
Procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso ofreciendo detalles a los medios sobre el caso Antipulpo. Inter News Service/La Noticia Digital
Santo Domingo, 13 mar (INS).- El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amaurys Martínez, ratificó este viernes la medida de coerción a los exfuncionarios, proveedores y testaferros apresados en diciembre pasado en la Operación Antipulpo por la presunta estafa y desfalco al Estado dominicano por más de 83 millones de dólares.
Los detenidos, según la acusación, forman parte de un grupo privilegiado, a quienes se les imputa aprovechar los vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas mediante un entramado societario de corrupción.
De inmediato abogados defensores de los imputados criticaron al juez y lo calificaron como un representante del Ministerio Público.
Seguirán en prisión Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Medina; Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, de la Unidad de Análisis de Oisoe; Fernando Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, estos últimos tres supuestamente vinculados a Alexis Medina, quien sería el principal imputado en este caso, acusado de favorecer con contratos a los exfuncionarios cuando dirigían las referidas instituciones públicas.
El tribunal también decidió ratificar la medida de coerción de prisión domiciliaria impuesta a Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del exgobernante, y Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud de Salud Pública en el periodo 2012-2014.
Ambos cumplen arresto domiciliario, con un brazalete en caso de ser posible, o bajo vigilancia del Ministerio Público. Tuvieron que presentar una fianza de 10 millones de pesos (174 mil 520 dólares) mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.
En el caso de Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República que también con prisión domiciliaria, le retiraron el localizador electrónico.
El Ministerio Público determinó que el impetrante Juan Alexis Medina Sánchez dirigió una red criminal a nivel operativo, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de República, Danilo Medina Sánchez, quien agotó dos períodos constitucionales entre 2012 y 2020.
Mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples leyes, los encartados en el caso crearon una estructura que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas, conocidas como “prestanombres”.
Se les acusa de incurrir en los delitos de lavados de activo, fraude, asociación de malhechores, estafa, desfalco, tráfico de influencias, entre otros.
El 8 de diciembre del 2020, esas personas fueron enviadas a la cárcel por tres meses por decisión del entonces juez de la oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, quien ordenó que la penalidad se cumpla en los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Cristóbal y San Pedro de Macorís, ubicados en las regiones sur y este del país.
Durante la revisión, ayer, de la medida de coerción el Ministerio Publicó alegó que la decisión del juez Amaurys Martínez estuvo basada en la ley y que cientos de evidencias confirman lo que dio origen a la prisión preventiva a siete de los imputados en el caso y arresto domiciliario en contra de tres de estos.
La magistrada Yeni Berenice Reynoso, procuradora adjunta de la Procuraduría Especializa de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que los fiscales investigadores han confiscado bienes producto de los supuestos entramados societarios.
“Seguiremos fortaleciendo la acusación, seguiremos haciendo secuestro e inmovilizaciones de bienes, en este caso el ministerio público tiene muchos bienes inmovilizados, y seguimos en la investigación de este y decenas de casos”, dijo.
Aseguró que también que hay decenas de compañías que son indagadas, junto a otras personas que podrían estar implicadas en el caso y que en su momento sus nombres serán publicados. INS
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