P. Rico-Refieren a la Oficina de Ética Gubernamental y al Tribunal Supremo al presidente del Negociado de Energía por supuesto conflicto de intereses

Luis Raúl Torres. / Inter News Service

San Juan, 1 mar (INS).- El representante Luis Raúl Torres Cruz sometió un informe sobre la investigación del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Luma Energy para operar, administrar, mantener, reparar y restaurar la red eléctrica de esa corporación pública por un período de 15 años, que incluye referidos a Ética y Justicia de Edison Avilés Deliz, presidente del Negociado de Energía.

Según se desprende de este primer informe parcial, aparentemente “hubo un posible conflicto de intereses y falta de imparcialidad del licenciado Edison Avilés Deliz en las dobles funciones que ejerció al participar en la selección de la compañía Luma Energy y, luego, en la evaluación para otorgar un Certificado de Cumplimiento con la Ley de Energía de Puerto Rico”.

La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, APP y Energía de la Cámara de Representantes recomienda en el informe referir el asunto a la Oficina de Ética Gubernamental y al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

“Luego de un proceso de vistas públicas y de realizar el debido análisis, recomendamos al pleno de los miembros de la Cámara que se refiera este informe parcial de la RC 136 a la Oficina de Ética Gubernamental y al alto foro judicial para la debida atención y evaluación sobre posibles violaciones por parte del licenciado Avilés”, expresó Torres Cruz.

El presidente del Negociado de Energía se expone a sanciones por posibles violaciones a la Ley 1-2012, también conocida como Ley Orgánica de Ética; a la Ley 57-2014, conocida como la Ley de Transformación y Alivio Energético.

Al igual que al reglamento sobre Comportamiento Ético del Personal de la Comisión de Energía de Puerto Rico y la participación de los comisionados en actividades como representantes de la Comisión; el reglamento 8542, aprobado el 18 de diciembre de 2014; y violaciones a los cánones de ética de la abogacía en Puerto Rico.

Aparte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, dijo que “desde el momento en que se anunció el lenguaje de los acuerdos de esta Alianza Público Privada (APP), nuestra delegación levantó bandera sobre las diversas irregularidades en el proceso para adjudicar esta transacción”.

El presidente cameral enfatizó que “en el cuatrienio pasado se radicó legislación para investigar y al comenzar este año, se retomó la investigación, que hoy arroja varios hallazgos que recomiendan acciones legislativas responsables”.

Sostuvo que no está en contra del concepto gubernamental de APP, “pero estas deben ser de costo beneficio para el pueblo, y deben incluir entre los acuerdos la participación del capital, empresario y los empleados locales”. INS

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