pureza de nuestro proceso electoral. Como elector cada papeleta ilegal viola mi derecho al voto”.

Para Justo Méndez, portavoz de la campaña Elecciones Limpias, “la Cámara de Representantes, por primera vez en su historia, no cumplió con su deber constitucional de pasar juicio sobre la legalidad de un acta de elección impugnada oportunamente. En más de una docena de casos de impugnación de elección atendidos por la Asamblea Legislativa, según sus propias actas de sesiones, nunca se había dejado de aprobar una Comisión Especial para que investigara y atendiera una petición de impugnación de elección válidamente presentada”.

“Es inaceptable que una persona denuncie posible fraude en una elección para un puesto en la Asamblea Legislativa, cumpla con el proceso de dispuesto por la ley, y no tenga foro donde sea atendida la queja en sus méritos. Esto sería un precedente nefasto en la historia electoral y democrática de Puerto Rico. El pueblo exige elecciones limpias y por eso residentes del Precinto 3 y de distintas partes de la isla nos hemos unido en la campaña ‘Elecciones Limpias’ para reclamar se atiendan todas las irregularidades de las pasadas elecciones generales comenzando con la derogación del Código Electoral y una nueva elección limpia en el distrito 3 de San Juan. Esto es una lucha de país”.INS

ndc