Santo Domingo, 20 mar (INS).- El Tribunal Constitucional ordenó a la dirección general de la Policía Nacional la reintegración de un agente y adecuar el beneficio de la pensión a un general retirado, cuyos nombramientos fueron cancelados por la institución.
En una sentencia dada a conocer hoy, la corte dispuso la reposición del policía Tomás Ezequiel Monegro de Paula, en el grado que ostentaba al momento de producirse el despido, cuyas razones no se establecen en el fallo del tribunal.
También ordenó que le sea reconocido el tiempo que estuvo fuera de servicio y saldados los salarios dejados de pagar desde el momento de la desvinculación hasta la fecha en que sea reintegrado.
Por igual, otorgó un plazo de 60 días calendario para que la Jefatura de la Policía Nacional cumpla con el mandato de la sentencia, a partir de su notificación.
En la decisión no se explican las circunstancias que rodearon los despidos de los uniformados ni las faltas cometidas.
Impuso a la institución del orden público el pago de una astreinte RD$1,000.00 (17 dólares) por cada día de retardo en la ejecución de la decisión, en favor del accionante.
Se denomina como astreinte a las sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial, y que son requeridas por el juez en razón de una suma de dinero por cada día, cada semana o cada mes en que se retarda el cumplimiento de una obligación determinada mediante una resolución judicial.
El tribunal acogió un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Monegro de Paula contra la sentencia 030-02-2018-ssen-00294 dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el 6 de septiembre de 2018, la que rechazó una acción de amparo interpuesto por el agente.
Asimismo, acogió la querella presentada por Monegro de Paula, quien accionó en contra de su institución alegando violación de las garantías fundamentales del debido proceso administrativo y derecho de defensa, al haber sido desvinculado sin cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley 590-16 Orgánica de la Policía Nacional.
En otro fallo judicial, la alta corte aceptó un recurso de revisión de amparo y ordenó a la Policía Nacional y a su Comité de Retiro la adecuación de la pensión correspondiente a José Batista Reyes hasta igualar el monto devengado por los demás generales retirados de la institución.
El recurso de amparo es admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública, o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución de la República.
Declaró procedente una acción interpuesta por el general retirado y revocó la sentencia 0030-04-2019-ssen-00276, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el 5 de agosto de 2019.
En este caso, también impuso el pago de una astreinte de RD$2,000.00 (unos 35 dólares) por cada día de retardo en la ejecución de la decisión, en contra de la dirección general de la Policía Nacional. INS
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